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Caso Vialidad: Cristina Kirchner busca apartar al ministro de la Corte García-Mansilla para que no opine sobre la apelación de su condena

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Cristina Kirchner recusó al flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, que será uno de los responsables de analizar su recurso de queja sobre el caso Vialidad, donde la ex vice está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

A través de su abogado, la expresidenta relacionó los dichos del presidente Javier Milei respecto de la situación procesal de la presidenta del Partido Justicialista, y sostuvo que no confía en el nuevo integrante del máximo tribunal por ser designado por alguien que la critica políticamente.

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En un escrito de diez páginas, la defensa de la ex Presidenta se refirió a la «independencia y la imparcialidad de los jueces son la metagarantía de la cual depende la vigencia de los restantes derechos receptados en la Constitución Nacional».

La recusación presentada ocurre a días de que el Senado se disponga a tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. El kirchnerismo sostendría el criterio que dejó trascender hace semanas: rechazar ambas designaciones.

Con ese telón de fondo, la defensa de Cristina avanzó junto con el recurso de queja para evitar que la sentencia condenatoria obtenga firmeza, el pedido de recusación de Manuel García-Mansilla. a quien se le tomó juramento en comisión.

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Para la defensa de la ex vice, esa designación por decreto «violó la Constitución Nacional». Recordó que en la audiencia pública ante el Senado, el 28 de agosto del año pasado, el académico «había declarado que jamás aceptaría ser designado por decreto».

Cristina también sostuvo que el nombramiento en comisión de García-Mansilla fue cuestionado en ámbitos académicos, políticos «e incluso en sede judicial», porque resulta contrario a los principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución».

La condenada en Vialidad recuerda también que el nombramiento en comisión de los jueces «no garantiza su estabilidad en el cargo», y que eso atenta contra su independencia, sobre todo respecto del presidente de la Nación que los designó, pues «al culminar el período legislativo puede no renovar sus designación».

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La defensa de la ex vicepresidenta vinculó esa consideración con la declaración de Milei durante una entrevista la semana pasada, en la que aseguró que Cristina “va a ir presa” en el marco de esta causa.

De tal manera, la denominada causa “Vialidad” , continuó planteando el abogado Carlos Beraldi, «una vez más vuelve a ser posicionada en el centro de la escena político-institucional del país, con el propósito de obtener a partir de ella objetivos subalternos: por un lado, distraer a la opinión pública en momentos en que el país atraviesa problemas sociales y económicos de gravedad extrema«.

Esa consideración fue la bisagra para avanzar sobre la defensa política, como ocurre en este caso desde su inicio. Beraldi recordó que Cristina es la presidenta del Partido Justicialista «y sin lugar a dudas, la principal figura opositora al gobierno nacional», y que por eso el gobierno busca «que sea proscripta y, de esa manera, intentar callar sus críticas».

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Esa particular conclusión resulta en «un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo».

Este lunes también se pronunció Juan Martín Mena, el principal operador judicial de Cristina Kirchner y anterior viceministro de Justicia. Dijo que el trámite del caso Vialidad en la Corte “debería ser muy largo», entendiendo que de quedar firme eso inhabilita de por vida a la ex vice para ejercer cargos públicos.

«Si el Senado rechaza el pliego de García-Mansilla, no debería dudar ni un minuto más en la Corte” y dijo que el flamante ministro del máximo tribunal “es un empleado del Poder Ejecutivo».

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Ante una eventual confirmación de la pena de seis años de prisión, Mena señaló: «Si se confirma esta condena, hay que hacer una reforma constitucional de inmediato«.

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El máximo representante diplomático de Irán cuestionó que el Gobierno lo haya expulsado del país: “No favorece a la Argentina”

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El encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de declararlo persona non grata y ordenarle abandonar el país en un plazo de 48 horas, en medio de una escalada diplomática sin precedentes recientes entre ambos países.

“Expulsar al único diplomático no favorece a la Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, afirmó el funcionario en declaraciones al diario Perfil, poco antes de partir hacia Teherán.

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La expulsión fue anunciada por la Cancillería argentina como respuesta a un comunicado iraní que cuestionó la decisión de Buenos Aires de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

Soltani rechazó los argumentos oficiales y centró sus críticas en lo que consideró un alineamiento político del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel. “No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal contra toda norma internacional”, sostuvo, en referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero con el bombardeo que mató al ayatollah Alí Jamenei.

En ese sentido, cuestionó declaraciones del presidente Milei sobre el eventual apoyo logístico argentino a la ofensiva. “Decir que Argentina es parte de la agresión contra Irán y que ‘vamos a ganar la guerra’ es algo muy grave”, remarcó.

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El diplomático advirtió además que ese posicionamiento puede tener consecuencias concretas, incluso si no se traduce en acciones militares directas. “Aunque no tengan capacidad de enviar tropas, solo decirlo tiene impacto. Las decisiones del Presidente pueden traer consecuencias”, señaló.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al presidente Javier Milei. (Foto: Cancillería)

Pese al endurecimiento del vínculo, Soltani buscó establecer diferencias entre el gobierno y la sociedad argentina. “No consideramos a Argentina como enemigo. Muchos ciudadanos no están de acuerdo con esto”, afirmó, al tiempo que sugirió que la postura oficial podría responder a intereses políticos internos.

El funcionario también cuestionó la forma en que se planteó su expulsión. “Me dieron 48 horas en medio de un fin de semana largo, siendo el único diplomático en la embajada. Tengo que resolver contratos, cuentas y pasajes. Pedimos más tiempo, pero fue rechazado”, explicó.

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Leé también: El Gobierno se prepara para romper relaciones diplomáticas con Irán tras la expulsión del máximo representante

Desde el Gobierno, la medida fue justificada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que habilita a declarar persona non grata a un representante extranjero sin necesidad de fundamentación. Según la Cancillería, la decisión respondió a “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” por parte de Teherán y reafirma que Argentina “no tolerará agravios ni injerencias indebidas”.

El deterioro de las relaciones bilaterales no es nuevo. Desde los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires en los años 90 —que dejaron más de un centenar de muertos y fueron atribuidos por la justicia argentina a funcionarios iraníes— el vínculo se mantiene en un nivel de desconfianza estructural.

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En las últimas horas, además, trascendió la posibilidad de un cierre formal de la embajada argentina en Irán, que en la práctica ya no opera desde 2025, cuando fue evacuada tras los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes. Actualmente, el personal diplomático argentino trabaja desde Azerbaiyán.

(Con información de AFP y EFE)

Irán, Javier Milei, Medio Oriente

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La politóloga Andrea Castagnola analizó el proyecto de reglamento para la elección de jueces que presentó la Corte Suprema

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En una entrevista con Andrea Castagnola durante el programa Infobae al Regreso, la politóloga analizó en detalle el nuevo reglamento que la Corte Suprema impulsa para elegir jueces en Argentina.

En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.

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La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad

Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.

El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.

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Límites a la entrevista y transparencia en la selección

El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.

Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.

El nuevo reglamento de la Corte Suprema no resuelve el bloqueo político en las designaciones de jueces, pero avanza en transparencia y control de los concursos judiciales (Infobae en Vivo)

Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma

La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.

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Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.

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La Justicia investiga si el presunto viaje que hizo Adorni al Caribe fue a Aruba

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En las últimas horas, la Justicia investiga las escalas del presunto viaje de Manuel Adorni al Caribe. El fiscal Gerardo Pollicita ya tiene confirmado por Migraciones que el 29 de diciembre salió directo a Perú, y que luego volvió desde Ecuador el 10 de enero. Sospechan que fueron destinos intermedios antes de arribar a Aruba.

Además, existen versiones periodísticas que indican que hay al menos uan testigo que asegura haber visto a Adorni en el paraíso del Caribe. No obstante, eso todavía no fue sumado de manera oficial a la causa.

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El paquete que habría adquirido Adorni en su presunto viaje a Aruba rondaría los US$ 10.000. Es lo que busca dilucidar la Justicia por estos días.

Sucede que en algún destino que no es Perú estuvo, porque la vuelta fue por Ecuador. “El Presidente no prohibió que viajemos al exterior. Solo nos pidió austeridad, pero no sugiere dónde vacacionar”, se defendió Adorni en conferencia de prensa.

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Pese a las explicaciones del jefe de Gabinete, la polémica en torno a Adorni es que generó cierta pérdida de credibilidad en el Gobierno. El funcionario deberá explicar cómo adquirió los vuelos y las propiedades, en comparación con sus ingresos.

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Mientras esto avanza en los tribunales, Adorni contrató un abogado para que lo defienda. Se trata de Matías Ledesma, penalista hijo de Guillermo Ledesma, juez que enjuició a las Juntas.

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El jefe de Gabinete deberá explicar también los motivos por los que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, que exceden los viajes al exterior. En este sentido, uno de ellos es la compra de un departamento de Caballito, donde paga un adelanto de USS 45.000, además de los vuelos a Punta del Este, entre otras irregularidades.

Noticia que está siendo actualizada.-

Manuel Adorni, Justicia, investigacion

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