La Justicia paraguaya investiga la actividad de la firma Golsur S.A., la misma que fue utilizada por Edgardo Kueider e Iara Guinsel Costa para justificar los US$ 211 mil dólares que les fueron secuestrados por haber intentado ingresarlos a ese país sin declarar. Y si bien encontró documentos que demuestran la existencia de la firma, aún no pudo constatar que haya registrado movimientos de capital. La defensa del ex senador y su secretaria, que se encuentran con arresto domiciliario en un lujoso complejo de Asunción, aún no presentó papeles que justifiquen el origen y destino de esos fondos. «Hasta ahora todo apunta al contrabando», explica una fuente al tanto de la pesquisa.

La causa judicial es sustanciada por el juez Humberto Otazú, con despacho en la capital guaraní, y un equipo de tres fiscales de Ciudad del Este. En paralelo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (DNIT) labra el sumario en el que finalmente se confirmará o no la tentativa de contrabando de los acusados. Ese organismo es el que mantiene incautado el dinero y el vehículo de alta gama secuestrados durante aquella madrugada.

Hasta ahora la fiscalía pudo constatar que Golsur S.A está a nombre del enigmático José Fernando Cousirat, un empresario paraguayo de 33 años. Y que la misma tiene por objeto la construcción, obras civiles y actividades publicitarias. «Aparece como representante de esa empresa Guinsel Costa, de acuerdo a los documentos que recibimos de la escribanía», dijo el fiscal Alcides Giménez. Una de las hipótesis es que ese dinero haya estado destinado a financiar alguno de los tantos proyectos inmobiliarios que alimentan la economía de la capital paraguaya.

Pero el abogado de los argentinos, el penalista Ricardo Preda, aún no se presentó ni en sede judicial en la DNIT. En Paraguay aseguran que el proceso se extenderá como mínimo por tres meses y entienden la cautela de la defensa de los acusados por el escenario político que decantó la expulsión de Kueider de la Cámara alta. «Todavía no se presentaron el expediente ni justificaron nada. Sólo queríamos confirmar si existía o no la empresa y esta semana veremos si tiene movimientos de capitales», abundó el fiscal.

Si bien en Paraguay están a la espera de la presentación de los abogados del ex senador peronista, no descartan que la DNIT con las pruebas a su disposición, pueda avanzar en la causa por contrabando. Es que aseguran que la vinculación de la secretaria con Golsur. S.A. no mejoraría la situación procesal de la pareja por no haber declarado el dinero al intentar ingresar a territorio paraguayo. Si se confirmara el delito, el organismo recaudador también estaría en condiciones de cobrar a los acusados una multa de al menos US$ 211 mil, equivalente al total del dinero secuestrado por los agentes aduaneros y los efectivos de la Armada guaraní.

Desde la DNIT, a cargo de Oscar Orúe, informaron que el sumario no ha logrado avanzar a la espera de la documentación de la defensa. Sin embargo, nada explicaría los motivos por lo que el ex senador no declaró el dinero a las autoridades de ese país como tampoco porqué intentó sortear la requisa al identificarse como «un senador afín al gobierno de Milei».

Más allá que la acusación prevé penas que son excarcelables, las autoridades paraguayas no creen que Otazú decida en el corto plazo liberar a la pareja del arresto domiciliario que cumple en el departamento 103 del complejo Tierra Alta del Maestro. La detención tuvo fuertes repercusiones mediáticas y políticas en Argentina y en el vecino observan con atención el devenir de estos acontecimientos.