POLITICA
Caso $LIBRA: la demanda colectiva en Estados Unidos pasa al fuero federal en Nueva York y cobra una nueva dimensión

La demanda colectiva que se inició en Estados Unidos por la criptomoneda $LIBRA cobró una nueva dimensión judicial. Pasó del fuero estadual al federal y, por si fuera poco, se unificó con otra demanda colectiva que por otro criptoactivo afrontan en Nueva York el “empresario” Hayden Mark Davis, su hermano, su padre y otros protagonistas del escándalo.
La reformulación tribunalicia llegó de la mano de uno de los acusados, Benjamin Chow, quien reclamó que la demanda colectiva (“class action”) por $LIBRA que tramitaba ante la Corte Suprema del estado de Nueva York pasara al fuero federal, con asiento en el Distrito Sur de Nueva York. Lo logró, basado en el principio de la “eficiencia judicial”. Es decir, evitar que los tribunales duplicaran los esfuerzos.
La jueza federal Jennifer Rochon admitió el planteo de Chow, le ordenó a la Corte estadual que paralizara su proceso y le remitiera las actuaciones, y quedó así a cargo de controlar las dos demandas colectivas que Davis, su familia y Chow, entre otros, afrontan por las llamadas “memecoins” $LIBRA y $M3M3, por cientos de millones de dólares.
Rochon asumió como propios varios de los argumentos para unificar las demandas. Convalidó que ambos reclamos deben avanzar juntos porque varios de los acusados son los mismos, el estudio jurídico que presentó ambas demandas es el mismo –Burwick Law- y porque la metodología cuestionada es, en principio, idéntica o muy similar.
En ambos casos, Burwick Law centró sus reclamos en los derechos afectados de los consumidores en base a engaños e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados; y en el caso de $LIBRA excluyó al presidente Javier Milei.
El estudio Burwick excluyó también de manera deliberada entre los demandados por $LIBRA a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. ¿Por qué? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.
Presentada a mediados de marzo, la demanda colectiva por $LIBRA apunta contra lo que calificó como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda. También identificó a Milei como una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Davis y otros para captar inversionistas, y mencionaron al jefe de Estado, por su nombre, en seis ocasiones a lo largo de las 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron las demandantes en el segundo punto de su presentación, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.
De acuerdo a la demanda, los compradores de $LIBRA fueron engañados por Davis, Peh, Chow y sus empresas, que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”. Y eso, a su vez, “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.
Cinco semanas después, en tanto, el estudio Burwick presentó una segunda demanda colectiva contra varios de esos mismos acusados –los Davis, Kelsier Ventures, Chow y Meteora-, pero por un criptoactivo anterior, llamado $M3M3, que lanzaron el 4 de diciembre pasado y que, al igual que ocurrió con $LIBRA, también colapsó, lo que dejó como saldo a unos pocos beneficiarios por montos millonarios y miles de perjudicados.
“Los acusados, de manera directa y a través de promotores pagos, influencers y socios públicamente presentaron $M3M3 como una inversión en una memecoin de confianza única que era ofrecida por líderes sofisticados y confiables del ecosistema Solana –los acusados Meteora y Chow–, en conexión con el lanzamiento de una plataforma innovadora de inversión específicamente diseñada para proteger a los inversores y ofrecer beneficios estables”, explicó Burwick Law, aunque sostuvo que fue un engaño. O, al decir de la demanda, “una estafa”.
¿Cómo se habría desarrollado esa “estafa” anterior a $LIBRA? Al decir de los acusadores, con las mismas prácticas: entrega de información privilegiada a determinadas personas, inflado inicial de la cotización para atraer incautos, retiro coordinado de fondos cuando $M3M3 alcanzó un cierto valor y abandono de la operatoria.
El monto de las pérdidas generadas a los inversores fue, sin embargo, distinto. Mientras que con el criptoactivo $M3M3, Davis, su familia y otros acusados causaron daños por al menos US$69 millones, dos meses y diez días después elevaron ese monto a US$251 millones aportados por más de 13.000 inversionistas, según los cálculos de la firma Nansen de investigación de blockchain.
Sin embargo, tanto con $M3M3 como con $LIBRA, en tanto, Davis, Chow y otros acusados incurrieron en las similares narrativas engañosas para promocionar los criptoactivos, de acuerdo a los demandantes. En el primer proyecto, sostuvieron que era una inversión “estable” y “segura”; en el segundo, con la ayuda del presidente Milei, que se trataba de “un producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento económico en Argentina”.
En ambos casos, además, Meteora aportó la infraestructura tecnológica, abundó el estudio Burwick, y Hayden Davis y el equipo de Kelsier Ventures utilizaron “la imagen de personas influyentes”, que en el criptoactivo $LIBRA fue Milei, para captar inversionistas, bajo la falsa premisa de que ayudarían a “fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.
En su primera presentación judicial, Chow rechazó las acusaciones. Planteó que eran un cúmulo de “inexactitudes” y falsedades, aun cuando tres días después del colapso de $LIBRA debió renunciar a su cargo en Meteora, plataforma que había cofundado. Lo hizo sin admitir errores, pero la firma reconoció “falta de criterio y cuidado” en “algunas” de las decisiones que había adoptado “durante el último par de meses”.
En ese contexto, la jueza Rochon –quien llegó al cargo en junio de 2022 tras ser propuesta por el presidente demócrata Joe Biden– admitió el pedido de Chow y le dio 60 días al estudio Burwick para unificar en un solo reclamo judicial sus dos demandas colectivas. Dispuso, también, que los acusados tendrán luego otros 60 días para presentar su primera línea de defensa en el fuero federal.
POLITICA
La denuncia de un “complot policial” abrió otro frente de conflicto entre Kicillof y el Gobierno, en el inicio de la campaña

La denuncia del gobierno bonaerense de un supuesto “complot policial” orquestado por el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral, el ex comisario Maximiliano Bondarenko, abrió un nuevo frente de conflicto entre Axel Kicillof y la administración de Javier Milei.
El choque de ambos sectores confirmó que las próximas elecciones, lejos de discutir cuestiones provinciales entre líderes y dirigentes locales, estará inevitablemente nacionalizada, por la disputa entre el modelo libertario y el peronista, y atravesada por la cuestión de la seguridad.
En las primeras horas del jueves, Infobae confirmó que 24 policías bonaerenses había sido removidos de sus cargos por una denuncia anónima -que fue corroborada por investigaciones preliminares- que los vinculaba al ex comisario en planes políticos para reformar la Policía Bonaerense y hacer una profunda purga en la máxima jerarquía de la fuerza.
El ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, detalló que había descabezado a la Policía Ecológica por un supuesto intento de “golpe al comando institucional”, organizado por efectivos ligados a Bondarenko, un ex comisario que ingresó a la política tras un pedido de licencia que le fue otorgado.
“Hicieron esto porque no creían que íbamos a ser capaces de descabezar a todos los involucrados. Los policías saben que no pueden hacer actividades políticas con recursos provistos por el Estado para sus funciones y mientras están en funciones. Violaron la ley”, explicó a este medio una alta fuente de la administración de Kicillof.
Luego de conocida la decisión, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, intervino en la polémica y cargó con dureza contra el mandatario bonaerense. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política (…) El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”, afirmó.
Lo hizo por redes sociales, pero luego convocó al candidato libertario a una reunión en la sede del Ministerio, para darle todo su respaldo y renovar la exigencia de que los efectivos sean reincorporados.
Esa intervención confirmó la intención del gobierno de Milei de confrontar de manera decidida contra Kicillof y también de instalar a la seguridad como uno de los temas centrales para la campaña de La Libertad Avanza. Bullrich, que suena como posible candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, tendrá un perfil alto de cara a los comicios del 7 de septiembre, donde la Casa Rosada apuesta a vencer al peronismo en su casa matriz.
“Kicillof, además de ser un inútil, odia a la Policía y está del lado de los delincuentes, esa es mi lectura. Ellos no son capaces de poner a un policía de candidato”, sostuvo la funcionaria tras la reunión con Bondarenko, quien llegó junto al armador y presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.
Tanto el ex comisario y cabeza de la lista libertaria por la Tercera Sección Electoral -que tiene más de 5 millones de votos y concentra más del 30% del total del padrón- como Bullrich aseguraron que los efectivos removidos eran camaradas y amigos que habían compartido un “asado” y desvincularon la reunión de cualquier cuestión política.
Sin embargo, a última hora, el gobierno de Kicillof dejó trascender parte de las pruebas que había sido investigadas que indicaban la existencia de algo más que un asado. En concreto, se difundieron capturas de pantalla de chats de un grupo de WhatsApp que informaban sobre reuniones y planes de reforma de la Policía Bonaerense. También, en las computadoras se hallaron cartas con membrete de La Libertad Avanza dirigidas a intendentes peronistas pidiendo informes sobre cuestiones de seguridad.
“No es como lo dicen, la Policía de la provincia de Buenos Aires es una familia, hay un sentido de pertenencia con sus compañeros. Nos juntamos a comer un asado, simplemente eso fue. Dio la casualidad que después de ese asado me nombran candidato”, fue la versión que dio Bondarenko.
Y agregó: “Lo que hace Kicillof con la Policía hace años que es una cacería de brujas”.
El gobernador bonaerense, que fue informado el miércoles sobre las alternativas dela investigación, se mantuvo al margen de la polémica, pero respaldó la actuación de su ministro de Seguridad: “Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas. Nada más que eso”, manifestó.
El tema de la seguridad, sobre todo en la Tercera Sección Electoral, es una de las principales preocupaciones de la gente, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública. Bondarenko, que hasta el episodio de este jueves tenía un bajo perfil y era desconocido para la mayoría de los bonaerenses, deberá enfrentar a la ex intendenta de la populosa La Matanza, Verónica Magario, mientras que el actual jefe comunal, Fernando Espinoza, confrontará con la libertaria Leila Gianni.
“Con esta acusación ridícula y la sanción a los 24 policías nos hicieron un favor. Nos aliviaron el trabajo de tener que instalar a Bondarenko como candidato”, aseguró anoche uno de los operadores libertarios que trabajaron en el diseño de las listas de candidatos.
POLITICA
La concejala de Quilmes procesada por el ataque a la casa de Espert viajó a Suiza por un Congreso de la ONU

Eva Mieri, presidenta del bloque peronista en el Concejo Deliberante de Quilmes y referente del kirchnerismo local, viajó a Ginebra, Suiza, para participar de un congreso sobre Derechos Humanos organizado por Naciones Unidas (ONU), a pesar de estar procesada por lanzarle caca al frente de la casa del diputado José Luis Espert.
Mieri, que podría quedar al frente del municipio de Quilmes si la intendenta Mayra Mendoza asume como legisladora provincial, fue procesada la semana pasada por varios delitos vinculados al escrache ocurrido el 28 de febrero en la localidad de Acassuso.
Leé también: Las últimas noticias de los candidatos en provincia de Buenos Aires y de Javier Milei, EN VIVO
Según el fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se le imputan los delitos de “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación al odio por razones políticas”, “falsificación de la numeración de un objeto registrado” (por las patentes tapadas de los vehículos usados) y “malversación de caudales públicos”.
El episodio incluyó el lanzamiento de caca frente a la casa del dirigente libertario, la colocación de un pasacalle con la leyenda “Acá vive la m… de Espert” y la distribución de panfletos que decían “Con Cristina no se jode”. Parte de esa acción se realizó, según determinó la Justicia, con una camioneta del municipio de Quilmes y un vehículo particular con patentes cubiertas.
Mieri fue detenida durante 13 días en el penal de Ezeiza y recuperó la libertad el martes pasado, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín. Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que la concejala entregó voluntariamente su teléfono celular y que no contaba con antecedentes penales, por lo que ordenaron su excarcelación. Fue la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, quien autorizó su salida del país.
La participación de Mieri en el “Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos”, organizado por la ONU en el Palacio de las Naciones de Ginebra, fue difundida en redes sociales por la cuenta oficial de United Cities, una de las organizaciones convocantes, y replicada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Fernando Soto.
Leé también: Fuerte respuesta de Cristina Kirchner tras las críticas del futuro embajador de EE.UU.
“La concejal Eva Mieri, investigada por tirarle caca a Espert, después de ser excarcelada se fue al ‘Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos’ de la ONU”, escribió en su cuenta de X Soto, un dirigente del riñón de la ministra Patricia Bullrich. Mieri, que participó junto a otros funcionarios, académicos y expertos de todo el mundo, no difundió la actividad en sus redes.
En la causa también fueron procesados Iván Díaz Bianchi, empleado del Hospital Cetrángolo, y la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar. La jueza sostuvo que existió “una agrupación, al menos transitoria”, que actuó con el objetivo de “alarmar y/o amedrentar al diputado Espert y su familia”.
Leé también: La camioneta que se usó en el ataque a Espert estuvo cerca de la casa de CFK apenas unas horas antes
Arroyo Salgado aseguró que Mieri y Abaigar fueron quienes “organizaron y planificaron” el escrache, y remarcó la gravedad de que lo hayan hecho en su rol de funcionarias públicas.
En el celular de Abaigar, según consta en el expediente, se encontraron conversaciones sobre la logística del ataque, incluyendo detalles sobre la vestimenta, el traslado y la convocatoria de personas.
Leé también: Pese al malestar por las listas, la CGT se mete en la campaña bonaerense y se suma a la marcha de San Cayetano
La magistrada había rechazado inicialmente la excarcelación de ambas, al considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la investigación. Fundó su decisión en que Mieri presentó un teléfono sin datos y en la posición jerárquica de Abaigar, lo que —según su criterio— podría haber dificultado la pesquisa.
En su resolución, Arroyo Salgado concluyó: “Estamos ante dos funcionarias y un empleado público que, más allá del partido por el que militen, deberían enarbolar la bandera de la democracia, el respeto y la igualdad. Por el contrario, según surge de la causa, participaron u organizaron un hecho que atenta contra el orden público”.
José Luis Espert, Quilmes, mayra mendoza
POLITICA
La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción

La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, dictaminó que la normativa que inhabilita para votar a personas condenadas por delitos con penas mayores a tres años resulta inconstitucional, incluso si se trata de delitos de corrupción. En consecuencia, ordenó mantener a Cristina Fernández de Kirchner como electora activa en el padrón de Santa Cruz, lo que faculta teóricamente su voto en las elecciones del 26 de octubre.
Según el fallo, “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y las disposiciones cuestionadas no cumplirían con los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la jueza dispuso que la expresidenta pueda votar, aunque siga inhabilitada para postularse como candidata, en sintonía con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por la causa Vialidad.
La dura respuesta de Cristina Kirchner al futuro embajador de Estados Unidos en Argentina
La resolución contradice directamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en junio de 2025 la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, además de ratificar su inhabilitación política. Aunque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral sostiene que prohibir el voto a condenados es inconstitucional, usualmente se exceptúan quienes enfrentan delitos contra la administración pública —como es el caso de Fernández de Kirchner.
En la práctica, el fallo tiene un componente más simbólico que real: Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto. Aun así, su figura política mantiene peso en el escenario electoral nacional, donde continúa movilizando bases frente al gobierno de Javier Milei.
La entrada La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción se publicó primero en Nexofin.
Condena,Corrupción,Cristina Kirchner,Elecciones
- ECONOMIA3 días ago
El consumo en Argentina crece 4% en junio, ante menor inflación y más crédito
- POLITICA1 día ago
Máximo Kirchner declaró una fortuna de 8.300 millones de pesos: representa un 76% más que el año anterior
- POLITICA2 días ago
Los organizadores de la Derecha Fest pasaron un video de Villarruel y algunos asistentes gritaron “traidora”