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Círculo rojo: negociaciones en el Congreso, apostillas de campaña y licitaciones en la mira

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“Todo el mundo sabía que había alguien a quien interpelar y no era Guillermo Francos. Pero negociaron que sea él”, asegura un experimentado legislador, de esos que conocen al dedillo el reglamento. Este martes, el jefe de Gabinete se presentará otra vez en Diputados para ser interpelado por $Libra, el caso de la fallida criptomoneda que es investigado por la Justicia y que en la oposición quieren mantener latente no solo por la seriedad del evento si no porque saben que afectó durante el verano la imagen del presidente Javier Milei y de su entorno.

Francos no fue el único citado para la sesión prevista para el martes a las 2 de la tarde. También fueron convocados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis “Toto” Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, pero hasta este domingo en el Congreso el único confirmado era el jefe de ministros, a pesar de la obligatoriedad de la cita. Dice el artículo 71 de la Constitución nacional: “Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes”.

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La citación de los cuatro funcionarios se terminó por resolver hace casi dos semanas en una sesión caliente que fue la comidilla de los días siguientes hasta ahora por las negociaciones que tuvieron lugar en el despacho de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja, acompañado en esas horas por su primo Eduardo “Lule” Menem. Por allí desfilaron, mientras sesionaban en el recinto, algunos de los jefes y negociadores de los bloques opositores, incluido el kirchnerismo, que envió para esa cita a referentes de La Cámpora. Los Menem recibieron a sus interlocutores con un solo objetivo: evitar que en las citaciones se incluya a Karina Milei y a Manuel Adorni, el candidato del Gobierno en la Capital Federal. Pero en particular a la hermanísima presidencial. Incluso se exceptuó de la cita de este martes al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a quien alguno de los legisladores mencionó al pasar como posible interpelado en el caso de la criptomoneda fallida.

“No sé qué pasó, pero no me como que el kirchnerismo haya aceptado excluir a Karina a cambio de nada…”, razonó en estas horas un veterano diputado del PRO.

Lo cierto es que fue tal la dedicación de los primos Menem para correr a la secretaria General de la Presidencia de la citación que se olvidaron de “Toto” Caputo, un ministro que ya demostró tenerle pánico al Congreso. “Nadie nos pidió por Caputo, se dieron cuenta después de que había quedado entre los citados”, resaltó entre risas un jefe de bloque que sabe, de todos modos, que el ministro de Economía no estará este martes en Diputados. Es que, a pesar de la obligatoriedad de la interpelación, prevista por la Constitución, no hay sanción alguna por faltar a la cita.

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Juan Manuel Olmos (Maximiliano Luna)

¿AGN en marcha? No todas las negociaciones llegaron a buen puerto en estos meses en el Congreso. El caso más emblemático tal vez sea el de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que auxilia al Parlamento en el control del Ejecutivo y que acaba de quedar virtualmente paralizado, con un solo miembro, su presidente, el peronista multifacético Juan Manuel Olmos. Es atípico, nunca pasó que la auditoría quedara en esa condición: hasta ahora, en el Senado y en Diputados se habían puesto siempre de acuerdo para renovar o reemplazar a los auditores que terminaban sus mandatos. Pero la llegada de Milei al poder y la atomización del sistema político hizo que pasara lo que nunca había pasado.

El año pasado, en Diputados ya no hubo acuerdo para reemplazar a los auditores por esa cámara. Jorge Triaca, por el PRO, y Mario Negri, por el radicalismo, esperaron entonces durante largos meses que los bloques negociaran sus incorporaciones, pero no hubo consenso entre los bloques y el Gobierno intentó que Santiago Viola, un abogado con contactos fluidos en Comodoro Py, cercano a Karina Milei, integrara la terna de candidatos. Sin reemplazo de los tres auditores por diputados, en las últimas semanas venció el plazo de los miembros por el Senado, y en la Cámara alta tampoco tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo. El radicalismo, por ejemplo, se dividió en dos, entre Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff, que quiere quedarse con el sillón que dejó vacante Alejandro Nieva.

Desde ese momento se empezó a especular entonces con una negociación global entre el Senado y Diputados, y no ambas cámaras por separado, una idea que siempre gira en el sistema político. Sin acuerdo a la vista, Olmos tomó entonces la decisión de recurrir a un consejo consultivo de ex auditores que fue creado hace algunos años y que empezaría a funcionar próximamente para que la auditoría siga adelante con sus funciones, al menos en aquellas que deben ser avaladas en sesión por el colegio de auditores. El presidente del organismo le pidió al peronista Javier Fernández, con más de dos décadas en ese lugar -una verdadera política de Estado-, que coordine el consejo hasta que en el Congreso acuerden la incorporación de los seis miembros restantes.

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Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Campaña (y licitaciones) al rojo vivo. Así como el Congreso es un reflejo de la dispersión del sistema político, la campaña electoral exhibe la durísima disputa entre los diferentes sectores, incluso en peleas internas entre referentes que en otro contexto deberían estar sentados en el mismo lado de la mesa, como Axel Kicillof y Cristina Kirchner, o Mauricio Macri y Milei.

En el caso de la ciudad, la guerra entre el PRO y La Libertad Avanza es feroz. También puertas adentro del partido que administra la capital desde el 2007, en la pelea entre la cúpula macrista y Horacio Rodríguez Larreta. Se dirime en todas las canchas, desde la ubicación de los candidatos en la pantalla de la máquina proveedora del voto electrónico, del grupo MSA, hasta en la negociación por el debate en la señal TN, una puesta en escena desde hace años en la televisión que corre en paralelo al debate obligatorio que tendrá lugar en el canal oficial de la ciudad, en el que deberían estar los 17 primeros candidatos a legisladores de la capital.

La semana pasada se convocó a la primera reunión en el canal del barrio porteño de Constitución. Hasta allí llegaron referentes de los equipos de los principales postulantes: Leandro Santoro, Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta -¿será cierto que hay muchísimo interés en su candidatura de parte de un operador de medios que detesta al ex presidente y promueve dirigentes de centro?-, Paula Oliveto, Ramiro Marra y Lucille Levy. Pero Adorni no envió a ningún representante y ya hizo saber de que no tiene ninguna intención en participar del debate que está programado para el miércoles 7 de mayo -el 30 de abril está previsto el sorteo con la disposición de los lugares, las preguntas y las repreguntas entre los candidatos-.

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Anoticiados de la ausencia del candidato de La Libertad Avanza, en el campamento peronista pusieron objeciones, y empezaron a analizar, con cierta lógica, sobre la conveniencia de participar o no del convite. Pidieron, por lo pronto, incluir a la izquierda, que tiene representación en la legislatura porteña y en el Congreso nacional. “Nosotros creemos que, en estas condiciones, está difícil que el debate se lleve adelante”, opinaron desde el equipo de otro de los candidatos. En simultáneo, en el búnker del PRO de la calle Balcarce, a metros de la Casa Rosada, ya empezaron a mover las clavijas para entrenar a Lospennato.

La lista de candidatos del PRO a legisladores es variopinta, y en ella tallaron diversos dirigentes, desde los Macri y Cristian Ritondo, que impuso a la joven Rocío Figueroa, hasta Daniel Angelici, que se ha transformado en uno de los aliados principales del jefe de Gobierno porteño desde el desembarco del alcalde con gestiones en temas clave como la aprobación del presupuesto o la conformación de espacios para este calendario electoral.

“El Tano” incluyó en la lista porteña del PRO a Lautaro García Batallán, un ex sushi, en el octavo lugar, y a Lucía Braccia, muy cercana, en el noveno. Que estos dirigentes lleguen a la Legislatura dependerá de la performance en las elecciones del 18 de mayo. Para que ambos entren, el oficialismo local deberían obtener algo más de 25 puntos, un objetivo ambicioso, según las encuestas que se consumen en la capital. “¿Pero quién te dijo que de los primeros candidatos de la lista van a asumir todos?”, reflexionó en las últimas horas un dirigente local del PRO.

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Mauricio y Jorge Macri en la presentación de los candidatos a legisladores del PRO

Los jefes de la campaña ya dijeron que no habrá candidatos testimoniales, pero en la sede de Uspallata se mencionan en particular a dos postulantes, muy conocidos, que, dependiendo del resultado, podrían dar un paso al costado para dejarles el lugar a los dirigentes referenciados en Angelici, un experto en el arte de las negociaciones políticas.

Más allá de la campaña, en la ciudad la gestión sigue su curso. En las últimas semanas hubo mucho ruido -ya se comentó en esta sección-, por la licitación de espacios verdes que se judicializó y que involucró a muchísimos popes del círculo rojo empresario de la casa matriz, viejos conocidos de las gestión macrista desde el desembarco del jefe del PRO allá por el 2007. Ahora hay además muchísimo interés en la puesta a punto del autódromo porteño, a cargo de la empresa AUSA, y del control de los negocios en torno al circuito de carreras del sur de la ciudad que, según trascendió, ya tiene asignado a un empresario y operador que tiene desde hace meses cada vez más injerencia en la administración de Jorge Macri. El objetivo es el regreso de la Fórmula 1 dentro de algunos años, un negocio millonario.

Pero la licitación de espacios verdes que se comentó muchísimo puertas adentro fue el aperitivo de otras dos negociaciones enormes que se vienen próximamente en el ámbito de la ciudad, y que involucra a actores muy poderosos de la industria de la salud. Se trata del mantenimiento de los hospitales y de los medicamentos. Ya hay pujas subterráneas. Según se comenta, el ex presidente Macri sigue con especial atención el proceso.

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La Corte dejó firmes condenas a la mano derecha de Milagro Sala, un ex intendente de Salta y un ex diputado radical de Entre Ríos

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En sendos fallos, la Corte confirmó este jueves condenas para la mano derecha de la líder social K Milagro Sala, un ex intendente de Salta, y una docente de Chubut por cortar rutas a la vez que reabrió la investigación contra un diputada radical de Entre Ríos en la causa conocida como “Contratos Truchos».

Por un lado, el máximo tribunal desestimó el último recurso y dejó firme la condena a dos integrantes de Organización Tupac Amaru, que lideraba Milagro Sala, por el delito de robo en poblado y en banda. Se trata de Mirta Rosa Guerrero, conocida como Shakira, y de Patricia Evangelina Jaldin, quienes recibieron penas de tres años y tres meses de prisión efectiva por el robo al equipo de Jorge Lanata en 2012, cuando se dirigieron a Jujuy para realizar una investigación sobre la Tupac Amaru.

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Un hombre se presentó como encargado de seguridad, les pidió que se retiraran y les advirtió que debían gestionar un permiso ante Milagro Sala para poder filmar. Como los periodistas seguían con su labor, Guerrero y Jaldín intentaron impedir esa tarea por la fuerza. Los hombres de prensa se subieron entonces a su vehículo, ocasión en la que las mujeres junto a ocho personas le quitaron la cámara de filmación. Luego se las devolvieron, pero sin la unidad de almacenamiento que contenía material filmado.

El caso llegó a juicio en 2017. La fiscalía pidió cuatro años y medio de cárcel y las defensas reclamaron la absolución. El Tribunal en lo Criminal N° 3 de la provincia de Jujuy, integrado por los jueces Alejandra Tolaba, Mario Puig y Antonio Llermanos, condenó a las dos mujeres a la pena de tres años y tres meses de prisión –de cumplimiento efectivo- como autoras del delito de robo en poblado y en banda.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Casación Penal provincial y la Sala Penal del Superior Tribunal de la provincia. La defensa intentó que el caso fuera revisado por la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La presentación fue desestimada y la condena quedó firme.

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Tanto “Shakira” Guerrero como Jaldin enfrentaron más acusaciones penales en el marco de otros procesos que se habrían cometido cuando integraron la agrupación de Milagro Sala. Junto a otras dos personas, Shakira quedó registrada en las cámaras de seguridad del Banco Nación desde donde la cooperativa Pibes Villeros retiró $14 millones en San Salvador de Jujuy, el día antes de la asunción de Mauricio Macri. Fue condenada a seis años de prisión por “asociación ilícita y fraude a la administración pública”. En 2018 y después de pasar dos años y medio en la cárcel, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria después de una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que denunció que fue víctima de maltratos en el Penal de Alto Comedero.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se siga investigando a un ex diputado radical Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. Lo hizo al hacer lugar al pedido de la Procuración General de Entre Ríos y revocar una sentencia que había dictado el sobreseimiento.

El principal argumento de la justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local.

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La Corte hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se remitieron a sus votos en la causa «Price», en donde se establece que las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal. El presidente de la Corte Horacio Rosatti, por su parte, señaló que las cuestiones eran análogas a las tratadas y resueltas en su voto del fallo «Seccional Cuarta». Los tres coincidieron, sobre esos lineamientos, en hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

La causa investiga la presunta sustracción de fondos públicos por parte de Ricardo Troncoso en su carácter de diputado provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde el diciembre de 2015 hasta el 20 septiembre de 2018. La denuncia fue motorizada por Carlos Cozzi, exempleado del diputado, que aseguró en un programa de televisión que el legislador se quedaba con el 70% de su salario.

La maniobra se habría llevado adelante mediante la suscripción de contratos de obra con Carlos Gabriel Cozzi, María Isabel Ruíz, Carlos Goyeneche, Silvano Acosta, Alexis Bolsan, Maira Perlo, Orlando Zalazar y Pablo José Zalasar. Pero, en realidad, la prestación nunca existió y así se confeccionaron cheques por pago, en algunos de los cuales se falsificaba la firma para endosarlos a fin de poder ser cobrados por Ruiz o Cozzi. Según la fiscalía, de esta manera Troncoso retenía para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los contratos en concepto de honorarios o hacía que las personas contratadas le prestaran servicios personales.

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Pero en medio del trámite la defensa de Troncoso planteó que la causa debía cerrarse porque se habían vencido los plazos previstos en el artículo 223 del código local para sustanciar la investigación. El 20 de mayo de 2022, la jueza de Garantías de Paraná dispuso el sobreseimiento para Troncoso y lo extendió a Blasón Lorenzatto.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso y validó el avance de la investigación penal contra Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente de la localidad salteña de San Lorenzo acusado de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La defensa de Gonza cuestionaba la decisión de la Sala II del Tribunal de Impugnación de la provincia de Salta. Buscaba la nulidad absoluta del requerimiento de elevación a juicio, la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y la oposición el requerimiento fiscal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

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La acusación de la Fiscalía sostuvo que Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa El Montañez que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la construcción de una alcantarilla sobre la calle Belgrano de San Lorenzo y casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.

El expresidente del Concejo Deliberante, Juan Dávalos, fue uno de los denunciantes en varias causas contra Gonza. En el juicio oral que se hizo en 2022, Dávalos explicó que, en diciembre de 2011, en el último día de mandato de Gonza, se «liberaron cheques a una supuesta empresa El Montañez que hizo un puente (la alcantarilla), para vaciar la municipalidad». Afirmó que se presentaron a cobrar cheques endosados el hermano del ex intendente, Aldo Gonza, y el entonces secretario de obras públicas, Rodolfo Armando, y también las parejas de ambos.

Por otra parte, a Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso por cuestiones formales y dejó así firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para una docente que había participado en las protestas en 2019 en la provincia de Chubut en reclamo del pago de salarios atrasados y protestas gremiales.

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Se trata de Estela del Valle Juárez, quien vive desde hace 30 años en la ciudad de chubutense Sarmiento y trabajaba en escuelas primarias como maestra de grado y en escuelas secundarias como profesora de lengua. En ese momento se desempeñaba como secretaria general de la regional Suroeste de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut). En 2019, el gobierno de Chubut desdobló el pago de los salarios a docentes y estatales, lo que derivó en movilizaciones, cortes de ruta y bloqueos a pozos petroleros.

Del Valle Juárez quedó acusada en una causa penal cuando se le atribuyó haber protagonizado el 24 de septiembre de 2019, junto a una veintena de personas, un corte total en la ruta 26, altura kilómetro 133, durante varias horas, impidiendo la normal y habitual circulación tanto de vehículos particulares como de medios de transporte de pasajeros y de carga. En ese momento reclamaban por el pago de salarios adeudados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.

Fue procesada y enviada a juicio por el delito de “entorpecimiento del transporte”. Su defensa, junto a organizadores sociales y gremiales, lo consideraron una causa en donde se buscaba criminalizar la protesta social.

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Corte Suprema de Justicia,Milagro Sala,Corrupción K

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Javier Milei cruzó a Macri por los dirigentes del PRO que se pasaron al oficialismo: “Que traiga la factura”

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Dejando en claro la ruptura entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei, salió al cruce de Mauricio Macri, quien había dicho que todos “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”, respecto al traspaso de varis alfiles amarillos al oficialismo.

En su soez tono el libertario apuntó contra el exmandatario al decir este jueves por la mañana, que “traiga la factura, que la muestre”, durante una entrevista televisiva en un canal afín.

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Mauricio Macri en Mar del Plata: “Los que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”

Puede ser que un grupo minúsculo del PRO no quiera un acuerdo”, lanzó el jefe de Estado durante la conversación en donde remarcó que la alianza política con el partido fundado por Mauricio Macri era un hecho, hasta que el exmandatario salió a cuestionar al entorno de Milei.

A pesar de su chicana, el libertario aseguró que confía en los candidatos en l provincia de Buenos Aires (PBA), José Luis Espert (LLA), Cristian Ritondo y Diego Santilli (PRO), “se van a poner de acuerdo” para disputarle el territorio al peronismo.

Kristalina Georgieva sobre Argentina: “Esta vez hay determinación para encaminar la economía”

“Tenemos una estructura súper competitiva para arrebatarle a Provincia al soviético, bolchevique, liliputiense comunista”, dijo el titular del Poder Ejecutivo nacional contra el gobernador Axel Kicillof.

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elecciones 2025,Javier Milei,Mauricio Macri

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Revés judicial para Javier Milei en el juicio contra Jorge Fonteveccia

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La Cámara Federal rechazó un recurso del presidente Javier Milei en la causa que le inició el editor de Perfil, Jorge Fontevecchia, por insultarlo y llamarlo “periodista ensobrado”, “pautero”, “prebendario” y “tinturelli”.

En este caso, el juez federal Sebastián Ramos había sobreseído a Milei al entender que los insultos y las referencias al editor estaba amparadas por la libertad de expresión. Argumentó que daba lo mismo que un periodista opine sobre el presidente a que el jefe del Estado lo haga sobre un periodista, poniendo a ambos en un pie de igualdad.

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Declaración conjunta del Presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada.Presidencia

Pero la Cámara Federal revocó ese fallo y apartó al juez Ramos. La causa quedó en manos de Sebastián Casanello, que llamó a una audiencia de conciliación entre Milei y Fontevecchia.

Pero la audiencia no se realizó porque Milei no se presentó y tampoco su abogado, solo el apoderado de Fontevecchia.

Esto ocurrió porque Casanello rechazó un recurso de Javier Milei que objetó esa convocatoria. El abogado de Milei, Francisco Oneto, dijo que el juez no era competente para actuar porque su designación y el sobreseimiento estaban recurridos en la Cámara de Casación, y que por lo tanto no correspondía avanzar.

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Casanello rechazó esa posición, ante lo que el abogado del Presidente insistió con una reposición y una apelación.

El juez Eduardo Farah pidió volver a la Cámara Federal por el fallo de la Corte SupremaArchivo

Sin embargo, Casanello rechazó nuevamente este recurso al señalar que hasta tanto se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal, le corresponde intervenir.

Contra esa decisión, la defensa de Milei recurrió a la Cámara Federal con un recurso de queja.

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Así las cosas, hoy el camarista Eduardo Farah rechazó ese recurso de la defensa. Mencionó allí que Fontevecchia amplió sus reclamos contra Milei, que siguió insultándolo con nuevos calificativos.

Explicó Farah que la defensa de Milei pidió la suspensión de la audiencia porque estaba pendiente de definición el recurso de Casación contra la anulación del sobreseimiento y el apartamiento del juez Ramos.

El abogado FrancIsco Oneto, precandidato a vicegobernador bonaerense de Milei

Apelada esa decisión con un recurso de queja, dijo ahora el camarista Farah: “No observo ningún gravamen irreparable que habilite la vía promovida. Es que no genera ese tipo de perjuicio la fijación de una audiencia de conciliación ante la alegación de hechos nuevos, por tratarse de un acto previsto expresamente para la oportunidad en que se estableció y con la finalidad que su propia denominación revela”

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“Eventualmente, la decisión que pudiera adoptar la Cámara de Casación podrá llevar a adoptar los temperamentos que correspondan”, pero como están las cosas no corresponde admitir el reclamo de la defensa.

Ahora, la causa seguirá su curso, sin que se hubiera realizado la audiencia con la que el juez Casanello pretendía que las partes acercaran posiciones o buscaran superar el asunto.

Esta medida surge a raíz de una denuncia presentada por Fontevecchia, quien acusa a Milei de injurias tras los reiterados agravios que ha recibido.

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La causa judicial se inició en abril del año pasado, cuando Fontevecchia decidió presentar la denuncia por los ataques de Milei.

El abogado de Milei pidió el inmediato sobreseimiento de su defendido. En octubre, el juez federal Ramos había fallado en favor de Milei. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esta decisión, apartó a Ramos y ordenó que otro juez se hiciera cargo del caso.

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