La jueza federal María Servini pidió a los denunciantes que ratifiquen las denuncias presentadas en los tribunales de Retiro, contra el presidente Javier Milei por el escándalo alrededor de la criptomoneda $LIBRA. Será después el fiscal Eduardo Taiano quien determine en los próximos días, si encuentra elementos suficientes para iniciar una investigación penal.

Más de un centenar de denuncias se presentaron en contra del Jefe de Estado, después de haber difundido en su red social X la criptomoneda $LIBRA. Para ese entonces dicha moneda tenía un valor de US$ 0,000001, valor que ascendió a US$ 5,20 tras la promoción del Jefe de Estado.

Después comenzó el escándalo: con una cantidad requerida de inversores, la cripto se derrumbó dejando a una enorme cantidad de damnificados. La caída habría sido cercana al 90%.

Tres días después de lo ocurrido, el presidente de la Nación en una entrevista con el canal TN, dijo: «Yo no cometí ningún error ni delito. La Justicia va a definir esto». En otro tramo señaló que se trata únicamente «de un problema entre privados».

La lista de delitos que figura en las denuncias van desde la participación en una estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, fraude, entre otros.

La primera denuncia que ingresó en Comodoro Py fue la que radicó el Observatorio del Derecho de la Ciudad y esa acción abrió el camino a una gran cantidad de acusaciones que se acumularon en Comodoro Py.

“Denunciamos que Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”, sostiene el escrito.

Este martes por la mañana, la jueza María Servini citó a los denunciantes a ratificar la denuncia, un paso importante para ir determinando cuántos planteos se irán acumulando.

Hasta el momento, según indicaron fuentes judiciales a Clarín, hay al menos seis denuncias ya acumuladas en el juzgado federal 1 a cargo de la jueza Servini.

Una vez ratificadas todas las denuncias, se pedirá la opinión del fiscal federal, Eduardo Taiano, quien se reintegra este jueves después de haberse pedido una licencia por asuntos laborales fuera del país.

Será el representante del Ministerio Público Fiscal quien determine si hay elementos suficientes en las denuncias ratificadas, para atribuir un grado de sospecha al jefe de Estado y así, dar impulso a una investigación penal.

De ser así: sería la primera causa por presuntos hechos de corrupción que podría enfrentar el presidente de la Nación. Sin embargo, la fiscalía también puede entender que las denuncias no cuentan con sustento jurídico para comenzar a investigar al presidente Milei.

La primera denuncia que ingresó a Comodoro Py habla de una «mega estafa» que se habría realizado «a través de una operación conocida como “Rug pull” que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero».

Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, continúa señalando la denuncia que fue ratificada, «el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal».

Esta presentación judicial lleva la firma de Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), María Eva Koutsovitis (Ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Claudio Lozano (Economista presidente de Unidad Popular).

En simultáneo, por orden del Poder Ejecutivo Nacional, la Oficina Anticorrupción que conduce Alejandro Melik, inició una investigación para determinar si el accionar del presidente de la Nación colisiona con lo estipulado en la Ley de Ética Pública.

Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, se comenzaron a realizar los informes preliminares para determinar posibles responsabilidades en el marco de este sumario administrativo.

Sin embargo, sólo la justicia es la que puede determinar cualquier posible responsabilidad penal.

«Se comenzó a ver todo el caso a la luz de la Ley de Ética Pública para ver si la misma fue violada», señalaron a este medio.

Entre los objetivos de este sumario interno, de un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, se encuentra el de reconstruir el circuito administrativo de lo ocurrido hasta el momento en el que el presidente Milei decide realizar la publicación en su red social X.

Después, además de los encuentros oficiales entre los responsables de crear la criptomoneda, con el Jefe de Estado y otros integrantes del gabinete, se buscará especificar si esas acciones están por fuera de lo normado y si fueron parte «de una posible maniobra ilícita», en tal caso, todo «será derivado a la justicia», indicaron a Clarín.