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POLITICA

Comienzan a negociarse los primeros contratos después de la derogación de la Ley de Alquileres

La mayor preocupación de las inmobiliarias, ahora sin una ley que lo establezca, es cómo actualizar los precios de los alquileres.

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Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el decreto de necesidad de urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, las inmobiliarias y los inquilinos han iniciado las primeras negociaciones para ajustar los contratos a las nuevas condiciones. El DNU otorga flexibilidad a ambas partes para establecer condiciones contractuales, lo que ha llevado a la elaboración de acuerdos más cortos y, en su mayoría, en pesos, a pesar de permitir pactar en cualquier moneda. La incertidumbre radica especialmente en los mecanismos de actualización, dado el contexto de alta inflación proyectada para los próximos meses.

Cámara de Diputados de la Nación

Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, describió la situación como “un traje a medida”, destacando la diversidad de acuerdos que están surgiendo. Los contratos post derogación son generalmente más cortos que los anteriores de tres años. En cuanto a la actualización de precios, se exploran diversas opciones como ajustes trimestrales, escalonados o vinculados a índices como IPC o ICL.

La reorganización en el sector inmobiliario está en marcha mientras las inmobiliarias se adaptan a las nuevas condiciones y se enfrentan a la incertidumbre. José Rozados, de Reporte Inmobiliario, enfatiza la necesidad de analizar cada caso puntual y redactar contratos variados, ya que no existe un modelo predeterminado. El mercado enfrenta un cambio de paradigma, y las negociaciones ahora requieren un enfoque más detallado y personalizado, sin plazos mínimos, con posibilidad de pactar en diversas monedas y una variedad de índices de actualización.

En lo que respecta a los contratos que fueron firmados antes de la derogación de la ley, serán respetados, con sus condiciones, hasta la fecha de vencimiento del mismo.

POLITICA

Prohibieron el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas: quienes lo utilicen podrían sufrir sanciones

Desde ahora no se podrán utilizar términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba”.

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El Ministerio de Defensa de la Nación, bajo la gestión de Luis Petri, emitió una resolución prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y organismos descentralizados. Esta medida implica que términos como “generala”, “sargenta” o “soldada” no podrán ser utilizados, y aquellos que incumplan estas normas podrían enfrentar sanciones según lo establecido en las reglamentaciones pertinentes.

La resolución, firmada por Petri, se basa en la consonancia con la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional y documentos como el Diccionario para la Acción Militar Conjunta. No se especifica qué tipo de sanciones podrían aplicarse a los infractores, pero la medida entró en vigor el viernes pasado, fecha en que fue firmada, lo que significa que las sanciones podrían ser inminentes.

Desde el Ministerio de Defensa se anunció una campaña de difusión para informar sobre este cambio en el uso del lenguaje, y se capacitará al personal para asegurar una implementación efectiva de las nuevas normativas. Esta decisión forma parte de un plan más amplio de reordenamiento de las Fuerzas Armadas, que busca reforzar la disciplina y promover un vocabulario militar uniforme.

La política adoptada por Petri responde a su objetivo declarado de realizar modificaciones estructurales en las Fuerzas Armadas desde que asumió como ministro. Esto incluye un recambio generacional en los cargos jerárquicos de las FF.AA., lo que se ha interpretado como un esfuerzo por reivindicar a las Fuerzas Armadas, distanciándolas de la imagen de las décadas pasadas.

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