La orden ejecutiva firmada por Donald Trump busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para hijos de inmigrantes ilegales y residentes temporales, como aquellos con asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta medida también podría afectar a otro grupo de extranjeros: los trabajadores calificados con visas legales.

Restricción de ciudadanía por nacimiento y su impacto en trabajadores calificados

El decreto presidencial establece que solo los hijos de ciudadanos o residentes permanentes recibirán la ciudadanía automática. Así, la descendencia de trabajadores legales con visas de trabajo o estudio, al igual que el caso de inmigrantes indocumentados y residentes temporales, quedarían excluidos.

Shraavya y Sumukh, una pareja de ingenieros de India que residen en California, esperaban su primer hijo para este 19 de febrero, día en el que la orden ejecutiva entró en vigor. Antes del decreto, confiaban en que su hijo sería ciudadano estadounidense, pero ahora enfrentan incertidumbre. “Ya hay suficientes motivos de estrés al esperar un hijo, y esto lo empeora”, afirmó Shraavya en The New York Times.

Ciudadanía por nacimiento: obstáculos legales y reacciones de expertos

El decreto de Trump provocó una serie de demandas judiciales. Tribunales en Maryland, Washington, Nuevo Hampshire y Boston emitieron fallos que frenan su aplicación. Si bien la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento a través de la Enmienda 14, esto podría modificarse mediante un proceso legislativo complejo, o a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, Margaret Stock, abogada especializada en inmigración, explicó en el New York Times que no existe ninguna disposición legal que permita negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. “La administración de Trump parece estar tratando de detener la inmigración en su totalidad. Nadie en su sano juicio querría venir aquí con una visa de trabajo si pensara que su hijo nacido aquí sería indocumentado”, sostuvo la experta.

Las familias de trabajadores extranjeros en alerta por la medida de Trump

El impacto del decreto se extiende a miles de familias que residen legalmente en EE.UU. De acuerdo a los números del Pew Research Center, más de 30 millones de inmigrantes formaban parte de la fuerza laboral en 2022. Y la mayoría eran trabajadores legales. Sumukh aseguró que no esperaba que la orden ejecutiva los afectara. “Pensé que solo se aplicaría a personas indocumentadas”, comentó.

Rita Sostrin, abogada de inmigración en Los Ángeles, recibió numerosas consultas de clientes preocupados. Algunas familias consideran inducir el parto antes de que la orden entre en vigor, según indicó. “Son profesionales que llevan años viviendo en Estados Unidos y no planean irse”, explicó la letrada.

El caso de una maestra que analiza su futuro ante el decreto de Trump

Kay, una mujer de 30 años originaria de Hong Kong, se mudó a Minnesota en 2023, con su esposo y su hijo de cinco años, tras obtener una visa de trabajo como docente. Su escuela planeaba patrocinar su residencia permanente, lo que también se extendería a su familia.

Habían decidido quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, la orden ejecutiva cambió sus planes. “No podemos ver el futuro”, afirmó. La poca claridad sobre el estatus legal de los futuros hijos que podrían tener los llevó a reconsiderar su permanencia en EE.UU. “Hay demasiada incertidumbre”, concluyó.

Ciudadanía por nacimiento: consecuencias inesperadas

El argumento del presidente Trump se basa en redefinir la frase “sujeto a la jurisdicción” de la Enmienda 14. Según su interpretación, esto excluiría a los hijos de residentes temporales y personas sin estatus migratorio legal.

Sin embargo, la medida también afectaría a inmigrantes calificados. Empresas tecnológicas como Meta, Walmart y bancos contratan este tipo de trabajadores. Por lo que las nuevas restricciones podrían desalentar la llegada de profesionales altamente calificados.

El decreto ya enfrenta cuatro bloqueos temporales, a los que el Departamento de Justicia solo apeló a dos. Sin embargo, su sola existencia genera incertidumbre, ya que entró en vigor desde este 19 de febrero. Muchas familias reconsideran su futuro en Estados Unidos ante la posibilidad de que sus hijos nazcan sin garantías legales.