Claudio y Facundo Albini quieren hablar. Padre e hijo, exfuncionarios de la Cámara de Diputados bonaerense, están investigados como parte de una organización que defraudó al Estado en miles de millones de pesos mediante sueldos de empleados fantasma: gente que no trabajaba ni cobraba, solo prestaba el nombre.

Los Albini están presos desde el 23 de noviembre y hasta ahora se habían negado a declarar. En un escrito de alto impacto presentado el último viernes, su abogado defensor informó que padre e hijo quieren ser indagados por la fiscal del “caso Chocolate”, Betina Lacki. Además, esta defensa –encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi– pidió que las audiencias se hagan esta misma semana y que esté también para escucharlos el juez de Garantías de la causa, Federico Guillermo Atencio.

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En la provincia son los fiscales quienes conducen las investigaciones penales, pero los imputados pueden pedir que esté presente también el juez, siempre que ese pedido esté justificado. Rusconi fundamentó el pedido con un fuerte cuestionamiento a la fiscal Lacki. A su criterio, la fiscal “no se ha conducido con la objetividad que cabe exigir a su actuación en procura de asegurar el debido proceso y garantizar el derecho de defensa de nuestros asistidos”.

El abogado dijo que “la línea de interrogatorio explorada durante las audiencias de recepción probatoria y otras decisiones asumidas” demuestra esto. En el mismo escrito, Rusconi hizo una solicitud sobre el traslado de sus defendidos desde la dependencia penitenciaria donde están, en Lisandro Olmos, hasta la fiscalía, en el centro de La Plata.

Pidió que se haga mediante una “comisión especial” y no en el esquema de traslados ordinarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo fundamentó “tomando en cuenta las circunstancias personales de nuestros asistidos, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud que aqueja a los señores Claudio y Facundo Albini”.

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Las “latas”, como se conoce en la jerga penitenciaria a los camiones para mover detenidos, suponen un traslado cruel, hostil. Se trata de camiones que salen a las tres de la mañana de distintos puntos, van recogiendo presos por las diversas alcaidías y cárceles de cada zona, y los van bajando en los lugares donde tienen citas para audiencias y pericias. Son traslados interminables que implican a la gente viajar hacinada, esposada al piso o a los asientos. Es lo que padecen a diario miles de detenidos en la provincia. Los Albini no quieren eso.

La trama detrás de la detención

Claudio y Facundo Albini quedaron detenidos a fines de noviembre de 2023, arrastrados por la apertura del celular de “Chocolate” Rigau. En ese Samsung, secuestrado al puntero massista dos meses antes, los peritos encontraron pruebas de que Facundo hacía “las gestiones”, Rigau iba a los cajeros y Claudio recibía “las rendiciones” de dinero obtenido ilegalmente, al que “daba un destino diferente al que originariamente tenía, sea para beneficio propio o de terceros”, sostuvo el juez.

Claudio se desempeñó hasta su detención como subjefe de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, un área dentro de la Secretaría Administrativa. Facundo es empleado de esa misma Secretaría y antes también fue funcionario allí. Están procesados por asociación ilícita y fraudes reiterados.

De noviembre a esta parte corrió agua bajo el puente. Los Albini vieron confirmada su prisión preventiva, despidieron a su abogado de confianza y designaron a un estudio porteño. A su vez, dos “chocolates” más fueron descubiertos y entraron a engordar el expediente junto a 39 prestanombres más, esta vez del Senado. Y tres funcionarios administrativos jerárquicos de Diputados declararon como testigos. Esos interrogatorios, enfocados en contratos, categorías, métodos de control de las asistencias y características de la documentación laboral producida por Diputados, tensaron toda la trama y son la antesala de este pedido casi urgente de los Albini.

Uno de los funcionarios que testimoniaron es Pablo Parente, el Director de Personal desde fines de 2019, jefe de Claudio Albini. Otro testimonio es el de Tomasina Papaleo, la Directora de Servicios Auxiliares desde 2017, a quien varios dueños de tarjetas señalaron como jefa. Y el tercero es el de Eduardo Vito Resiglione, Director de Legal y Técnica, siempre de la cámara baja provincial.

Estas declaraciones permiten a los investigadores adentrarse en el mundo del trabajo en Diputados –el real y el teatralizado–, decodificar su opaca legalidad e ir cerrando el círculo sobre la logística necesaria para sostener el negocio multimillonario que se investiga. La opacidad es tal, que una institución decimonónica no cuenta con un organigrama oficial “mostrable”. Créase o no, pero los funcionarios debieron dibujar organigramas caseros sobre la mesa de un despacho judicial.

Chocolate Rigau, caso