Especulador de los tiempos, el Gobierno esperó a que finalicen las sesiones extraordinarias y que el Congreso ingrese en receso para imponer por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un sector de la oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión al menos hasta febrero próximo.

Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.

Ante esta situación, los detractores del DNU tienen dos caminos por delante: esperar a febrero, cuando vencerán los plazos que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, o bien acudir a la Justicia. El bloque de Unión por la Patria apuesta por el camino parlamentario y ya presentó un proyecto para derogar el DNU de la discordia. La Coalición Cívica, por su parte, no descarta también realizar una presentación judicial.

“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Por de pronto, los bloques más críticos del Gobierno ya estudian alternativas para voltear el decreto. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención del Congreso, redefiniendo el sistema de inteligencia y habilitando a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades”, advirtió Unión por la Patria en su proyecto para derogar el decreto.

“Vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa, y afectan de manera directa el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.

Los opositores reclaman al unísono la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los DNU presidenciales, esto es, si cumplen con los preceptos que establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Se descuenta que Menem y Villarruel harán oídos sordos y dilatarán el trámite; en este caso, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral.

Empero, para llegar a esa instancia se deben cumplir ciertos plazos. El primero de ellos es el de los 10 días hábiles que tiene la Jefatura de Gabinete para comunicarle el decreto al Congreso. Se da por descontado que el Gobierno aguardará hasta el último día para efectivizar este trámite. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral tiene otros 10 días hábiles para expedirse; si no lo hace, recién entonces ambas cámaras quedarán habilitadas para llevar el DNU al recinto.

En pocas palabras, recién a partir de febrero próximo las cámaras estarán en condiciones de abordar en sus respectivos recintos el decreto en cuestión, el 941/2025. Para su tratamiento no es necesario que sea incorporado en el temario de las sesiones extraordinarias que, según se anticipó, convocará el presidente Javier Milei a partir de ese mes. Se descuenta que el Poder Ejecutivo no lo incluirá, pero la ley 26.122 habilita expresamente al Congreso a discutir los DNU presidenciales en cualquier momento del año y sin autorización previa del Poder Ejecutivo.

Los opositores al decreto no tienen otra alternativa, entonces, que esperar al mes próximo para intentar voltear el decreto, pero ese no es el único obstáculo: además, deberán reunir quorum en ambas cámaras para poner en marcha una sesión. El siguiente paso será alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo, también en las dos cámaras. Solo entonces el DNU quedaría sin efecto.

El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. Por de pronto, la bancada de Pro mostró prudencia y si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el bloque de diputados de Pro, presidido por Cristian Ritondo, exintegrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

La oposición reclamó que cuanto antes se constituya también esta comisión bicameral, clave para fiscalizar las tareas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “En apenas dos años el Gobierno modificó en dos oportunidades la estructura de la SIDE por decreto y nombró tres directores. Esto no solo es llamativo; es anómalo”, deslizó un exintegrante de esa comisión bicameral.

La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudirá a la Justicia en los próximos días.

La reforma de la ley de inteligencia se formalizó esta mañana con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.

Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.

“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.

Consultado por , el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.

El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.

Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.

En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.

“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a : “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.

El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con , rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.

El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.

“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a .

La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.

“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.

El comunicado del CELS

Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber , en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.

“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.

Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.

En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.

El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.