Tres ministros de Javier Milei viajaron a Mendoza para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Cuyo, que le otorga más poder a los fiscales federales en la investigación de las causas.

El objetivo es acabar con los juicios eternos, darles las herramientas a los fiscales para que puedan meter presos a los delincuentes y combatir el crimen organizado.

En la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, estuvieron el ministro de Justicia Maríano Cúneo Libarona, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch y el ministro de Defensa, Luis Petri; y los gobernadores cuyanos, Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan), todos de Juntos por el Cambio.

Cúneo Libarona partió del análisis de que ha crecido el narcotráfico y el contrabando en las provincias de frontera. Consideró que, con el nuevo sistema de investigación, a los jueces y fiscales federales, “se les está dando herramientas, no solamente legales, sino también estructurales, tecnológicas, de capacitación y de medios de prueba”.

Y aseguró el ministro que con la nueva normativa, en caso de detener a contrabandistas o narcotraficantes: “habrá rápidamente juicios y condenas”.

Bullrich dijo que el secuestro de cocaína ha aumentado un 500% a nivel nacional, y por eso están atentos y reforzando los controles en las provincias de frontera. Al goberandor Cornejo le prometió que enviará 200 policías federales para investigar delitos de narcotráfico y contrabando.

El punto en común en las declaraciones de Cúneo Libarona y Bullrich en su visita a Mendoza fue el tema de los represores que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad y que fueron visitados en la cárcel de Ezeiza por un grupo de diputados de la Libertad Avanza.

El ministro de Justicia de la Nación dijo que de la visita de los diputados oficialistas a la cárcel para reunirse con dictadores, se enteró por los diarios: «no tengo la menor idea de quiénes son los diputados que fueron a visitar a Astiz, yo estoy en otra cosa», se excusó, en una entrevista en el estudio de la radio Mdz, antes de reunirse con jueces y fiscales de Cuyo.

Pero Cúneo Libarona siguió hablando del tema y fijó postura sobre la prisión domiciliaria: «Para mí hay gente de más de 80 años que está enferma, débil y en la cárcel, que bien podría estar en otras condiciones de detención«, dijo el ministro.

Y, sobre los dictadores opinó: «Esas personas merecen morirse en su casa con una tobillera de la mano de la esposa. Estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, de dignidad. Esto ya parece que no se trata de justicia, se torna en venganza. No podemos olvidar el pasado, de ninguna manera, pero tener gente de edades elevadas que se esté muriendo en prisión, me parece algo que se debe conversar.

«Creo que hay más de 300 detenidos de entre 70 y 80 años, habría que acordarse de la cantidad de personas que eran ajenas a este conflicto y fueron víctima del terrorismo y esos hechos no fueron juzgados«, planteó Cúneo Libarona en el programa de radio Uno nunca sabe.

Un par de horas después, Bullrich también se mostró a favor de otorgar a algunos represores el beneficio de la prisión domiciliaria. «Hay personas de 90 años con enfermedades terribles en la cárcel”, dijo en rueda de prensa al salir del laboratorio policial de datos genéticos.

La ministra habló de la igualdad ante la ley de los condenados por delitos de lesa humanidad con otros presos. «A los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir», detalló Bullrich. Y sostuvo: «en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”.

Entonces argumentó: “Ahora, a mí me toca administrar la cárcel. Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo”.

Cúneo Libarona explicó cómo va a funcionar el nuevo sistema que le da más poder a los fiscales. Dijo que el Ministerio de Justicia de la Nación tiene los recursos para implementar la oralidad y que el próximo paso es instrumentar los juicios por jurado.

Esta nuevo sistema judicial para Cuyo, que ya funciona en Jujuy, Salta y Santa Fe, le otorga más poder y protagonismo a los fiscales federales, que comenzarán y terminarán la investigación de cada caso. Hasta ahora su participación llegaba hasta que comenzaba el juicio.

Los jueces de Instrucción dejan de tener funciones en las investigaciones de las causas y pasan a ser jueces de Garantías. Y se centrarán en revisar y autorizar los procesos y pedidos que exijan los fiscales federales en los casos, como la admisión de la prueba, y si autorizan allanamientos, detenciones, o escuchas.

Es en el nuevo Código Procesal Penal donde prima la oralidad, con audiencias grabadas, sin expediente de papel. Y promueve los juicios por jurados.

Todo el proceso, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total.

En cuanto a los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el Código Procesal Penal Federal establece la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y una potencial duración máxima -para completar todo el proceso- de 6 años.

Se promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Se dota a los fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad.

Le asigna al Ministerio Público Fiscal el rol de procurar el decomiso de los bienes que hayan servido para cometer el hecho y, en la aplicación de formas de finalización de los casos como la suspensión del proceso a prueba o la reparación integral, promover soluciones que redunden en formas concretas de recomposición para quienes resultaron directamente afectados y/o para la comunidad en general.

La nueva normativa, que establece el Régimen Procesal Acusatorio en el orden Federal, ya se encuentra operativa en Salta, Jujuy y Santa Fe.

Según datos del Ministerio de Justicia, desde mayo, los procesos judiciales en Rosario se redujeron a más de la mitad: «El proceso de condenar a un narcotraficante antes llevaba un año y ahora solo 30 días».

Después de Mendoza, San Juan y San Luis, llegará el turno de implementar este sistema acusatorio en Neuquén y Río Negro, previsto para el 4 de noviembre. Siguen Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para el 2 de diciembre.

El plan de la gestión Milei es culminar durante los próximos dos años la aplicación del Código Procesal Penal Federal en el resto de la Argentina.