Eran las 12:30 del lunes en el coqueto salón comedor del Palacio Bosch, la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, cuando Scott Bessent se sentó a la mesa rectangular. Había langostinos ya servidos como entrada. El poderosísimo secretario del Tesoro norteamericano -ministro de Economía, en la categorización argentina- se quedaría diez horas en el país en el primer día sin cepo y para empezar su estadía, le estaba por dedicar 60 minutos plenos a un grupo muy influyente de empresarios locales.

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Estaban Francisco de Narváez, Marcelo Mindlin (el presidente de Citi Argentina), Federico Elewaut, Pierpaolo Barbieri (el fundador de UALA), la vicepresidenta de Amcham, Mariana Schoua, además de CEOS de empresas agrícolas y de energía. No llegaban a diez personas. Bessent fue muy contundente en la simpatía que le genera el país -al que vino en plan turismo varias veces y también por inversiones financieras- y las reformas que está haciendo el Gobierno. Desplegó un menú de apoyo y oportunidades como las líneas de crédito del BID para inversiones y dijo ser muy optimista. Pero en la hora exacta que duró ese encuentro, mostró con intensidad la fase más misteriosa del apoyo político y financiero que el gobierno de Donald Trump está ejerciendo a favor de Javier Milei.

“¿Cuánto importás? ¿Cuánto de tu importación viene de China?”, le preguntó a uno de los empresarios. El hombre le contestó que la mitad de sus insumos importados era de origen chino. ¿Cuánto estás dispuesto a reducir ese porcentaje? Un asesor, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, tomaba nota de cada pregunta y cada respuesta. Es apenas un ejemplo de varias consultas concretas que hizo Bessent. En la hora que duró el almuerzo, entre la carne con mil hojas y el helado de postre, varios de los comensales salieron convencidos de que el apoyo es completo pero la política transaccional que hizo famoso a Donald Trump, se aplicará también a la Argentina. ¿Cuál es entonces la moneda de cambio para tanto salvataje? Es una respuesta que nadie se llevó con precisión y que muchos suponen que se habló más en detalle en la reunión que Bessent tuvo después con el ministro de Economía, “Toto” Caputo.

Son intrigas que se irán resolviendo con el tiempo. No se trata de las condiciones que impuso el FMI para otorgar dinero -que son explícitas y claras- sino la naturaleza de la política del intercambio en la que Trump no muestra excepciones sin importar la afinidad.

En el Gobierno, esa es, por ahora, una inquietud inexistente. Su obsesión, ahora, es la inflación. Como escribimos acá la semana pasada, ninguna bifurcación económica alteraría la principal estrategia de campaña. Si quedaban dudas, estos primeros tres días sin cepo lo mostraron. En un sendero de euforia después de mucho tiempo, el equipo económico y el Presidente retomaron la centralidad. Mientras leés esta columna, todavía están discutiendo por redes Toto Caputo y el economista Hernán Lacunza -dos personas que tienen una relación personal desde hace años-, en un intercambio digital del que también participó activamente el propio Presidente. El origen fue que Lacunza, que había apoyado la osadía de la sorpresiva salida del cepo junto al acuerdo con el Fondo, anticipó que en corto plazo implicaría movimientos en la inflación.

No hubo ni habrá en los próximos días un seguimiento más detallado que el movimiento de los precios. Los supermercadistas recibieron ya hace diez días una remarcación generalizada. Fuentes del sector aseguran que varió entre el 5 y el 10 por ciento. Es un montón. “Nosotros si aumentan algo más, no recibimos la mercadería. No hay quien la compre”, dice el dueño de una cadena de supermercados.

La baja del consumo fue feroz en el último año y había empezado a recuperarse en enero y febrero después de meses de baja de inflación, pero en marzo ya se detuvo esa tendencia. Los huevos de pascua que se comerán este domingo, llegaron con aumentos muy por encima de la inflación (la acumulada de marzo a marzo fue del 55,7%). Es una pugna desquiciante que atraviesa a todos los Gobierno. Si esta semana había flashbacks de kirchnerismo cuando el Gobierno empezó a apoyar boicots a las alimenticias que concentran la producción y distribución de todo el país.

Hablen ustedes con el campo

El Gobierno llegó a este punto de giro en su política cambiaria después de un mes de una tensión insostenible. En estos días, ese estado parece una película vieja. Ya el sábado, cuando con la excitación fresca después del anuncio y la intriga sobre cómo abrirían los mercados, recibieron a un grupo de economistas -entre los que estaban Ricardo Arriazu y Martín Redrado-, había en el equipo económico una sensación de triunfo sobre lo que vendría.

Frente a Toto Caputo y a sus principales funcionarios, Redrado preguntó si ya habían hablado con la cámara de las cerealeras y aceiteras. Se miraron entre ellos y respondieron que no. Ahí se definió convocarlos para el lunes, en una reunión de la que participaron los gerentes financieros de las exportadoras de granos y aceite. Toda gente que llegó preparada para recibir la presión de liquidar dólares y que se encontró con la primera plana del Ministerio, exceptuando a Caputo. Estaban Federico Furiase, Alejandro Werning y Juan Pazo que en rigor es titular del ARCA, pero es el único integrante de la economía real al provenir de la industria textil y también del negocio ganadero.

Es Pazo el interlocutor básico de todos ellos. La reunión empezó cuando Milei ya había dicho que liquidaran rápido porque además el 30 de junio se vence la baja de las retenciones. Lo que escucharon los gerentes de las cerealeras sólo complicó la situación: la estrategia es bajar el dólar al piso. Menos todavía de lo que les daba el dólar blend que se terminó el viernes pasado con los anuncios del Gobierno. Fue todo tenso e incómodo. Y los representantes de las exportadoras pidieron que el Gobierno se sentara con la mesa de enlace y las asociaciones de productores para explicarles que no sólo volvían las retenciones pronto sino que el dólar iba a estar todavía más bajo.

Aceptaron la propuesta y el lunes próximo empieza una ronda de conversaciones con las organizaciones del campo que nadie sabe cómo terminará. Las cerealeras comprometieron esta semana la liquidación de 450 millones de dólares por registros de exportaciones en los próximos 60 días. Suponían que en este primer tramo, el dólar flotaría alto y el trámite se inscribe por adelantado. “Se viene un apagón”, dice ahora uno de los participantes de la reunión sobre el futuro de las liquidaciones si el pronóstico de dólar flotando bajo del Gobierno se concreta.

Milei en campaña

Mientras la economía monopoliza la conversación, la variable electoral es el otro elemento central de este año configura muchas tensiones en la Libertad Avanza. La fuerza, que ahora es un partido inscripto y con personería en todo el país, está presidida por Karina Milei, con Martín Menem como vice y Lule Menem como apoderado.

Este último fue el mayor decisor de los cargos en la ANSES y en el PAMI que se repartieron, como suele hacerse, con la lógica de la casta de la vieja política en todas las seccionales del país. Están apareciendo chats preocupantes en distintas provincias, como fue el caso de Misiones, donde los jefes libertarios piden un diezmo a los encargados de PAMI para la recaudación política. El mapa de chats de ese estilo parece multiplicarse. Algo similar está sucediendo en Santa Cruz y hay más provincias con denuncias similares. El viejo problema de la recaudación política amenaza a los Menem. Una contradicción feroz para el discurso oficial.

En la provincia de Buenos Aires, este martes sucederá el congreso partidario de los libertarios. Un evento para 1200 personas que será la primera demostración de fuerza en ese territorio estando en el poder, organizada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense. Hablarán Patricia Bullrich, Mario Lugones, Cuneo Libarona, Demian Reidel, José Luis Espert, Pareja y el propio presidente Javier Milei.

Su presencia empieza a ser una pieza clave de las campañas en un año donde ganar las elecciones es tan esencial como acumular dólares o controlar la inflación. Hay dos oradores que tuvieron que ser retirados del line up del Congreso: Guillermo Francos y Toto Caputo por la interpelación en el Congreso de la Nación por el caso Libra.

¿Va Adorni al debate?

Faltan treinta días para la elección porteña. A diferencia de Santa Fe, esta sí será la primera batalla del año que definirá mucho del tablero político nacional. Hay un hito en este sendero hasta el 18 de mayo: el debate entre los candidatos.

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El que se rige por ley y es obligatorio para los candidatos en el canal de la Ciudad; y el más popular, el que se hace en A Dos Voces por TN. Son 17 competidores porque no hubo PASO y es una locura cualquier puesta televisiva con esa dinámica.

Todavía no hay fecha ni confirmación. Es parte de unas discusiones atroces con estrategias disímiles. Crecen muchas dudas sobre la decisión que tomará Adorni. Leandro Santoro, envalentonado por las encuestas, es el más exigente con las condiciones. Y Larreta se juega todo en esa exposición. La ley dispone que los candidatos deben participar y tienen que pagar una multa si no van. La consecuencia de no ir no asusta a nadie: apenas $1.230.000. Un chiste.

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La CGT es pesimista respecto de cómo impactarán entre los trabajadores las nuevas medidas económicas y el acuerdo con el FMI: más ajuste, aumentos de precios, presiones para “planchar” las paritarias y otra reforma laboral están en el menú que prevén los sindicalistas en los próximos meses. Y por eso se prepara para resistir: esta tarde, el Consejo Directivo cegetista analizará el nuevo escenario luego de los anuncios de Javier Milei del viernes pasado y, además, avanzará con la organización de la marcha de impronta opositora que hará el 1° de mayo por el Día del Trabajador.

Durante el encuentro, que tendrá lugar a las 15 en la sede de Azopardo 802, habrá un claro predominio de miembros del ala dura de la CGT, que, según impulsa un grupo más combativo, podrían elaborar un documento para manifestar sus críticas a la Casa Rosada a partir de la convicción de que, como sentenció un dirigente gremial, “ningún acuerdo con el Fondo Monetario terminó bien para los trabajadores”.

No concurrirán, en cambio, dos de los principales dirigentes del sector dialoguista: Gerardo Martínez (UOCRA) avisó que está en Río Negro por un conflicto laboral en el oleoducto Vaca Muerta Sur, cerca de Sierra Grande, mientras que Armando Cavalieri (Comercio) se sumó en algunas ocasiones a la mesa chica cegetista, pero el representante de su gremio en la central obrera es José González, que estuvo ausente en las últimas reuniones de la CGT y tampoco esperan que se haga participe del encuentro de esta tarde.

Pero en las últimas horas, hasta los más moderados de la CGT cuestionaron en duros términos al Gobierno. Cavalieri, por un lado, le dijo al diario Clarín: “Tengo 50 años de paritarias, sé lo que es acordar. Pero ahora el Gobierno pone el precio del salario. La gente gana poco porque el Gobierno fija el salario. No hay libertad”.

El jefe mercantil, al mismo tiempo, destacó su preocupación por los aumentos de los precios: “Los delegados nuestros en los supermercados nos informan de remarcaciones diarias”, señaló, tras lo cual sostuvo que “los precios están dolarizados y los salarios están en pesos argentinos”.

Por su parte, Gerardo Martínez afirmó a Infobae que “el plan de Milei se derrumbó y ahora tiene que empezar de nuevo con variables negativas, como, por ejemplo, una inflación más alta” y agregó: “Se suma un mayor endeudamiento del pueblo argentino que altera con una gran profundidad la esperanza de salir del sometimiento del FMI”.

“También queda en evidencia que el relato expuesto con énfasis fanáticas del camino trazado y con un ajuste cruel a los sectores vulnerables a los jubilados y a la clase media fue un fracaso de gestión y con resultados vergonzosos”, consideró el líder de UOCRA, que no estuvo de acuerdo en el último paro general de la CGT.

Martínez, además, hizo una advertencia sobre las negociaciones salariales: “Las paritarias deben ser libres. El Gobierno debe respetar el acuerdo entre patronales y sindicatos de cada sector, donde siempre primó la sensatez y la responsabilidad ante la inflación, que es un mal para todos y mucho mas para los humildes”.

En la CGT están convencidos de que los cambios económicos impactarán en los precios y, a su vez, forzarán a los sindicatos que ya cerraron sus paritarias a pedir una revisión salarial para lograr un aumento que compense una inflación que, al contrario de lo sucedido hasta marzo, empezaría a crecer.

El indicio más claro de lo que puede venir en materia de costo de vida lo dio el dato de marzo, que fue más alto de lo que se preveía: se ubicó en el 3,7%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses alcanzó 55,9%. En los primeros tres meses del año, la inflación acumulada fue de 8,6%.

Como los sindicatos fueron firmando paritarias alineadas con la pauta descendente que impone el Ministerio de Economía, con la amenaza de no homologar los acuerdos que superan ese techo, hay muchos convenios que quedaron rezagados ante una inflación que ya muestra registros en alza.

Por eso la dirigencia gremial está segura de que la Secretaría de Trabajo tratará ahora de “planchar” las negociaciones salariales para evitar que aporten otro componente distorsivo a un contexto económico más volátil. La pelea para recomponer salarios se pondrá nuevamente en un primer plano.

El otro tema que inquieta al sindicalismo es la exigencia del FMI de avanzar hacia una reforma laboral y previsional. Hay algunos dirigentes que, sin embargo, le quitan dramatismo a este punto: “Ellos (por el Fondo) no hablan de reforma laboral sino de modernización de las condiciones laborales”, aseguró un gremialista. Aun así, la CGT prendió sus luces de alarma ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a la carga con un proyecto que rescate los cambios laborales del DNU 70.

Hasta ahora, como anticipó Infobae, la dirigencia cegetista quiere bloquear la sanción del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por el sindicalismo porque estaban incluidas en el DNU 70 frenado por la Justicia.