La jueza federal María Servini rechazó la jugada del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar sobornos por sus sentencias, para que se abriera en los tribunales de Comodoro Py 2002 una causa contra un “arrepentido” que lo denunció.

Servini no solo rechazó abrir una causa nueva en la justicia federal porteña, que funcionara como “colectora” para frustrar las actuaciones en Rosario, sino que le rechazó el pedido al magistrado rosarino para ser querellante en el caso.

En sintonía con el fiscal Carlos Rívolo, que había dicho que la denuncia de Salmain tenía que tramitarse en Rosario, la jueza afirmó en su resolución: “Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”.

“Sostener lo contrario y abrir un nuevo proceso en esta sede resultaría contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia, dada la evidente comunidad probatoria que presentan, pudiendo dar lugar incluso a inadmisibles resoluciones contradictorias”, dijo.

Salmain había denunciado al financista “arrepentido” Fernando Elías Whpei al acusarlo de haber proporcionado información falsa en su declaración.

En su presentación, Salmain, asistido por el abogado José María Ubeira, enumeró lo que entendió eran “un largo listado de inconsistencias, incompatibilidades, contradicciones y manifiestas falsedades en las que dice Whpei habría incurrido, con la que entiende evidente malicia en su contra y el propósito deliberado de obtener beneficios procesales indebidos en violación al régimen legal del imputado colaborador”.

Pero la jueza Servini destacó que eso lo debía discutir en la causa rosarina. “Como bien señala el Ministerio Público, el acuerdo de colaboración cuestionado debe ser homologado por el juez de la causa en un plazo no mayor a un año si es que la información fue suficiente para la condena”

“Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la jueza.

El fallo subrayó que “tampoco modifica esta conclusión el hecho de que la declaración haya sido prestada físicamente en esta jurisdicción, pues lo fue en el marco de un proceso radicado en Rosario, siendo allí donde corresponde evaluar su veracidad y eventual falsedad”.

Salmain enfrenta una causa penal y un proceso en el Consejo de la Magistratura donde se expone a ser removido de su cargo.

En la Comisión de Disciplina es investigado por parcialidad manifiesta en una causa contra la AFIP. Además, se lo investiga por haber mentido en el concurso para su designación en Rosario, al omitir que había sido expulsado de la Justicia por intentar sobornar a una empleada.

Asimismo, se lo investiga por tentativa de manipulación del sistema informático judicial y el posible ejercicio profesional incompatible con función judicial.

Se lo acusa, asimismo, por haberse excusado masivamente en 567 causas previsionales invocando de manera genérica razones de decoro.

El paso de los expedientes a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura es la antesala del abismo para el juez. Ya no se trata de investigar meros errores administrativos, sino de ahondar en conductas que podrían justificar, en el corto o mediano plazo, el inicio de un juicio político para destituirlo.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los entonces accionistas de la petrolera, Cristóbal López y Fabián de Sousa, fueron absueltos en ese proceso, en un fallo que está a estudio de la Corte Suprema de Justicia, que ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.

El último camino que le queda a Echegaray para evitar cumplir en la cárcel esta pena de cuatro años y ocho meses de prisión es acudir también a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario o una queja. Si ambos son rechazados, debería purgar su condena preso.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray, con lo que quedó firme la condena.

El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

Dijo que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena y que ocurrió una violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

El camarista Petrone rechazó el pedido de apartamiento de los jueces del tribunal oral, y en cuanto al monto de la pena, argumentó que el tribunal inferior no incurrió en una doble valoración de los hechos.

Explicó que, al fijar la condena, los jueces valoraron “la intensidad con que se presentó la vulneración a los bienes jurídicos tutelados a partir de las conductas ilícitas desplegadas”, sin tomar en cuenta de forma exclusiva o particular su condición de funcionario público, por lo que propuso rechazar el recurso.

El juez Barroetaveña adhirió a la postura de Petrone sobre la pena y la imparcialidad, pero argumentó contra el supuesto vencimiento del “plazo razonable” para ser juzgado.

El magistrado detalló que la causa demandó el análisis de una “compleja maniobra” de defraudación, con la participación de varias personas investigadas, la concreción de múltiples peritajes técnicos y la declaración de una gran cantidad de testigos.

Concluyó que el proceso transitó de manera regular sin dilaciones indebidas y que la sanción impuesta respetó el principio de proporcionalidad, donde “a mayor gravedad del injusto típico, mayor culpabilidad por el hecho; y a mayor culpabilidad, mayor pena”.

Carbajo acompañó a sus colegas en un breve voto en el que adhirió a sus fundamentos.

Ahora, Echegaray puede recurrir a la Corte para evitar la cárcel, pero si el máximo tribunal rechaza sus recursos, deberá cumplir la condena.

En tanto, De Sousa y López están absueltos pues la Justicia entendió, en un fallo que causó controversia, que no era delito pedir un plan de pagos supuestamente irregular para sus deudas fiscales, sino que se lo hubieran otorgado.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó dos veces esa absolución en 2025, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia les había pedido revisar esa situación.

Sin embargo, la discusión jurídica no está completamente cerrada, porque la fiscalía volvió a recurrir ante la Corte Suprema, que tiene a estudio ese caso.

La causa se centra en una supuesta defraudación al Estado vinculada a la retención de 8000 millones de pesos en Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) que la empresa Oil le retenía a los clientes que cargaban combustibles en sus estaciones, pero no giraba al fisco.

Mientras retenía esos impuestos y los redirigía a otras empresas del grupo, la AFIP comandada por Echegaray le otorgaba planes de pago excepcionales, indebidos, renovados.

La acusación sostuvo que el dinero retenido se utilizó para comprar empresas, financiar inversiones y expandir el grupo económico de Cristóbal López, bajo el abrigo del gobierno kirchnerista.