El Gobierno reconoció que el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que maneja una caja de $185 mil millones y es administrado por una delegada de Santiago Caputo, contrató por más de $20 millones al mes a un estudio de abogados luego de hacer caer en 2024 el vínculo con una universidad para, en teoría, intentar abaratar costos.

Esta información, que confirma un adelanto de Clarín, forma parte de la respuesta del Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública realizado por el diputado Juan Manuel López. El representante de la Coalición Cívica hace tiempo propone liquidar el régimen de beneficios a las fábricas de Tierra del Fuego y el mencionado fondo fiduciario, obligar a las ensambladoras a pagar todos los impuestos y liberar el mercado de electrónicos para, así, abaratar los precios para los consumidores.

El Fondo, uno de los pocos que ha evitado la motosierra de esta administración, es presidido por Noelia Ruiz, una ex diputada provincial del PRO que supo anudar relación con el sobrino segundo de «Nicky Caputo». En teoría desempeña el cargo «ad honorem», al igual que otros dos directores, pero sí cobra como directora del ARSAT.

La cuestión es que internamente se han generado distintas polémicas por designaciones en el FAMP y por el contrato el buffet HSR Abogados para realizar auditorías que, hasta comienzos de 2024, realizaba la Universidad de Tres de Febrero (Untref). Respecto al primer ítem, la respuesta oficial a López no da precisiones sino que reconoce contratos «bajo la modalidad de locación de obra”. El vínculo con el estudio tiene vigencia hasta el próximo 7 de octubre «por un total de $20 millones más IVA». Sin embargo, no se informa cuál fue el proceso de selección aplicado para la elección de ese proveedor.

La respuesta oficial no da cuenta de todos los estados contables del Fondo desde su constitución a la fecha y también omite informar qué proyectos financió y cuál tiene previsto solventar este año. Según lo informado por este diario, en la última reunión del directorio del FAMP de fin de 2024, fueron aprobados varios proyectos, entre ellos dos que pertenecen a Mirgor: un puerto en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia.

Al ser consultado por el patrimonio actual del FAMP, Economía aduce que «al cierre del ejercicio 2024 era de $185 mil millones». El BICE, que depende esa cartera y maneja el fondo fiduciario, cobró durante el año pasado casi $5 mil millones por sus servicios.

Al ser consultado por las inversiones del Fondo, se informan inversiones financieras por más de $200 mil millones en diversos instrumentos financieros. La compra de títulos públicos (Bonos y Letras del Tesoro y del BCRA) alcanzaron al cierre del ejercicio 2024 los $91 mil millones. «Esto da cuenta de que el Fondo es utilizado para mejorar el resultado de las emisiones de deuda del Tesoro y del BCRA», aclara López que, no obstante, llama la atención en que el Ejecutivo evitó responder porque dejó a la entidad fuera de la liquidación de los fondos fiduciarios a los que el propio Javier Milei identificó como «cajas de la política».

El FAMP había sido creado durante la gestión del entonces ministro Matías Kulfas (Producción): las empresas electrónicas y aquellas beneficiadas con las exenciones impositivas en la provincia austral contribuyen a un fideicomiso creado para estimular inversiones, como puertos o generadoras eléctricas. El patrimonio del mismo se constituye mayormente con parte de los recursos que las firmas recaudan por no pagar el IVA por la venta de los productos manufacturados. Y prevé gastos administrativos de hasta el 3% de su patrimonio.

Por eso el directorio del FAMP también tiene una misión importante: controlar los reportes que envían periódicamente las empresas beneficiarias con el régimen impositivo referidos al destino del «ahorro» de una parte de lo recaudado que, en teoría, deben volcarlo a inversiones productivas.

Inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso, el peronismo en el Senado buscará armar una sesión para rechazar los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, los dos nominados por Javier Milei para la Corte Suprema por decreto, el primero ya en su cargo y el otro a la espera del aval o el rechazo de su licencia como juez federal.

Como en el caso de Lijo ya se firmó el dictamen, los senadores de Unión por la Patria primero tendrán que hacer lo mismo con García Mansilla para dejar los dos expedientes habilitados para ser tratados en el recinto. A eso se dedicarán esta semana corta, aunque expresaron inquietud por una situación que señalaron como no habitual en el Senado: el despacho no estaría en la comisión de Acuerdos presidida por Guadalupe Tagliaferri, del PRO, sino “circulando” por las oficinas de la Cámara alta.

José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, ya había denunciado esa supuesta irregularidad con el dictamen de Lijo. Los senadores peronistas aseguraron que lo habían tomado Ezequiel Atauche y Carlos Espínola, dos de los que estaban juntando las firmas.

“Vamos a voltear los dos pliegos. El artículo 99 de la Constitución, inciso 4, es claro sobre la necesidad del acuerdo con los dos tercios del Senado para nombrar a los jueces de la Corte. El inciso 19 habla de los empleados del Estado, claramente es otra cosa”, esgrimió un referente de la bancada peronista.

Si consiguen con celeridad las firmas del dictamen de García-Mansilla, pedirán una sesión para la semana próxima. Tres senadores de Unión por la Patria (la santiagueña Claudia Ledesma, la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac) suscribieron el despacho de Lijo y otros transmitieron que estaban dispuestos a darle el voto en el recinto. Aun así los referentes del bloque se muestran confiados en que alcanzarán el número para rechazar ambos pliegos.

“Los que acompañaron el dictamen de Lijo lo hicieron para avalar el tratamiento. Todos firmamos la nota para garantizar que si los nombraban por decreto, los volteábamos”, consideró uno de los encargados de motorizar la iniciativa, que de concretarse implicaría un revés para el Gobierno con derivaciones inciertas y un posible conflicto de poderes. “Sin acuerdo del Senado, ¿los dos jueces van a seguir firmando fallos?”, desafiaron en el bloque peronista.

El principal escollo para la oposición dura será reunir el quórum para abrir la sesión. Unión por la Patria tendrá que asegurar las presencias de sus 34 senadores, algo no tan sencillo por el margen de maniobra de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales y también por algunos legisladores que no quieren rechazar a Lijo, y a su vez necesitará al menos tres más para habilitar el debate. En caso de conseguirlo, requerirá al menos 25 votos en contra para garantizar que ninguno de los dos pliegos reunirá los dos tercios.

Antes de que Milei designara a los dos jueces en comisión, un sector del bloque peronista estaba dispuesto a avalar el pliego del juez federal. Incluso había trascendido que serían 14 de los 34 miembros. “No sé si todos, pero varios van a mantener ese apoyo”, dijo uno de ellos a Clarín, y negó que el total de los integrantes hubiera firmado el compromiso de rechazar las designaciones por decreto.

Senadores radicales como Martín Lousteau y Carolina Losada se pronunciaron en contra de los nombramientos, también el ex libertario Francisco Paoltroni y Luis Juez, ex jefe de bloque del PRO, aunque desde la oposición dura no confían en que se sienten en sus bancas para darle un golpe al Gobierno, salvo en el caso del titular de la UCR. A sus correligionarios no los cuentan, más después de lo que sucedió con la fallida creación de la comisión investigadora de la estafa con el token $LIBRA, en la que el jefe de la bancada Eduardo Vischi cambió su postura, arrastró a otros legisladores y faltó un voto para constituirla.

El intento del bloque peronista, o de un sector mayoritario, arrancará en medio de un sugestivo silencio de Cristina Kirchner sobre el tema. La titular del PJ apuntó contra Milei por el escándalo del criptogate, los presuntos pedidos de coimas para reunirse con el Presidente, el discurso ante la Asamblea Legislativa, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la posible devaluación y el nuevo acuerdo con el FMI, pero no dijo nada sobre el decreto para designar jueces de la Corte.

“Ella no va a hablar. Conoce cómo funciona la Corte, todas las causas que la involucran van a terminar ahí y lo que diga será usado en su contra, para un lado o para el otro”, estimó un senador con vínculo frecuente con la ex mandataria. ¿El silencio también podría estar motivado en no cerrar la puerta a una negociación? “Pero el Gobierno no la abre”, respondió casi resignado.