POLITICA
Caso Vialidad: Cristina Kirchner busca apartar al ministro de la Corte García-Mansilla para que no opine sobre la apelación de su condena

Cristina Kirchner recusó al flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, que será uno de los responsables de analizar su recurso de queja sobre el caso Vialidad, donde la ex vice está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
A través de su abogado, la expresidenta relacionó los dichos del presidente Javier Milei respecto de la situación procesal de la presidenta del Partido Justicialista, y sostuvo que no confía en el nuevo integrante del máximo tribunal por ser designado por alguien que la critica políticamente.
En un escrito de diez páginas, la defensa de la ex Presidenta se refirió a la «independencia y la imparcialidad de los jueces son la metagarantía de la cual depende la vigencia de los restantes derechos receptados en la Constitución Nacional».
La recusación presentada ocurre a días de que el Senado se disponga a tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. El kirchnerismo sostendría el criterio que dejó trascender hace semanas: rechazar ambas designaciones.
Con ese telón de fondo, la defensa de Cristina avanzó junto con el recurso de queja para evitar que la sentencia condenatoria obtenga firmeza, el pedido de recusación de Manuel García-Mansilla. a quien se le tomó juramento en comisión.
Para la defensa de la ex vice, esa designación por decreto «violó la Constitución Nacional». Recordó que en la audiencia pública ante el Senado, el 28 de agosto del año pasado, el académico «había declarado que jamás aceptaría ser designado por decreto».
Cristina también sostuvo que el nombramiento en comisión de García-Mansilla fue cuestionado en ámbitos académicos, políticos «e incluso en sede judicial», porque resulta contrario a los principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución».
La condenada en Vialidad recuerda también que el nombramiento en comisión de los jueces «no garantiza su estabilidad en el cargo», y que eso atenta contra su independencia, sobre todo respecto del presidente de la Nación que los designó, pues «al culminar el período legislativo puede no renovar sus designación».
La defensa de la ex vicepresidenta vinculó esa consideración con la declaración de Milei durante una entrevista la semana pasada, en la que aseguró que Cristina “va a ir presa” en el marco de esta causa.
De tal manera, la denominada causa “Vialidad” , continuó planteando el abogado Carlos Beraldi, «una vez más vuelve a ser posicionada en el centro de la escena político-institucional del país, con el propósito de obtener a partir de ella objetivos subalternos: por un lado, distraer a la opinión pública en momentos en que el país atraviesa problemas sociales y económicos de gravedad extrema«.
Esa consideración fue la bisagra para avanzar sobre la defensa política, como ocurre en este caso desde su inicio. Beraldi recordó que Cristina es la presidenta del Partido Justicialista «y sin lugar a dudas, la principal figura opositora al gobierno nacional», y que por eso el gobierno busca «que sea proscripta y, de esa manera, intentar callar sus críticas».
Esa particular conclusión resulta en «un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo».
Este lunes también se pronunció Juan Martín Mena, el principal operador judicial de Cristina Kirchner y anterior viceministro de Justicia. Dijo que el trámite del caso Vialidad en la Corte “debería ser muy largo», entendiendo que de quedar firme eso inhabilita de por vida a la ex vice para ejercer cargos públicos.
«Si el Senado rechaza el pliego de García-Mansilla, no debería dudar ni un minuto más en la Corte” y dijo que el flamante ministro del máximo tribunal “es un empleado del Poder Ejecutivo».
Ante una eventual confirmación de la pena de seis años de prisión, Mena señaló: «Si se confirma esta condena, hay que hacer una reforma constitucional de inmediato«.
POLITICA
La Cámara de Casación tiene la llave para definir si la causa por la mansión ligada a la AFA sigue en Campana o regresa a los tribunales porteños

La Cámara Federal de Casación, donde actúa Carlos Mahiques, tiene la llave para decidir si la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue en la justicia federal de Campana, como quieren los acusados, o regresa a los tribunales en lo penal económico de la Capital.
Serán los jueces de la Sala I de la Casación, Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo los que definan si abren el recurso de queja que planteó un fiscal federal de San Martín para que el caso regrese a la Capital o si dejan todo en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Quien empuja que la causa regrese al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación había avanzado, es el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras.
Mientras se define este asunto, González Charvay tomó una medida sorpresiva y decidió levantar la custodia policial de la quinta de cinco hecátereas de Villa Rosa en Pilar, según dijeron fuentes judiciales a .
Argumentó que no era necesaria dado que los bienes ya habían sido embargados.
Pero el fiscal federal Sebastián Bringas, de Campana, se opuso y apeló ante la Cámara Federal de San Martín.
La idea es proteger los autos de alta gama y los bienes costosos que hay allí y que no desaparezcan, como ocurrió con los caballos de carrera que estaban en el lugar.
Cearras apeló también el fallo que derivó al juzgado de González Charvay la causa en la que se investiga quiénes son los dueños de la mansión en Pilar.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado de Aguinsky.
Aguinsky había avanzado con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (que resultó en unos 20 millones de dólares).
Aguinsky -antes de dejar el caso- terminó con la convicción de que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron ser los dueños de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Además, en los operativos encontró un bolso con el nombre de Toviggino y una placa conmemorativa, también en “honor” al tesorero de la AFA.
Pero la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscó sacar el caso de esa jurisdicción y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, donde está situada la quinta.
Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados. Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.
El recurso del fiscal de Cámara, Cearras, fue analizado por la Cámara Federal de San Martín, que lo rechazó.
Por lo tanto, Cearras recurrió a la Cámara de Casación con un recurso de queja.
Ahora, los camaristas Petrone, Mahiques y Carbajo deben decidir si la abren y hacen una audiencia para que todos argumenten antes de decidir o si rechazan la queja por no tratarse de una sentencia definitiva. Esta podría ser la salida más rápida que dejaría el caso en Campana.
Si así se decide, el fiscal ante la Casación Mario Villar debería recurrir a la Corte en busca de que decida sobre la competencia, en una jugada de improbable éxito.
El fiscal Cearras argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado. Dijo además que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.
El fiscal Claudio Navas Rial, como su colega Bringas, tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico. El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte− presentaron ante el juez de Campana González Charvay.
González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del “juez natural”.
Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km de distancia del Juzgado Federal de Campana”, marcó.
Sin embargo, el camarista Lugones le dio la razón a Charvay. Además, afirmó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar. Sin embargo, la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.
En estas horas, la causa avanza sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar. Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte.
La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.
Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
maniobra de los investigados,Hernán Cappiello,Conforme a
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Pragmático, Milei apostó a un tetris de alianzas cambiantes para conseguir su ley laboral

A fuerza de pactos y negociaciones, el Gobierno tendrá su reforma laboral cuando el próximo viernes el Senado termine el trámite exprés que ideó la Casas Rosada para imponerse sin sobresaltos. Es la primera gran batalla de Javier Milei en su nueva construcción política, consolidada a base de acuerdos a medida para garantizarse sus objetivos, sin distinción de castas.
El sindicalismo y los gobernadores terminaron siendo los actores centrales que habilitaron el paso seguro de la reforma laboral por el Congreso. El pacto sindical libertario incluyó nulos reclamos provinciales. No hubo una sola marcha que hiciera siquiera dudar a alguno de los mandatarios de origen peronista de la inconveniencia de colaborar con Milei. “Si apostaron al acuerdo, iban a tener esta ley”, reprocha un dirigente de peso en el peronismo sobre el accionar de la CGT. Ni un bloqueo, ni una marcha a una casa de gobierno provincial.
En la Tucumán de Osvaldo Jaldo se acumulan los reclamos de las empresas textiles que cierran. El caso emblemático es Hilado SA, que en enero dejó de producir e implicó la suspensión de 190 empleados de su planta en Los Gutiérrez. “Nadie fue a pararle la provincia”, se quejan en el peronismo. “Arreglaron ellos”, mastican bronca en el bloque. En pleno debate parlamentario, en la Catamarca de Raúl Jalil la empresa de electrodomésticos Neba arrancaba un proceso de despidos en su planta del parque industrial El Pantanillo. Tampoco hubo movilizaciones que lo hicieron pensar en abstenerse de colaborar.
El cierre de Fate cayó como una bomba en el Gobierno, en el día previo al debate en Diputados. Poco afecto a intervenir en los conflictos, esta vez la Casa Rosada intentó una jugada para ganar tiempo y evitar que la conflictividad se expandiera hasta el Congreso. Dictó casi en minutos la conciliación obligatoria que frena por 15 días hábiles los despidos. La medida solo posterga el final anunciado, pero para entonces Milei ya tendrá su nueva ley laboral. Con la sanción definitiva el viernes, la Casa Rosada apurará su promulgación. En el mientras tanto, desde el Gobierno intentaron desviar el foco de la discusión y centrarse en la responsabilidad del dueño del holding, Javier Madanes Quintanilla. “¿Conspiranoico yo?”, dejó un posteo el Presidente, para que los tuiteros salieran a descargar su malestar hacia el empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA), que demoró en defender a Paolo Rocca al menos dos días después del “don Chatarrin” presidencial, esta vez activó más rápido un comunicado para quejarse de que la situación de Fate no era un hecho aislado. Los empresarios intentan reacomodarse al esquema de poder que se abrió desde la llegada de Milei al Gobierno. Los actores cambiaron. Rocca ya no ocupa el rol central con ascendencia en Balcarce 50. Ese lugar hoy es de la familia Bulgheroni.

En ese contexto de alta conflictividad, el oficialismo se vio obligado a ordenarse. En 48 horas dio una doble marcha atrás con el artículo del descuento salarial por enfermedad y despejó el camino en Diputados. Primero anunció que lo retocaba, en una redacción de imposible cumplimiento que calificaba a las enfermedades entre severas, incurables y degenerativas. El rechazo social fue tal que con el correr de las horas aceptó directamente su eliminación. Ya hay pases de factura con los aliados del PRO. En el bloque libertario dicen que Cristian Ritondo salió a marcarle la cancha al Gobierno en redes sociales cuando la decisión ya estaba tomada.
Con bastante más oficio, Martín Menem entendió que debía diversificar los apoyos para ampliar la base de sustentación. Su habilidad es su desconfianza. No depender de un sólo sector sino tener a varias tribus dispuestas a apoyar. Germán Martínez, el jefe de UxP, lo llamó los “packs”, pero lo cierto es que los libertarios armaron un menú de opciones a medida de las necesidades propias y ajenas. Los acuerdos terminaron siendo un tetris. El tucumano Javier Noguera dio quórum pero se ausentó en la votación. Ya estaba acordado. Lo sabía el bloque kirchnerista y lo sabían los libertarios. Está presionado por Jaldo. El acuerdo inicial que llevó a la unidad al peronismo provincial en las últimas elecciones legislativas implicaba que el diputado se quedaría en el bloque de UxP. Dirigentes provinciales dicen que Jaldo los traicionó a costa de presionar a Noguera con el ahogo financiero al municipio de Tafí Viejo, que gobierna Alejandra Rodrìguez, su mujer, y del que él fue intendente.
En el caso de los diputados por Catamarca, aportaron al quórum pero votaron en contra de la ley. No eran necesarios. El Gobierno tenía el apoyo de los legisladores de Santa Fe y Córdoba. Salta y Misiones no se despegaron de los mandatos oficiales. Permitieron el inicio de la sesión y votaron a favor, en un combo completo.

El Gobierno tenía asegurado el resultado a su favor sobre todo por el rol que jugó el bloque de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia. En crisis de identidad, ese espacio no encuentra cohesión interna. Completamente divididos, decidieron mostrar algo de unidad anunciando que no darían quórum. Se desmarcó el rionegrino Sergio Capozzi, ex diputado de PRO. Ya estaba hablado que la mitad de ese conglomerado variopinto votaría a favor.
Las razones de la colaboración: fondos y algo más
El peronismo emprendió automáticamente la caza de traidores. En rigor, los gobernadores que apoyaron a Milei son dirigentes que ya están afuera del esquema en el que sigue gravitando Cristina Kirchner. No hubo fisuras en el bloque, que ya es bastante. Buena parte de la colaboración se explicará en fondos para obras que comenzarán a verse en los balances oficiales en los próximos días. Son ya razones sistémicas. Como los gobernadores peronistas que apoyaron a Mauricio Macri, incluso mayor en número que ahora. Provincias ahogadas que necesitan fondos nacionales y también un derrotero de derrotas electorales. El triunfo de Milei en las últimas elecciones se explica también por la pérdida de votos del peronismo en las provincias del Norte.
“Las encuestas me dicen que la gente quiere diálogo”, le dijo Raúl Jalil a un integrante del bloque de UxP cuando intentaba convencerlo de que no colabore con Milei. Con miedo, llegó a confesarle que si la votación era una semana después, perdía. Son gobernadores, además, electoralmente amenazados por La Libertad Avanza. Jaldo ganó gracias a la unidad, pero con un electorado conservador, difícil que pueda bloquear en 2027 el avance de la ola violenta. Deberá volver a pactar con el sector de Juan Manzur, si es que todavía tiene margen. Gustavo Sáenz perdió en Salta capital y tendrá problemas para reelegir ante el crecimiento de Emilia Orozco en su territorio. Dicen en las filas libertarias que apuesta a ser el vice de Milei. El Frente Renovador de Misiones también vio colapsar sus chances electorales cuando en octubre quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza. Son mandatarios que no tienen, además, jefes nacionales que los ordenen. Ellos son sus propios jefes.

La sustentabilidad de los acuerdos es todavía una materia pendiente para el nuevo manual de conducción de los libertarios. Por ahora son pactos débiles, coyunturales y poco duraderos. En el Gobierno saben que el año próximo, con las elecciones en puerta, los pactos se disolverán. “¿Cuánto aguantan algunos diputados?”, se preguntan en los bloques opositores, como el caso de la periodista neuquina Karina Maureira que se quebró en llanto en plena sesión y pedía rever algunos artículos, como la derogación del estatuto del periodista, y terminó votando por su eliminación.
Entre los gobernadores de corte puramente opositor el más complicado económicamente es el riojano Ricardo Quintela. Llamó la atención en el bloque peronista la ausencia del diputado de su provincia Sergio Casas.
En plata, la reforma laboral mermará aún más las cuentas provinciales. A pesar de que lograron quitar del capítulo impositivo la baja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, hay varias rebajas a impuestos que se coparticipan. Según cálculos de la oposición, totalizan 2285 millones de dólares, entre ellos, el impuesto a los bienes de lujo que se copartica en un 80,6%. Son los artículos que van del 191 al 196 de la ley.
Disciplina libertaria
La guardiana del número esta vez fue Silvana Giudici. Y no sólo del número. También se encargó de ordenar la sesión. Nadie podía hablar. Ni moverse. Ni pelearse. En medio del debate tuvo que ir a separar al diputado libertario Manuel Quintar, que casi la duplica en altura, que ya estaba cara a cara con el peronista Aldo Leiva. Cualquier descontrol en la sala podía provocar el levantamiento de la sesión. Por eso ahora avanzó en una sanción a Florencia Carignano por desconectar los cables de los taquígrafos. La orden era clara: sólo podían hablar 3 personas: el miembro informante, Lisandro Almirón, que pidió permiso para leer su discurso; el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; y la propia Giudici. Se cumplió. El bullrichismo terminó copando los bloques tanto en el Senado, con la propia Patricia al frente, como en diputados después del pase masivo de dirigentes del PRO a LLA. “Quedamos todos ordenados, incluso los macristas que se sacaron de encima a Vidal y Lospennato y ahora ya no tenen debate interno, están alineados con nosotros, ya no tienen doble identidad”, sostiene una de las principales espadas legislativas del Gobierno.

El oficialismo pasó el mayor momento de tensión sin sobresaltos. Fue apenas minutos después de las 21.30 cuando el peronismo se dio cuenta que no había quórum y propuso una moción de orden para terminar la sesión. Sonaron las alarmas. En ese momento presidía Luis Petri la sesión, que llamó rápidamente a Menem, tomó el control, y avanzó con Giudici en estirar los minutos para conseguir que los libertarios con hambre a esa hora volvieran a sentarse. La diputada contraatacó. Se vengó y pidió adelantar el cierre del debate. Finalmente hubo acuerdo.
El quórum lo consiguieron incluso holgados. “Teníamos 132, pero como lo conseguimos 10 minutos antes decidimos abrir la sesión”, aclaran los libertarios. Rocío Bonacci había pinchado un neumático en el camino e hizo rever los números. Ahí se mezcló otra desconfianza: la demora en sentarse de Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. A su lado explicaron que “no hay ningún mensaje subliminal”, pero las desconfianzas son hoy el mayor activo de los libertarios. El otro gobernador que aportó fue Claudio Vidal, ex dirigente sindical. “(José) Garrido es más anti K que Milei”, lo describen en el peronismo. En el Senado, los dos representantes de Santa Cruz votaron en contra, pero se desmarcaron en el FAL. Temeroso, el Gobierno había trabajado para que José María Carambia, que es abogado laboral, cambiara su voto en uno de los artículos más complicados, aunque no fue siquiera necesario.
El apoyo a la reforma laboral fue casi idéntico que en el debate del año 2000. Germán Martínez había revisado los números en la previa. Entonces salió 137 a 93. El jueves fue 135 a 115, una mejora del rechazo. Premio consuelo. El triunfo de los libertarios se magnifica aún más si se tiene en cuenta que la oposición no logró dar de baja ninguno de los títulos más polémicos. Llamó sobre todo la atención el paso sin tensión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que estaba contenido en un único título y que podría haber caído con un acuerdo opositor. Pero sólo perdió 5 diputados. Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti y Capozzi. La radical Karina Banfi se abstuvo. Es el Fondo que Luis Caputo admitió que usaría para financiar al Tesoro. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son USD 4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado cuando la contribución prevista era del 3% de cada salario y ahora es del 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes.
Contraataque judicial
El viernes mismo, a horas de la aprobación en el Diputados, los abogados de la CGT hicieron un Zoom para fijar la estrategia judicial. Es el camino más seguro, pos pacto, que el sindicalismo siempre puso como objetivo para frenar la reforma laboral. Participaron desde Huguito Moyano a Marta Pujadas, mano derecha de Gerardo Martínez, para delinear las presentaciones. Ya no habrá más paros. El mayor temor ahora es la reglamentación, donde puede meter mano Federico Sturzenegger y que queden sin efecto los cambios acordados. El sindicalismo consiguió mantener las contribuciones a las obras sociales en un 6%, el financiamiento gremial vía cuota solidaria y cuota sindical con límite del 2% y la ultraactividad de los convenios hasta que las partes se pongan de acuerdo en la suspensión.

La apuesta es aprovechar la ventana de 180 días que establece la norma para la disolución del fuero laboral y presentar ahí medidas cautelares. Cuentan a su favor con la posición de rechazo de la Asociación de Magistrados y del presidente de la asociación latinoamericana de jueces del trabajo, Roberto Pompa, que expuso en el plenario de comisiones. “Ninguno quiere ser empleado municipal”, dice un dirigente sobre el rechazo judicial al pase al ámbito de la justicia porteña. Ya hablan de $89.000 millones en indemnizaciones para todo el fuero que desaparece.
Ganar la votación, perder la discusión
Más allá del contundente triunfo parlamentario, el Gobierno no logró imponerse en términos discursivos. El artículo de las licencias por enfermedad pareció despertar a la sociedad. Nadie habló de modernización y hasta los propios diputados guardaron sus discursos en el bolsillo ante la orden de que la prioridad era aprobar la ley.
Sin dudas, el Gobierno perdió el debate digital, zona en la que suele sentirse a gusto. Durante todo el mes “se sostuvo una tendencia negativa en el sentimiento de las audiencias digitales hacia Milei, tras cuatro meses de balance positivo”, es el análisis de la consultora Ad Hoc sobre la conversación en redes, el campo de batalla libertario. Según este informe, “el debate sobre la reforma laboral le traccionó un 48,5% de negatividad” al Presidente. Tuvo un pico el 12 de febrero, con más de 225 mil menciones al tema laboral después del debate en el Senado y el escándalo del artículo 44. En volúmen, es comparable con la reacción generada por el cierre de Fate, que se llevó un 60% de negatividad.

La mayoría de las encuestas coinciden en que la imagen del Presidente se estancó, sin lograr superar el 45%, que para la magnitud y duración del ajuste igual sigue siendo alta. El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella dio en febrero una caída del 4,7%. QSocial, que elabora un monitor de percepción de inflación, estableció que 7 de cada 10 argentinos se vieron obligados a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Para la consultora Pulso Reserch “la aprobación de gestión se ha estabilizado en torno al 44% por tercer mes consecutivo y el rechazo registra una tendencia a la baja hace 5 meses, desde las elecciones legislativas de octubre pasado”. El principal activo de Milei sigue siendo el pasado: “La responsabilidad sobre la situación económica se mantiene como uno de los principales elementos que inviste de indulgencia al gobierno: el 48% culpa al gobierno anterior y el 38% le recrimina la situación al gobierno actual”.
En el pasado se explica buena parte del éxito político del Presidente que decidió aprovechar a fondo la ventaja que le dejan sus hipotéticos oponentes.
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POLITICA
“Dejaste a mi hija sin papá”: el desgarrador mensaje de la ex del motociclista atropellado por una joven en Córdoba

La investigación que tiene como principal acusada a Camila Zabala, la joven de 20 años que fue imputada por el atropello y muerte de Cristian Martín Alanis (35) en Córdoba, ha generado una fuerte reacción por parte de la familia de la víctima. Recientemente, su ex pareja y madre de su hija de 10 años, Ayelén Canoneno, realizó un contundente descargo, en el que pidió que recibiera la pena máxima.
“Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, apuntó la mujer en una publicación en redes sociales, junto a una imagen extraída del Instagram de la detenida.
De la misma manera, difundió otra advertencia dirigida a las acompañantes que viajaban con Zabala la noche del hecho. “Las amigas de Camila Zabala que iban en esa camioneta empiecen a comunicarse conmigo si no quieren quedar tras las rejas todas. Voy a seguir subiendo videos, nombres y apellidos”, advirtió en otro de sus posteos.
Horas antes, la madre de la niña compartió en Facebook una carta dedicada a Alanis, donde evocó proyectos personales y familiares, como la casa con patio que había alquilado y los planes compartidos con su hija. En ese mensaje expresó: “Hola Tin, ¿cómo estás? Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querías estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar”.

En su despedida, Canoneno también manifestó su preocupación por el impacto emocional en la niña: “Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí”.
“Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra… que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”, concluyó al cerrar el mensaje.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la joven acusada manejaba un Volkswagen Golf en compañía de dos amigas durante la madrugada del 14 de febrero. Las tres resultaron positivas en el examen de alcoholemia y los registros de cámaras de seguridad situaron al vehículo desplazándose a alta velocidad al momento del accidente.
Desde esa noche, la acusada del choque mortal continúa detenida por orden del fiscal Javier Di Santo, mientras espera los resultados de nuevas pericias clave que definirán su grado de responsabilidad en el hecho. El expediente la mantiene como imputada por homicidio culposo agravado.
La investigación también se enfoca en la posible implicancia de una camioneta, ya que las hipótesis apuntan a que habría participado en una presunta picada junto al Volkswagen Golf de la acusada en el momento del suceso. De confirmarse esta versión, la situación judicial de Zabala se complicaría.
Según los videos analizados, el vehículo que conducía la imputada arrastró la moto aproximadamente 300 metros tras el impacto, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. Testimonios incorporados a la causa reforzaron la acusación de que los autos participaron en una carrera ilegal minutos antes del accidente.
Por esto, la familia de Alanis exigió que se agrave la calificación penal del caso ante la magnitud de las pruebas. “Mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida”, declaró el hermano de la víctima a Diario Puntal.
El accidente provocó la muerte inmediata del motociclista, quien fue hallado sobre la vereda sin signos vitales por los servicios de emergencia al llegar al lugar. Por el momento, la causa sigue bajo la supervisión del fiscal Di Santo, a la espera de las conclusiones de los peritajes en trámite.
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