Ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita comenzaron a declarar como imputados en la causa por presuntas extorsiones contra beneficiarios de planes sociales varios dirigentes de la Asociación Civil Polo Obrero. Se los acusa -entre otras cosas- de defraudación al Estado por el desvío de fondos que debían destinarse al programa Potenciar Trabajo. La extensa acusación que se les leyó este martes a los primeros indagados da cuenta del desvío de fondos, facturas truchas, empresas «fantasma», todo para el financiamiento de la actividad político-partidaria.

Esta semana se inició una ronda de más de veinte indagatorias que concluirán el 26 de junio cuando Eduardo Belliboni, principal dirigente del Polo Obrero, se presente en Comodoro Py imputado por extorsión, coacción y defraudación al Estado.

En la primera ronda de indagatorias se presentaron ante el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita cuatro de los integrantes del Polo Obrero: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Todas ellas, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se negaron a responder preguntas y sólo escucharon la imputación formulada en su contra.

Con el avance de la investigación complementaria encabezada por el juez Casanello, se determinó la existencia de una maniobra defraudatoria que se concretó a través del desvío de fondos públicos que el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Estas organizaciones celebraron convenios con el ministerio de Desarrollo Social, destinados a garantizar eel dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo a sus destinatarios finales.

El juzgado entiende que hubo una primera violación y responde a las responsabilidades conferidas a las organizaciones sociales en cuestión, a través de la firma de convenios que las colocaba como intermediarias.

En este punto, se resaltó que al desviar dinero que correspondía al programa Potenciar Trabajo -el más importante que tiene el gobierno nacional en materia de ayuda social- el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor traicionaron los intereses por los que debían velar estas organizaciones y que fueron asignados por el Estado al confiarles una importante partida presupuestaria.

La maniobra se completó con otra acción reprochada por la justicia federal: la imposición a los beneficiarios de los planes sociales y -que a su vez asistían a un grupo de comedores administrados por el Polo Obrero- de que concurran a marchas y movilizaciones. De no hacerlo, se los amenazaba con perder el programa de ayuda económica.

El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión. Una vez que completaron ese trámite, las entidades sospechadas manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.

Entre las obligaciones que tenían al recibir esa plata, se encontraba la de rendir los gastos de dichos fondos. Es en esta instancia en la que el juez Casanello les atribuyó una administración indebida de dinero que era público, y como ya contó Clarín, se hizo a través de la utilización de facturas apócrifas que tenía como finalidad simular gastos que no se habían realizado.

¿A dónde fue a parar ese dinero? La sospecha inicial de los investigadores es que se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.

El Polo Obrero firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 -siempre el mismo mes- y los subsidios percibidos se realizaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.

La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: uno de dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.

Las primeras irregularidades que el juzgado de Casanello detectó sobre estos fondos, fue en la rendición que debía presentarse ante la entonces Secretaría de Economía Social. Ante lo que se consideró un comportamiento infiel respecto a los bienes que debían administrar, los referentes piqueteros se los acusó de haber pergeñado una estructura de engaño contra el Estado.

Como ya contó Clarín, el Polo Obrero rindió facturas emitidas por las empresas Coxtex SA y Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, que fue allanada la semana pasada por orden del juez Casanello y las fuerzas federales determinaron que en el domicilio declarado no existía ninguna imprenta. Sin embargo, Belliboni firmó rendiciones de gastos a nombre de esa empresa “fantasma”.

Los gastos se computaron al programa por el cual recibía el Polo Obrero subsidios por parte del Estado. Las facturas muestran una gran diversidad de servicios contratados a la imprenta: compras que se encuadraban en las rendiciones en categorías amplias como materiales, indumentaria e insumos, como también maquinaria, herramientas y equipamiento. Para los investigadores la maniobra respondía a un circuito establecido para ocultar y desviar el dinero.

Respecto a la primera empresa consignada, se determinó que no contaba con sede comercial y no tenía actividad real. De hecho, la propia AFIP la definió como una “usina de facturas apócrifas”. En el marco del expediente que tramita en el juzgado de Casanello, se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos.

En cuanto a la imprenta Rumbos SRL, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas que representa en total, 31 millones de pesos.

El uso de los fondos simulados en sus rendiciones se habría aplicado a solventar la actividad de la agrupación: actos, movilizaciones, la difusión de las mismas, campañas electorales y dispositivos de prensa.

Al avanzar en el análisis de la documentación secuestrada, el juzgado determinó que que se usaron también facturas apócrifas que fueron rendidas por otras empresas que manifestaban las mismas irregularidades que Coxtex y Rumbos, lo que les permite concluir que serían parte de la misma maniobra de simulación de gastos.

Las facturas “truchas” respondía a una parte de la acusación que es la simulación de gastos, pero también se le atribuyó a los dirigentes sociales que una gran parte de los fondos recibidos por el Estado no eran rendidos tal como la normativa exigía.

Esta imputación se desprende las reiteradas intimaciones que realizó en los últimos meses el ministerio de Capital Humano contra las organizaciones sociales.

Dicha comportamiento también responde a la figura de administración infiel por parte del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor.