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POLITICA

Bullrich anunció que se elimina el artículo que prohibía reuniones de más de tres personas en la vía pública

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió al trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados para explicar la importancia para el Gobierno de Javier Milei la aprobación de la Ley Ómnibus. En su exposición, dedicó los primeros minutos a explicar lo que consideró un malentendido y confirmó una marcha atrás en la reglamentación de las protestas sociales.

“Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general”, señaló Bullrich. Y remarcó: “Vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo de la Ley”.

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“La posibilidad de tener un país en orden, capaz de crear trabajo se manifiesta en la razonabilidad de la protesta social”, indicó la ministra. “El país ha tenido desde el 2009 hasta el 2023, 85.200 piquetes y manifestaciones. Esto representa 815 cortes mensuales, en promedio”, detalló. “Esto implica una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de posibilidades de llegar a sus empleos”, aseguró.

Patricia Bullrich en el debate por la Ley Ómnibus en Diputados. (Foto: prensa Congreso)
Patricia Bullrich en el debate por la Ley Ómnibus en Diputados. (Foto: prensa Congreso)

“Hacen los piquetes con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes, como la pérdida de un plan social, y esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas, las somete. Ahí aparece la figura del organizador, que extorsiona a la gente”, especificó Bullrich.

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En su explicación sobre las sanciones a los piqueteros, la titular de Seguridad advirtió: “Habrá una pena mayor para los organizadores, será de 3 a 6 años de prisión”. Y aseveró: “De ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado nacional, que decide sobre la vida de la gente”. En la misma línea, Bullrich expresó: “Los organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los daños que ocasionen en el patrimonio público y privado”.

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A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. Allí se establecía que estas reuniones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.

Patricia Bullrich en el debate por la Ley Ómnibus. (Foto: prensa Congreso)
Patricia Bullrich en el debate por la Ley Ómnibus. (Foto: prensa Congreso)

En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

La ministra también se refirió al cambio propuesto en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos. Según explicó, la idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.

Al respecto, destacó que se apunta dotar de mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden “quedar presos de por vida”. “Este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la fuerza de seguridad”, resumió la ministra, y sentenció: “No hay resarcimiento por ser chorro”.



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POLITICA

José Mayans defendió la reelección indefinida de Insfrán y dijo que la Corte Suprema es influenciada por sectores políticos

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El senador por Formosa y una de las principales espadas de Cristina Kirchner en la Cámara alta, José Mayans, salió a defender al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la reelección indefinida de los gobernadores formoseños. El histórico legislador fustigó contra el máximo tribunal y sugirió que toma “decisiones políticas influido por cierto sectores”.

Mayans habló este domingo en radio Milenium donde fue consultado por la decisión de la Corte Suprema que frenó una posible candidatura de Insfrán en 2027 para renovar su mandato como gobernador, cargo que ostenta desde 1995.

“No es contra Insfrán», aclaró el locuaz senador al ser consultado sobre la decisión del tribunal conocida esta última semana. Al respecto, recordó que hay otras provincias, así como “estados americanos” que posibilitan las reelecciones indefinidas.

“La Constitución de Formosa dice que podrán ser reelectos el gobernador, los vicegobernadores, los intendentes. El requisito es que te vote la gente. Si no te vota la gente no sos reelecto, como le pasó a Macri”, sostuvo el senador al vincular los ocho períodos de gobierno consecutivos de Insfrán al deseo de los formoseños de reelegirlo.

Mayans aprovechó la mención de la Corte Suprema para embestir contra sus jueces, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda (que el próximo 29 de diciembre se jubilará y dejará su sillón vacante). “La Corte ha tenido decisiones políticas influida por ciertos sectores, por (Simón) «Pepín” Rodríguez, que es cuñado de Rosenkrantz”, lanzó.

“Tienen pronunciamientos… cuando Cristina fue candidata a presidenta del partido, ya comenzaron a salir las causas. Lo primero que salió fue el tema de la AMIA”, comentó para luego sugerir que el máximo tribunal está influenciado tanto por Mauricio Macri como por Javier Milei.

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“Como hacían en el tiempo de Macri, ante cualquier problema que tenía el gobierno empezaban a salir cosas del Poder Judicial”, añadió.

Cuando se le preguntó de manera específica si la Corte tenía una alianza con el ex presidente, el formoseño aseguró: “El que tiene influencia en la Corte es Macri y el grupo Lago Escondido».

A su vez, dijo que para él la Corte es funcional al gobierno de Javier Milei: “Con estas fallos, sí”.

La Corte hace sus juegos políticos y, en lo que les conviene a esos tres ciudadanos que estaban, tenían una visión respecto a Cristina, una visión con respecto a Macri y un visión con respecto a Milei”, continuó su explicación para poner un manto de duda sobre la imparcialidad de los jueces.

A su vez, apuntó contra Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes habían sido designados como jueces de la Corte por decreto de Macri. “Ahí en el tribunal de alzada tenés dos jueces que no comparecieron ante el Senado, no tienen acuerdo del Senado y siguen produciendo fallos. Grave problema en el sistema institucional del país”, comentó.

El futuro de los pliegos de Ariel Lijo y Gabriel García Mansilla

Por otra parte, Mayans habló sobre las nominaciones de Ariel Lijo y Gabriel García Mansilla para la Corte Suprema, cuyos pliegos quedaron congelados en el Senado porque el oficialismo no posee votos propios para aprobarlos y tampoco logra negociar con la oposición un acompañamiento.

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«Hasta ahora, el Ejecutivo no tiene el espíritu de acordar políticamente el tema de los cargos de la Corte Suprema», comentó el formoseño y recordó que tanto los dos bloques que responden al kirchnerismo como otros “pidieron que hubiera una mujer integrando la Corte».

En ese sentido, pareció sugerir al Gobierno que abra la negociación, en el sentido de permitir que una de las vacantes sea pactada con los bloques opositores para conseguir su aprobación. En particular, Cristina Kirchner habría dado luz verde al pliego de Lijo, pero busca que una delfina propia ocupe el lugar para el que se había nominado a García Mansilla.

“El gobierno tiene que tener en cuenta que no puede tener dos si no tiene 48 votos”, deslizó Mayans e instó a que el oficialismo abra la negociación. “Para nuestro equipo tiene que haber una mujer en la Corte”, insistió.

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