La Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este jueves si se moviliza a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. El debate se da en una reunión de consejo directivo en la sede obrera de Azopardo 802, donde la plana mayor de los secretarios generales percibe “un aumento del descontento social” con el rumbo económico del Gobierno.

La convocatoria de la CGT podría confluir con sectores de la Iglesia, según le anticiparon dirigentes sindicales a . “La idea de hacer una misa y una movilización por paz, pan y trabajo a Plaza de Mayo es el tema principal de hoy”, aseguraron fuentes al tanto de las conversaciones.

El foco estará nuevamente apalancado en la situación económica bajo el argumento de que “cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes” y la retracción del sistema productivo por “el cierre de más de 21 mil empresas en dos años”, según argumentan los sindicalistas. Además, la inflación no registra una caída desde hace 9 meses, lo que ha sumado presión sobre una de las banderas de la gestión libertaria. Paralelamente, la Casa Rosada atraviesa una sangría de su capital político, desatada hace un mes por el avance de la causa judicialesobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y bienes.

Si bien la economía argentina cerró el año pasado con un crecimiento acumulado de 4,4%, como lo informó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), el aumento estuvo apalancado en sectores puntuales, como es el caso del campo.

En la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, en los últimos dos años se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según datos del Indec, en diciembre de 2025 la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, más de tres puntos respecto al mismo mes en 2024.

En la cumbre de esta tarde de la central obrera, además, se repasarán los últimos avances sobre la reforma laboral tras la decisión de la Justicia de pausar numerosos artículos y los nuevos pasos a seguir. Tras la derrota en el Congreso, donde el oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral, aunque con diversas concesiones en la conformación del texto final, la CGT dio un paso adelante en el ámbito judicial a finales de marzo, cuando el juez Raúl Horacio Ojeda, del juzgado del Trabajo N° 63, le dieran lugar a una medida cautelar para suspender 82 artículos.

La decisión, apelada en las últimas horas por el Gobierno, traba puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros.

La reunión de la CGT de este jueves también se desarrolla en un escenario de creciente tensión en el sector del transporte, atravesado por una combinación de factores económicos y laborales que afectaron el funcionamiento del sistema en los últimos días. El aumento sostenido del precio del combustible —con subas cercanas al 25% en el último mes—, junto con demoras y recortes en los subsidios estatales, profundizó el desfasaje entre costos e ingresos y derivó en una crisis financiera para las empresas. En ese marco, las cámaras del sector avanzaron con una reducción de hasta el 30% en la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como forma de contener gastos operativos.

En paralelo, los gremios intensificaron sus medidas de presión y dispusieron retenciones de tareas desde la madrugada del martes, lo que agravó el impacto sobre el servicio. Entre ellos, se destacó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de unas 300 líneas en la región metropolitana y mantiene una relación distante con la actual conducción de la central obrera. El mayor sindicato de colectiveros denunció incumplimientos en el pago de salarios del último mes, una situación que terminó de resentir la prestación y profundizó el foco de conflicto en un sistema que atraviesa un momento de alta tensión.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron hoy citar nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Picardi y Rodríguez incluyen en su dictamen un audio que le envió Pablo Atchabahian, exdirector de accesos a los servicios de Salud de la Andis, al empresario y lobista Calvete, uno de los procesados en el expediente.

El mensaje se grabó un par de meses antes del inicio de la causa judicial. Se interpreta como una primera alusión de funcionarios de alto rango en el expediente, ya que el audio incluye una alusión críptica que parece referir a la interna política libertaria entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, dos colaboradores estrechos de Karina Milei.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (…)”.

Además, en su dictamen, los fiscales Picardi y Rodríguez subrayan la respuesta que le envió Calvete a Atchabahian a través de Patricia Canavesio, identificada por la Justicia como una persona de confianza del empresario. “Pablo, clarísimo y todos alineados…!”, le contestó.

Los investigadores quieren saber quiénes están detrás de los grupos de funcionarios y empresarios de droguerías que manejarían en las sombras el sistema de compras de medicamentos con sobreprecios y por fuera de las normas.

Por eso, la referencia a “Rioja” o “Caputito” en el audio entre los involucrados está en la mira de la Justicia: “Es parte de lo que se esta trabajando en profundizar eso. La Investigación se profundiza en esta nueva etapa siguiendo esas pistas”, dijo a una fuente tribunalicia.

La investigación sobre la causa Andis está en manos del fiscal Franco Picardi con el juez federal Ariel Lijo que decidió avanzar con la citación a prestar declaración indagatoria de un grupo de exfuncionarios y empresarios ligados a nuevas maniobras de corrupción.

Como consignó , se mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete también había sido citado en febrero pasado por el juez federal Sebastián Casanello cuando procesó a Spagnuolo, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Ni Casanello ni los fiscales Picardi y Rodríguez dijeron quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hicieron una mención explícita a Santiago Caputo.

No obstante, citan este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

Diego Spagnuolo -extitular de la Andis

Fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.

Daniel Garbellini- exnúmero dos de Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

Miguel Ángel Calvete- empresario y lobista

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.

Pablo Atchabahian – Exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.