El Gobierno declaró que no dispone de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos que fueron solicitadas por la Justicia en el marco de la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

“No hay registro de las cámaras de Olivos porque no se genera archivo. Lo último que hay de filmaciones es de mayo de este año. De 2021 no hay nada y vamos a tener que explicarle a la Justicia cómo funciona el disco rígido de las cámaras”, habría revelado un alto funcionario en diálogo con TN.

El fiscal Ramiro González había requerido los videos correspondientes a las áreas internas, alrededor del chalet presidencial y la zona de huéspedes, en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2021. Durante esos meses, la ex primera dama acusó al expresidente de haberla agredido físicamente, específicamente en el ojo, el abdomen y los brazos.

La responsabilidad de responder a esta solicitud recae en Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien tiene bajo su supervisión a la Casa Militar. Actualmente, el titular de esta entidad es Sebastián Ibáñez, quien en marzo reemplazó a Alejandro Guglielmi. La coordinación de las cámaras de seguridad está a cargo del Centro de Operaciones de Seguridad (COS).

La empresa encargada del mantenimiento de las cámaras es Automation Systems, dirigida por el exteniente de Fragata Armando Raúl Mayora, quien participó en la guerra de las Islas Malvinas y en la misión que hundió el buque inglés Sheffield. 

Dicho servicio fue contratado durante la gestión de Fernández y, en marzo, Karina Milei amplió el contrato por seis meses, por un valor de $30.360.000. El contrato incluye el mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado en la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario y la Residencia Presidencial de Olivos.

Según trascendió, el sistema de cámaras de la quinta de Olivos almacena grabaciones en un disco rígido con capacidad para un período de entre un mes y medio y tres meses, lo que significa que no se conservan filmaciones de años anteriores. Solo tres personas tienen acceso a estos registros.

“La cámara elimina automáticamente todo registro cuando llega al límite de almacenamiento. Funcionan de esa forma y está prestablecido para que puedan seguir grabando. No entendemos porqué el fiscal pidió ese detalle”, explicó un alto funcionario. 

De todos modos, el Gobierno afirmó que presentará ante la Justicia los registros de ingreso del personal doméstico del chalet y de la casa de huéspedes de la residencia presidencial, junto con los registros de ingreso del exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

“Vamos a colaborar con lo que tengamos”, aseguraron desde Balcarce 50. Además, otro de los pedidos del fiscal González incluye los datos del personal de la Casa Militar que acompañó a Fabiola Yañez en un viaje a la provincia de Misiones en 2021, así como las constancias de atención a la exprimera dama por parte de la Unidad Médica Presidencial desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023.

El juez federal Julián Ercolini rechazó la solicitud del fiscal de realizar una inspección judicial en la residencia presidencial de Olivos. En cambio, ordenó investigar las llamadas entre Yañez y Fernández desde 2016 hasta finales de 2023.

La Justicia también citó a declarar como testigos a la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, junto con Federico Saavedra y el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Además, fueron convocadas la madre de la denunciante, Miriam Yañez Verdugo, y Sofía Pacchi.