Desde que reapareció, hace 10 días, Pablo Moyano tuvo una maratón de 14 reuniones con dirigentes y delegados, habló con tres radios y declaró un paro por tiempo indeterminado. Todo un récord para un dirigente que, desde que renunció a la CGT, el 22 de noviembre de 2024, no había vuelto a su oficina de la Secretaría Adjunta del Sindicato de Camioneros, se alejó prácticamente de la actividad político-gremial y permanecía atrincherado como presidente del Club Deportivo Camioneros.

El repentino protagonismo del polémico dirigente inquieta a Hugo Moyano, su padre y secretario general del sindicato: ambos están peleados desde fines de 2021 tras fuertes discusiones por la crisis de la obra social de Camioneros y hasta ahora las tensiones entre ambos se pudieron disimular gracias al paso al costado de Pablo.

“Ya nadie oculta la pelea, pero se va a tener que definir: o Hugo echa a Pablo, o Pablo lo echa a Hugo”, advirtió un empresario del sector, preocupado porque por culpa del enfrentamiento entre padre e hijo hay negociaciones trabadas o conflictos que no se resuelven o que están condicionados por sobreactuaciones de los dirigentes.

En su agenda súbitamente tan cargada, el hijo mayor del líder sindical se reunió entre el 28 de enero y el 6 de febrero con Abel Furlán (UOM), Alejandro Gramajo (UTEP), su hermana Karina y Emiliano Addissi (ITF), dirigentes del Partido de la Costa, trabajadores de la empresa Nittida, delegados de las ramas de Aguas Gaseosas, Lácteos y de la empresa Cliba, y el ex delegado Gustavo Ferreyra (golpeado por el hugomoyanista Garnica), además de un encuentro en el gobierno porteño para resolver un conflicto de la Rama de Residuos Patológicos. Y a la mayoría de estos encuentros, sugestivamente, los hizo en su oficina, a la que no iba desde fines de 2024.

En estos vertiginosos días, incluso, Pablo Moyano encabezó este viernes una asamblea con más de 1.500 trabajadores de la planta Mega de Coca Cola, ubicada en Tapiales, La Matanza, y logró el respaldo para iniciar un paro por tiempo indeterminado por reclamos salariales y laborales, que finalmente duró menos de un día porque el Gobierno declaró la conciliación obligatoria.

“Estamos de paro y nos quedamos en la planta hasta que aparezca una respuesta”, advirtió el dirigente, que estuvo acompañado por el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, un nombre que se hizo más conocido en los últimos meses porque los aliados de Hugo Moyano trataron de involucrarlo en la presunta estafa al hotel sindical de Mar del Plata (donde echaron a dos dirigentes cercanos a Pablo) y responsabilizarlo de que no se hayan pagado indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

En los pasillos del sindicato nadie oculta que hay dos bandos enfrentados ferozmente: los leales a Hugo Moyano, como Octavio Argüello (cotitular de la CGT) y José “Teta” Garnica (secretario de la rama Recolección de residuos), y los alineados con Pablo Moyano, como Aparicio y Oscar “Chuky” Borda (secretario de la rama Logística). En este tablero, el líder sindical cuenta con el apoyo incondicional de su hijo menor, Jerónimo, a quien acaba de encumbrar como secretario Gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Y el que está en el medio de la pelea, sin tomar partido por ninguno, es Hugo Antonio Moyano, el abogado del clan familiar y flamante diputado nacional por Fuerza Patria.

La disputa entre Hugo y Pablo comenzó cuando éste le reprochó a su papá que la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros era responsabilidad de su esposa, Liliana Zulet, dueña de una empresa que se ocupa del gerenciamiento de esas entidades sindicales de salud.

Desde que discutieron a los gritos, en 2021, el hijo de Moyano estuvo meses sin concurrir a su oficina del sindicato para no cruzarse con su padre y dejó el ejercicio de la vicepresidencia del club Independiente, que encabezaba Hugo. Pero las primeras señales del enfrentamiento se registraron durante la cuarentena obligatoria: en 2020, con el viejo líder camionero recluido por temor a los contagios, Pablo tomó las riendas del sindicato, pero tuvo problemas.

Tensó tanto el conflicto con Mercado Libre al bloquear el centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin en La Matanza, que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que hablar con su papá para pedirle ayuda con el fin de intentar descomprimir la situación. La solución que eligió Hugo Moyano fue desplazar a Pablo de las negociaciones y dejarlas en manos de Aparicio.

Lo mismo sucedió en abril de 2021 cuando la intransigencia de Pablo puso en peligro 10.000 fuentes de trabajo al insistir en aplicar la llamada “ley Moyano” en el cambio de manos de los supermercados Walmart: la exigencia de echar, indemnizar y volver a contratar a 500 trabajadores fue rechazada por la empresa tras considerarla ilegal. En una reunión, Hugo Moyano se mostró conciliador, pero su hijo se retiró de la mesa de manera violenta y el empresario Francisco De Narváez dio por terminadas las charlas. Se llegó a un acuerdo recién cuando Pablo fue apartado de las negociaciones.

Pero las diferencias también se manifestaron en sus disímiles adhesiones políticas. Mientras Hugo Moyano apoyó fielmente a Alberto Fernández, Pablo se mostraba como un crítico de su gobierno, entre fotos con Máximo Kirchner y reuniones con Cristina Kirchner.

Ese mismo componente hizo empeorar la relación: cuando la ex vicepresidenta fue detenida por corrupción, en junio pasado, el líder de Camioneros piloteó en la CGT la resistencia a declarar un paro general como protesta, pero Pablo fue uno de los primeros en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Poco después, en una reunión de mesa chica de la CGT, Hugo Moyano dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”.

En septiembre pasado volvió a hablar de su hijo mayor durante el Comité Central Confederal de la CGT, poco antes del congreso que eligió sus nuevas autoridades: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene… tenía una forma poco… No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera». Así justificó haber elegido para sucederlo en el triunvirato a Octavio Argüello.

El enfrentamiento no se limitó a lo discursivo. Cuando la federación nacional eligió sus autoridades en diciembre de 2021, Hugo no ratificó a Pablo como su secretario adjunto y nombró a Jorge Taboada en ese cargo. Y tres años más tarde, cuando su hijo renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato, Hugo fue desplazando a sus leales de la estructura gremial y, a la vez, empoderó a Argüello, Garnica y Jerónimo, pero eso no pacificó la interna.

El 17 de julio pasado, la interna se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan. Dicen que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores que estaba alineado con Hugo Moyano.

El último cruce violento se dio en noviembre pasado, durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, en el que miembros de las dos facciones protagonizaron una batalla campal que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo y trompadas a granel.

Los que conocen la interna de Camioneros creen que si Pablo Moyano reapareció de esta manera es porque está dispuesto a pelearle el liderazgo a su padre. Pero en el sindicato habrá elecciones para renovar autoridades recién en el segundo semestre del año próximo ya que allí, pese a la pelea familiar, ambos fueron reelegidos en 2023. ¿Competirán Pablo y Aparicio contra Hugo Moyano?

Por ahora, sin mencionar a su padre y titular del sindicato, Pablo se muestra activo en los conflictos de Camioneros y sostiene una postura muy combativa contra la reforma laboral, mientras que Hugo, aunque cuestiona el proyecto, comparte la estrategia moderada de la CGT, que privilegia las negociaciones para hacerle cambios a la iniciativa antes de ir a una guerra frontal.

Y todavía puede haber cortocircuitos más fuertes cuando este mes comience a discutir las paritarias 2026: el líder del sindicato viene firmando acuerdos en sintonía con la pauta oficial y si mantiene esa posición seguramente chocará con la intransigencia de su reaparecido hijo.

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A la espera de la cumbre clave a realizarse desde las 18 de mañana con eventuales aliados, donde se conocerá el borrador final de la reforma laboral a debatirse en la sesión extraordinaria del miércoles próximo, La Libertad Avanza en el Senado comenzó a delinear la estrategia que llevará al recinto no tanto para una votación en general que dan por descontada, sino por la definición en particular de la iniciativa. La idea que prima en la esfera oficialista apunta a una moción que implicará capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.

Este canal, que corre en paralelo a las usuales volteretas de libertarios del Congreso y, sobre todo, de la Casa Rosada, que nunca deja de reflotar la idea simplificada del “por todo y contra todos”, el oficialismo ya escaneó en las adhesiones trascendentales que precisa de “dialoguistas” que no podría, salvo que ocurra un milagro en el convite de mañana, votar capítulo por capítulo en la compulsa en particular.

La situación en la Cámara alta quedó algo cargada al término de la semana por la inentendible y mega promocionada arenga desde Balcarce 50 para no aceptar muchos cambios -si fuese cierta- al dictamen de mayoría firmado en diciembre pasado. No tanto por el derecho o no de hacerlo, sino por todo lo que ello implicaría en un recinto siempre salvaje para los libertarios, salvo que los apoyos ya estén “cerrados” de antes, como deslizan despachos con experiencia. Debe recordarse que, en meses recientes preelectorales, la táctica mileísta derivó en angustias y piñas legislativas por doquier. Y el período ordinario ni siquiera arrancó aún, algo que hará el jefe de Estado el domingo 1 de marzo.

Desde las bancadas dialoguistas confían todavía en el conocimiento que la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, trae de épocas anteriores -más la actual- en el Congreso. No obstante, la palabra que de verdad vale es la de la Casa Rosada. Y, más allá de la verticalidad que se vende desde allí, hay idas y vueltas para nada precisas sobre asuntos importantes. Por caso, ¿qué harán con los aportes de sindicatos y las ya más que ansiosas cámaras empresariales? ¿Serán todos voluntarios? ¿Unos sí y otros no, fuera de toda lógica de ecuanimidad? Las melodías que parten desde el Ejecutivo alteraron oídos.

Tampoco debe olvidarse el capítulo fiscal y la caída de la coparticipación. Nación perderá más que las provincias y casi nadie se anima a decirlo, ya que las lágrimas parecen pesar más en los sufridos gobernadores. También es cierto que los distritos cuentan, luego de dos años de un severo ajuste, una base de reclamo más honesta que en temporadas anteriores, donde primaba el bolsillo inacabable del payaso -contribuyentes y pymes, el alma del país- a cambio de cerrar los ojos ante delirios ejecutados desde la administración central. Es el promedio de la política vigente y de quienes ahora pregonan desde un altar fantasmal la construcción de un consenso, por lo menos, más sano.

Más lejano a estas compulsas se asoman objeciones menores a un puñado de artículos donde diversos dialoguistas, según el caso, no quieren acompañar. Un ejemplo comentado en usinas aliadas se direcciona a la eliminación de una pequeña fracción de la ley relacionada con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Un asesor lo planteó de la siguiente forma a Infobae: “Después de tanta pelea, le sacan el porcentaje de los tickets. O sea que, a partir de esto, vamos fondear a los ‘súper enemigos’ de este Gobierno con el IVA de los alimentos”. En esta zona se incluyen varios estatutos que el Gobierno quiere reventar de un sacudón y sin anestesia, ante solicitudes para poner un plazo de “readecuación” de los mismos -¿180 días?-, como ya informó este medio.

Bullrich maneja a 21 senadores en su interbloque y precisa, sí o sí, de la mayor fracción que pueda de los diez de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO -comanda el misionero Martín Goerling-, los dos revoltosos de Provincias Unidas, y silvestres provinciales atados o no a las órdenes -sin chistar- de mandatarios locales. Con 37 de piso habrá luz verde. Este aglomerado suma, en total, 44.

Los interrogantes en el último sector giran hacia los santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Elena Gadano, la silenciosa Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo. En el oficialismo además miran con cierto cariño a los cinco peronistas de Convicción Federal, que convidaron guiños cuando se sancionó el Presupuesto 2026.

El tratamiento en el Senado de la reforma laboral que impulsa el Gobierno puso los reflectores de la atención política y mediática en los 72 integrantes de ese cuerpo legislativo. Tras un mes de enero de receso, será el debut en el recinto de un tercio de la Cámara alta que se renovó en diciembre pasado, y la vuelta al debate parlamentario de viejos y nuevos referentes políticos.

Los 72 senadores, en conjunto, cuentan actualmente con 894 asesores y secretarios/as designados para asistirlos en su tarea, según los datos publicados en el sitio oficial de la Cámara alta, y analizados por Infobae. Son 293 menos que en junio del año pasado, con la composición anterior del cuerpo, que sumaba 1.187 empleados asignados a los legisladores.

Pero no todos tienen el mismo número de empleados a disposición. Están los que tienen entre 20 y 30 personas designadas en sus despachos, y quienes cuentan con tres o menos, al menos hasta ahora.

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, lo que significa que su designación termina al finalizar el mandato del senador. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, actualmente, es de $2.554,80 según la última paritaria vigente a partir de noviembre de 2025. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

La categoría más alta es la A-1, con un sueldo inicial de $2,2 millones por mes, sin contar antigüedad, ni adicional por título y otros conceptos como capacitación o viáticos, por ejemplo. De los 894 empleados y asesores de los senadores, el 27% (243) están nombrados con una A1, el 15% con una A-3 (134) y el 13% con una A-2 (118).

Según el valor del módulo, ningún senador debería exceder los $18.747.122 en la designación de todo su personal transitorio a su cargo.

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, son empleados con un conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas específicas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

El senador con mayor cantidad actual de empleados designados en su despacho es José Mayans, presidente del bloque Justicialista: 31 en total, uno más de la treintena que tenía el año pasado. Este legislador formoseño peronista va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta.

Entre ellos aparece Celina Yael Mayans, de 23 años, quien sería familiar suyo, designada al menos desde 2023 en el Senado con categoría A-8. También figuran tres empleados de apellido Villalba. Infobae consultó al senador si era su hija y respecto de la cantidad de personal a cargo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondió la consulta su vocero.

El reglamento de la Cámara no le prohibe a los senadores la designación de familiares. Este vacío en la norma es aprovechado por muchos legisladores para nombrarlos en sus despachos o en otras dependencias de la Cámara.

A Mayans, le siguen en el ranking de cantidad de empleados la jujeña Carolina Moisés y el riojano Jesús Fernando Rejal, ambos del bloque Convicción Federal, con 27 empleados cada uno, según el análisis de los datos oficiales hecho por Infobae. Los dos llegaron al Senado en 2023 por Unión por la Patria, aunque en marzo de 2025, conformaron una nueva bancada, como un desprendimiento de ese bloque, aunque suelen votar en sintonía como un interbloque.

Ante la consulta de Infobae, en el despacho de Moisés sostuvieron que “utiliza los recursos que tiene asignados en más cantidad de colaboradores con ingresos menores, a diferencia de otros senadores que tiene menos con ingresos mayores”. Del listado de personal asignado que figura en la web del Senado, de sus 27 empleados, seis tienen las tres categorías más altas. Sin embargo, la cifra es bastante inferior a la cantidad de empleados que registraba en junio del año pasado -42-, según corroboró Infobae.

“No me parece que sea un tema trascendental, siempre agarran ese tema y la verdad que para ser una buena senadora es necesario tener un buen equipo, tanto en el despacho como en la provincia de Jujuy atendiendo a la gente y llevando la relación con todos los actores económicos, políticos y sociales de la sociedad que me eligió”, argumentó Moisés ante este medio.

En cuanto a Rejal, su vocera respondió que el senador “no está haciendo declaraciones”.

Luego aparece Mariano Recalde, senador porteño también del bloque Justicialista, con 26 empleados. Llegó al Senado en 2019 por el Frente de Todos y fue reelecto el año pasado por Fuerza Patria. Su vocera no contestó la consulta de este medio.

Con 25 empleados y asesores se ubica, a continuación, la tucumana Sandra Mendoza. Llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos y hoy integra el bloque de Convicción Federal. “Varios son planta permanente y se heredaron de anteriores senadores nacionales por Tucumán del peronismo. Se contiene a la gente del partido. Son más del partido que de un senador en particular. Es usual esta práctica. Con la nueva normativa, van todos al despacho”, explicaron en el entorno de Mendoza.

Entre el personal asignado, hay tres que comparten apellido: Víctor Zurita, el padre, quien ingresó con el senador Sergio Mansilla y es planta permanente, y sus dos hijas: Karen y Mónica Zurita. De 29 y 35 años, respectivamente, esta última, también integra la planta permanente del Senado.

Luego siguen la riojana María Florencia López y la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro, ambas del bloque Justicialista, con 23 empleados en su despacho. Las dos fueron electas en la boleta de Unión por la Patria en 2023. Infobae se comunicó con sus respectivos despachos el jueves pasado, quedaron en trasladar la consulta sobre el número de personal a cargo, pero no llegó una respuesta al cierre de esta nota.

Con 22 empleados, luego se ubican el pampeano Daniel Bensusán, del bloque Justicialista, y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia.

Bensusán llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos. En su entorno explicaron sobre la cantidad de personal que “tiene empleados que son de planta permanente. Vienen trabajando desde hace varios años con distintos senadores del PJ de La Pampa”.

Agregaron que “manejan temas de interés regional para el Senado” y que los de planta transitoria “ocupan los mismos módulos que el resto de los senadores”.

En su despacho, Bensusán tiene nombrada desde diciembre de 2023 a Paula Bensusán Cosci, de 26 años, planta permanente categoría A-5, quien sería su sobrina. Ni el senador, ni su vocero precisaron el parentesco.

Ávila, en tanto, quien entró por Juntos por el Cambio pero hoy está alineada con el gobernador peronista de su provincia, Osvaldo Jaldo, tampoco accedió a reponder la consulta para esta nota sobre los 22 empleados y asesores que tiene a cargo en su despacho.

El top ten lo cierra el pampeano Daniel Kroneberger, de la UCR, con 21. Integra la Cámara alta desde 2021, cuando ingresó en la boleta de Juntos por el Cambio.

“La nómina de empleados incluye personal de planta permanente (6 del total) del Senado; no se trata exclusivamente de contratos ni de cargos transitorios. Estos cumplen funciones administrativas y parlamentarias, necesarias para el desarrollo de la tarea legislativa. En función de la cantidad de comisiones en las que participa el senador y siempre dentro de lo establecido reglamentariamente, se conforma un equipo que sea capaz de abordar los distintos temas que se trabajan”, explicó su vocero.

En la nómina del personal del Senado hay otros dos empleados de apellido Kroneberger, pero aclaró que no son familiares suyos.

En el otro extremo, sin empleados designados en la web de la Cámara alta hasta ahora, figuran tres senadores de La Libertad Avanza. Sin embargo, esto se debería a una demorar en el trámite de nombramiento.

Sin embargo, uno de ellos, el entrerriano Joaquín Alberto Benegas Lynch, le dijo a Infobae que su equipo estaba formado por tres personas: dos en planta transitoria con categoría A-1 y una bajo la modalidad de contratada. “Aún no se ven impactados en la página web ya que no se oficializaron administrativamente”, explicó.

En tanto, la salteña María Emilia Orozco, precisó que aún no salieron las resoluciones de nombramiento de su personal. “Aún no tengo a nadie designado, tengo 3 expedientes desde diciembre a la espera de la firma de la presidencia del Senado. Por ahora, solo 3 y quizás un cuarto más adelante. No necesitamos usar todos los módulos; hay personal muy capacitado y con experiencia de planta”

Finalmente, su coterráneo Gonzalo Guzmán Coraita, también informó que “todavía no salió el trámite administrativo de las designaciones”, por eso no figura personal asignado en su perfil en el sitio oficial de la Cámara alta.

De los senadores de LLA, los dos que más empleados tienen son el jujeño Ezequiel Atauche y el sanjuanino Bruno Olivera Lucero: 16 cada uno.

Atauche es el ex presidente del bloque libertario y, en junio del año pasado, tenía a cargo 11 empleados, cinco menos que actualmente. Sin embargo, ya no está más designado en su despacho ni es empleado del Senado Pedro Patricio Atauche, quien sería familiar suyo.

La actual titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, tiene designados cuatro empleados, según la información de la web del Senado.

Designación de familiares

A poco de haber asumido sus funciones como senadora por Jujuy en 2023, se conoció que Vilma Bedia, de La Libertad Avanza (LLA), había contratado a varios familiares para que trabajen en su despacho de la Cámara Alta.

Para marzo de 2024, el sitio web del Senado mostraba en su perfil que tenía a cargo 15 empleados: cuatro permanentes y 11 temporarios. Dos eran sus hijos – Joel Benjamín y José Abner Maman -, que figuraban con categorías A1 y A3, las más altas. El hermano de Bedia, Daniel Ricardo Bedia, estaba designado en el despacho del senador riojano Juan Carlos Pagotto, también de LLA, con categoría A-6.

La polémica por la cantidad de designaciones de familiares motivó que el propio presidente Javier Milei interviniera para que redujera esas designaciones. Al día de hoy, Bedia tiene 8 empleados y solo uno de sus hijos está asignado a su despacho, José Abner Jair Mamani, con categoría A1. Infobae se comunicó con su despacho el viernes pasado, pero nadie respondió el teléfono. El hermano de Bedia ya no figura actualmente como empleado de Pagotto.

Este senador riojano -que llegó a la cámara alta en 2023 en la boleta de Milei- también nombró a su hijo, Juan María Pagotto, de 30 años, en su despacho con la categoría más alta, A-1. Pagotto no respondió los llamados y mensajes de Infobae sobre esta designación.

En la bancada peronista, Jorge Capitanich, que asumió su banca en diciembre pasado por Chaco, designó a su hija Guillermina, también con la categoría más alta. Electo por Fuerza Patria, el tres veces gobernador de esa provincia tiene 18 empleados a cargo en su despacho.

En su entorno explicaron a Infobae que “10 son empleados de planta permanente, que ya colaboraban en otros despachos y, desde el 10 de diciembre, son parte del equipo de asesores que cumplen funciones bajo la órbita jerárquica y funcional de Capitanich. Estos empleados, al ser de planta, podrían prestar servicios en cualquier área del Senado. Es la Cámara la que les paga el sueldo, independientemente del lugar en el cual se desempeñan. Los restantes 8, fueron designados por el senador en disposición de los módulos que le fueron consignados”.

También aseguraron que “todos reúnen el requisito de la idoneidad para el empleo público establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional, han cumplido todos las exigencias y formalidades impuestas por la ley 24600, además de estar altamente calificados para la tarea que desempeñan. Considerando el ritmo de trabajo del senador, es lógico que su equipo esté a la altura, con un nivel de compromiso similar al suyo”.

Respecto a la designación de Guillermina Capitanich, de 31 años, la propia involucrada dio a Infobae precisiones sobre su formación profesional y dijo haber trabajado en el ámbito legislativo previamente: “Soy Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Austral, con un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flacso, un Máster en Marketing y Comunicación Política de la Universidad de Barcelona, dos diplomaturas, en Comunicación Política de la Universidad Tres de Febrero y otra de la Universidad Austral”. Afirmó que, desde 2019, “trabaja y participa políticamente en el área de comunicación y organización de todas las campañas del PJ en Chaco” y que, hasta el año pasado, fue “Consejera del PJ Provincial, y Directora de Medios Públicos de la Provincia del 2022 al 2023″.

Empleados por bloque

El bloque parlamentario que más empleados tiene asignados en el Senado es la UCR, que preside el correntino Eduardo Vischi: 29. Históricamente es el que más empleados tenía asignados: en 2019 esta bancada tenía 49.

Le sigue LLA con 25 designaciones de personal; Convicción Federal, que preside Fernando Salino, con 18; y el PRO, que hoy tiene 3 integrantes bajo la presidencia de Martín Goerling, con 12 empleados.

En tanto, el bloque Moveré por Santa Cruz, que integran José Carambia y Natalia Gadano, alineados con el gobernador Claudio Vidal, tiene asignados 6. Entre ellos, Alejandro Valentín Ramos Gadano, de 21 años, con la categoría más alta. Infobae consultó a la senadora Gadano y a su vocera sobre su parentesco, sin obtener respuesta.

El bloque Justicialista, pese a ser la primera minoría, no tiene personal asignado, al igual que el resto de las 8 bancadas de la Cámara alta. Ante la consulta de Infobae, fuentes del Senado informaron que “no tiene módulos asignados, los agentes que allí trabajan consumen módulos de los senadores que lo integran”.

Planta total del Senado

El Senado tiene hoy 3.980 empleados bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Es un 23% menos de la cifra registrada en agosto de 2022, cuando sumaban 5.175, entre la planta permanente, la transitoria y los contratados.

El cálculo se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre los listados de personal publicados en la web oficial de la Cámara alta, con datos al viernes, así como de descargas previas en años anteriores.

Los datos oficiales incluyen a los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y los asignados a los 14 bloques políticos. En cuanto al resto de la nómina, ya no se publica más el destino, como sí ocurría hasta el año pasado. Esto implica un retroceso en términos de transparencia, ya que no se puede precisar quiénes y cuántos estaban asignados a las distintas comisiones, direcciones, secretarías y áreas administrativas.

La composición de empleados del senado viene disminuyendo paulatinamente en los últimos 5 años. De los 5.175 (entre permanentes, transitorios y contratados), se pasó a 4.994 en 2023, lo cual implica una disminución del 3%. Al año siguiente, en pleno primer año del gobierno de Milei, la cifra había caído a los 4.682, disminuyendo un 6% con relación al año anterior.

Y el año pasado, siguió bajando hasta contar con 4.564 en junio pasado (-3%), hasta llegar a los 3.980 empleados de este año, siendo esta, la de 2026, la baja más importante de los últimos cinco años (-13%). En la composición de este año se encuentran: 2.205 permanentes, 1.402 transitorios y 373 contratados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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