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Caso Vialidad: Cristina Kirchner busca apartar al ministro de la Corte García-Mansilla para que no opine sobre la apelación de su condena

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Cristina Kirchner recusó al flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, que será uno de los responsables de analizar su recurso de queja sobre el caso Vialidad, donde la ex vice está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

A través de su abogado, la expresidenta relacionó los dichos del presidente Javier Milei respecto de la situación procesal de la presidenta del Partido Justicialista, y sostuvo que no confía en el nuevo integrante del máximo tribunal por ser designado por alguien que la critica políticamente.

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En un escrito de diez páginas, la defensa de la ex Presidenta se refirió a la «independencia y la imparcialidad de los jueces son la metagarantía de la cual depende la vigencia de los restantes derechos receptados en la Constitución Nacional».

La recusación presentada ocurre a días de que el Senado se disponga a tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. El kirchnerismo sostendría el criterio que dejó trascender hace semanas: rechazar ambas designaciones.

Con ese telón de fondo, la defensa de Cristina avanzó junto con el recurso de queja para evitar que la sentencia condenatoria obtenga firmeza, el pedido de recusación de Manuel García-Mansilla. a quien se le tomó juramento en comisión.

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Para la defensa de la ex vice, esa designación por decreto «violó la Constitución Nacional». Recordó que en la audiencia pública ante el Senado, el 28 de agosto del año pasado, el académico «había declarado que jamás aceptaría ser designado por decreto».

Cristina también sostuvo que el nombramiento en comisión de García-Mansilla fue cuestionado en ámbitos académicos, políticos «e incluso en sede judicial», porque resulta contrario a los principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución».

La condenada en Vialidad recuerda también que el nombramiento en comisión de los jueces «no garantiza su estabilidad en el cargo», y que eso atenta contra su independencia, sobre todo respecto del presidente de la Nación que los designó, pues «al culminar el período legislativo puede no renovar sus designación».

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La defensa de la ex vicepresidenta vinculó esa consideración con la declaración de Milei durante una entrevista la semana pasada, en la que aseguró que Cristina “va a ir presa” en el marco de esta causa.

De tal manera, la denominada causa “Vialidad” , continuó planteando el abogado Carlos Beraldi, «una vez más vuelve a ser posicionada en el centro de la escena político-institucional del país, con el propósito de obtener a partir de ella objetivos subalternos: por un lado, distraer a la opinión pública en momentos en que el país atraviesa problemas sociales y económicos de gravedad extrema«.

Esa consideración fue la bisagra para avanzar sobre la defensa política, como ocurre en este caso desde su inicio. Beraldi recordó que Cristina es la presidenta del Partido Justicialista «y sin lugar a dudas, la principal figura opositora al gobierno nacional», y que por eso el gobierno busca «que sea proscripta y, de esa manera, intentar callar sus críticas».

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Esa particular conclusión resulta en «un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo».

Este lunes también se pronunció Juan Martín Mena, el principal operador judicial de Cristina Kirchner y anterior viceministro de Justicia. Dijo que el trámite del caso Vialidad en la Corte “debería ser muy largo», entendiendo que de quedar firme eso inhabilita de por vida a la ex vice para ejercer cargos públicos.

«Si el Senado rechaza el pliego de García-Mansilla, no debería dudar ni un minuto más en la Corte” y dijo que el flamante ministro del máximo tribunal “es un empleado del Poder Ejecutivo».

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Ante una eventual confirmación de la pena de seis años de prisión, Mena señaló: «Si se confirma esta condena, hay que hacer una reforma constitucional de inmediato«.

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El Gobierno toma la paritaria de Camioneros como modelo: cómo es la nueva pauta salarial que pone a prueba al sindicalismo

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Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.

Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.

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El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Hugo Moyano volvió a firmar una paritaria a tono con la pauta del Gobierno

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.

Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.

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Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa», reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

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Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.

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La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.

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Caso Adorni: la fiscalía activó la causa y pidió informes a la Casa Rosada sobre la comitiva

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La causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por llevar en el avión presidencial a su esposa en un viaje oficial a Nueva York se activó hoy con la solicitud de la fiscal federal Alejandra Mángano a la Secretaría General de la Presidencia de la lista de pasajeros y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial. Se investiga una presunta malversación.

Mángano -dijeron fuentes tribunalicias a – le envió un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de Karina Milei, en el que le pide que le informe quiénes son los integrantes de la comitiva presidencial que acompañaron el viaje del presidente a Nueva York esta semana para el evento denominado “Argentina Week”.

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Asimismo, la fiscal le solicitó que le informe sobre las resoluciones que rigen el uso de los aviones oficiales.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York. Ocupó un lugar en el avión presidencial y se alojó en el hotel de la comitiva.

La pasajera no es funcionaria, se dedica al coaching ontológico y se presenta como “experta en desarrollo organizacional” en su currículum público.

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El asunto derivó en un escándalo político y pedidos de informes en la Cámara de Diputados y dos denuncias penales.

Una de las denuncias fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, que acusó a Adorni de malversación de caudales públicos por el uso del avión presidencial.

Esa causa recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que la delegó en la fiscal Mángano.

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Así la fiscalía comenzó la investigación y sus primeras medidas son pedir informes a la Secretaría General de la Presidencia.

Fuentes del Gobierno dijeron a que la normativa permite a Milei invitar a viajar en el avión presidencial a quien decida y que esa sería la respuesta que estaría dando el Gobierno a la Justicia al responder a los pedidos de Mangano.

Pagano en su denuncia dijo: “Apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas -un máximo de un funcionario por evento internacional- y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional”.

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Además, Pagano afirmó: “El denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”.

La diputada agregó que el asunto es más grave porque Adorni ahora amplió sus facultades y se requiere su firma como jefe de Gabinete para toda erogación del Estado.

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón impulsó otra denuncia contra el jefe de Gabinete por el viaje de su esposa a los Estados Unidos.

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Hay otra presentación por el viaje de Adorni a Punta del Este realizado en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Esta última causa es por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia es también de Pagano y tramita en el juzgado de María Servini.

En tanto y en paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es una fiscalía especializada en casos de corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar los viajes de Bettina Angeletti a Nueva York y el del funcionario a Punta del Este en un avión privado.

Según informaron en la PIA a , se trata de una “investigación preliminar” que abarca ambos vuelos

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La investigación preliminar de los fiscales puede terminar en una denuncia penal -si es que entiende que hubo algún delito- en una recomendación administrativa o directamente ir al archivo.

El hecho de que la investigación abarque el viaje a Punta del Este realizado por Adorni con su amigo Marcelo Grandio, experiodista de la TV Pública, implica que los investigadores realizarán un análisis patrimonial sobre el funcionario.

Grandio dijo que el viaje en el avión privado “lo pagó él [por Adorni] con plata del Estado”. Ese vuelo, que tiene una duración de unos 35 minutos, cuesta unos 10.000 dólares.

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El jefe de Gabinete sostuvo, además, que su mujer tenía sacado un pasaje para ir a Nueva York y que lo pagó 5438 dólares, pero que no pudo usarlo. Por el precio se trataría de un vuelo en primera clase.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

Es un organismo extrapoder que depende de la Procuración General de la Nación, no del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial.

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“Volveré y seré millones”: el insólito mensaje del dirigente que agredió a un diputado antes de ser detenido

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Marcelo Segura, alias “Pichón”, utilizó sus redes sociales, donde se define como “tucumano y peronista”, para dejar un mensaje a sus seguidores antes de su traslado. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió.

Durante la mañana de este viernes, la Justicia de Tucumán dictó la prisión preventiva por cuatro meses para Segura, imputado por el ataque al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli.

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El fiscal Miguel Ángel Varela formuló los cargos bajo la calificación de “lesiones graves agravadas por alevosía”, ordenando el traslado del acusado al penal de Benjamín Paz. La medida de coerción se fundamentó en el riesgo de fuga y la necesidad de identificar a otros involucrados en el hecho, además de recuperar el teléfono del imputado, quien alegó haberlo extraviado.

El auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez destacó la gravedad del episodio al señalar que “estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación”.

Según la fiscalía, las lesiones en la nariz del legislador fueron producto de un ataque sorpresivo por parte de alguien con destreza técnica. “Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó el funcionario judicial.

Por su parte, la defensa de Segura, quien se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios y posee antecedentes por tenencia de armas de guerra, presentó un recurso de impugnación.

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En tanto, la querella representada por Juan Colombres Garmendia investigará posibles amenazas a terceros y si el agresor contaba con algún tipo de “protección” policial durante el incidente.

La entrada “Volveré y seré millones”: el insólito mensaje del dirigente que agredió a un diputado antes de ser detenido se publicó primero en Nexofin.



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