El líder piquetero Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, detenidos por el caso Cecilia Strzyzowski, fueron imputados en una causa que investiga presunto lavado de activos a través de la Fundación Saúl Acuña, que recibía dinero de distintos organismos provinciales y era la vía a partir de la cual se construían viviendas.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien le imputa «la existencia de una matriz estructural de corrupción para el desvió de fondos públicos provinciales», la cual en los últimos tres años «arribarían a más de 900 millones de pesos», según el escrito. También remarca que ambos «incorporaron a sus patrimonios numerosos bienes muebles registrables -vehículos- como así inmuebles, a nombre propio como así de la ‘Fundación Doctor Andrés Saul Acuña’ conformada por ellos”.

La causa nació a partir de la sospecha por el hallazgo de 6 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Santa María de Oro 1460 durante el primer allanamiento por el femicidio de Cecilia, cuando aún se buscaba el paradero de la joven desaparecida. El domicilio es la casa donde los fiscales que investigan el crimen sostienen que la chica fue asesinada.

Según la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, el matrimonio puso «en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude» y «que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados».

Por ejemplo, remarca que tanto Sena como Acuña tenían sueldos como empleados del Ministerio de Educación como únicos ingresos, además de una serie de facturas monotributistas presentadas por la dirigente social.

Los dos eran los titulares de la Fundación Saúl Acuña, que tenía como secretaria a Fabiana González, mano derecha del matrimonio y acusada en el crimen como presunta encubridora. La fundación, indica Sabadini, no tenía empleados en relación de dependencia.

El fiscal también remarca que la totalidad del dinero que ingresaba a la fundación llegaba a una cuenta del Banco de Chaco que controlaban solo los Sena. Luego era retirado en efectivo, presuntamente por Emerenciano, de acuerdo a un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Esto respondería principalmente al uso de efectivo para el pago de los jornales de los obreros y de la construcción, según adujeron en su momento desde el entorno de la familia. Para el fiscal, dificulta realizar una trazabilidad del dinero recibido.

Pero Sabadini pone el ojo en que el modelo de construcción de viviendas sociales era a través de miembros de la comunidad pertenecientes al movimiento social de Emerenciano Sena. «Cada familia trabajaba en la construcción de la vivienda que posteriormente seria suya, circunstancia relevante al momento de considerar supuestos costos de ‘mano de obra’ a computar», indaga

A eso se le suma lo que denuncia como «gastos falsos» en los estados contables de la Fundación.

En otro pasaje de la imputación remarca que los aumentos de los gastos en ciertas áreas crecieron de manera interanual por encima de la inflación. Por ejemplo en personal de Salud, donde pasó entre 2021 y 2022 de 6 a 38 millones de pesos. «El incremento de los mismos de un año a otro fue del 477% (sin ajuste por inflación) y de 252% (ajustado)», destaca.

La fundación recibió fondos de los ministerios de Salud Pública, de Gobierno y Trabajo, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo Social, el Fideicomiso de Servicios Generales y Planificación Estratégica, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Lotería Chaqueña y del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Este último aportó 186 millones de pesos en 2023.

El año pasado, tras la explosión del caso Cecilia, el gobierno provincial avanzó con una intervención de la Fundación Saúl Acuña, que estuvo a cargo de Hernan Matias Knezovich y Mirta Beatriz Morel.

Ambos emitieron un informe en el que denunciaron un faltante de dinero de $62.781.127 e irregularidades por la falta de aplicación de fondos otorgados por el IAFEP para la construcción de 40 viviendas.

En ese informe remarcan que el IAFEP había pagado adelantos del 30 por ciento para la construcción, pero que cuando fueron a revisar no encontraron nada construido. Por ese motivo solicitaron el reintegro del capital, pero se encontraron un problema: la fundación no tenía un peso. Por ese motivo tomaron en parte de pago un camión Mercedes Benz Atego.

Es un camión que, según teoriza Sabadini, habría sido adquirido por la fundación con dinero que recibió la Fundación en abril de 2023 a través de un Aporte no Reintegrable de $39.710.000 de parte del IAFEP, el mismo organismo que ahora reclama la deuda.

El fiscal ordenó el secuestro de un total de ocho vehículos y el embargo preventivo de otras cuatro propiedades a nombre del matrimonio.

Resistencia. Enviado especial.