El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reciben en Casa Rosada a una funcionaria clave del gobierno de Donald Trump. Se trata de la secretaria de Seguridad nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que está a cargo de la estrategia de deportaciones masivas de migrantes.

Se prevé el inicio del proceso para que los argentinos puedan entrar sin visa a Estados Unidos, como anticipó TN. La Argentina presentará su carta de intención para ingresar al Programa de Exención de Visa, anuncio que se dará a la par del encuentro. Este plan está administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado.

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Fuentes gubernamentales aclararon que la medida no se concretará de manera inmediata, lo que lleva un proceso. Porque previamente la Argentina deberá pasar por una serie de requisitos de seguridad que exige el programa, a cargo de los Departamentos de Seguridad y de Estado de Estados Unidos.

Estados Unidos les exige control migratorio, seguridad documental, gestión fronteriza, exigencias antiterroristas y aplicación de la ley, a los países cuyos habitantes pueden entrar a su territorio sin necesidad de visa.

No es la primera vez que la Argentina busca aplicar al programa. Entre 1996 y 2002 formó parte y muchos argentinos pudieron visitar Estados Unidos sin necesidad de una autorización. Este beneficio terminó por decisión de George Bush, luego de la crisis económica que sufrió la Argentina en 2001.

Se trata del Programa de Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés). Este plan está administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado.

Los detalles del Programa de Exención de Visa para entrar a Estados Unidos

El Programa de Exención de Visado les permite a ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de una visa y por un período inferior a 90 días. Hasta ahora solo 42 países están dentro del plan.

El proceso solo requiere una autorización electrónica (llamada ESTA por sus siglas en inglés) y se puede realizar hasta 72 horas previas al vuelo o embarcación.

Quién es Kristi Noem, la funcionaria “caza migrantes” de Trump que se reunirá con Javier Milei

• Noem es la secretaria de seguridad nacional estadounidense, que será recibida por Milei. Es la más fiel representante del ala dura femenina del gobierno republicano de Trump, conocida en la comunidad latina se la conoce como la “caza migrantes”.
• A los 53 años se encarga del “trabajo sucio” de la cuestionada política migratoria de la Casa Blanca. En su gestión se muestra implacable con los eslabones más débiles de la inmigración latina. En apenas seis meses de gestión lleva deportados 239.000 migrantes -no todos irregulares-, en su enorme mayoría de origen hispano.
• Se empeña en mostrarse como la más dura de las funcionarias de Trump. Le gusta posar para fotógrafos y camarógrafos que la inmortalizan seria y amenazante. Así, se la ve con naturalidad como una verdadera “cowgirl” (vaquera) mientras monta a caballo en la frontera con México junto a agentes federales con sombrero y botas de cuero.
• En la misma postura se la vio a fines de marzo cuando visitó la megacárcel de El Salvador conocida como Centro de Monitoreo de Confinamiento (Cecot), donde fueron enviados más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos, gracias a un acuerdo firmado por Washington con el presidente de ese país, Nayib Bukele. Allí Noem no dudó en posar con una gorra azul de espaldas a una celda superpoblada por expandilleros, involuntarios partícipes de una imagen que sirvió para apuntalar su imagen de mujer dura. Entonces se dirigió a los migrantes ilegales en su país y afirmó: “Trump y yo tenemos un mensaje claro: si no se van, los perseguiremos y terminarán aquí”.

Javier Milei, Estados Unidos

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El Gobierno publicará en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para impulsar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, la cual busca delegar el mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, las cuales atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa; estando dividido en ocho tramos diferentes.

Fuentes gubernamentales confirmaron que la licitación pública será publicada en el Boletín Oficial entre esta semana o la próxima. “Debería ser por estos días”, confirmó un funcionario a Infobae. En rigor, se trata de algo que ya se había comunicado oficialmente ante las primeras empresas interesadas en aplicar al manejo de los tramos.

Los pliegos preliminares generales ya son públicos y en los últimos días los responsables de la Secretaría de Transporte estaban terminando las revisiones legales, las cuales también eran auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal.

La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.

Esta Etapa II estará revestida de una complejidad mayor. Son ocho tramos en total, de extensiones variables, pero con una longitud total de 4.428,93 kilómetros. La mayoría de estas ya estaban en manos de Corredores Viales, sumando a otras que no orbitaban en esa empresa, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta Nacional 35 en Córdoba y la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires y La Pampa.

En detalle, los ocho corredores son:

• el Tramo Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar;
• el Tramo Atlántico, a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar;
• el Tramo Pampa, a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó;
• el Tramo Mediterráneo, conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35;
• el Tramo Puntano, con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná;
• el Tramo Portuario Sur, que supone la conexión desde Campana hasta Rosario;
• el Tramo Portuario Norte, que conecta de San Nicolás hacia el centro del país;
• y el Acceso Sur, abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

La propuesta requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, además de la transformación tecnológica en la operación del peaje mediante el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y avanza hacia un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.

Además, el modelo de concesión estipula obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias, bajo auditoría estatal y un esquema de control de inversiones.

El marco legal de la etapa está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación prevé la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y exige la presentación de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras.

El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.

En tanto, desde hace más de una semana que la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el Decreto 461 que Milei publicó el 8 de julio pasado y por el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno afirman que la decisión se tomó a los fines de terminar con el solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.

En la gestión libertaria hablan de que están mutando del modelo de intervención directa en obra pública -el cual justificó la existencia de Vialidad- hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez que se finalice ese proceso, las funciones ejecutivas se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas en la órbita del Ministerio de Economía.