POLITICA
Caso de abuso sexual en San Miguel del Monte: “Hay un hermetismo protector en las escuelas”
El abogado penalista Martín De Vargas explicó que el caso comenzó con una denuncia en noviembre de 2019 contra un profesor de música del colegio privado Sagrado Corazón de Jesús, acusado de abusar sexualmente de cuatro niños. A pesar de que la investigación se retrasó por la pandemia de COVID-19, la situación se aclaró a finales de 2022, cuando se logró la detención del profesor después de varias medidas probatorias. «El proceso está avanzando correctamente después de muchos altibajos», afirmó.
El abogado también mencionó que este caso se suma a otros incidentes de abuso sexual en entornos educativos, como el caso Lucas Puig y el caso Marcos Ledesma. Según De Vargas, estos casos comparten ciertas similitudes, como el hecho de que los acusados son profesores de música. Además, resaltó la tendencia preocupante de un «hermetismo protector» por parte de las autoridades escolares y los maestros, que muchas veces buscan proteger la reputación de la institución en lugar de priorizar la seguridad de los alumnos.
«Tenemos una actitud cubridora de los colegios que permite que estas personas sigan yendo de un colegio a otro y cometiendo hechos más graves», advirtió De Vargas. Explicó que los abusadores suelen ser progresivos, comenzando con acercamientos de confianza y eventualmente escalando a tocamientos con fines sexuales o incluso actos más graves.
Respecto a la prevención, sugirió que es crucial establecer mecanismos más estrictos de selección y evaluación psicológica de los docentes. También propuso la instalación de cámaras de seguridad en los colegios, argumentando que «eliminarían muchos problemas porque quedarían pruebas en imágenes de la posible comisión de este tipo de delitos».
Por último, hizo un llamado a cerrar la brecha entre la normativa existente y la práctica diaria en las instituciones educativas. «Hay que acotar esa barrera entre la norma y la práctica y hacer que verdaderamente tengamos mecanismos de cuidado», concluyó. El caso del profesor de música sigue en proceso y se espera que avance hacia el juicio oral próximamente. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Inseguridad: la Provincia le pidió al Gobierno que envíe fuerzas federales para patrullar el conurbano
La inseguridad en el conurbano bonaerense generó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración provincial. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó al Presidente el envío de fuerzas federales para patrullar el Gran Buenos Aires, en línea con el pedido de varios intendentes. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó la posibilidad a menos que el gobernador Axel Kicillof lo solicite formalmente.
“Necesitamos que el Presidente se comprometa con el tema, que comprometa fuerzas federales en los lugares complejos del conurbano”, declaró Katopodis. Además, criticó los recortes presupuestarios y las acusaciones del Gobierno contra Kicillof, resaltando la inversión provincial en seguridad. Mientras tanto, en el Ministerio de Seguridad sostienen que la respuesta no pasa por reforzar patrullajes sino por inteligencia e investigación.
Patricia Bullrich cruzó duro a Axel Kicillof por la inseguridad en Provincia: “Tantas vidas sacrificadas a tu desidia”
Este martes, Bullrich desplegó un operativo de saturación en Moreno, epicentro de recientes protestas tras el crimen de un repartidor. El despliegue incluyó 16 móviles y 60 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, sin coordinación con las autoridades municipales. La estrategia de la ministra apunta a la implementación del plan 90/10, que busca reducir homicidios en zonas críticas mediante el desmantelamiento de bandas criminales.
Los intendentes peronistas del conurbano se reunirán para definir una postura común ante la Casa Rosada y mantener su demanda de más fuerzas federales. Argumentan que si en Rosario se logró bajar la violencia con mayor presencia de efectivos, lo mismo debería aplicarse en el Gran Buenos Aires.
Bullrich, por su parte, defiende su estrategia basada en la ley antimafia, que busca incentivos procesales para miembros de organizaciones criminales que colaboren con la justicia. La ministra, alineada con las críticas del Presidente a Kicillof, endureció su postura frente a la Provincia.
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