El gobierno de Javier Milei recibió al menos dos propuestas para criminalizar ante el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos el ingreso de la familia Eskenazi en YPF. Sus impulsores sostienen que podría paralizar el proceso civil contra la petrolera y contra el Estado nacional que tramita ante la jueza Loretta Preska, y evitar así la ejecución de una condena que supera ya los US$17.000 millones. Pero terminó por rechazar ambas propuestas, según reconstruyó en base a fuentes en ambos países, y copias de algunos de los documentos intercambiados.

Las propuestas corresponden a dos estudios jurídicos estadounidenses. Y al menos una de ellas consta en un expediente administrativo del Ministerio de Economía, y fue evaluada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, y funcionarios de la Procuración del Tesoro durante las gestiones de Rodolfo Barra y Santiago Castro Videla.

Con diferencias entre sí, ambas propuestas consisten en presentar una denuncia criminal ante el DOJ, iniciativa que podría llevar a la suspensión del proceso en manos de la jueza Preska. ¿El argumento? Que la compra del 25% de las acciones de YPF por la familia Eskenazi a Repsol en 2008 y 2011 se realizó de manera delictiva, en supuesta asociación con –o bajo las órdenes de- la familia Kirchner.

Desde el Grupo Petersen, fundado por la familia Eskenazi, niegan toda irregularidad o delito. Sostienen que su ingreso a la petrolera “cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC), y se trata de información pública que está disponible para su consulta”.

La primera propuesta de acudir al DOJ, en tanto, fue formulada por el estudio jurídico Covington & Burling. En octubre de 2024 presentó un “brochure” confidencial, cuya copia obtuvo , en el que precisó que abogaría por el Estado nacional ante los departamentos de Estado y del Tesoro, aunque también adelantó que concentraría sus esfuerzos en el Departamento de Justicia.

“Exploraremos oportunidades para abogar ante el Departamento de Justicia para que el FBI investigue el uso de los tribunales estadounidenses para facilitar y aprovecharse de la corrupción del pasado en Argentina”, detalló el bufete, que precisó que al frente del equipo quedarían el abogado argentino Miguel López Forastier y su par Kristin Mace, quien lideró durante doce años la División Criminal del Departamento de Justicia, hasta que en 2024 emigró al sector privado. “En la medida en que el FBI tenga una investigación abierta sobre la conducta subyacente al caso Petersen”, abundó la firma, “evaluaremos hasta qué punto esto puede utilizarse para respaldar una solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia a la espera de los resultados de la investigación”.

La segunda opción, ya a principios de este año, corrió por cuenta del estudio neoyorkino Kasowitz LLP, creado por Marc Kasowitz, quien fue el abogado personal del presidente Donald Trump, tanto para manejar sus operaciones inmobiliarias, divorcios y denuncias que afrontó por acoso sexual, y miembro de su equipo legal hasta 2017.

En una columna de opinión que publicó el 8 de este mes, el abogado argentino Enrique Bruchou ahondó por la senda del Departamento de Justicia. Planteó que el DOJ podría desplegar más herramientas investigativas que las disponibles en un juicio civil como el de Preska. Entre ellas, requerir el levantamiento del secreto bancario o recuperar correos electrónicos eliminados, herramientas cruciales en investigaciones complejas.

Ese camino posible es apoyado por otros letrados, como el ex titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Enrique Basla, y por uno de los más férreos críticos de cómo se gestionó YPF durante las últimas décadas, Ricardo Paz Herrera, quien presentó denuncias al respecto ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y ante los tribunales federales de Comodoro Py, y mantiene un contrapunto prolongado con la petrolera en la Justicia en lo Comercial.

Basla considera que radicar una denuncia penal en Estados Unidos podría abrir “un marco temporal a los intereses del país”, según indicó a . Para sustentarla, dijo, deberían extraerse elementos de la causa penal en trámite ante el juez federal Ariel Lijo, en Buenos Aires, para presentarlos en Nueva York. “Mínimamente, se abriría una ventana temporal para la búsqueda de diversas soluciones al problema”, remarcó.

Otros expertos son más cautos, como el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Al analizar esa opción con sus allegados, estimó que podría ser interpretado por Preska y los tribunales superiores estadounidenses como un “artilugio” o “picardía” de la Casa Rosada, y resultar “contraproducente” para el país. “Hay que trabajar sobre el tipo de cambio y la tasa de interés aplicados, para de ese modo reducir el monto de la sentencia. Ahí es donde hay que trabajar”, insistió a sus colaboradores, según reconstruyó .

Paz Herrera cree, por el contrario, que hay una oportunidad, dado que su denuncia ante la SEC data de 2013 y es, por tanto, anterior a la demanda del fondo Burford, además de que fue citado a declarar en 2015 por el Departamento del Tesoro, cuyos funcionarios tradujeron los más de 2000 documentos que les entregó. Aquel impulso podría hoy, argumentó Paz Herrera, fortalecer la intentona argentina. “La semilla ya está sembrada con mis denuncias”, adujo.

En tanto, para el letrado argentino que se presentó ante Preska como titular de la ONG “Republican Action for Argentina, Inc”, Fernando Irazu, la discusión debería ser otra. “Ya le pedimos a la jueza que ordene una investigación criminal por parte del DOJ y todas las agencias pertinentes del gobierno estadounidense, la suspensión del proceso, y la revocatoria de la sentencia porque estamos ante un posible fraude a la Corte por tratarse de una eventual estructura de corrupción estatal, y ella no rechazó nuestra petición en dos oportunidades, pudiendo haberlo hecho, sino que indicó que la cuestión debe ser evaluada primero por la Cámara de Apelaciones, al carecer ella de jurisdicción por existir un proceso ordinario de apelación por Argentina y las demás partes desde 2023”, indicó a . “Lo que falta en este proceso es que el DOJ se decida a avanzar, sea ante Preska u otro juez del distrito federal del Sur de Nueva York. Y al mismo tiempo, que el Estado nacional active una investigación penal en la Argentina por la estafa procesal cometida en los Estados Unidos por los demandantes y por algunos representantes de los demandados, como Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Carlos Zannini, entre otros. No es factible esperar que Estados Unidos solucione los problemas de corrupción argentinos desde Nueva York, sin que Argentina haga lo que tiene que hacer desde Buenos Aires”.

Consultado por , desde el Gobierno explicaron por qué no avanzaron con esas propuestas, pero evitaron ahondar en la estrategia jurídica y procesal del Estado argentino. “En el caso de Covington & Burling, el estudio rechazó firmar dos cláusulas contractuales que rigen siempre, fijando la jurisdicción en la Argentina ante cualquier diferencia entre las partes, e imponiendo que no podrán litigar contra el Estado durante cierto tiempo, a lo que se sumó que Trump se cruzó con ese y otros bufetes, revocó sus credenciales de seguridad y ordenó la revisión de sus contratos, por lo que su ‘llegada’ al Gobierno estadounidense es, cuanto menos, discutible, y contratarlos se tornó inviable”, precisó una fuente oficial. “En el caso de Kasowitz, se abrió del equipo legal de Trump en 2017 y desde entonces afrontó ciertas turbulencias de índole personal que han sido públicas y notorias”, abundó. “Aclarado eso, no vamos a hablar sobre la estrategia [ante la jueza Preska], porque debe desarrollarse y ejecutarse de manera profesional, técnica y confidencial”, remarcó.

En la actualidad, la defensa de los intereses argentinos en el pleito YPF está a cargo del bufet estadounidense Sullivan & Cromwell, que al igual que varios funcionarios o exfuncionarios argentinos quedaron bajo la lupa por sus vínculos profesionales con los Eskenazi. Entre ellos, el primer procurador general del Tesoro durante la gestión Milei, Rodolfo Barra, quien se excusó de intervenir en el caso durante sus primeros meses en la Procuración.

El número dos de Barra en la Procuración, Andrés de la Cruz, fue denunciado por legisladores de la Coalición Cívica en 2024, pero la Oficina Anticorrupción (OA) concluyó en un dictamen que no incurría en un conflicto de interés por haber asesorado, hace una década, al grupo Petersen sobre cómo encarar el financiamiento para comprarle a Repsol las acciones de YPF mientras se desempeñaba en el estudio norteamericano Cleary Gottlieb. “No implica un riesgo objetivo para la imparcialidad e independencia de criterio del funcionario”, concluyó la OA, según consta en la resolución que obtuvo .

Ambos, Barra y De la Cruz participaron en al menos una reunión por ese caso con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, en el despacho de la funcionaria de confianza de Santiago Caputo. Juntos, analizaron la posibilidad de contratar a Covington & Burling para abogar ante el Departamento de Justicia en representación del Estado.

“Estaba impedido de abordar temas atinentes a los Eskenazi hasta octubre de 2024, cuando se cumplió el plazo legal, aunque los temas internacionales los llevaba el doctor De la Cruz”, aclaró Barra ante la consulta de . “Hubo una reunión en Presidencia, en efecto, no recuerdo si con la doctora Ibarzábal, y allí se evaluó las opciones en Estados Unidos, pero no pasó de una conversación”, abundó. “Estimamos, desde la Procuración, que ir por ese lado podría complicar al Estado argentino, más que favorecerlo, porque la jueza Preska ya había alertado sobre los obstáculos que podría poner la Argentina al cumplimiento de su sentencia”.

Sin embargo, el Estado decidió avanzar con la contratación del estudio Covington & Burling, y el Ministerio de Economía llegó a iniciar un expediente administrativo para avanzar con ese bufet, aunque eso terminó por frustrarse. Y se optó por continuar con la firma Sullivan & Cromwell.

Reconocido en los Estados Unidos, el estudio Sullivan & Cromwell tiene entre sus clientes al Estado argentino desde 2020, pero también al Credit Suisse. Es decir, el banco que lideró la estructuración del financiamiento de la compra de acciones de YPF por los Eskenazi y aparece señalado en un reporte de 2018 de la unidad antilavado argentina (UIF), por lo que, de radicarse una denuncia penal en Estados Unidos, el banco podría ser objeto de investigación.

El bufet Sullivan & Cromwell también apareció en la prensa local, durante los últimos años, tras seguir las instrucciones que le impartió el titular de la Procuración General del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández, Carlos Zannini; es decir, el funcionario kirchnerista que debilitó las defensas del Estado nacional en Manhattan y que entre 2016 y 2019 se desempeñó como director, por la provincia, del Banco de Santa Cruz, propiedad de los Eskenazi.

Al igual que Barra, en tanto, el actual procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se excusó de intervenir en el caso YPF porque uno de sus socios en el estudio jurídico colaboró con Burford Capital en el juicio que tramita en Nueva York. Y lidia ahora con la reestructuración del cuerpo de abogados del Estado y el despido de 60 empleados. Desde la Casa Rosada consideran posible que algunos de esos u otros empleados de la Procuración hayan filtrado información sensible al fondo Burford para la contienda en Nueva York.