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POLITICA

Columnas romanas y medallas: así es el acto que preparan Santiago Caputo y Karina Milei para el Pacto de Mayo

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Para el asesor presidencial Santiago Caputo es fundamental que haya columnas romanas en la puesta en escena del Pacto de Mayo. Es el encargado, junto a Karina Milei, de los detalles del evento y busca darle mayor envergadura estética al acuerdo nacional que Javier Milei quiere firmar con gobernadores el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

Es por eso que rechazó la primera sede que le ofreció el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, -el Centro de Convenciones Juan Manuel Bustos- y apunta a realizarlo en el Palacio de Justicia. Estuvo también entre las opciones la Universidad Nacional de Córdoba, pero no prosperó.

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Una comitiva de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo en la capital cordobesa para analizar las opciones junto con la infraestructura de cada edificio, los accesos y disposiciones.

La sede elegida se ubica en Caseros 551 y fue inaugurada en 1936 por el exgobernador Pedro Frías y el exvicepresidente Julio Argentino Roca (h). El edificio tiene tres plantas, un subsuelo y guarda los restos del exministro Dalmacio Vélez Sarsfield.

El Gobierno quiere realizar el Pacto de Mayo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba (Fuente: Tribunal Superior de Córdoba).

El salón de los Pasos Perdidos conecta los ambientes y cuenta con 32 metros de largo, 12 de ancho y 17 metros de altura. Es el espacio donde se celebran festividades y se compone de 24 columnas, balcones y cuatro estatuas del artista Troani.

Caputo quiere también darle mayor institucionalidad al evento, condecorando a los gobernadores que firmen el pacto con la Orden de Mayo, que se le entrega a extranjeros. Ya tienen listas las medallas y deben sacar un decreto para habilitar su entrega para mandatarios provinciales.

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Milei decidió no invitar a todos los gobernadores y condicionar la convocatoria a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. “Los que se porten bien con el Gobierno van a estar invitados. Hay que votar la ley y después ver cómo se posicionan”, expresó a TN un funcionario.

El Gobierno analiza además convocar previo al pacto a una comisión de los ministros provinciales para delinear los detalles previsionales, tributarios y económicos que se firmarían el 25 de mayo.

Javier Milei llamó al Pacto de Mayo en la apertura de sesiones ordinarias (Foto: prensa Congreso).
Javier Milei llamó al Pacto de Mayo en la apertura de sesiones ordinarias (Foto: prensa Congreso).

La Casa Rosada quiere reemplazar el punto 9 del Pacto de Mayo, que menciona una reforma política que “modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados” para validar la decisión de rechazar el pedido de algunos mandatarios de sumar educación y producción al debate.

Los otros puntos que el Ejecutivo propone para son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva.

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Contiene además la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral, una previsional que permita suscribirse a un sistema privado de jubilación y la apertura al comercio internacional.

En Balcarce 50 todavía no definieron qué punto reemplazará a la reforma política y aseguraron que buscarán sancionar algunos de los puntos que contiene luego de mayo, por fuera del acuerdo nacional.

Gobierno, Pacto de Mayo

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo. 

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.

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