Mientras la Unidad Fiscal AMIA chequea los datos, los informes de inteligencia difundidos por el Gobierno sobre el jefe del Hezbollah en América Latina, Hussein Karaki describen una supuesta red de reclutamiento y apoyo financiero al grupo terrorista libanés en Colombia, Bolivia y Brasil con ramificaciones en la Argentina.

El titular de la UIF AMIA, Sebastián Basso, estaba este viernes analizando los datos brindados por el Gobierno para decidir si pide al juez Daniel Rafecas que solicite la captura internacional de Karaki e Interpol emita una alerta roja.

De todos modos, el informe de Bullrich causó sorpresa en la Justicia. Y, hasta anoche, no se sabía a qué fiscal el Gobierno iba a enviarlo. Por lo menos, tiene tres opciones: Basso, el fiscal de Misiones o el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich.

«No tenemos el informe hasta ahora y hay que ver en qué causas recae y analizar en cada una de ellas«, explicó a Clarín una alta fuente judicial. Además, «hay qué ver que pruebas hay que permitan acreditar esa información de inteligencia dentro de un expediente judicial», contaron.

Hasta ahora, el colombiano-libanés Samuel El Reda estaba sindicado por la Justicia argentina como el jefe del grupo comando que organizó los atentados contra la embajada de Israel (1992) y de la AMIA (1994), pero no se sabía nada de Kariki. El Reda está prófugo de la Justicia argentina y con pedido de captura internacional.

Además, el atentado contra la embajada lo investiga la Corte por tratarse de un ataque cometido dentro de una representación diplomática extranjera.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y el director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado entre otros, contaron una serie de acciones atribuidas a Karaki y que son productos del intercambio de información de inteligencia con otros países.

En noviembre de 2023, la Policía Federal de Brasil, después de una larga etapa de seguimiento, “descubrió una red de terrorismo internacional de Hezbollah, que convergía con narcotraficantes y miembros del crimen organizado, para realizar diversos atentados, en diferentes países. Esta investigación se conoció como “Operación Trapiche””.

Se trata de la misma red que había empezado a investigar el ex titular de la AFI AMIA, Alberto Nisman, antes de su crimen en enero de 2015 y luego de la firma del pacto con Irán en 2013.

A través de la Operación Trapiche, se logró identificar vínculos de esta red en la Argentina “los cuáles están bajo investigación judicial con el auxilio del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

La Operación Trapiche desarticula de una organización vinculada a Hezbollah que había reclutado ciudadanos brasileños para perpetrar ataques a instalaciones de la comunidad judía en Brasil.

Los reclutadores “habrían sido identificados como Haissam Hussein Diaba y Mohammad Khir Abdulmajid”.

En Argentina “se identificaron y se están monitoreando los lazos y vínculos de Diaba”. Estos datos de inteligencia fueron aportados al juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, para que investiguen los vínculos de Diab en la argentina con el apoyo del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich.

La “Operación Trapiche” habría demostrado «un cambio en los procesos de reclutamiento y operatividad por parte de organizaciones terroristas. Se cree que actualmente, buscarían contratar criminales que, a cambio de dinero, puedan llevar a cabo sus operaciones».

Con respecto a posibles vínculos con Argentina, Haissam Hussein Diab “tiene contacto con varias personas de nacionalidad argentina por diversos medios, incluso familiares. Una de ellas, participó en un encuentro del que participó clérigo chiita, Ghassan Youssef Abdallah, mencionado en la causa AMIA». Es, además, «el propietario de la agencia de viajes y de cambios “Piloto Turismo” de Foz do Iguaçu y quien es sindicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU como un líder de alto rango de Hezbollah y recaudador de fondos en la Triple Frontera. “Todos responden obedientemente a la Red Karaki. Ese Sheik se encuentra en la región actualmente”, precisaron las fuentes.

Los organismos de inteligencia de Brasil “ya comenzaron la segunda fase de esta Operación, con la que Argentina contribuyó, denominada “Operación Trapiche TF o Trapiche II”. Así lograron frustrar un mecanismo de financiamiento del terrorismo que fue manejado por otro ladero de Karaki “el narcotraficante sirio-brasileño Mohamed Khir Addulmajid”.

Hay otros antecedentes. A finales de junio de 2021, las autoridades colombianas “neutralizaron un posible intento de asesinato planificado por el régimen iraní en Bogotá. El objetivo era matar a dos empresarios israelíes en Colombia”, contaron a Clarín fuentes del Gobierno.

El complot involucraba a un supuesto “operador iraní llamado Rahmat Asadi, quien habría reclutado a dos colombianos para llevar a cabo la operación”.

El intento de ataque habría sido “parte de una campaña de asesinatos en el exterior, liderado por las Fuerzas Quds, las fuerzas élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, quienes trataron de vengar la muerte de Mohsen Fakherizadeh, jefe del programa nuclear iraní, neutralizado en diciembre de 2020”. El régimen iráni, pese a las sanciones internacionales, intenta enriquecer uranio a grado militar para tener una bomba atómica.

Además, “se impidió un atentado contra un ex diplomático israelí en Colombia, que iba a ser perpetrado por miembros de la delincuencia organizada reclutada por un libanés a las órdenes de Hezbollah e Irán”, afirmaron las fuentes argentinas.

Pero lo más novedoso fue que “en Bolivia, cuyo gobierno simpatiza con el Hezbollah y e Irán, se evitó que vuelen un edificio con un auto bomba con un atentado de la misma envergadura que el de la AMIA”.

A su vez, en Perú marzo de 2024, la inteligencia peruana “detuvo a un iraní de nombre Azizi, que había reclutado a ex detenidos para atentar contra un emprendedor israelí, tras la impunidad lograda en el llamado caso HAMDAR, que fue hallado en 2014 con explosivos y objetivos concretos y por nulidades en la producción de pruebas, logró la absolución pese a que la semiplena prueba y verosimilitud lo mantuvo años en prisión”.