Nicolás Massot es una de las voces más filosas de la oposición. Es tal vez por ello que no le cae en gracia al oficialismo, ya que si bien reivindica algunas de las medidas económicas que adoptó el Gobierno en materia fiscal, le reprocha su indiferencia a los problemas de la economía real y es implacable cuando reprueba el doble estándar moral de algunos de sus funcionarios y, en particular, del presidente Javier Milei.

“Hay un montón elementos que nos indican que no estamos frente a un gobierno con una moral alta. Al contrario: estamos en un gobierno lleno de amorales que creen que el voto a sus ideas avala cualquier cosa”, lanza, en diálogo con , el diputado de Encuentro Federal en referencia a las últimas revelaciones en el caso $LIBRA y el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuestos gastos injustificados.

-Referentes de su espacio político, entre ellos Miguel Pichetto, están en la construcción de una alternativa política que enfrente al modelo libertario en 2027. ¿Usted participa de esa construcción?

-Sí, estamos en la etapa de pensar alternativas. Lo importante es que no nos equivoquemos y que no pongamos el énfasis en la necesidad de construir una unidad “en contra de” este gobierno. Lo que hace falta es una autocrítica de los que ya participamos en gobiernos anteriores para no repetir errores y plantear una propuesta inteligente sobre qué haríamos distinto. Con esa perspectiva, tenemos que diseñar una propuesta política, sociocultural, macro y microeconómica, y de política internacional. Milei respondió a una demanda: efectivamente logró bajar la inflación y estabilizó algunas de las variables de la macroeconomía. Lo malo es que se quedó ahí y hoy sufrimos las consecuencias de la ausencia de un plan de crecimiento económico, porque lo único que hubo fue un plan de desinflación. Para eso se apeló al retraso del tipo de cambio, la no acumulación de reservas y la apertura indiscriminada de la economía con el único fin de inundar de productos importados y más baratos la plaza para que la inflación baje más rápido.

-Pero también impuso disciplina en el gasto y hay equilibrio fiscal, ¿no es eso positivo?

-Claro que hubo políticas virtuosas, como cortar el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, eso está bien hecho y es digno de reconocer. Pero ese trabajo fiscal escondió muchas inequidades. Lo peor es que desde hace dos años y medio la Argentina se está descapitalizando. Está consumiéndose el capital acumulado en infraestructura, talento humano, científico y tecnológico. Se consume lo avanzado en la carrera satelital y en tecnología nuclear. La “Argentina potencia” de Milei se entiende como una cuenta de almacenero; la que nosotros pensamos se basa en el desarrollo universitario, en exportar talento y posicionarnos en cuatro o cinco ejes que nos destaque en la región.

-El problema es que la polarización termina, muchas veces, por asfixiar a las posturas intermedias, en este caso entre el kirchnerismo y el gobierno libertario.

-Es que los dos extremos se necesitan mutuamente. Milei es uno de ellos. Las peores caras del pasado de los gobiernos kirchneristas eran, estéticamente, peligrosamente similares a la estética actual. Yo aspiro, como decía Pepe Mujica, es a desarrollar “túneles herméticos” entre las presidencias: acuerdos de estado intergeneracionales. Cuando existen liderazgos que dinamitan esos túneles, funcionan en el corto plazo, pero no en el largo. La política de la suma cero no ha resuelto el largo plazo en ningún país. Yo concibo a la política como un arte y creo en los honrosos artesanos de la política. Tengo la tranquilidad de transitar mi vida política con Emilio Monzó o Miguel Pichetto, gente que no ha hecho “criptoestafas”, que no contrata aviones privados sin recibo ni “negrea” casas en countries. No nos quedamos con el 3% de los recursos del Estado destinados a las personas con discapacidad; eso pasa en este gobierno, el de la “anticasta”, que hoy aparece asociado a la corrupción, apela a los gritos y al cortoplacismo populista para vender recetas mágicas. Este gobierno está demostrando que cae en la peor calaña de gente advenediza que se expone, por primera vez, a la fama, el poder y el dinero y reaccionan de la peor manera: con corrupción, tráfico de influencias y estafas. Tener apoyo popular no te autoriza a desprenderte de la ética pública.

-¿No le sorprende que estos casos le estallen ahora al Gobierno?

-Es un gobierno con demasiados casos de corrupción muy temprano, ¿no? La causa $LIBRA tiene todas las violaciones a la ley de ética pública en un mismo acto y, además, desnuda la lentitud de la investigación judicial. Esta parece ser una causa que tiene muy pocos cabos sueltos; la historia parece encajar con un rompecabeza. Contiene indicios tan palpables, tan patentes, que parece mentira que haya pasado más de un año sin avances serios en Justicia.

-¿Cree que la opinión pública está tomando nota de estos escándalos?

-Creo que, salvo por supuesto el núcleo duro libertario, la sociedad observa que hay demasiadas cuestiones que no cierran. Cuando Javier y Karina Milei asumieron el poder, llegaron con dos declaraciones juradas que hablan por sí solas: si mal no me acuerdo, el presidente declaró un vehículo del 2009, un departamento de 90 m² en Abasto y no sé si 20.000 o 40.000 dólares. No cierra con lo que Milei decía públicamente, que cobraba 15.000 o 20.000 dólares por las conferencias de prensa que brindaba. Que, dicho sea de paso, no emitió una sola factura por esos trabajos. Ese es el presidente que tenemos. Entonces, de ahí para abajo, no debería sorprendernos que el jefe de Gabinete se construya una casa en efectivo y no la declare o que viaje en avión pensando que lo puede pagar en efectivo o se lo puede pagar un amigo siendo funcionario.

-¿Adorni debería renunciar?

-Creo que Adorni, si tiene algo de decoro, debería presentarle la renuncia al Presidente y que sea el presidente el que el que tome la decisión. Pero creo que, como decía antes, por los bajos estándares morales que tiene el propio presidente, no le va a pedir la renuncia, lo va a defender porque no le parece grave.

-¿Por qué lo dice?

-Estoy convencido que no le parece grave. Porque su razonamiento no es levantar la vara. Cada vez que reciben un ataque replican que antes era peor. Acá no hay absolutos. Ellos no quieren levantar la vara.

-El Indec informó que el desempleo trepó al 7,5%. ¿Cree que este problema es un talón de Aquiles para el Gobierno?

-Lo es sin dudas, pero creo que su principal problema es la falta de empleo. Es diferente. El desempleo es no tener ningún empleo. La falta de empleo es no tener suficiente empleo, ¿se entiende? Porque en el universo de la gente que contesta que sí tiene empleo hay millones que necesitan conseguir otro para cubrir su nivel de vida. Es un problemón que no se visualiza con el índice del Indec y que padece la clase media y la clase media baja, o lo que queda de ella. El problema es de ingreso o, mejor dicho, es el ingreso disponible de las familias, que cada vez es menor por el aumento en sus costos, sobre todo de los servicios. Es esa franja que dice tener empleo pero que necesita mejores ingresos y no lo logra.

-El oficialismo confía en que si mantiene la inflación baja, el equilibrio en las cuentas públicas y logra algunas mejoras en la economía real el camino a la reelección de Milei está allanado, porque la gente no visualiza una alternativa seria. ¿Es lineal ese camino?

-Creo que no. Como dije al principio, el Gobierno adoptó medidas virtuosas, pero después impartieron políticas que generaron una recesión en la actividad. El Gobierno se confunde: el principal distribuidor subsidiario que equipara o que redistribuye no es el mercado, es el salario, es el ingreso. Por eso es tan importante tener políticas salariales. Este gobierno no homologó paritarias por arriba del 1% o 1,5% para mantener baja la inflación, pero liberó tarifas, naftas e importaciones. Lo único que no liberó fue el tipo de cambio, para lo cual se “fumó” el blanqueo, el acuerdo con el Fondo Monetario, el swap de Scott Bessent (el secretario del Tesoro de EE.UU), y los salarios. Entonces, bajar la inflación es importante, siempre que no se mate la actividad. Hoy el gobierno ya no “desinflaciona” más; la inflación está estancada y probablemente la anual de 2026 esté cerca del 30% o 35%. Ese estancamiento, sumado a una inflación que sigue alta, produjo una recesión en casi todos los sectores. El problema del empleo y la falta de ingreso disponible en las grandes urbes es un tema candente.

-¿Usted qué plantea al respecto?

-Hace falta pasar de un modelo que se queda solo en la desinflación y la estabilización a un modelo donde el Estado sea un protagonista eficaz de un plan de crecimiento, entendiendo que la política industrial no es mala palabra. Todos los países a los que nos queremos parecer se protegen comercialmente de manera inteligente porque entienden que el empleo es una variable de la geopolítica. Si esto no pasa, lo mejor a lo que podemos aspirar es a un crecimiento mediocre que no sacará a la gente de la pobreza.

-El gobierno anunció un proyecto para modificar las reglas electorales, entre ellas la derogación o la modificación de las primarias. ¿Qué opina?

-Es otra muestra de que son más de lo mismo; otro gobierno que busca cambiar las reglas por especulación cuando le conviene. Estoy en contra de derogarlas. Las PASO son una herramienta válida que ordenó las preferencias de la gente, como se vio en las internas de Michetti-Larreta, Massa-De la Sota o Bullrich-Larreta. Es una herramienta que ha ayudado a reconstruir el sistema de partidos políticos. Se podría discutir si deben ser obligatorias o no, o también incorporar la posibilidad de que la fórmula presidencial quede abierta en las primarias y que solo se elija el candidato a presidente; esto permitiría que el ganador pueda reunificar su partido utilizando la figura del vicepresidente para reconocer el caudal electoral de alguno de sus competidores. Pero si la intención es eliminarlas solo para atomizar a la oposición para que ningún y evitar el balotaje porque el oficialismo está viendo que no llega al 45% y necesita que ninguno de sus adversarios llegue al 30%, me parece un debate pobre y no hay que darlo.

-¿Está de acuerdo con la reforma de la ley de Glaciares que pronto se va a discutir en Diputados?

-El debate actual es si el criterio de protección de los glaciares es geológico o es hídrico. Los debates de 2008 y 2010, que dieron luz a la ley actual, dejan claro que el criterio siempre fue hídrico, algo que compartimos todos porque las reservas de agua dulce son un activo tan o más importante que los recursos minerales y hay que cuidarlas. Aunque se podría haber aclarado este punto por decreto, es importante hacerlo por ley, por la envergadura del tema, para darle legitimidad política y social. Esto servirá para que, cuando el tema llegue inexorablemente a la Justicia –porque seguramente se plantearán recursos y amparos-, los jueces vean que el proceso legislativo fue a derecho. Tenemos que volver al espíritu de la ley original: la reforma que ahora se plantea lo respeta.

-¿Entonces vas a votar a favor de la reforma?

-Sí, la voy a votar porque respeta el espíritu de 2010. El sector público debe armonizar el cuidado del medio ambiente con la posibilidad de explotar recursos de manera sustentable, como hacen Chile, Canadá o Suecia. No hay que prohibir la minería ni “dinamitar el agua”; hay que analizar cada proyecto minero particular. Además, no hay que subestimar a las provincias; tienen excelentes recursos técnicos en sus universidades y han estado a la vanguardia, como Catamarca con la protección de más de un millón de hectáreas bajo la convención Ramsar.

-La semana pasada el expresidente Mauricio Macri relanzó Pro, un espacio al que usted perteneció. ¿Cree que tiene potencialidad electoral?

-Hay potencialidad en sus cuadros; hay gente muy buena que tiene mucho para dar. En términos políticos creo que hay una decisión ya tomada, que es no correrse del oficialismo; con estas acciones de relanzamiento buscan no diluirse tanto y llegar a un equilibrio interno con LLA para tener voz y voto en la instancia electoral. No veo a Pro en otro lado.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene activas siete demandas contra el gobierno nacional por deudas que le exige en distintas materias, que totalizan un monto de $15,6 billones, según calcula la administración provincial. En uno de esos reclamos, la semana pasada se registró un avance con la realización de una audiencia convocada por la Corte Suprema en la que las partes estuvieron cara a cara por primera vez, luego de dardos mediáticos, pedidos de reuniones y chicanas. El tema convocante fue la búsqueda del gobierno de Axel Kicillof por cobrar el dinero de aportes que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe girar a la caja bonaerense de jubilaciones (una de las 13 que no fueron transferidas a Nación). Según el gobierno provincial, la suma adeudada asciende a más de $2,2 billones.

El martes a las 11, minutos después de que la expresidenta Cristina Kirchner declarara en los tribunales de Comodoro Py en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, representantes del gobierno de Kicillof y del presidente Javier Milei asistieron a la audiencia que convocó la Corte.

Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, el gobernador estuvo representado por el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

La audiencia en la Corte fue el primer encuentro entre las partes en pugna y finalizó con la fijación de una nueva audiencia, que se realizará el 21 de abril a las 11, en la que “informarán al Tribunal acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”, según reza el acta del encuentro.

Hasta el 21 de abril, ambos gobiernos deberán estar en contacto: el IPS; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses. “La Corte fue muy enfática en que el 21 no podemos discutir si se recibió un mail o no”, advirtió a una fuente bien informada sobre lo sucedido en la audiencia.

“El Estado está obligado a transferir a la Provincia el equivalente a los montos resultantes de una simulación que establece cuánto cobraría un jubilado de las cajas provinciales si se hubiese jubilado con el régimen nacional. Se calcula la diferencia y se transfiere. Se pagan adelantos a cuenta de una suerte de auditoría. Se le debe a la Provincia desde 2020, y desde 2024 no se pagó ningún adelanto. Nación dice que no están las auditorías; la Provincia, que ya ofreció toda la información”, resumió el conflicto la fuente consultada.

En un comunicado de prensa posterior a la audiencia, el ministro López subrayó que “el gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo”. consultó a fuentes de Anses y del Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuestas.

“Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el gobierno nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones”, resaltó López en el comunicado bonaerense tras el encuentro motorizado por el máximo tribunal judicial del país.

En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.

En el presupuesto 2026, se destinan $122.762.664.874 “para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”, se lee en el texto del presupuesto publicado en el Boletín Oficial. Se especifica también que la Anses “transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado de acuerdo con el decreto 730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias”.

Y se subraya: “Solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Anses, que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior”.

El gobierno provincial le reclama fondos y obras a la administración nacional desde hace tiempo, con algunos picos de tensión como las demandas que llevó a la Corte la gestión de Kicillof. En lo mediático, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, exigió en distintas conferencias de prensa que lo reciba el ministro del Interior, Diego Santilli, e incluso, en noviembre del año pasado, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje con un pedido formal de reunión, al que Santilli contestó, con ironía, “Dale, Carli. Gracias. Tomo nota”.