En medio del la causa judicial que apunta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ex diputada Elisa “Lilita” Carrió analizó la situación. “Todo muy raro”, dijo. Además, brindó su punto de vista sobre la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró que “hubiera sido una gran presidenta”.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. Las investigaciones comenzaron luego de que se conociera que el funcionario había realizado un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval junto a su familia. Semanas después, su situación se complicó cuando salió a la luz la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, por un monto de USD 230.000 reflejado en la escritura. Sin embargo, los valores de mercado superan ampliamente la cifra que figura en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La propiedad se escrituró en 230 mil dólares y, según trascendió, parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas, una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. Por esto mismo, la escribana que intervino en la operación de compraventa deberá presentarse el 8 de abril, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae.

En este contexto, la ex diputada Elisa Carrió participó del ciclo de entrevistas de Luis Novaresio en A24. Al ser consultada por la cuestión de Adorni, aseguró: “Esas hipotecas privadas, además con un sueldo de 2 millones 800, todo muy raro”. Más adelante de la entrevista se preguntó: “No tengo la menor idea de quién es, no sé de dónde salió”. “Yo le creo al fiscal Pollicita”, aseguró y sostuvo: “Que lo determine la justicia”.

Luego, Novaresio consultó sobre qué sensación le genera ver a Cristina Kirchner detenida, por lo que Carrió reflexionó: “Me da pena, hubiera sido una gran presidenta y el dinero no sirve para nada, la única riqueza es la conciencia tranquila. Es una maravilla, tener la conciencia tranquila es la riqueza más grande de una ser humano”.

“Lo que yo veo para la Argentina que viene es que hay gente que tiene valores y que está resignada, diciendo que la Argentina nunca va a tener valores y que está resignada. Y yo les recuerdo que somos una generación que se crió con valores y que esa clase media espero que le haya transmitido esos valores a los hijos”, aclaró.

A su vez, cuestionó la Ley de Glaciares en la previa del debate al decir: “Van a violar las reglas de los periglaciares y de los glaciares y, estratégicamente, lo más importante del mundo es el agua dulce. Nosotros tenemos que guardar eso, se lo van a llevar puesto”. Sus declaraciones se dan horas antes de que el oficialismo busque dictaminar y acceda a abrir el Congreso el miércoles para una votación en Diputados. El problema para los libertarios respecto del llamado a una sesión especial no sería el número sino la apertura del recinto en medio de la situación de Adorni.

A la hora del conteo de votos -“poroteo”- que tienen los jefes del bloque libertario, los números parecen holgados. Sin la intención de aceptar modificaciones a la norma que ya tiene media sanción del Senado, el oficialismo asegura tener entre 130 y 134 votos con los propios y la ayuda de los “viejos” conocidos así como el apoyo de varios diputados de la oposición pero que provienen de provincias mineras.

Esto teniendo en cuenta que LLA tiene 95 diputados y que los habituales socios -PRO, MID, UCR y fuerzas provinciales- le aportan alrededor de 20-25 más. A este grupo se le sumarían diputados de las provincia mineras del bloque de Innovación Federal que son 9 así como los peronistas de Independencia o los de Elijo Corrientes.

De igual forma, con respecto a la gestión, destacó la reforma profunda que significó abrir las importaciones de medicamentos. “Esto es un avance enorme”, destacó. Además, también consideró que el hecho de que haya perdido Techint la licitación le parece “bien”. Sin embargo, cuestionó el enfrentamiento que el Presidente mantuvo con Paolo Rocca.

El Gobierno efectuó cambios operativos y de seguridad en el sistema de expedientes del Estado y completó la migración de toda la documentación oficial que circula por esa plataforma. La intervención se ejecutó durante el fin de semana largo del 24 de marzo sobre la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema que utiliza el Sector Público Nacional para la caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de actuaciones y expedientes.

La propia Jefatura de Gabinete informó el 16 de marzo que la actualización tecnológica de GDE y de Trámites a Distancia estaba prevista para ese fin de semana, con el objetivo de “fortalecer el funcionamiento y capacidad operativa” de ambos sistemas. Según la respuesta oficial del Ejecutivo, el operativo había sido planificado desde el año pasado y no tuvo relación con las filtraciones difundidas en los últimos días.

En Nación sostienen que la intervención permitió fortalecer la arquitectura tecnológica, optimizar el rendimiento y elevar los estándares de seguridad y resguardo de la información. También aseguran que se notificó a los organismos alcanzados por el sistema y que, una vez terminados los trabajos, las plataformas volvieron a quedar operativas.

El movimiento fue realizado por la Jefatura de Gabinete junto con la Secretaría de Innovación. En la Casa Rosada explican que los cambios fueron internos, sobre la arquitectura del sistema, e incluyeron la migración integral de la documentación. El GDE funciona como la plataforma troncal del circuito administrativo del Estado y concentra módulos para expedientes electrónicos, documentos oficiales, comunicaciones, firma y trámites a distancia.

En el Gobierno califican el sistema previo como “inseguro” y sostienen que no tenían trazabilidad suficiente para seguir el recorrido de eventuales filtraciones. “Ahora los expedientes van a tener mayor protección”, remarcan en el oficialismo. Sobre ese punto no existe hasta ahora un informe técnico público que detalle qué vulnerabilidades fueron detectadas ni cuál fue el alcance exacto de la migración.

La actualización se terminó de ejecutar en un contexto más sensible que el que existía cuando fue programada. El Ejecutivo busca despegarla de las filtraciones recientes, pero el movimiento coincidió con una semana atravesada por reportes sobre exposición de información de distintos organismos públicos y con un escenario internacional más tenso en materia de seguridad.

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Se realizó en el marco de una revelación sobre una presunta operación impulsada desde Rusia para difundir contenidos contra Javier Milei. Según el material difundido en los últimos días, se trató de una campaña de desinformación y de influencia sobre la opinión pública, no de un ataque técnico sobre el sistema de expedientes del Estado.

En la Casa Rosada admiten además que el refuerzo del sistema les resulta funcional en este contexto. Aunque remarcan que la actualización ya estaba prevista, reconocen que les permite mostrar una respuesta concreta en un momento atravesado por filtraciones, cuestionamientos sobre la seguridad informática estatal y una mayor tensión internacional.

Gobierno, expediente, seguridad

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, concretó un cambio relevante en su estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión administrativa en una de las instituciones más grandes de la seguridad social argentina.

La medida se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 220/2026. La llegada de Zicavo a la sindicatura del PAMI implica la renovación de un cargo estratégico, esencial para la auditoría y control de las operaciones institucionales, en un contexto de alta sensibilidad política y social por el manejo de recursos destinados a millones de jubilados y pensionados.

El nombramiento cuenta con el aval de las autoridades superiores, entre quienes figuran el presidente Javier Milei y el titular del Minsiterio de Salud, Mario Iván Lugones. Su función será la de supervisar los procesos internos y velar por la correcta administración de los recursos asignados al organismo. La sindicatura general es un área clave para la fiscalización y auditoría de las acciones que se desarrollan en el PAMI, dada la magnitud de fondos y la cantidad de beneficiarios que dependen del sistema.

El PAMI es el principal prestador de servicios sociales y de salud para jubilados y pensionados en Argentina, con una cobertura que alcanza a millones de afiliados en todo el país. La sindicatura general tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales, la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en los procedimientos internos.

El control interno reviste particular importancia en organismos de la envergadura del PAMI, donde el manejo de fondos públicos y la contratación de servicios requieren de auditorías permanentes.

Prácticas incompatibles en el PAMI

A principios del mes de febrero pasado, las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.

Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.

Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.

A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).

“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios», explicaron en su momento voceros del PAMI. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad».