La justicia de La Rioja tiene vencida la licencia del software de los dispositivos UFED, que se utilizan para extraer información de celulares y computadoras e incorporarla a los expedientes. Ese es uno de los motivos que tienen estancada la investigación penal contra la jueza civil Norma Mazzucchelli, funcionaria filmada pidiendo $8.000.000 en concepto de “un reconocimiento” por tramitar una sucesión, como reveló Telenoche Investiga.

“La secretaria de la Policía Técnica Judicial informa que, por motivos de índole económica, no pueden contar con la renovación de la licencia UFED, impidiendo así la extracción de datos informáticos del teléfono de la denunciante”. Con estas palabras, la jueza penal María Cecilia Córdoba, a cargo de investigar a su colega civil Norma Abate de Mazzucchelli, se dirigió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, Gabriela Asís, y le pidió que “proceda a la asignación de fondos” para la Policía Técnica, un cuerpo que depende del TSJ.

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No se trata de abrir un dispositivo bloqueado o secuestrado. El material que se busca extraer vía UFED (por su denominación inglesa Universal Forensic Extraction Device) es un audio ofrecido por la víctima, que está en su celular. Manuela Saavedra, la administradora de la sucesión que tramitaba en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la capital riojana, tribunal presidido por Mazzucchelli, aportó a la justicia un video (la cámara oculta donde Mazzucchelli le pide dinero) y también ofreció un audio tomado con su teléfono.

Según sostuvo la jueza Córdoba, es “indispensable” extraer el audio con el sistema UFED y el objetivo es “garantizar el resguardo y la conservación de la prueba, evitando su potencial pérdida, destrucción o alteración, y asegurando así la integridad del proceso judicial”. La Rioja compró en los últimos años dos UFED pero no tiene activa la licencia, que costaría unos US$ 30.000, según fuentes judiciales (otras fuentes sostienen que el monto es mucho mayor).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una dependencia que funciona como auxiliar de la justicia de las provincias a través de convenios, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), y utiliza los UFED, pero esta alternativa implicaría despojar a la víctima de un teléfono que utiliza para fines personales y laborales. Y el fiscal Luis González Aguirre pidió que esto no ocurra hasta que la pericia, en presencia de la mujer, tenga fecha.

Lo cierto es que La Rioja tiene vencida la licencia para operar las UFED, sistema vendido por un proveedor israelí a distintas provincias y fuerzas de Seguridad, útil para investigaciones mucho más delicadas que ésta, como las referidas a redes de pedofilia, de trata o de narcotráfico. Para peor, la justicia riojana está en emergencia económica, por lo que el “caso Mazzucchelli” implicará poner en marcha soluciones más convencionales para dar fe del origen y el contenido del audio en cuestión y permitir el avance de la causa por “concusión” contra la jueza.

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Emergencia judicial

La revelación del “caso Mazzucchelli” coincidió con una ebullición en el ambiente judicial riojano. No sólo se desencadenó una catarata de otras denuncias de víctimas (denuncias de corrupción, de retardo y arbitrariedad judicial en todos los fueros), sino que se empezaron a producir demandas salariales públicas. Los judiciales de La Rioja tienen los peores sueldos del país.

En el último mes, judiciales autoconvocados presentaron pedidos formales urgentes a la presidenta del TSJ, Gabriela Asís, para que gestione una recomposición salarial ante el gobernador, Ricardo Quintela. Le mostraron recibos de sueldo. También hubo marchas de delegaciones de judiciales desde el interior de la provincia hasta el Tribunal Superior, de las que participaron funcionarios jerárquicos. Y hubo varios “aplausazos” en tribunales, retenciones de tareas y la amenaza de un paro total.

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Un empleado judicial con tres años de antigüedad no llega a ganar $300.000 y uno con 12 años no llega a $400.000, sostuvo Sonia Amaya, secretaria de Cámara en el departamento judicial Chilecito, entrevistada por una radio local. Un secretario con 35 años de antigüedad cobra $900.000. Un juez o fiscal de cámara riojano con 20 años de antigüedad gana $1.001.262, último puesto del ranking por provincias de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial. Un juez de cámara con la misma antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires cobra $5.428.297.

Además, en la Función Judicial de La Rioja hay pocos concursos, demasiados jueces “transitorios” y un atraso tecnológico llamativo.

No hay expediente electrónico, casi no se usa el Excel e incorporar un escrito cualquiera presentado por un abogado puede tardar dos años. La emergencia económica y administrativa rige en toda la justicia provincial. No sólo están inactivas las UFED: en algunas oficinas no hay ni papel. Esto ocurre a poco de aprobarse una reforma constitucional que incorpora artículos sobre “derechos y deberes digitales”, “ciudadanía digital” y “macrodatos”.

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