Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, criticó con dureza la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la condena en su contra por administración fraudulenta en el causa Vialidad. El letrado cuestionó al máximo tribunal y advirtió sobre supuestas anomalías en el proceso de decisión. Según explicó, el proyecto de sentencia fue elaborado por un secretario -en referencia a Diego Seitún– cuya intervención no estaría regulada de forma clara y cuya participación habría sido decisiva en la definición del fallo.

En cuanto al futuro del proceso judicial, el abogado confirmó que la defensa ya presentó un pedido formal para que Cristina Kirchner cumpla la condena en arresto domiciliario. Argumentó que la solicitud se basa en lo dispuesto por la ley para personas mayores de 70 años —la ex mandataria tiene 72— y en las condiciones específicas de seguridad que le corresponden por haber sido jefa de Estado.

Beraldi explicó que esperan una respuesta del tribunal sobre el pedido de prisión domiciliaria antes del vencimiento del plazo de cinco días hábiles. Señaló que una resolución favorable sería lo que corresponde para cualquier persona, dadas las condiciones previstas en la legislación vigente.

Respecto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, indicó que, al tratarse de una sentencia firme, las instancias nacionales ya se encuentran agotadas. En ese marco, anticipó que se analiza recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prevé mecanismos especiales para situaciones urgentes. Según precisó, una eventual resolución de ese organismo podría dar lugar a la presentación de un recurso de revisión en la justicia argentina, con el fin de aplicar de forma inmediata los efectos del pronunciamiento internacional.

El abogado advirtió que ese proceso insumirá tiempo y que quienes promovieron la condena “saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales, durante un tiempo”. Sin embargo, explicó que, de prosperar el reclamo ante la CIDH, se abriría una vía legal para revertir la inhabilitación.

En paralelo, Beraldi lamentó que la consecuencia institucional de este escenario podría derivar en una sanción para la Argentina. “En definitiva, por estas personas que no cumplen con sus deberes constitucionales, el país va a ser el que termine castigado”, afirmó.

En ese marco, explicó que la defensa concentrará sus esfuerzos en lograr que se otorgue el arresto domiciliario. Además, advirtió que la resolución sobre ese pedido permitirá evaluar si los jueces involucrados “van a actuar como un tribunal de justicia o si se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo”.

Por otra parte, el abogado vinculó la irregularidad señalada en relación a la participación de Seitún a un episodio previo que involucró al propio juez Ricardo Lorenzetti, quien, en una disidencia, denunció la participación de un secretario asignado para causas penales sensibles, sin control ni transparencia sobre sus funciones. Beraldi señaló, en diálogo con C5N, que se trata de observaciones formuladas dentro del propio tribunal y que reflejan, a su juicio, una “descomposición total” de la Corte.

En sus declaraciones, Beraldi sostuvo que la resolución del máximo tribunal es “muy lamentable no solo para Cristina sino también para la democracia y fundamentalmente para el poder judicial de la Nación”. Dijo además que “de una Corte vergonzosa no se podía esperar otra cosa”.

También cuestionó el modo en que la Corte desestimó el recurso de la defensa. Afirmó que el tribunal argumentó que no se había demostrado la existencia de una cuestión federal, pero lo hizo, según su evaluación, sin realizar un análisis completo del planteo.

Beraldi insistió en que durante el proceso se vulneró la garantía del juez natural, es decir, la condición de imparcialidad. En ese sentido, apuntó contra los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación, quienes intervinieron en el expediente. “Se reunían con el presidente Macri a conversar no se sabe de qué, porque no había ningún motivo oficial”, señaló.

El abogado advirtió sobre otras irregularidades que, a su entender, también vulneraron garantías constitucionales. Señaló que durante el proceso algunos jueces actuaron como si fueran fiscales. A modo de ejemplo, mencionó que, tras el alegato del fiscal Diego Luciani, cuando la defensa respondió punto por punto, el tribunal incluyó en la sentencia argumentos que ni siquiera habían sido planteados por el Ministerio Público.

En ese mismo sentido, puso en duda la base de la condena. Indicó que si bien se habla de 51 obras viales asignadas de forma irregular, la única fundamentación que le dan a la condena es la firma del decreto 54, que aún sigue vigente. Según relató, incluso consultaron a Rodolfo Barra, quien fuere ministro de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Justicia y que es especialista en derecho administrativo, y elaboró un dictamen en el que consideró improcedente el inicio de la causa contra la ex presidenta por no haber administrado fondos públicos de manera directa.

Beraldi cuestionó además las restricciones impuestas a la defensa para refutar los argumentos planteados en contra de la ex presidenta. Detalló que las sentencias emitidas en el marco del caso Vialidad superan ampliamente las mil páginas, mientras que a la defensa se le impuso un límite de 40 carillas para responder, y que cuando la causa llegó a la Corte, se redujo incluso más, a 10 carillas. En ese contexto, criticó que se acuse a la defensa de no haber desarrollado suficientemente sus argumentos.