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POLITICA

Colectivos: Jorge Macri va contra Javier Milei y le echará la culpa si hay un paro por los subsidios

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La ciudad de Buenos Aires no aceptará que la Nación le transfiera las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en su territorio y responsabilizará al presidente Javier Milei y sus funcionarios si el conflicto económico por los subsidios y las tarifas deriva en un paro durante los próximos meses.

Así, escala la tensión entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el mandatario nacional, en un tema que también toca al gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afectado por las decisiones de la Rosada en materia de subsidios al transporte.

Pero en el caso del Gobierno porteño, se trata del segundo asunto caliente que los enfrenta con Nación, ya que está abierta la discusión por los fondos de coparticipación que debe recibir la Ciudad, de acuerdo al fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2022 y que el Ejecutivo viene incumpliendo desde entonces, tanto durante la gestión de Alberto Fernández, como ahora la de Javier Milei. La Ciudad volverá a reclamar en el máximo tribunal por ese incumplimiento, que motivó una deuda de $ 4,8 billones.

Línea 140 de la empresa ERSA. Foto: ERSA.

La discusión por los subsidios al transporte

El ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, le envió el miércoles una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para advertirle que los colectivos tienen jurisdicción nacional, que tiene a su «exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema».

Y recordó que tiene bajo su órbita la regulación, incluyendo las tarifas, los mecanismos de control y fiscalización, y el establecimiento de recorridos, frecuencias y horarios, entre otras competencias que la Nación no transfirió a la Ciudad Autónoma, por la falta de un acta acuerdo, en la que se trabaja desde 2018.

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«Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor«, completó la carta la Ciudad.

Los paros desatan la furia sindical y de los usuarios.Los paros desatan la furia sindical y de los usuarios.

Como telón de fondo, subyacen cuestiones económicas y políticas del conflicto. El sistema de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene unas 18.100 unidades, con 387 líneas y nueve millones de pasajeros transportados por día.

El costo reconocido por la Secretaría de Transporte es de $ 200.000 millones por mes, de los cuales unos $ 140.000 millones los aporta el Estado con subsidios y el resto, los usuarios con sus tarifas.

La Nación aporta el 40% ($ 56.000 millones mensuales); la Ciudad, un 10% ($ 14.000 millones) y la provincia, el 50% restante, con unos $ 70.000 millones.

Según cuentan en los despachos oficiales, la Nación se seguirá haciendo cargo de la tarifa social (descuento de un 55%) en todo el país -para unos 5,3 millones de pasajeros-, de las líneas que cruzan el Riachuelo o la avenida General Paz y de la red SUBE en esos colectivos, que no pertenecen ni a la Ciudad ni a la provincia.

Pero plantean que desde septiembre la Ciudad se deberá hacer cargo de las 31 líneas -como hicieron todas las otras jurisdicciones a partir de 2019, con el pacto fiscal-, así como la provincia tendrá que aportar para el boleto integrado (descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje dentro de las 2 horas de iniciado el ciclo). Actualmente, la Ciudad aporta el 55% del costo de las 31 líneas. La diferencia serían unos $ 5.000 millones por mes.

En la Provincia, en tanto, el traspaso de la red SUBE costaría unos $ 6.000 millones mensuales, aunque fuentes oficiales remarcan que de los $ 70.000 millones que tenían que pagar hasta julio, ahora serán $ 56.000 millones tras el reciente aumento de tarifas este mes y $ 62.000 millones con la transferencia del boleto integrado.

Pero fuera de eso, también está lo político: cualquier problema con el funcionamiento del transporte es muy sensible a los usuarios y hace pagar al Gobierno un enorme costo, que nadie quiere asumir.

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POLITICA

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

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El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial la medida que oficializa la quita de la jubilación y pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner.

Según señaló el Poder Ejecutivo los privilegios son incompatibles con la condena que confirmó la Cámara de Casación en segunda instancia por la causa Vialidad.

En concreto, en la resolución 1092/2024 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consideró que los beneficios otorgados devienen “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

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“La circunstancia obliga a evaluar diversas contingencias que transcurren durante el tiempo que el respectivo beneficio es percibido, lo que conlleva suponer que no se encuentra alcanzado por las particularidades del derecho adquirido o su inmutabilidad, en tanto si posteriormente el beneficiario resulta condenado por hechos que hubieren acontecido durante su gestión pública”, añadieron.

Además, detallaron que es “una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había indicado este jueves que “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”. Sin embargó, señaló que Cristina Kirchner “va a poder seguir cobrando una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”.

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