Sin fecha para su envío desde la Casa Rosada, y por lo tanto, sin fecha para su tratamiento, las modificaciones a la ley de Migraciones, por ahora se reflejan en proyectos de los diputados nacionales, principalmente del PRO y de diputadas cercanas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La diputada radical Natalia Sarapura le confirmó a TN que “aún no hay una fecha cierta, se habló que sería en el primer trimestre de este año, pero podría postergarse”, también sostiene que el debate tendrá que pasar por su comisión, la de Población y Desarrollo Humano, de la que es presidenta.

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El pasado 1 de marzo con motivo de dejar inaugurado el período ordinario de las sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei anticipó el envío al Parlamento una iniciativa sobre esta temática. “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria”, expresó el jefe de Estado ante los legisladores nacionales. “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos. Aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tendrán que pagar por los servicios que utilizan”, agregó el presidente. También dijo que “endurecerá las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen”.

Previamente, el vocero presidencial, Manuel Adorni anticipó las intenciones del Poder Ejecutivo en relación con los extranjeros, “se está trabajando en una serie de modificaciones en el régimen migratorio”. Puntualizando que “los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera, y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”.

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Los puntos centrales de la nueva reforma migratoria

El Ejecutivo pretende que el residente argentino se ubique por encima del no residente en diferentes aspectos, como la educación y la salud. En ese sentido, el proyecto que será enviado al Congreso se destacan estas modificaciones:

Las universidades nacionales estarán autorizadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.

Terminará la atención médica gratuita en los hospitales públicos para extranjeros, tal como funciona hasta ahora. El Gobierno intenta combatir lo que se conoce como tour sanitario.

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Se incorporarán nuevos delitos como causas para impedir el ingreso de un inmigrante al país o bien, justificativos para su expulsión. Milei pretende que los delincuentes no entren al país, y que los que están en Argentina se vayan, si es que no son residentes.

Proyectos de los diputados

La Cámara baja ya cuenta con iniciativas para debatir modificaciones a la ley de Migraciones (Ley 25.871), una de ellas, la presentada por la diputada del PRO Silvana Giudici que solicita la sustitución de algunos artículos, como el referido al ingreso de extranjeros al país. “Aquellos que ingresen como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en las siguientes subcategorías: Turistas; pasajeros en tránsito; tránsito vecinal fronterizo; tripulantes del transporte internacional; trabajadores migrantes estacionales; académico y en tratamiento Médico”, establece en su artículo primero.

Dejando en claro que al ingresar a nuestro país deberá acreditar que cuenta con un seguro de salud vigente que cubrirá la totalidad de sus eventuales gastos en esta materia, de la naturaleza que fuere, y aclarar en el caso de requerir o necesitar ser atendido por el servicio público de salud, durante todo el tiempo en que se encuentre residiendo en el país. Garantizando la atención médica de urgencia por accidente o riesgo de vida por hechos ocurridos en el territorio argentino a todos los habitantes.

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“Nuestra Constitución Nacional ha adoptado lo que se denomina contrato social abierto estableciendo en su artículo 20 que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, indicó la diputada. “La propuesta de recibir y proteger a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” proclamada en el Preámbulo es, seguramente, una de las condiciones que hizo de la Argentina un gran país”, señaló en sus fundamentos Silvana Giudici.

Por su parte, la legisladora Patricia Vásquez (PRO) presentó su iniciativa que modifica la ley de Migraciones en lo referido al trámite de expulsión de extranjeros. En los fundamentos dio detalles estadísticos respecto a los extranjeros detenidos por delitos específicos, “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ha incrementado en los últimos años, teniendo en cuenta los delitos de narcotráfico, hasta alcanzar en el 21,35% de la población carcelaria total. Por otro lado, con relación a los delitos vinculados a la narco criminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del (SPF) son extranjeros”.

También desde el bloque de Innovación Federal, la bancada de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, la diputada Pamela Calletti (Salta) presentó una iniciativa que modifica la norma en materia de Migraciones y establece que, “los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios”, o “residentes transitorios”.

Fundamentando que es con, “criterios más restrictivos en las condiciones de admisión y permanencia de las personas extranjeras en el territorio Nacional, priorizando la seguridad, en consonancia con los principios de soberanía del Estado Nacional”. A su vez, presentó un proyecto el libertario Santiago Pauli, “regular la migración y enmarcarla dentro de un proyecto de país es una facultad del ejercicio de nuestra soberanía nacional”, sostuvo.

Un debate que, con los proyectos presentados, mientras se aguarda el del Poder Ejecutivo, se anticipa polémico en una Cámara de Diputados cada día más inmersa en el calendario electoral, lo que aleja el arribo de consensos entre los diferentes bloques.

Congreso de la Nación, Migraciones, Extranjeros

Diputados

La suspensión del transporte para cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, anunciada esta semana por el gobierno de Jorge Macri, desató un inesperado conflicto en medio de la campaña electoral.

Las cooperativas de reciclado urbano, como El Amanecer de los Cartoneros, denuncian que la medida “amenaza el sistema de reciclado con inclusión social”. “En la Ciudad de la suciedad la administración Macri decide atacar y recortar el trabajo del reciclado”, expresaron en la movilización que realizaron el miércoles frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Y adelantaron que se repetirá la semana próxima si no se revierte la decisión. Desde el oficialismo porteño aseguran que se implementará “una mesa de diálogo” y evalúan suspender la medida “por un mes”.

Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presta el servicio de transporte -ómnibus- que trasladan de manera diaria a los recuperadores urbanos desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacia sus zonas de trabajo en la capital. Son unas 6.000 personas que viven de este trabajo informal. Las cooperativas están agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene entre sus principales referentes a Juan Grabois y al dirigente Nicolás Caropresi, le explicaron a Infobae que la suspensión del transporte tiene un impacto directo en los ingresos y condiciones laborales de los cartoneros formalizados, que perciben un salario mensual de aproximadamente $360.000. Según Caropresi, “este monto no cubre el costo de vida actual y el recorte del servicio representa una pérdida adicional al trasladarles un costo que antes era asumido por el Estado”.

A esto se suma que si de ahora en más la alcaldía porteña deja de prestar este servicio “se sumarán unas 6.000 personas más al sistema público de trasporte”. El MTE forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuyo secretario general es el dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo. De hecho, las medidas que adoptaron los recicladores urbanos son apoyadas por la UTEP.

La postura de la Ciudad

Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Miguel Baistrocchi, explicaron: “El Gobierno de la Ciudad costea el traslado de recuperadores de 4 de las 12 cooperativas concesionarias del Sistema Público de Recolección Diferenciada, Selección, Acondicionamiento y Comercialización de los residuos reciclables de la Ciudad (SPRD). Se trata de un total de 3.100 recuperadores”. Y agregaron: “Se están analizando alternativas para optimizar la modalidad de traslado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de los materiales reciclables que separan los vecinos. Seguimos en conversaciones con las Cooperativas, aún no hay una determinación tomada”.

Desde el oficialismo aseguran que: “De esta forma, se mantiene un esquema de traslados destinado a asegurar la continuidad del servicio, optimizando las rutas de recuperadores que son trasladados”.

Por su parte, el MTE afirman que, además, el contexto económico ha agravado la situación. “El precio de los materiales reciclables ha caído de forma sostenida, lo que afecta los ingresos complementarios de los recuperadores”. Desde el sector vinculan esta caída con la apertura de importaciones de cartón y otros insumos, lo que deprime el valor de reventa de los materiales recolectados. A esto se suma una disminución del volumen de residuos disponibles, como consecuencia de la retracción del consumo.

En las calles de Buenos Aires ya se observan las consecuencias de la paralización parcial del sistema. Con menos recuperadores en actividad, la acumulación de residuos secos en veredas y esquinas se ha hecho más visible en varios barrios, como Flores, Floresta, Caballito, Almagro y Chacarita entre otras zonas. Cartones, papeles y plásticos se apilan sin ser recolectados, debilitando las rutas organizadas de reciclado y comprometiendo el servicio de higiene urbana.

Según el MTE, la medida adoptada por el gobierno de Jorge Macri “fue implementada sin consulta previa y afecta a cientos de trabajadores que dependen de este servicio para desarrollar tareas formales dentro del sistema de reciclado con inclusión social”.

Desde hace más de dos décadas los recuperadores cuentan con un esquema de transporte gratuito como parte de los acuerdos alcanzados con el Estado porteño. El traslado cubre rutas y horarios que no están contemplados por el transporte público tradicional, dado que las tareas de recolección de materiales reciclables se realizan principalmente durante la noche. La interrupción de este servicio complica la llegada de los trabajadores a sus zonas asignadas, y debilita el funcionamiento general del sistema.

Caropresi recordó que este sistema comenzó a organizarse en 2001, luego de años de precariedad extrema, con trabajadores trasladándose colgados de camiones o utilizando el extinto tren blanco.

El referente del MTE sostuvo que la implementación del servicio de transporte fue uno de los principales logros del sector tras “grandes jornadas de lucha” y acuerdos alcanzados durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Según explicó, los trabajadores ingresan a la ciudad durante la tarde, recolectan materiales durante la noche y regresan a sus hogares alrededor de las 23 horas. “Un pedazo de los ingresos de estos trabajadores estaba contemplado en el transporte para llevarlos todos los días a su trabajo”, añadió.

Según la versión del MTE, tras un día en que no se enviaron colectivos y la mayoría de los cartoneros no pudo trabajar, se iniciaron conversaciones entre representantes del sector y autoridades porteñas. Aunque aún no hay definiciones, se ha abierto una instancia de discusión para revisar la decisión. En paralelo, las cooperativas anunciaron que este miércoles realizarán una movilización frente al edificio de Espacios Públicos, en reclamo por la restitución del servicio de transporte y en defensa del sistema de reciclado formal.

El martes pasado, y también como una medida para visibilizar el conflicto, en el Parque Lezama, frente al Ministerio de Espacio Público, el Padre Toto e Ignacio Bagattini oficiaron una misa bendiciendo las herramientas de trabajo -los bolsones de reciclado- y realizaron el lavatorio de pies a los cartoneros a los “que la Policía de la Ciudad viene persiguiendo en las calles”.

El acompañamiento de los curas villeros continúa desde los tiempos en que Jorge Bergoglio, por entonces arzobispo de Buenos Aires -actual Papa Francisco-, oficiaba misas en Constitución, pidiendo mesas de diálogo “para que se deje de perseguir a los trabajadores cartoneros”.

Según la visión de la UTEP, El conflicto se da en un contexto de falta de inversión en infraestructura clave del sistema. El Centro Verde de Barracas, el predio de reciclado más importante de la ciudad, permanece fuera de servicio desde un incendio ocurrido en 2023. A la fecha, no se ha iniciado ningún proceso de licitación para su reconstrucción, lo que limita aún más la capacidad operativa del sistema.

En este escenario, referentes del sector también denunciaron un endurecimiento de las políticas hacia el reciclado informal. La Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros informó sobre el secuestro masivo de carros y bolsones, la imposición de restricciones al trabajo en vía pública y episodios de violencia institucional. En un comunicado, sostuvieron: “En 2007 nos suspendieron el tren blanco y, luego de protestas y diálogos, conseguimos los micros. Ahora, 16 años después, los van a sacar”.

Desde el gobierno porteño se insiste en que la intención de Jorge Macri no es agravar la situación de las familias de recicladores: “Desde la Ciudad nos encontramos analizando alternativas para optimizar la modalidad de traslado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de los materiales reciclables que separan los vecinos. Hay una mesa abierta de conversación con las cooperativas a los efectos de encontrar juntos un esquema logístico que asegure la continuidad y mejora del sistema de reciclaje en su conjunto”.

Las organizaciones que integran la UTEP y sobre todo desde el MTE afirman que hasta ahora no se ha convocado ninguna mesa de diálogo con cartoneros independientes y que la política actual “ataca y recorta el trabajo de reciclado” en un momento de alta vulnerabilidad social. En sus palabras, la Ciudad atraviesa “un panorama nunca visto en más de 20 años de sistema cooperativo”.