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POLITICA

Caputo gana recursos en el control de las empresas públicas y suma funciones para privatizarlas

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El discurso del Gobierno sobre privatización de empresas públicas todavía no se cristalizó en hechos, pero tras muchas idas y vueltas ganó recursos. Después de la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, absorbió la responsabilidad del área de las sociedades del Estado bajo la figura de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada el 18 de julio. Cuarenta días después, este organismo adquirió más funciones y recibirá nuevos fondos, por no decir más plata.

El decreto 764 que lleva la firma del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amplió el mapa de influencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que antes tenía 14 funciones y ahora 26. Pero no solo eso. También estableció la creación de cinco nuevos puestos de empleo público: Director Ejecutivo de Apoyo Legal, Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, Director Ejecutivo de Pliegos y Contratos Especiales, Director Ejecutivo de Articulación Laboral y Director Ejecutivo de Apoyo Societario y Relaciones Contractuales, “todos con rango de Director Nacional y remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I”.

Según fuentes oficiales, esto significa que cada uno tendrá una remuneración bruta de $3.085.430,42 que surge de sumar el grado 0 del Nivel A del Agrupamiento Profesional y el Nivel I de la Función Ejecutiva. Las mismas fuentes aclararon que a esa cifra se le debería descontar distintas percepciones, como por ejemplo el impuesto a las Ganancias. En consecuencia, el neto bajaría a $2.665.000 aproximadamente.

De esta manera, esos cinco nuevos directores se sumarán a la estructura liderada por Diego Chaher. En la época possista se desempeñó como interventor de Télam y tras el ascenso de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, el área de empresas públicas sufrió modificaciones. Cambió de jefe. Al principio era controlada por quien parecía un hombre de máxima confianza de Milei, Nicolás Posse.

El tema empresas públicas no sólo representa un asunto relevante en el discurso libertario sobre privatizaciones, sino también implica la administración de recursos millonarios, así como una gestión especializada para cada una de ellas. Solamente las empresas públicas no financieras son 33 y hasta el 31 de julio recibieron transferencias por casi $2,5 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

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Tras la salida de Posse y el ascenso de Francos, el control de las empresas públicas pasó a las manos de Luis Caputo. El Gobierno creó la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y al frente de ella, el ministro nombró a Chaher, quien ahora tendrá más funcionarios a su cargo.

A su vez, el nuevo decreto le agregó funciones a esta Agencia que depende del Ministerio de Economía. Una de ellas es la “implementación y administración de un sistema de monitoreo permanente del desempeño” de las empresas públicas. En paralelo, esta unidad ejecutora tendrá que coordinar las áreas de articulación y seguimiento de las compañías declaradas “sujetas a privatización”. Según la Ley Bases, las firmas que podrían ser privatizadas son Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Según la Ley Bases, las empresas que podrían ser privatizadas son: Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

A propósito de ellas, la Agencia deberá “implementar los mecanismos que garanticen la transparencia en los procedimientos de manifestación de interés para la elección de potenciales oferentes con experiencia y solvencia debidamente acreditada”. Incluso, tendrá que brindar asistencia para la contratación de asesores cuya labor tenga el objetivo de “realizar las tasaciones”.

Además, esta unidad podrá “coordinar la contratación de asesores y servicios de consultoría especializada” y proponer “la designación de al menos un director o interventor” en las empresas públicas.

Hasta el momento, ninguna de las empresas “privatizables” informó negociaciones sobre posibles ventas. Desde el Gobierno explicaron que un paso previo a eso es sanear a las compañías. De ahí proviene el ajuste de las transferencias a ellas y la reducción de sus plantas.

Sobre el corrimiento del Estado en el mundo de sus empresas, la noticia más relevante en este sentido ha sido el proceso de capitalización de Impsa a través del cual el Gobierno perdería sus acciones en la firma fundada por el Grupo Pescarmona.

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POLITICA

Javier Milei le manda otro mensaje a Victoria Villarruel: mantendrá congelados los sueldos de ministros y funcionarios

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Tiempo antes de que el Gobierno apuntara otra vez contra Victoria Villarruel por el posible e inminente incremento de las dietas de los senadores, algunos ministros juntaron coraje y le pidieron a Javier Milei que aumente los sueldos para superiores de la Administración Pública Nacional (APN).

Los miembros del Gabinete que interpelaron al Presidente, no tuvieron éxito. Hay 174 subsecretarios, secretarios y ministros, según las cifras del Mapa del Estado de jefatura de Gabinete, que tienen sus sueldos congelados desde diciembre de 2023 y que incluso ganan menos, por las percepciones que antes no pagaban.

Lejos de la épica de la motosierra y con sueldos más magros, los cargos inferiores de la alta política ven sus ingresos en caída libre. “A algunos ministros no les importa el sueldo, pero los que estamos abajo no damos más”, dijo a Clarín un funcionario que tiene llegada a los Milei.

Un ministro -que reconoce tener ingresos por fuera de la función pública, pero que corre de atrás en la carrera por ser el más rico del gabinete -que lidera Gerardo Werthein tras desplazar a Mariano Cúneo Libarona– se muestra comprensivo con el reclamo de sus subalternos que tienen que hacer “malabares para llegar a fin de mes”. De todos modos, cree que el Presidente hace bien al no dar luz verde para una paritaria. “No es momento de bajar esa bandera de ejemplaridad, porque estamos logrando cosas y la gente acompaña. Cualquier otra cosa generaría indignación”, razona.

En el ministerio de Federico Sturzenegger confirman que no hay planes para cambiar la escala salarial de los altos funcionarios del Ejecutivo.

Lejos de vivir con épica el ajuste a la casta, subsecretarios, secretarios y (algunos) ministros ven con preocupación que sus salarios no solo perdieron todos los meses con la inflación, sino incluso que ganan menos nominalmente que en 2023. El congelamiento de haberes y el impuesto a las Ganancias explican la ecuación.

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El problema viene de arrastre. Más precisamente desde marzo, cuando el Presidenta dio marcha atrás con el aumento del 48 por ciento para él y sus ministros. Aunque lo había autorizado él mismo con su firma, responsabilizó por eso al jefe de Gabinete Nicolás Posse y aprovechó para echar al secretario de Trabajo Omar Yasin, aunque nada tenía que ver con ese tema.

Armando Guibert, que en rigor sí tejía en la política salarial de los estatales, se fue solo, de jefatura de Gabinete y más tarde del directorio del Banco Nación, pero volvió como director de una empresa pública que ahora el Gobierno quiere privatizar; otra historia.

El decreto 235/2024 ató la escala salarial a los montos que los funcionarios percibían el 31 de diciembre de 2023 y, más importantes, desenganchó el aumento del personal superior de la administración de la del resto de estatales, que este año tuvieron un aumento acumulado del 73% (39 puntos abajo de la inflación en el año paritario).

Ese detalle y el impuesto a las Ganancias, que volvió a correr a partir de julio, dañaron el poder adquisitivo de la planta política del Estado; en particular de subsecretarios, secretarios, ministros, además de congelar los haberes de la vicepresidenta y el jefe de Estado.

El escalafón más bajo de los cargos políticos, los coordinadores, cobran hoy -en mano- $1,9 millones. Los directores nacionales, en algunos casos, pueden ganar más que sus superiores si tienen antigüedad en el Estado y estudios de posgrado. Esa anomalía se da porque Milei derogó un decreto de 2010 que establecía que los subsecretarios percibir un 5 por ciento más que los directores.

Hoy, por ese cambio, ganan $2,4 millones de bolsillo, más que algunos subsecretarios que el mes pasado cobraron $2,1 millones netos, aunque varios de ellos sumaron bajo todo concepto $2,65 millones. Los secretarios de Estado no llegan a los $3 millones. Los ministros alcanza los $3,5 millones brutos, pero con los descuentos pueden caer por debajo de los $3 millones y el Presidente percibe $4 millones brutos mientras que la vice arrima $3,7 millones sin los descuentos.

Aunque cerró ministerios y secretarías (200 dependencias en total, según el ministerio de Federico Sturzenegger), en algunas áreas crecieron los cargos de directores y coordinadores que, como se dijo, se pagan mejor que el de un subsecretario. Presidencia, por ejemplo, tiene 222 cargos de ellos, 10 más que en la gestión anterior, 90 trabajan en la Secretaría General de Karina Milei y 54 en la de Comunicación y Medios de Manuel Adorni.

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Para un funcionario con experiencia en anteriores gestiones, la intransigencia de Milei tiene costos en la gestión que ya se sienten. Describe que varios funcionarios ya se fueron, que otros deben sumar trabajos complementarios para completar sus ingresos y le quitan tiempo a la gestión y que el malestar creciente afecta la eficiencia, como en cualquier trabajo. Por último -sin dar ejemplo- cita los recursos non sanctos de la administración pública para completar sueldos con contratos extra y complementos inventados. Sandra Pettovello terminó haciendo una purga de los funcionarios de su ministerio que cobraban contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que en muchos casos funcionaban como sobresueldos.

Los Senadores en pie de guerra y el choque con Villarruel

La discusión por la dieta de los senadores volvió a poner el tema sobre el tapete, porque la inflexibilidad que Milei muestra con otro poder del Estado adelanta que no tiene previsto atender el reclamo terrenal de los funcionarios de las Fuerzas del Cielo.

La Casa Rosada apunta, señala y responsabiliza a Villarruel ante la inminente posibilidad de que los senadores vuelvan a tener un aumento en sus dietas. Patricia Bullrich fue la punta de lanza de un libreto que ya había sido diseñado 48 horas antes del posteo de la ministra de Seguridad, que además validó sus palabras con la mesa chica del Presidente.

La presidenta del Senado, por ahora, se niega a firmar una resolución que extienda el congelamiento que vence el 31 de diciembre y busca alternativas para extender el congelamiento. Insiste en que para frenar el aumento de los legisladores debe haber un acuerdo con los jefes de los bloques o la convocatoria a una sesión o una reinterpretación de la resolución vigente. “Ella tiene alternativas, pero cree que los senadores deben ganar mejor por su responsabilidad; lo cierto es que está lleno de cargos con responsabilidad que se pagan mal”, señala uno de los principales enemigos de la vice en el Ejecutivo.

Los senadores también expresan su malestar con la Rosada, porque dicen que, para atacar a Villarruel, engorda las cifras. Bullrich habló de $9.5 millones. Un senador patagónico compartió su recibo de sueldo con Clarín y mostró que hasta el momento cobra $3.6 millones en mano más $1.7 millones por desarraigo (por vivir a 300 km de la Capital). Si se sumaran los descuentos el bruto subiría otros $2,2 millones. En el Ejecutivo le bajan el precio a esos argumentos, porque señalan que tienen otros beneficios, como viajes en avión.

Lo más importante para la Rosada es seguir mostrándose lejos del concepto de la casta. El último focus group de la consultora Sentimientos Públicos enseña que el 57 por ciento de los consultados ve en Milei a un miembro de la casta o en vías de ser parte de ella, mientras que un 36% lo ve enfrentándola y un 7% rechaza la categoría. Por eso, el Presidente busca operar siempre como un outsider; aumentarse el sueldo no es una opción.

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Relación de Milei con la casta. Último estudio cualitativo de la consultora Sentimientos Públicos

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. Esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, sentenció Milei en X, en agosto, para presionar a los senadores que acababan de autorizarse un aumento que finalmente fue congelado hasta el 31 de diciembre y que ahora vuelve a ensanchar una grieta en la cúpula del poder.

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