Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.

En las postulaciones enviadas esta mañana también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.

Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos que, no obstante, no podrá iniciar el tratamiento de los diplomas hasta que no tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta que, por el momento, no tiene una fecha prevista.

Según le dijo a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), su intención es que el Senado sesione la semana próxima para que todos estos pliegos tomen estado parlamentario.

La nómina de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, es la siguiente:

–Ricardo Santiago Lombardo juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal.

–Nicolás Antonio Pacilio, juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal.

–Santiago Alberto Poncio, como juez de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal.

–Javier Alberto Santiso como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

–Ignacio Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal.

–Julián Herrera como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

–Nicolás Grappasonno como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

–Ivana Sandra Quinteros como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal.

–Santiago José Jaimes Munilla como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal.

–Emilio Santiago Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala 3.

–María Gloria Capanegra como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

–María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.

–Claudio Ricardo Silvestri como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

–Paula Fuertes como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal.

–Soledad Eugenia Mariño como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

–Carlos Fabián Cuesta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

–María Verónica Michelli como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

–Juan Martín Balcazar como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal.

–María Julia Sosa como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Plata, Pcia. de Buenos Aires.

–Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

–Pablo Ezequiel Wilk como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Plata, Pcia. De Buenos Aires.

–Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

–Verónica Mabel Polverini como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

–Marcela Lorena Sasso como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 3.

–Lucas Marcelo Bellotti San Martín como Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

–Felipe Alberto Alliaud como Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 4.

–Hugo Fabián Decaria como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

–Ezequiel Javier Sobrino Reig como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal.

–Germán Augusto Degano como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal.

–Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, Pcia. De Formosa.

–Santiago Quian Zavalía como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

–Osvaldo Felipe Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

–Analía Victoria Romero como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

–Samanta Claudia Biscardi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

–Paula Andrea Castro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

–Lucila Inés Córdoba como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

–Walter Fabián Carnota como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

–Fernando Strasser como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

–Pablo Javier Flores como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

–Laura Fabiana Kvitko, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23 de la Capital Federal.

–Nicolás Ramón Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional 7 de la Capital Federal.

–Laura Wiszniacki, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 62 de la Capital Federal.

–Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

–Juan Andrés Moldes, fiscalía 1 ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En el marco de la causa Techo Digno, absolvieron hoy a la exintendenta de esta ciudad María Eugenia Martini (PJ) y al ex inspector municipal Alfredo Milano, que enfrentaban cargos por peculado y administración fraudulenta.

Tras el juicio oral y público, en el veredicto se señaló que, si bien se detectaron irregularidades administrativas en el uso de recursos destinados a la construcción de viviendas, no quedó acreditado el dolo requerido para los delitos imputados.

Por unanimidad, los jueces Romina Martini (no tiene parentesco con la exintendenta), Víctor Gangarrosa y Marcos Burgos destacaron que el análisis de la prueba técnica y de las declaraciones vinculadas a la ejecución de las obras (un plan de 825 viviendas) no permitió establecer un criterio uniforme para determinar los porcentajes de avance de obra en los que se basó la acusación.

Semanas atrás, la fiscalía había recordado que entre 2013 y 2015, la exintendenta firmó dos acuerdos que la obligaban a cumplir determinadas pautas, entre ellas, la presentación de certificados mensuales de avance de obra que dieran cuenta “de forma fehaciente, puntual y real” del estado de las mismas. El fiscal Martín Lozada agregó que las nueve licitaciones realizadas para la ejecución de los trabajos se distribuyeron entre dos empresas constructoras y que, en ese marco, los acusados certificaron “de más, de mucho más” que lo efectivamente construido.

Según se expuso ahora, los valores porcentuales utilizados provenían de distintas fuentes –como mediciones del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV), certificaciones de obra e informes de infraestructura– sin que se precisara en qué casos se aplicaba cada uno. “Esta variabilidad generó resultados divergentes para una misma obra y, en consecuencia, impidió afirmar con certeza que las certificaciones hubieran superado el avance real”, señalaron en la sentencia.

Además, se advirtió que muchas de las mediciones utilizadas por la acusación fueron realizadas con posterioridad a las certificaciones cuestionadas y no de manera contemporánea a los hechos. A ello se sumó la falta de documentación técnica completa que permitiera reconstruir con precisión el estado real de las obras en cada etapa.

En ese contexto, los jueces consideraron que la prueba técnica producida de manera retrospectiva no permite descartar que las diferencias detectadas respondan a distintos criterios de medición o a cambios en el estado de las obras con el paso del tiempo. También señalaron inconsistencias internas en la hipótesis acusatoria, ya que en algunos casos se sostuvo la inexistencia de obra y, al mismo tiempo, se calcularon diferencias porcentuales parciales, lo que resulta difícil de conciliar.

El tribunal concluyó que la evidencia es compatible con distintas interpretaciones técnicas y que no se logró acreditar, con el grado de certeza requerido, la existencia de certificaciones falsas ni de una maniobra de sobrecertificación ilícita. El fallo se estructuró sobre la distinción entre irregularidades administrativas y responsabilidad penal: se reconoció la existencia de deficiencias en la gestión, controles no homogéneos y un funcionamiento institucional complejo, pero se advirtió que ello no puede equipararse automáticamente con la existencia de un delito.

En particular, se indicó que “el derecho penal no puede utilizarse para suplir, de manera retrospectiva, falencias propias del derecho administrativo o de los mecanismos de control”. También se descartó la posibilidad de introducir de manera tardía un cambio en la calificación legal hacia figuras como la malversación, planteadas en los alegatos finales, por entender que ello afectaría el principio de congruencia y el derecho de defensa.

Respecto de la exintendenta, se sostuvo que su rol como máxima autoridad política y firmante de actos dentro de un circuito administrativo complejo no permite atribuirle, por sí solo, conocimiento técnico detallado sobre cada certificación ni intención de defraudar.

En relación a Milano, los jueces concluyeron que la insuficiencia probatoria es aún más marcada en el plano subjetivo, ya que no se acreditó que hubiera certificado obras con conocimiento de falsedad ni que hubiera obtenido beneficios personales. Asimismo, valoraron que los fondos permanecieron dentro del circuito estatal y fueron utilizados con finalidades públicas, sin que se acreditara una apropiación indebida ni un desvío con fines privados.

Hace dos semanas –y en otro expediente que forma parte del conjunto de investigaciones que involucran a exfuncionarios y empresarios de la región–, se confirmó la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, que había sido juzgado por peculado por el manejo de fondos vinculados al programa nacional Techo Digno y destinados a la edificación de 871 viviendas en distintos barrios de esta ciudad.