La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, la misma que cerró la causa contra Julio “Chocolate” Rigau, ahora rechazó su liberación y el puntero del PJ seguirá preso, vinculado a la causa de las tarjetas de la corrupción de la Legislatura bonaerense.

La defensa de Rigau, integrada por los abogados Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, habían presentado un recurso de apelación para exigir la libertad por falta de mérito, después de que el Juzgado de Garantías, a cargo de Guillermo Atencio, denegara excarcelar al imputado por múltiples defraudaciones.

Los letrados alegaron que la decisión del Ministerio Público Fiscal excedió el plazo que puede estar detenida una persona cuando todavía no se le pidió la prisión preventiva, ya que aseguran que Betina Lacki, titular de la UFI N°2, “no requirió una prórroga de detención”.

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“Julio Rigau lleva 23 días detenido sin que se haya pedido la prórroga de su detención, ni su prisión preventiva, por lo que no existe mérito en la presente causa para que continúe detenido”, expresaron.

En el documento al que accedió TN, el presidente del órgano judicial, Fernando Mateo, redactó una extensa justificación para rechazar el pedido y dijo que el fallo que ordenó reabrir la causa no implica que se dicte una nueva orden de arresto. “Lo sostenido por el juez no arroja ningún tipo de dudas, se reanuda la orden de detención primigenia. No existe ni pedido de la Fiscalía que figure en sistema, ni nueva orden, ni interrupción alguna de plazos que permitan volver a contarlos”, sostuvo.

“No se trata de una orden distinta, por otro hecho penalmente relevante, por una materialidad, o calificación diferente, se trata del mismo hecho y la misma decisión por el que fuera detenido el 9 de septiembre, ni más ni menos. La nulidad anulada, valga la redundancia, retrotrae jurídicamente los hechos al estado anterior, siendo entonces una sola detención, y no dos, como pretende el juzgador”, sentenció.

Por otro lado, el camarista Juan Alberto Benavides replicó los dichos de su colega, pero se abstuvo de emitir comentarios. Mientras que Alejandro Villordo no votó.

Por eso, este jueves, la Sala III de la Cámara penal de la capital bonaerense decidió no hacer lugar al planteo y “Chocolate” deberá permanecer tras las rejas mientras avanza la investigación que está en plena etapa de recolección de pruebas.

Pedido de juicio político contra los jueces que cerraron la causa

Tanto Villordo como Benavides están en la mira, ya que en los últimos días Julio Conte Grand pidió el juicio político contra ambos por cerrar la causa contra Julio Rigau arbitrariamente.

“Frente su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal, el Procurador bonaerense denunció a los camaristas ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento”, señalaron en un comunicado desde la Procuración.

Además, explicaron que la denuncia analiza en profundidad “la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias (de las que no era titular)”.

El 18 de octubre, el procurador ofreció prueba y solicitó al Jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso.

Ahora, se deberán sortear a seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá su destitución.

Los fundamentos detrás del pedido de jury contra los camaristas que liberaron a Rigau

Para denunciar a los camaristas, Conte Grand tomó el fallo del Tribunal de Casación penal que pidió reabrir la causa y puso en manifiesto que tanto Villordo como Benavídez “se habían apartado de la ley”, beneficiando a Rigau cuando no era su competencia.

“En efecto, los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones lógicamente previas al análisis de su fundamentación de los recursos de los apelantes, es decir, que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata ni del particular damnificado, porque la decisión de la los jueces Benavídez y Villordo era palmariamente nula”, explicó el procurador.

Desde Casación destacaron que la Cámara “actuó por fuera de su jurisdicción, en tanto, según la ley procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus”.

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Por ello, para Conte Grand “la decisión de los jueces se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia que hiere gravemente a los poderes del Estado en general y a la administración de justicia, en particular.”

Por otro lado, aseguró: “La resolución generó una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”.

“A raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”, concluyó.