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Círculo rojo: interna energética, la mirada sobre Ecuador y nervios de punta en la ciudad de Buenos Aires

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Los anuncios económicos del viernes, con la salida del cepo y la flotación entre bandas como principales tópicos del nuevo esquema monetario y financiero, fueron seguidos por el establishment económico con muchísima atención en el final de la semana, y bien recibidos por casi todos los sectores, de manera masiva. Uno de ellos es el energético, que había acumulado en las últimas semanas una creciente inquietud por la guerra comercial librada por Donald Trump y la caída del barril de petróleo de referencia que, sumados al atraso cambiario y las dificultades posibles para financiarse, podían presentar hacia adelante un panorama más sombrío para un sector que se vio favorecido desde que asumió Javier Milei.

Pero más allá de los anuncios del viernes y del impacto hacia adelante, puertas adentro del Gobierno hubo novedades en el área energética. Mario Cairella se despidió de la vicepresidencia de Cammesa -hasta este fin de semana aún figuraba en el organigrama oficial de la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico-, según trascendió por diferencias insalvables con Daniel González, el secretario de coordinación de Energía y Minería del Gobierno que trabaja junto a la secretaria María Carmen Tettamanti.

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Es la segunda vez que Cairella renuncia a Cammesa. Ya lo había hecho durante la gestión de Cambiemos, señalado entonces por el apagón masivo de junio del 2019 que dejó al país sin energía. En ese episodio, el ejecutivo se encontraba de viaje en el exterior, y fue criticado por retrasar su vuelta. El directivo salió de la gestión tiempo después, y entabló una demanda económica con el Estado que dio de baja el año pasado cuando volvió a la empresa de la mano de Santiago Caputo. Hasta que se trenzó en una interna muy comentada en el área energética con González, ex CEO de YPF.

“Apareció otra oportunidad dentro de energía que para mí es un salto hacia arriba, entonces, como ya desde Cammesa era poco lo que podía aportar… Ahora voy a tomar otras responsabilidades que incluyen no solamente energía eléctrica sino petróleo y minería”, dijo en estos días Cairella en una entrevista en “WattsUP”, un canal de stream del sector.

El reportaje hizo ruido dentro del gobierno. Respaldado por el asesor estrella de Javier Milei, circuló de hecho que podía recalar en una asesoría cerca del Presidente, aunque en Energía corrió en estas horas la versión de que podría ser designado en alguna provincia.

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En el centro, Mario Cairella, ex Cammesa

“Yo, no…”. Lunes de mañana, bien temprano. Promediaba la reunión del equipo de campaña de la Coalición Cívica en torno a la estrategia porteña cuando uno de los asesores preguntó si habían visto en las redes el posteo del PRO en el que varios candidatos de ese espacios inauguraban una nueva parada del bus turístico de la capital. Paula Oliveto, la candidata principal de la CC en la Ciudad que no suele dedicarle demasiado tiempo a las redes, dijo que no estaba al tanto. Le mostraron entonces el posteo. “Esto es una barbaridad, están haciendo campaña con la guita de todos”, dicen que protestó.

Enseguida se armó un debate, y se resolvió, con Oliveto y Fernando Sánchez a la cabeza, denunciar públicamente el anuncio y hacer una presentación ante el tribunal electoral, que se efectivizó en las últimas horas a través de los apoderados del partido. En cuestión de minutos, la indignación de Oliveto llegó a las redes. No llegaron a pasar quince minutos desde que la diputada subió el posteo, que empezó a circular por varias cuentas, cuando le sonó el teléfono. Oliveto mostró al equipo la pantalla del aparato y atendió. Del otro lado de la línea, un candidato de los primeros puestos de la lista del PRO, muy conocido, con el que la diputada mantiene desde hace tiempo una relación, exigía explicaciones.

Nada demasiado llamativo si no fuera por el pedido del candidato a legislador que sorprendió a la diputada de la CC y al resto del equipo: no intentó justificar a sus compañeros de espacio por el acto de campaña si no que quiso aclarar que él no había participado del evento y que su imagen no aparecía en el video. Asombrada por la aclaración, Oliveto le reiteró a su competidor las objeciones por el anuncio de campaña.

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Paula Oliveto y Francisco Sánchez

De la capital a Ecuador. En medio de la campaña porteña, en horas de la elección de convencionales y cargos municipales en Santa Fe, y con la interna del peronismo bonaerense al rojo vivo por la disputa entre el kirchnerismo y Axel Kicillof, parte del sistema político y empresario del país está atento este domingo al balotaje de Ecuador entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, la candidata de Rafael Correa, que gobernó ese país durante años y que quiere volver a tener injerencia a través de la postulante de Revolución Ciudadana.

Como ya se anticipó en esta sección, Noboa llega a la segunda vuelta asesorado por Jaime Durán Barba, mientras que la estrategia de campaña de González es liderada por el consultor argentino Daniel Ivoskus. Tanto el ecuatoriano como Ivoskus reciben con frecuencia consultas por parte de dirigentes locales, muy interesados en este balotaje que ya de por sí arroja una novedad para el correísmo que, según los sondeos previos, llega en una situación de extrema paridad con la derecha ecuatoriana, con chances muy reales de volver al poder. Por esa situación de empate técnico hay una tensión acumulada en tierras ecuatorianas. Por la reacción del presidente. Existen, además, versiones de contactos cruzados entre enviados de Correa y la administración norteamericana.

Con Ivoskus y Durán Barba, por ejemplo, conversó largo y tendido en estos meses de campaña Sergio Massa, que según su entorno está muy atento a la segunda vuelta por la representación de empresas de Estados Unidos en ese país. También Francisco de Narváez, de diálogo fluido con Massa, por empresas del rubro de los supermercados.

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Pero no todos son negocios, y el kirchnerismo, que atraviesa un proceso de reorganización interna con foco en la provincia de Buenos Aires, sigue por su parte con interés la posible vuelta del espacio de Correa, de muy estrecha relación con la ex presidenta, a la administración ecuatoriana. Se esperaba, en ese sentido, que aterricen en estas horas en Quito Oscar Parrilli y Eduardo “Wado” de Pedro, enviados especiales de Cristina Kirchner a aquel país. De Pedro ya voló en su momento a Montevideo, para la asunción de Yamandú Orsi en Uruguay.

A todo o nada. El PRO mantuvo siempre con Ecuador una ligazón emocional porque se trata de la tierra natal de Durán Barba, el consultor que llevó primero a Mauricio Macri a la jefatura del gobierno porteño y después a la Presidencia, aunque esos pergaminos ya quedaron en el camino porque el vínculo entre el jefe partidario y su histórico asesor se hizo trizas con el derrumbe de Cambiemos, en el 2019.

Los Macri junto a María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato

Macri quedó desde ese entonces huérfano de consultor externo hasta que apareció Antoni Gutiérrez-Rubí, el catalán que pisó por primera vez la Argentina para asesor a Cristina Kirchner en la elección del 2017 y a Massa años más tarde, hasta la campaña presidencial del 2023. Gutiérrez-Rubí fue acercado por Fernando de Andreis, colaborador muy fiel de Macri, que lo presentó a Jorge Macri, que enseguida compró los servicios del gurú que, entre otras iniciativas, fue clave para el adelantamiento electoral de la capital.

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Milei siempre tuvo un rechazo particular por el consultor que tuvo un rol destacado, por ejemplo, en la campaña de Gustavo Petro, en Colombia. Según el Presidente, el catalán fue el artífice de una supuesta campaña de difamación en el 2023. Trascendió incluso que el libertario le mandó a decir a través de un emisario al jefe del PRO que debía prescindir de sus servicios. Los Macri no hicieron caso. Y llegó entonces al búnker de la calle Balcarce, muy cerca de Casa Rosada, la versión de que el gobierno avanzaría desde Migraciones en la revisión de la residencia del gurú en el país. A Gutiérrez-Rubí no le causó ninguna gracia el dato, pero nadie imaginó que el Ejecutivo accionaría finalmente en esa dirección.

El viernes por la mañana, antes de que la agenda económica acaparara por completo la agenda pública, desde Migraciones -liderada por Sebastián Seoane, un viejo conocido en el Tigre- dejaron trascender que se había revocado la residencia del asesor, una decisión muy llamativa que evidencia la ferocidad de la disputa entre los Milei y los Macri en la capital y deja latente la posibilidad de que haya una escalada de cara a las elecciones del 18 de mayo, cruciales para el futuro de esa relación cada vez más resquebrajada. “Va a defenderse”, dijeron el viernes desde el entorno del catalán, en pareja con una argentina, cuando se conoció la noticia.

En los últimos tiempos trascendieron fuertes versiones de un cruce de mensajes entre la cúpula del PRO y el esquema societario de Santiago Caputo frente a la opción de una disputa mucho más descarnada que la actual que incluya el revoleo de denuncias y acusaciones pesadas. En el PRO circuló, por caso, que Patricia Bullrich habló del tema en una comida que tuvo lugar hace semanas en la casa de una diputada: una de las comensales dijo que la ministra se refirió a unas “30 denuncias” que daban vueltas por el mundillo libertario. Frente a eso, el ex presidente habría amagado con ventilar supuestas irregularidades de funcionarios del gobierno.

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Los trascendidos dan cuenta de una elección muy agitada, con final abierto y consecuencias impredecibles que concentró buena parte de las miradas del sistema político, y alteró los ánimos en el seno del PRO.

Desde el equipo de campaña amarillo dicen que las últimas dos semanas, desde el inicio formal, fueron más favorables para ellos. A mediados de semana, María Eugenia Vidal, la jefa de la campaña, encabezó en la sede administrativa de Uspallata una reunión con ministros y funcionarios de segundas y terceras líneas de la capital -recorren la ciudad tres veces por semana, algo inédito- que tuvo pasajes muy duros. Pidió más compromiso, y les pasó el micrófono a los presentes para que hicieran catarsis. Solo dos recogieron el guante: un ex larretista y un hombre cercano a Cristian Ritondo. Vidal redobló la apuesta: aseguró que si ella fuera la jefa de gobierno y perdiera la elección, cambiaría a todo el gabinete.

Voto electrónico

El nerviosismo es palpable. En términos electorales, y también de gestión: en estas semanas se acumuló ruido interno por una controversial licitación de espacios verdes en la que se libra una hostil puja entre empresarios ligados a la cúpula macrista y que todavía tiene por delante varios capítulos. El PRO pone en juego esta elección legislativa buena parte de su capital político y el futuro de la administración de Jorge Macri. No hay lugar para descuidos. Cualquier artilugio, político o legal, es bienvenido. Incluso en la ubicación de los candidatos en las máquinas provistas por el grupo MSA, a quien se terminó de adjudicar oficialmente el jueves el sistema de voto electrónico por poco más de 20 millones de dólares.

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El viernes a la tarde, en la Legislatura, los apoderados de las 17 listas porteñas fueron convocados por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) para resolver cómo se ubicarán los candidatos en las máquinas el día de la votación. Desde ese instituto, que depende del Ejecutivo local, se trasladó la opción de que, a diferencia de la anterior elección, no se visualice solo la imagen del primer candidato a legislador si no de los tres primeros, una propuesta que tiene validez por el artículo 141 del código electoral. De ser así, la imagen de los primeros postulantes se achicaría y se igualaría con la de los otros dos postulantes siguientes en cada lista. Pero la sugerencia fue rechazada por todos los partidos, en especial por los apoderados de Horacio Rodríguez Larreta, a quienes les llegó la versión de que se trataba de una movida para perjudicar al ex jefe de Gobierno y que pase más desapercibido en la pantalla de votación, para tratar de que le birle la menor cantidad de votos posibles a la lista oficial del PRO encabezada por Silvia Lospennato. La resolución tendrá lugar en las próximas horas.

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

La entrada El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones se publicó primero en Nexofin.

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