El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, había sido denunciado por el fiscal Carlos Stornelli por “conductas incitadoras a la violencia” en noviembre del año pasado. Frente a los anuncios preelectorales de Javier Milei de entregar Aerolíneas Argentinas (AA) a los trabajadores, la advertencia del sindicalista aeronáutico fue demoledora: “Nos va a tener que matar y cargar muertos”. Acérrimo opositor al desembarco de las líneas low cost, pronosticó también que cuando el Presidente viera los números de la compañía se sorprendería y daría marcha atrás con la idea.

Los gremios aeronáuticos, que denuncian una caída del 72% de sus salarios desde noviembre, hace ya meses que han tomado de rehenes a los pasajeros. Pasado el período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno para contar con el servicio durante las vacaciones de invierno, el derecho a la huelga está vigente, pero también la obligación de guardias mínimas que dispone la esencialidad de la actividad aeronáutica, pública y privada, establecida por las normas vigentes.

Las postergaciones de vuelos han convertido a los aeropuertos en campos minados de valijas y pasajeros, un caos descontrolado con graves perjuicios para todos los afectados, incluido el lucro cesante operativo para la compañía.

Sin guardias mínimas, las actividades en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery se vieron totalmente paralizadas por nueve horas el viernes pasado luego de que las negociaciones salariales se frustraron ante el rechazo a la pauta salarial ofrecida. Unos 185 vuelos debieron reprogramarse y alrededor de 16.000 pasajeros sufrieron las consecuencias. Se estimó una pérdida de dos millones de dólares. Pilotos, copilotos y tripulantes que incumplieron sus tareas verán rebajadas sus remuneraciones.

No pueden esgrimirse falsas razones de soberanía para restringir la competencia y seguir sosteniendo una línea aérea deficitaria, rebautizada “Aerorruinas Argentinas”

El nuevo paro de 24 horas que arrancaría hoy al mediodía podría involucrar a más de 250 vuelos y perjudicar a 30.000 pasajeros, a quienes la empresa volvería a invitar a cambiar sus pasajes sin penalidad por ello. La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que contemplan asambleas también para ese día, podrían afectar el servicio de Intercargo, otro de los actores que con frecuencia y sorpresivamente interrumpen actividades.

El Gobierno propone una política de cielos abiertos con libre competencia, algo habitual en el mundo. La falta de opciones en un país de enorme extensión convierte en rehenes de un sindicalismo violento y mafioso a quienes quieren viajar, con una oferta de conexiones limitada, aun cuando haya rutas menos rentables. Como era previsible, la ley que incluyó la desregulación del espacio aéreo, promulgada en julio pasado, enfureció a los gremialistas, que la consideran una entrega a empresas extranjeras con las que no se podrá competir y que conducirán a la desaparición de Aerolíneas Argentinas, además de poner en riesgo la seguridad, según afirman erróneamente.

Los paros y medidas de fuerza vuelven a poner sobre el tapete la posibilidad de modificar el estatus de la línea de bandera, cuya privatización había quedado descartada con la aprobación de la Ley Bases. De hecho, Fabián Lombardo, destacado y experimentado profesional a cargo de la presidencia de la compañía por mandato del gobierno de Milei, afirmó que varias líneas aéreas internacionales mostraron interés por comprarla. A pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de AA, se demandará a los sindicatos y a sus autoridades: Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), y Biró. Este último, desde 2019 único representante de los trabajadores en el directorio de la empresa estatal, podrá ser destituido luego de las acciones que iniciará la compañía, acusándolo de conducta desleal contra la propia aerolínea.

Las imágenes del periodista Alejandro Fantino enfurecido pidiendo no volar más en Aerolíneas Argentinas y responsabilizando a los líderes de APLA y AAA como quienes quieren que el país se venga abajo se viralizaron y alimentaron las polémicas. Atrás quedó el mentiroso relato kirchnerista cuando todos los ciudadanos sostenemos un servicio utilizado por menos del 5% de los argentinos. Como reiteradamente expusimos desde estas columnas, no es función del Estado el transporte aéreo. Tampoco pueden esgrimirse falsas razones de soberanía para restringir la competencia y seguir sosteniendo una empresa deficitaria, rebautizada “Aerorruinas Argentinas”, que la militancia y un nefasto sindicalismo local se empeñan en defender a costa de los contribuyentes para su propio beneficio. Cielos y pasajeros deben ser libres.