POLITICA
Caso Vialidad: Cristina Kirchner busca apartar al ministro de la Corte García-Mansilla para que no opine sobre la apelación de su condena
Cristina Kirchner recusó al flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, que será uno de los responsables de analizar su recurso de queja sobre el caso Vialidad, donde la ex vice está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
A través de su abogado, la expresidenta relacionó los dichos del presidente Javier Milei respecto de la situación procesal de la presidenta del Partido Justicialista, y sostuvo que no confía en el nuevo integrante del máximo tribunal por ser designado por alguien que la critica políticamente.
En un escrito de diez páginas, la defensa de la ex Presidenta se refirió a la «independencia y la imparcialidad de los jueces son la metagarantía de la cual depende la vigencia de los restantes derechos receptados en la Constitución Nacional».
La recusación presentada ocurre a días de que el Senado se disponga a tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. El kirchnerismo sostendría el criterio que dejó trascender hace semanas: rechazar ambas designaciones.
Con ese telón de fondo, la defensa de Cristina avanzó junto con el recurso de queja para evitar que la sentencia condenatoria obtenga firmeza, el pedido de recusación de Manuel García-Mansilla. a quien se le tomó juramento en comisión.
Para la defensa de la ex vice, esa designación por decreto «violó la Constitución Nacional». Recordó que en la audiencia pública ante el Senado, el 28 de agosto del año pasado, el académico «había declarado que jamás aceptaría ser designado por decreto».
Cristina también sostuvo que el nombramiento en comisión de García-Mansilla fue cuestionado en ámbitos académicos, políticos «e incluso en sede judicial», porque resulta contrario a los principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución».
La condenada en Vialidad recuerda también que el nombramiento en comisión de los jueces «no garantiza su estabilidad en el cargo», y que eso atenta contra su independencia, sobre todo respecto del presidente de la Nación que los designó, pues «al culminar el período legislativo puede no renovar sus designación».
La defensa de la ex vicepresidenta vinculó esa consideración con la declaración de Milei durante una entrevista la semana pasada, en la que aseguró que Cristina “va a ir presa” en el marco de esta causa.
De tal manera, la denominada causa “Vialidad” , continuó planteando el abogado Carlos Beraldi, «una vez más vuelve a ser posicionada en el centro de la escena político-institucional del país, con el propósito de obtener a partir de ella objetivos subalternos: por un lado, distraer a la opinión pública en momentos en que el país atraviesa problemas sociales y económicos de gravedad extrema«.
Esa consideración fue la bisagra para avanzar sobre la defensa política, como ocurre en este caso desde su inicio. Beraldi recordó que Cristina es la presidenta del Partido Justicialista «y sin lugar a dudas, la principal figura opositora al gobierno nacional», y que por eso el gobierno busca «que sea proscripta y, de esa manera, intentar callar sus críticas».
Esa particular conclusión resulta en «un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo».
Este lunes también se pronunció Juan Martín Mena, el principal operador judicial de Cristina Kirchner y anterior viceministro de Justicia. Dijo que el trámite del caso Vialidad en la Corte “debería ser muy largo», entendiendo que de quedar firme eso inhabilita de por vida a la ex vice para ejercer cargos públicos.
«Si el Senado rechaza el pliego de García-Mansilla, no debería dudar ni un minuto más en la Corte” y dijo que el flamante ministro del máximo tribunal “es un empleado del Poder Ejecutivo».
Ante una eventual confirmación de la pena de seis años de prisión, Mena señaló: «Si se confirma esta condena, hay que hacer una reforma constitucional de inmediato«.
POLITICA
Kicillof advirtió que el peronismo no puede repetir la interna que atravesó el Gobierno del Frente de Todos
Lanzado a su carrera presidencial, Axel Kicillof advirtió este jueves sobre los riesgos para el peronismo de repetir la experiencia del Frente de Todos y planteó la necesidad de ordenar una estrategia política que permita no solo ganar elecciones, sino también sostener un rumbo de gobierno.
“No nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, afirmó durante el lanzamiento del espacio universitario del Movimiento Derecho al Futuro.
Sin mencionarlo, el gobernador bonaerense hizo referencia a las diferencias que se profundizaron entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En ese sentido, insistió en la importancia de acotar las disputas internas y fijar objetivos compartidos. “Necesitamos tener ideas fuertes en común, saber para dónde vamos, tratar de perder el menor tiempo posible en internas, en discusiones que no llevan a ningún lado”, sostuvo.
Críticas al Gobierno y advertencias sobre el escenario político
Kicillof cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei y describió el contexto actual como una etapa de fuerte deterioro. “Gobernar en la etapa de Milei es una experiencia compleja. El daño que se está haciendo es transversal, general y masivo”, planteó.
Además, alertó sobre el impacto en el federalismo. “La crisis se desenvuelve a una velocidad vertiginosa”, señaló, y agregó que “es importante reflexionar sobre qué pasaría con cuatro años más de Milei”.
En esa línea, sostuvo que el oficialismo libertario genera un escenario de desaliento social. “El principal enemigo es la resignación”, dijo, y llamó a “contrarrestar esta resignación” con una construcción política activa.
Mensaje hacia el peronismo y construcción de una alternativa
Durante su intervención, el gobernador también dejó definiciones hacia el interior del peronismo, en medio de tensiones con distintos sectores, y planteó la necesidad de ampliar la base política sin exclusiones.
“Estamos juntándonos quienes creemos que hay que pelear por esto. Esto no excluye a otros sectores”, afirmó, y aclaró que el objetivo es consolidar una propuesta con ejes como el desarrollo, la soberanía, la universidad, la ciencia y la industria nacional.
A la vez, remarcó la falta de voces en el debate público y la necesidad de profundizar la discusión política. “A veces nos parece que faltan voces y no es un reproche a nadie. Nos falta profundizar en esta disputa”, indicó.
En otro tramo, retomó su concepto de las “nuevas canciones” —una idea que rechazaron con dureza Máximo Kirchner y La Cámpora— y lo vinculó a la gestión. “Espero que nadie se enoje, me gustaría decir ‘nuevas canciones’, a nivel de modalidades y formatos de gestión”, expresó.
Experiencia electoral y urgencia de organización
Kicillof también relativizó el peso de las herramientas tecnológicas en las campañas y reivindicó la construcción territorial. Recordó la derrota de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como ejemplo.
Leé también: En pleno armado de un frente opositor, Kicillof se reunió con dos ex PRO
“Vidal era invencible y le ganamos caminando la provincia con un autito, sin el big data y sin Durán Barba. Es una enseñanza importante”, afirmó.
Finalmente, planteó que los tiempos políticos se aceleran y exigió mayor coordinación para enfrentar el escenario electoral. “A esta experiencia de Milei le quedan menos de 2 años ya”, dijo y planteó que la oposición tiene “una tarea inmensa” y que “se aceleran los tiempos”. “Hay otro camino, pero ese camino lo tenemos que construir nosotros”, remarcó.
Axel Kicillof, Peronismo, PJ
POLITICA
El fiscal pidió agravar las acusaciones contra Claudio Chiqui Tapia por evasión fiscal
El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.
El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.
El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.
Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.
El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.
Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.
La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).
La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.
Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.
Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.
La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.
Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.
Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.
El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.
De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.
El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.
En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.
La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.
Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.
Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.
Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Guerra en Medio Oriente: Máximo Kirchner propuso declarar la emergencia energética, alimentaria y de insumos productivos
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos en la Argentina. La iniciativa, respaldada por un grupo de legisladores del bloque oficialista, busca que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Según informaron, el proyecto argumenta que la renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población.
De acuerdo con la propuesta impulsada por Kirchner, la coyuntura internacional generada por la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza en los precios globales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, así como disrupciones en la logística y volatilidad financiera. El texto advierte que estos factores comprometen tanto el suministro local como el poder adquisitivo de las familias argentinas y los costos de producción del sector agropecuario. En este marco, el proyecto plantea que el Estado nacional debe ejercer un rol activo para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía real.
El documento, que cuenta con la firma de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada, sostiene que la Argentina afronta una oportunidad histórica como exportador neto de energía. El texto señala que la renta extraordinaria debe ponerse al servicio del pueblo para evitar que los aumentos internacionales se reflejen en la economía doméstica.
Entre los fundamentos, Kirchner señaló durante el debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”. El legislador también cuestionó iniciativas para modificar la Ley de Zona Fría, que protege a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional reciba instrumentos para mitigar el impacto de la coyuntura internacional. Entre las medidas propuestas se destaca la suspensión de la venta de activos energéticos durante la crisis, la creación de derechos de exportación móviles y especiales sobre el petróleo y la canalización de estos recursos a un fondo anticíclico. Este fondo distribuiría los ingresos en tres destinos principales: subsidios a insumos agropecuarios, estabilización de precios internos de alimentos y acumulación de reservas internacionales.
Una de las medidas sociales incluidas en la propuesta es el refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser considerados mercancías de especulación”, sostiene el texto presentado por Kirchner y sus colegas. El proyecto afirma que la protección de los ingresos y el abastecimiento es una función indelegable del Estado, y rechaza la idea de que la falta de fondos estatales sea un obstáculo, ya que la renta extraordinaria generada por el shock externo permitiría financiar estas políticas.
La propuesta también contempla medidas para evitar que los aumentos de precios internacionales de la energía y los alimentos se trasladen íntegramente a los consumidores argentinos. El texto remarca que cuando sube el petróleo, aumentan fletes, pan y leche, afectando la cadena de costos y el bolsillo de los trabajadores. Por eso, la intervención estatal se presenta como una herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales y evitar que la inflación importada deteriore el poder adquisitivo.
Respecto al sector agropecuario, el proyecto plantea que la renta extraordinaria del petróleo se capte a través de derechos de exportación móviles, que se reduzcan automáticamente cuando los precios internacionales bajen. Parte de estos fondos se destinaría a subsidiar gasoil, fertilizantes y otros insumos críticos para la producción agrícola, con el objetivo de garantizar la continuidad de las campañas y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.
El documento parlamentario enfatiza la necesidad de asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la posición externa del país mediante la acumulación de reservas y mantener la capacidad productiva del agro, protegiendo el acceso a fertilizantes y otros insumos esenciales. Según el texto, el Estado actuaría como “colchón” ante la volatilidad de los mercados internacionales, reasignando la renta extraordinaria para proteger a las familias y a la economía real.
La declaración de emergencia propuesta por Kirchner y su grupo de diputados se sustenta en el impacto extraordinario del conflicto internacional sobre los precios y la seguridad de abastecimiento, así como en la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder a escenarios de crisis. El proyecto se encuentra bajo análisis en el Congreso, donde se espera que inicie su debate en comisiones durante las próximas semanas.
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