El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de un historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio este martes, es decir, en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

En el escrito se advierte: “La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”. Se resalta además que esta situación reviste una gravedad particular por ocurrir en medio de tensiones políticas y hechos violentos ya judicializados por el Ministerio.

La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

El detalle más relevante radica en que la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.

La denuncia fue remitida al juzgado federal que resulte de turno, con una solicitud explícita: “Se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”.

El Gobierno nacional extendió hasta el 28 de febrero el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación Argentina, a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incorporó al temario la discusión de un proyecto de reforma de la ley de financiamiento universitario.

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Un decreto que reabre el conflicto por el financiamiento universitario

El Decreto 103/2026 incluyó entre los asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick, que había ordenado actualizar las partidas presupuestarias previstas en la ley sancionada por el Congreso el año pasado. Aquella norma había sido vetada por Milei, pero el Parlamento insistió con más de dos tercios en ambas cámaras, en un clima de fuerte tensión política previo a las elecciones legislativas.

Tras esos comicios, el debate sumó un nuevo capítulo con el rechazo al capítulo XI del Presupuesto 2026, que buscaba derogar la ley de financiamiento universitario, pese a que el proyecto fue aprobado en general.

El balance de las extraordinarias y los proyectos en debate

Durante la primera etapa de las sesiones extraordinarias, realizadas en diciembre, el Ejecutivo impulsó seis iniciativas y logró aprobar solo dos: el Presupuesto 2026, sin el capítulo cuestionado, y la Ley de Inocencia Fiscal.

En esta segunda tanda, iniciada el 2 de febrero, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al acuerdo Mercosur–Unión Europea y a la Reforma Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años.

Por su parte, el Senado aprobó la semana pasada la Reforma Laboral, aunque uno de sus artículos sobre licencias médicas generó polémica y llevó al Gobierno a admitir que cometió “un error”. Desde el oficialismo anticiparon que el texto será corregido cuando se trate en Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba volver a la Cámara Alta.

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Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.

A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.

El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.

Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.

La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.

“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresas. Son 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.

Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.

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