POLITICA
“Beach tag”: estas son las playas gratis de Nueva Jersey que los locales quieren mantener en secreto

Nueva Jersey cuenta con numerosas playas que requieren el pago de tarifas de acceso, conocidas como “beach tags”. Sin embargo, también existen opciones gratuitas que, a pesar de su atractivo, no reciben la misma difusión. Las playas sin costo suelen ser gestionadas por municipios que optan por no cobrar tarifas para fomentar el turismo local. No obstante, la falta de publicidad podría deberse a limitaciones presupuestarias o al interés de algunas comunidades en controlar la afluencia de visitantes y preservar el entorno.
El sistema de “beach tags” en Nueva Jersey
En muchas comunidades costeras, es obligatorio adquirir un “beach tag” o pase de playa para acceder a la costa durante la temporada alta. Estos ayudan a financiar servicios esenciales como la presencia de socorristas, el mantenimiento de las instalaciones y la limpieza de las áreas recreativas.
Algunas localidades decidieron mantener el acceso gratuito, ya sea para atraer más visitantes, preservar una tradición o porque los costos de mantenimiento se cubren con impuestos locales. En ciertos casos, como en los parques estatales, en lugar de exigir un pase individual, se cobra una tarifa de estacionamiento.
Playas de acceso gratuito
Según Tripadvisor, las playas en Nueva Jersey que permiten el acceso gratuito son:
- Atlantic City: Famosa por su paseo marítimo y sus casinos, Atlantic City ofrece playas abiertas al público entre las 6 a.m. y las 10 p.m. Los visitantes pueden practicar diversas actividades acuáticas, como surf en Downtown Beach, Crystal Beach y Delaware Avenue Beach, o kayak y windsurf en la playa de Jackson Avenue.
- Wildwood, North Wildwood y Wildwood Crest: Estas tres localidades forman una isla barrera con ocho kilómetros de costa. Son conocidas por los eventos familiares que organizan durante el verano.
- Strathmere (Upper Township): Ubicada entre Ocean City y Sea Isle City, Strathmere es una playa menos concurrida y sin tarifas de acceso. El lugar cuenta con un ambiente tranquilo y la convierten en un destino ideal para quienes buscan relajarse.
- Sandy Hook: Parte del Área Recreativa Nacional Gateway, esta península se adentra en la parte baja del puerto de Nueva York y atrae a más de dos millones de visitantes al año.

Motivos detrás de la falta de promoción
La escasa promoción de las playas gratuitas puede atribuirse a varios factores:
- Dependencia económica: Muchas comunidades costeras dependen de los ingresos generados por la venta de “beach tags” para financiar los servicios como la seguridad, el mantenimiento y la limpieza de las playas.
- Capacidad y recursos limitados: Las playas de acceso gratuito pueden tener infraestructuras más limitadas en términos de estacionamiento, instalaciones sanitarias y servicios de emergencia.
- Estrategias turísticas: Las oficinas de turismo y las campañas promocionales suelen centrarse en destinos que generan mayores ingresos o que son más emblemáticos. Las playas gratuitas, al no contribuir directamente a la economía local a través de tarifas de acceso, pueden recibir menos atención en estas estrategias.
La falta de información sobre playas de acceso gratuito puede influir en las decisiones de turistas y residentes al planificar sus visitas a la costa. Muchos podrían optar por destinos más promocionados, con la idea de que todas las playas requieren el pago de una tarifa.
POLITICA
Tres senadoras cercanas al Gobierno proponen eliminar un capítulo de la Reforma Laboral ligado a las indeminzaciones

La reforma laboral todavía no está cerrada en el Senado. Tres legisladoras presentaron un proyecto para eliminar uno de sus puntos más sensibles: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que reemplaza el pago tradicional de indemnizaciones.
La iniciativa fue impulsada por Carolina Moisés (Convicción Federal), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero los salteños). Moisés ya había rechazado la reforma en febrero, mientras que Vigo y Royón la apoyaron en general, pero votaron en contra del capítulo vinculado al fondo.
En el proyecto, las senadoras cuestionan de fondo el diseño del FAL. Sostienen que no se trata de un sistema de seguridad social, sino de un mecanismo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos.
El principal argumento apunta al impacto fiscal. Según explican, el esquema permite a los empleadores compensar sus aportes con una reducción de contribuciones patronales —del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes—, lo que implica que el costo de las indemnizaciones deja de recaer en las empresas y pasa a ser absorbido por el Estado a través de una menor recaudación.
Ese punto conecta directamente con la preocupación de los gobernadores, ya que la caída de ingresos afecta los fondos coparticipables. Las tres senadoras tienen vínculo político con mandatarios provinciales: Royón y Moisés con el salteño Gustavo Sáenz, y Vigo con el cordobés Martín Llaryora.
En términos concretos, el proyecto advierte que el costo fiscal del fondo podría alcanzar los 3,28 billones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0,32% del PBI, o unos 2200 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Además del impacto en las cuentas públicas, las legisladoras cuestionan el efecto sobre el mercado laboral. Señalan que el FAL elimina el carácter disuasorio de la indemnización por despido, al diluir ese costo en aportes mensuales subsidiados. Según su planteo, esto podría incentivar la rotación de personal y debilitar la estabilidad del empleo.
La reforma también enfrenta cuestionamientos en la Justicia
El frente judicial es otro de los focos de conflicto para la reforma laboral. La CGT presentó una demanda para frenar varios artículos al considerar que afectan derechos laborales y sindicales, y que vulneran principios constitucionales.
En ese marco, un juzgado del fuero laboral dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente algunos puntos de la reforma. El objetivo, según el fallo, es evitar efectos que podrían ser difíciles de revertir si la ley se aplica antes de una resolución definitiva.
El Gobierno apeló la decisión a través del Ministerio de Capital Humano.
A su vez, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, presentó una acción de amparo contra artículos de la ley que modifican la Ley de Contrato de Trabajo.
El eje del planteo apunta contra la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. “Se genera una desigualdad irritante sobre un crédito laboral que tiene carácter alimentario”, advirtió Gil Lavedra.
reforma laboral, Senado, modificación
POLITICA
Defensa de la propiedad privada: el Gobierno envió al Senado un proyecto que establece el juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones

Mientras todavía resuenan los escándalos por la criptomoneda $Libra y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno envió al Senado el proyecto de ley que intenta reestablecer y reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica mediante la modificación de una serie de leyes sancionadas durante el kircherismo.
La iniciativa es de amplio espectro, como suele ocurrir con los proyectos del Gobierno de Javier Milei, y contiene también una modificación al Código Procesal Civil y Comercial que establece la aplicación del juicio sumarísimo en el caso de juicios por desalojo de viviendas y propiedades rurales.
La misma inmediatez se establecería de sancionarse la norma en los casos en que el propietario reclame la restitución de un bien usurpado u ocupado por la fuerza. En este caso, los jueces deberán tramitar en un plazo de cinco días el pedido ante la intrusión de inmuebles urbanos y rurales.
También introduce modificaciones al régimen de expropiación. En lo que pareciera un giro inspirado en la controvertida enajenación de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner, la administración libertaria ahora intenta endurecer los requisitos para poder tomar posesión de bienes de terceros por parte del Estado.
Así, el proyecto incorpora la exigencia de aprobar la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, la que a su vez deberá cumplir con requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que la iniciativa propone de manera taxativa.
Además, el legislador y la administración nacional estarán obligados a justificar que la expropiación es el medio menos restrictivo para alcanzar el interés público. Para evitar maniobras devaluatorias, el texto obliga a adoptar el valor del bien sujeto a expropiación al momento anterior a cualquier acto del Estado o la administración pública que hubiese podido influir en su cotización. También incluye el pago del lucro cesante en la indemnización
En los fundamentos del proyecto, que todavía no tiene giro a comisiones para su discusión, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa apunta a “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”
En una crítica velada al kirchnerismo, el Poder Ejecutivo sostiene que en los últimos años en la faz legislativa “se pueden observar regulaciones que no respetan correctamente el derecho de propiedad”, situación que “ha generado limitaciones inconstitucionales e inseguridad jurídica”.
Basada en seis ejes, el proyecto también introduce severos cambios en otras tres leyes emblemáticas del kirchnerismo, como son las restricciones al acceso a la propiedad para extranjeros, el impedimento para disponer de un bien rural afectado por un incendio, limitación introducida en la ley de manejo del fuego, y el programa de regularización urbana de barrios de emergencia y villas.
Así, sobre la última norma, en los fundamentos del proyecto se critica el régimen impulsado por el kirchnerismo y aprobado en el gobierno de Mauricio Macri, destacando que desde su sanción, hace siete años, sólo se ha regularizado el 0,8% del suelo de los barrios populares.
Ahora, el gobierno libertario propone una descentralización del régimen, dejando en las provincias y los municipios la facultad de establecer los mecanismos de regularización dominial.
Por otra parte, se eliminan las restricciones al acceso a la propiedad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros por considerarlas una “limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, sobre todo en el ámbito agropecuario”.
El proyecto limita el impedimento y sólo permite el control de aquellas operaciones en las que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas con otros Estados.
En ese sentido, también elimina la prohibición por 20 años de vender inmuebles rurales afectados por incendios, limitación incorporada en la ley de manejo del fuego e inspirada en las sospechas del kirchnerismo en que los siniestros tenían por objeto desforestar los terrenos para aplicarlos a un negocio más rentable, como la siembra de soja.
Ahora, el Gobierno propone cambios aduciendo que la necesidad de “reestablecer el equilibrio entre la protección ambiental y el derecho de propiedad”. Lo hace proponiendo acotar la prohibición de venta a aquellos terrenos que se encuentren alcanzados por las leyes de protección de bosques nativos y de defensa de la riqueza forestal.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Kicillof asistirá a la vigilia por Malvinas en Tierra del Fuego y suma críticas a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su presencia en la provincia de Tierra del Fuego, donde se llevará a cabo la tradicional vigilia en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas. El evento, que se realiza el 1° de abril por la noche, reúne a veteranos, familiares, autoridades y vecinos en el Monumento a los Caídos y la histórica Carpa de la Dignidad.
“Tengo previsto ir a Tierra del Fuego a la vigilia de una fecha tan importante que obviamente tiene que ver con recuperar las Islas Malvinas”, confirmó este lunes el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en La Plata. Será el primer viaje de este año a otra provincia fuera de Buenos Aires, en el marco de su construcción política.
Lo planteó el propio mandatario. Además de darle la relevancia de una fecha histórica —al cumplirse 44 años del conflicto bélico y conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas—, su presencia será significativa en términos políticos. Este lunes volvió a confrontar con Javier Milei y planteó que “el Gobierno nacional le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”, ejemplificando con el voto en rechazo a la resolución de la ONU que calificó a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. Se trató de una propuesta realizada por Ghana y que contó con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra: el de Argentina, Estados Unidos e Israel.
“Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo y no la puede explicar en ningún lado», cuestionó.

La vigilia comienza en la noche previa al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y se extiende hasta la medianoche, cuando se entonan las estrofas del himno nacional y se realiza un minuto de silencio en memoria de los 649 argentinos caídos en el conflicto. Además, durante la jornada se programan actividades culturales, artísticas y religiosas.
La Carpa de la Dignidad, instalada desde hace más de dos décadas, actúa como punto de encuentro y memoria. Allí, los veteranos de guerra comparten testimonios, se proyectan documentales y se desarrollan actividades educativas para las nuevas generaciones. El acompañamiento masivo de la comunidad ha convertido la vigilia en un símbolo de reconocimiento y compromiso social con la memoria de los excombatientes.
Este año, el evento contará con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales. Esto ratifica la proyección federal de la causa Malvinas.
En tanto que la presencia del gobernador bonaerense en la provincia de Tierra del Fuego también forma parte de la construcción política planteada de cara a las elecciones del año que viene. Está previsto que en la provincia patagónica mantenga un encuentro con el gobernador fuegino, Gustavo Melella. Irá a la vigilia en Río Grande y al otro día mantendrá actividades en Usuahia.
Si bien este lunes enfatizó que no es un año de candidaturas, sí aseguró que “lo más importante es generar una fuerza política y una propuesta electoral que nos permita que el gobierno de Milei termine en 2027″. En eso trabajan distintos armadores de Kicillof.

El intendente de La Plata, Julio Alak, es uno de los que están activos en este tema. La semana pasada reunió a la vieja guardia del peronismo bonaerense para un homenaje al exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde. Fue una cena que reunió a varios ex intendentes de la provincia como Julio Pereyra (Florencio Varela), Baldomero Álvarez (Avellaneda), Raúl Othacehé (Merlo), Alfredo Tati Meckievi (Dolores), Jorge Villaverde (Almirante Brown), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Luis Acuña (Hurlingham), entre otros. El encuentro también fue una tracción de fuerza propia de Alak en la carrera por la sucesión de Kicillof. Pereyra junto con el exjefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, son dos de los encargados de llevar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a otras provincias. Días atrás estuvieron en Corrientes plantando la bandera del kicillofismo. En tanto que el vínculo con los gobernadores opositores al gobierno nacional lo lleva directamente Kicillof.
Su presencia, de carácter federal, en la vigilia por Malvinas se suma a su reciente visita a Montevideo, Uruguay. El viernes fue a la capital del país oriental para cerrar el IV encuentro de Red Futuro. Antes, compartió una reunión el saliente ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad y luego un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.
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