El kirchnerismo, en tándem con Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, acordaron en Diputados cederle a Martín Menem la coordinación de la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, pese a la resistencia, no sólo del resto de los espacios de la oposición que la integran, sino también de sectores de Unión por la Patria.

Todo se pactó en la madrugada del jueves, luego de una intensa puja entre el oficialismo y la oposición por la conducción de la comisión creada en la Cámara Baja para determinar la responsabilidad del presidente Javier Milei y de parte de su gabinete en el escándalo cripto que dejó pérdidas millonarias. Fue en la sesión en la que se aprobó el aumento a los jubilados que se resolvió que el secretario parlamentario Adrián Pagán coordine las dos próximas reuniones de la comisión.

El primer test será el martes, a las 16, cuando se buscará avanzar con la agenda de invitaciones y convocatorias, y una segunda reunión está prevista para el próximo 25 de junio, que será de carácter informativa, por lo que no se emitirá ninguna resolución.

La decisión de proponer a Pagán como una salida para destrabar la elección de autoridades y poner en marcha la comisión fue propuesta por el cordobés Oscar Agost Carreño, en un intento por evitar que muera la investigación antes de comenzar. La moción aprobada a mano alzada se completó estableciendo que cada bloque podrá presentar hasta tres propuestas de invitados.

Es cierto que la comisión está estancada desde la reunión constitutiva del 30 de abril, cuando el oficialismo propuso a Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Unión por la Patria postuló a Sabrina Selva, pero la votación terminó empantanada en 14 votos por lado.

La oposición buscó llevar la discusión por las autoridades al recinto, pero Menem supo bloquear la ofensiva sirviéndose del reglamento que establece que las comisiones deben elegir sus autoridades por mayoría simple. Frente a este escenario, los K junto a Agost Carreño llegaron a un acuerdo con el riojano para designar a Pagán.

Pero al parecer, la jugada no contaba con el apoyo de todo el peronismo porque una fuente de Unión por la Patria aseguró que lo correcto era destrabar la designación de autoridades y definir un reglamento. «Se tendría que haber modificado la resolución y que diga que la comisión tiene que estar presidida por alguien que votó a favor de su creación o alguien que no sea del oficialismo», precisaron a este diario.

Maximiliano Ferraro lo dejó explícito en la madrugada del jueves cuando anunció que la Coalición Cívica no acompañaba la decisión. «Si no resolvemos el fondo de la cuestión con respecto a que la cámara no renuncie al poder contralor y de investigación vamos a estar en la misma», argumentó el diputado.

Pero la movida no sólo fue cuestionada por los lilitos sino también por los diputados de la izquierda y los radicales de Democracia para Siempre. Pablo Juliano, jefe del bloque que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau, advirtió que la nominación del secretario parlamentario es como «poner al zorro a cuidar las gallinas».

Está casi descartado que en la reunión del martes se pueda avanzar en la designación de autoridades y al estar empatada la comisión en la distribución de fuerza es poco probable que se pueda avanzar en un futuro. Por eso, Menem aceptó el acuerdo con la oposición sabiendo que la elección del presidente y vice nunca va a prosperar.

¿Qué efecto tiene la falta de designación de autoridades? Y, en principio, los testimonios que se puedan tomar en la segunda reunión del 25 de junio no tendrán el carácter de vinculante. En resumen, la oposición sólo podrá llevar testigos y especialistas pero no tendrá margen -al menos si no se modifica la resolución con la que se creó la comisión- para firmar un informe que sea vinculante y que pueda disparar un posible pedido de juicio político.

Algunos diputados ven como una mejor salida designar a un representante de cada lado en lugar de Pagán. Algo similar ocurrió en 2009, cuando se estancó la designación de las autoridades de la bicameral de Trámite Legislativo por la paridad entre el Frente para la Victoria y la oposición y se dispuso una doble conducción con Diana Conti y el radical Luis Naidenoff.

Hasta aquí, el Congreso no ha podido avanzar en nada para esclarecer la participación del Presidente en un presunto hecho de estafa. En un principio se había propuesto interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Incluso se había mencionado el nombre del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Pero salvo Francos, que fue a Diputados y deslindó responsabilidad de Milei en el hecho, el resto de los miembros del gabinete pudo esquivar la citación del Congreso con distintas excusas y la única alternativa es que pasen por el ámbito de la comisión. Algo poco probable sobre todo después de que la Oficina Anticorrupción desligara al Presidente del caso.

La Corte Suprema de Justicia confirmará “en las próximas semanas” la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, según revelaron fuentes judiciales.

Así las cosas, la expresidenta deberá cumplir arresto y no podrá postularse a diputada bonaerense, como anunció el lunes pasado. El plazo para la oficialización de candidaturas vence el 19 de julio y la Corte Suprema se pronunciaría antes de esa fecha.

Los jueces de la Corte Suprema que deben resolver la sentencia son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El tribunal se apresta a rechazar tanto el recurso de queja de Cristina Kirchner, que pedía revisar su condena por fraude, como el recurso del fiscal Mario Villar, que reclamaba duplicar la pena a 12 años y agregar el delito de asociación ilícita.

Los jueces de la Corte optarían por invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Federal que les permite rechazar los recursos sin dar mayores explicaciones. Se trata de una solución habitual cuando no se advierten arbitrariedades en el proceso.

Cerca de juez Ricardo Lorenzetti, sin adelantar el sentido del voto, ya manifestaron que el fallo debe conocerse en el mes de junio, pues “la Corte debe ser transparente y evitar suspicacias sin interferir en el proceso electoral”.

Sus dos colegas no dejaron trascender nada. «Silenzio stampa» se escuchó como respuesta en los despachos de Rosatti y Rosenkrantz. De otras fuentes de los tribunales se supo que “la decisión se conocerá en las próximas semanas”.

“Estamos trabajando en el caso”, dijo un funcionario de la Corte. En lo formal se espera un informe del secretario penal y, luego, que el proyecto gire por las vocalías. Sin embargo, en este caso, estas formalidades no caben.

Lorenzetti tiene la idea de que ya no hay ningún motivo para demorar la sentencia mas allá del próximo martes, pero aún debe verse cara a cara con sus colegas el lunes de la semana que viene.

Sin embargo, Carlos Rosenkrantz se encuentra en Cipolletti, provincia de Neuquén y regresa el mismo lunes. Luego tiene previsto un viaje a México, que no le insumirá mas de cinco días, señalaron en los tribunales.

Aún con esos compromisos, sigue vigente la idea de que el fallo se conozca antes del 19 de julio.

El próximo lunes a la tarde los jueces de la Corte Suprema tienen agendada una reunión, lo que alimenta las especulaciones de una definición.

En los tribunales federales siguen los movimientos de la Corte con lupa. Un encumbrado funcionario judicial que intervino en el caso Vialidad arriesga un fuerte argumento para pensar que el fallo se conocerá en breve. “Es lógico que la Corte resuelva antes de que Cristina Kirchner tenga fueros. De lo contrario sería como si un juez sabe que el imputado está por profugarse (acá se prófugaría a través de los fueros) y resuelve la detención cuando ya se escapó”, dijo esta fuente.

Y abundó: “Si la Corte Suprema fallara luego de la oficialización de la candidatura o de las elecciones, frustraría la acción de la Justicia”.

En cuanto al fallo de fondo y a los tiempos de resolución inminentes, en los tribunales federales hay coincidencia en que se aceleraron los plazos.

A comienzos de año, el mundo judicial miraba la llegada de la causa Vialidad a la Corte con expectativa, pero con escepticismo en cuanto a una pronta resolución.

En abril pasado, cuando el caso llegó al tribunal con la presentación del recurso de queja, primaba la idea de que el tribunal se iba a tomar un tiempo. Hasta fin de año, se decía entonces.

Pasaron las semanas y la Corte no enviaba el caso a la Procuración para que Eduardo Casal opinara si correspondía duplicar la condena a 12 años, como pidió el fiscal de Casación Mario Villar. Crecía la ansiedad.

Finalmente, el asunto llegó a Casal a mediados de abril, que dictaminó el 15 de mayo, y dejó el expediente en manos de los jueces de la Corte Suprema.

Había una sensación de que los tiempos se iban a dilatar y colaboradores de Lorenzetti reclamaban a sus colegas que se vote, sin más demoras.

El caso empezó a tomar velocidad. Primero fue determinante que la Corte resolviera, conjueces mediante, la causa de la Ruta del Dinero K y confirmara la condena a 10 años de prisión contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Rosatti y Lorenzetti rechazaron los recursos de Báez y Rosenkrantz, en disidencia, pidió darle vista el Procurador.

En el mismo día, la Corte Suprema rechazó los recursos de Cristina Kirchner contra el fallo que había revocado su sobreseimiento en la causa de la Ruta del Dinero K.

En otras palabras, esto implica que había dejado allanado el camino para que la sigan investigando a la expresidenta con relación a la fortuna de Lázaro Báez. Este fallo de la Corte contra Cristina Kirchner fue unánime.

El caso Báez y el caso Kirchner tienen en común que en ambos hubo una condena de un tribunal oral, luego un doble conforme, con un fallo de Casación y en la Ruta del dinero K se dejó firme la condena con el rechazo del recurso del acusado invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Federal. Esta puede ser la solución para dejar firme la condena en el caso Kirchner.

Con el caso Báez despejado, tomó velocidad el caso Kirchner.

La Corte se reunió la semana pasada y rechazó inlimine (sin mas trámite) el pedido de Cristina Kirchner para apartar al juez Lorenzetti. Votaron los tres jueces.

De esa forma, solo quedó por resolver si confirmaban o no la condena con lo que la causa entró en zona de definiciones. Al punto tal, que Cristina Kirchner eligió salir a hablar públicamente para anunciar su candidatura a legisladora bonaerense. Y el kirchnerismo se declaró en alerta y advirtió entonces que iban a resistir contra lo que ellos llaman una proscripción, que de conocerse la sentencia “en estas semanas” como dicen en los tribunales, será el leitmotiv de la campaña electoral bonaerense de septiembre y nacional de octubre próximo.