El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió hoy el decreto que ordena al Ejército y la Armada a movilizarse a la zona de la frontera norte para reforzar la vigilancia y, entre otras atribuciones, habilita a los militares a detener de forma transitoria a civiles que cometan delitos en casos de flagrancia.

“Hay mucho prejuicio ideológico, mucho sesgo”, planteó el funcionario nacional, que replicó las críticas por el uso de las FFAA en operativos de seguridad, algo contrario a la ley de Seguridad Interior. Y agregó: “Van a hacer operaciones de defensa en la frontera y tienen que estar preparados para la contingencia, con amas no letales y todo el armamento correspondiente”.

“Van a estar en zonas inhóspitas de la frontera. El kircherismno tiene poca memoria, antes no les permitían ejercer el derecho de defensa”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

El despligue militar ya comenzó en el marco del “Operativo Roca”, del que participa también la Gendarmería, y está respaldado por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional. El personal involucrado recibió capacitación a través de ejercicios prácticos bajo las “Reglas de Empeñamiento” que deben seguir los uniformados cuando están en el territorio y dispondrá de nuevo equipamiento de protección individual. Se trata de órdenes que se les dan a las tropas siempre que se movilizan y tienen el objetivo de ordenar el comportamiento de los efectivos.

En este operativo, brigadas del Ejército suman más de 10.000 efectivos, de los cuales hasta 1.300 se mantienen de forma permanente en las áreas de intervención. Para las tareas de control y vigilancia se emplean drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond destinado a relevamientos.

Petri ya había defendido la medida la semana pasada. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, sostuvo en aquel momento.

“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y de la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, agregó el funcionario.

Y completó: “Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”

Las Fuerzas Armadas actuarán en zonas rurales alejadas de los centros urbanos y de los pasos fronterizos oficiales, con el propósito de obtener información estratégica para la defensa nacional. Esta operación forma parte de un esfuerzo conjunto para reforzar la seguridad en las fronteras del norte y noreste del país, tanto en el ámbito terrestre como en el aeroespacial.

La “Operación Roca” se suma al ya avanzado Plan Güemes, que se ejecuta desde el año pasado y que tuvo su segundo lanzamiento en un acto que fue encabezado por Petri, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. “Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, precisó el mandatario provincial en un posteo de X.

El despliegue se inscribe en lo previsto por la Ley de Defensa Nacional, que define a la protección nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”. A ello se suman las previsiones de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y el Decreto-Ley N.º 15.385/44, que habilitan la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, ante riesgos a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos.

Durante un acto llevado a cabo en el Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional, Bullrich destacó el compromiso del gobierno en erradicar las redes criminales: “Muchos vecinos viven con miedo o conviven con criminales. Por eso venimos a decirles que tenemos identificadas a cada una de las bandas que operan en esta zona y vamos a desmantelarlas una por una”.

La ministra señaló que el plan no solo busca eliminar el control de las bandas, sino también devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas: “Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales. Vamos a liberar cada rincón que haya sido tomado por el narcotráfico y devolverle la legalidad al pueblo”.

Según detalló Bullrich, el sistema permitirá que Bolivia informe en tiempo real sobre vuelos procedentes de su territorio, lo que facilitará la interceptación de movimientos ilegales. “Con cooperación, tecnología y decisión política, vamos a recuperar el control total de nuestras fronteras», concluyó.

El Banco Mundial destacó que el Plan Bandera que puso en marcha el gobierno de Javier Milei en Rosario para frenar la violencia narco “tuvo un éxito casi inmediato, reduciendo la tasa de homicidios en un 65 por ciento”, al mismo tiempo puso como ejemplo la política de endurecimiento de las condiciones de detención de las bandas criminales en las cárceles.

En el informe “Crimen Organizado y violencia en América Latina y el Caribe”, el organismo de crédito multilateral dedicó un apartado especial para analizar la “intervención en las cárceles de Rosario en 2024″, como un punto decisivo en una política más amplia de combate contra la criminalidad compleja y la violencia narco.

“El endurecimiento de las condiciones de seguridad carcelaria en marzo de 2024 provocó una serie de asesinatos al azar en las calles, ordenados por los líderes encarcelados de la banda Los Monos como protesta. No obstante, las autoridades respondieron con firmeza, y la tasa de homicidios descendió rápidamente”, destacó el trabajo del Banco Mundial al que accedió Infobae.

Tras difundirse el informe, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales: “El Banco Mundial destacó el Plan Bandera en Rosario y el nuevo sistema de alto riesgo en las cárceles. El resultado es claro: 65% menos homicidios. Narcos aislados. Y una ciudad que dejó de estar en manos del crimen, donde hoy manda la ley y la gente puede vivir en paz”.

En el apartado específico, el organismo destacó que “desde el 2013, el crimen violento aumentó significativamente en la ciudad de Rosario. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el narcotráfico, con la mayoría de asesinatos asociados con disputas territoriales entre la banda criminal más grande de Rosario —Los Monos— y organizaciones rivales».

“A pesar del encarcelamiento de la mayoría de los líderes de Los Monos, la tasa de homicidios siguió aumentando, hasta 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 (cinco veces la tasa de Argentina). La corrupción dentro del sistema carcelario permitía a los líderes de los grupos criminales encarcelados continuar con sus actividades criminales fuera de la cárcel”, agregó.

El Banco Mundial recordó que en 2022, “Los Monos abrieron fuego contra la residencia de un juez federal que había ordenado el traslado de cárcel de uno de sus líderes”. “A inicios de 2024, las autoridades federales y provinciales implementaron el Operativo Bandera, que incluyó endurecer sustancialmente las condiciones carcelarias de los líderes de los grupos criminales, hacer cumplir la prohibición del uso de teléfonos celulares, implementar inspecciones repentinas, reasignar presos, agrupar a los miembros de cada banda criminal en pabellones separados y ejercer un mayor control sobre las visitas”, indicó el organismo.

“Los grupos criminales respondieron con una serie de asesinatos aleatorios de civiles en las calles. Sin embargo, el gobierno mantuvo las condiciones de encarcelamiento más estrictas para los líderes de las bandas criminales y -prosiguió el informe- respondió con el despliegue de 1.400 agentes de seguridad federal adicionales en la ciudad, en coordinación con la policía provincial. El Operativo Bandera tuvo un éxito casi inmediato, reduciendo la tasa de homicidios de Rosario en un 65 por ciento”.

El Plan Bandera -que ejecuta en Rosario el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini- incluye el despliegue de uniformados de fuerzas federales, sobre todo Gendarmería y Prefectura, móviles, recursos y la colaboración logística de Fuerzas Armadas.

En el informe, el Banco Mundial destacó que “países como Chile, Bolivia, Perú y Argentina reportan tasas de homicidio relativamente bajas en relación con sus niveles generales de crimen”, pero resaltó que en la principal ciudad de Santa Fe se puso en marcha un programa para enfrentar la violencia narco.

“Las autoridades en América Latina y el Caribe deben retomar el control de las cárceles mediante la interrupción de las comunicaciones celulares y otras formas de comunicación, el sometimiento de los líderes de las bandas criminales a controles más estrictos en instalaciones de alta seguridad, y una mejor asignación de los reclusos para evitar la exposición de criminales menores a miembros de grupos criminales al interior de las cárceles”, advirtió el BM.

Y reconoció que “estas intervenciones son desafiantes, porque los operativos dentro de las cárceles pueden provocar represalias violentas tanto dentro como fuera de las cárceles”, pero puso como ejemplo los resultados que tuvo la experiencia del gobierno de Javier Milei en Rosario.

“Para reducir el hacinamiento, es fundamental considerar alternativas al encarcelamiento. Estas alternativas pueden ser especialmente valiosas para evitar que jóvenes y criminales de bajo nivel sufran una experiencia de encarcelamiento criminógena bajo la influencia de organizaciones criminales. En Argentina, el monitoreo electrónico ha demostrado ser una alternativa rentable a la cárcel, reduciendo la reincidencia en aproximadamente 50 por ciento”, consignó el informe.

El subsecretario Angelini destacó que el Plan Bandera “prueba que con decisión política, estrategia, coordinación y firmeza se pudo devolver la paz a los rosarinos” y recordó que “en los momentos más difíciles no se retrocedió, ni hubo especulación política”.

“Se fue a fondo por la decisión inquebrantable del presidente Milei y la ministra Bullrich. Se avanzó en la implementación de sistema acusatorio, más investigación, inteligencia criminal y despliegues en las zonas calientes, más un sistema penenciario que acabó con el home office carcelario”, afirmó el funcionario.