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Caso Matanza-Riachuelo: «La Corte Suprema quiere cerrarlo con un fallo infantil y sin argumentos”

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Raúl Estrada Oyuela recordó que la Asociación Vecinos de La Boca lleva más de dos décadas impulsando la intervención judicial para remediar la grave situación ambiental del Riachuelo. Desde 2004, cuando se inició la demanda contra empresas contaminantes y organismos gubernamentales, la causa se ha enfrentado a múltiples obstáculos. «La Corte ha venido solicitando información desde 2004 y nunca tuvo un panorama claro sobre la magnitud de la contaminación ni sobre los responsables específicos», explicó.

Una de las problemáticas centrales, según Estrada Oyuela, es la falta de peritos capacitados y de datos confiables sobre la contaminación en la cuenca. “En 2007, la Corte pidió a la Universidad de Buenos Aires que emitiera un dictamen sobre la situación, pero la UBA respondió que no podía hacerlo por falta de información adecuada”, relató. Incluso en la actualidad, la justicia federal sigue sin contar con los peritos ambientales necesarios para evaluar de manera integral la contaminación y sus impactos.

Una sentencia sin ejecución y la vacante del defensor del pueblo

Estrada Oyuela también subrayó que la Corte Suprema dictó una sentencia en 2008 que urgía a detener el “escándalo ambiental” del Riachuelo, pero la falta de un seguimiento efectivo y de un defensor del pueblo ha impedido cualquier avance real. «Hoy no hay nadie que defienda a los ciudadanos en esta causa. Desde 2009, el cargo del defensor del pueblo está vacante, y no parece haber interés político en cubrirlo», lamentó.

El rol del cuerpo colegiado y las ONG

Ante la vacante del defensor del pueblo, el seguimiento de la causa recayó en un cuerpo colegiado conformado por varias ONG, incluidas Greenpeace y la Asociación Vecinos de La Boca. Sin embargo, Estrada Oyuela denunció la insuficiencia de recursos y la politización de algunas organizaciones participantes. “Greenpeace dejó de actuar, y otras ONG tienen sus propias agendas, lo que dificulta una defensa coherente y efectiva del ambiente”, agregó.

Un llamado a la justicia ambiental

En sus palabras finales, Estrada Oyuela hizo un llamado a las autoridades judiciales y políticas para que no abandonen el caso. «Cerrar este expediente no sólo sería un acto de ignorancia, sino también una traición a las miles de personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

CABA, La Boca, UBA, Universidad de Buenos Aires, Riachuelo, Cuenca Riachuelo Matanza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia, Greenpeace, Simón X, Raúl Estrada Oyuela, Asociación Vecinos de La Boca, Academia Argentina de Ciencias del Ambiente

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El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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