El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1.607 comedores y merenderos que la cartera “no pudo certificar” porque ya no funcionaban más, porque nunca existieron o porque brindaron direcciones falsas. Estos comedores representan el 47,5% de los 3.385 que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo.

El fiscal Ramiro González investiga si los referentes de las organizaciones que los administraban seguían recibiendo los alimentos secos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad; también a los funcionarios que debían controlar y no lo hicieron. En total, estas instituciones asisten a 240.370 personas, un promedio de 163 beneficiarios por local.

Las organizaciones involucradas son el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.

Hasta ahora Capital Humano había denunciado la inexistencia de 1.201 comedores. Pero, la cifra se amplió a 1.766 comedores, lo que representa el 52,2% de los visitados de manera personal y otros 12 lugares -el 0,4%- volverán a ser auditados.

Los documentos, que publicó Infobae en su web, fueron presentados el viernes ante la fiscalía de González por Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano.

De esos datos oficiales -publicados también se desprende que el Polo Obrero fue la organización social que más alimentos recibió en 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández: 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron entre 44 entidades.

La Subsecretaria Legal de Capital Humano tiene opinión sobre ese punto y otros hechos muy poco claros que habrían sucedido durante la gestión del Frente de Todos a través de Desarrollo Social: “Pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo ante el fiscal federal Ramiro González.

En la documentación presentada el viernes se lee, por ejemplo, en el “formulario de validación-constancias de relevamiento” observaciones escritas a mano en las que se sostiene que en la dirección visitada por los funcionarios “no funciona ningún comedor ni merendero. Por referencia de vecinos dicen que falleció la responsable hace 2 años”.