En 40 páginas el fiscal general, Diego Luciani, volcó el extenso listado de propiedades y bienes de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad. Son bienes que están embargados y serán parte del Legajo Patrimonial que se iniciará para ejecutar la pena y poder recuperar los 500 millones de dólares que robaron al Estado Nacional en el caso de Vialidad.

En la lista que armó Luciani hay seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de Cristina Kirchner. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

Luciani también menciona 26 propiedades vinculadas a los Kirchner entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Muchas de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia tras la muerte de Néstor Kirchner. En ese listado aparece el departamento de Recoleta, donde vivía la ex presidenta antes de mudarse a su actual departamento en la zona de Constitución.

También aparece la casa de Río Gallegos y la residencia de El Calafate, entre otras.

Además, el fiscal menciona un auto y tres sociedades emblemáticas de la familia Kirchner: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA. Esas empresas fueron cedidas a los hijos y están todas embargadas y bajo investigación judicial en diversos expedientes de corrupción. De hecho, por el caso Hotesur la ex presidente y su hijo esperan el arranque del juicio oral.

“La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”, sostiene Luciani en ese documento que le envió al juez Gorini, encargado de ejecutar la pena. .

Desde el martes, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner, el procedimiento para el decomiso y recupero de los fondos se aceleró. Junto con la privación de libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta, la Justicia quiere recuperar unos 85.000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual podría representar cerca de 500 millones de dólares.

El valor debe terminar de actualizarse y representa el daño ocasionado al Estado a través de las maniobras irregulares alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas a Lázaro Báez desde 2003 a 2015, las tres administraciones kirchneristas.

En lo que concierne a la ex vicepresidenta, antes del fallo de la Corte ya se había pedido que se mantenga el embargo sobre el dinero cedido por Cristina a Florencia Kirchner por una suma de U$S 4.664.000 que se encontró en una caja de seguridad en un allanamiento. También otro monto de U$S 1.032.144 que estaban depositados en una caja de ahorro en U$S y $ 53.280 de una caja de ahorro en pesos.

Luciani también incorporó los bienes de Báez y los otros condenados entre los que figuran Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

En el caso de Báez, el listado de bienes es impactante y refleja cómo logró crecer gracias a los fondos que recibía de la obra pública K.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires acumuló 37 propiedades. Además tenía 4 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Chubut y 132 en la provincia de Santa Cruz distribuidas entre Río Gallegos y El Calafate como focos centrales.

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner, encargado de hacer cumplir la pena tras el fallo de la Corte Suprema, envió un comunicado a Migraciones para clausurar toda posibilidad de que la expresidenta pueda radicarse en un país sin tratado de extradición con Argentina, como Cuba, y permanezca allí a la espera de algún cambio en el escenario político.

La idea que motiva el pedido, según fuentes cercanas al tribunal, es evitar casos como el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que, teniendo un pedido de captura, se declaró en rebeldía durante tres años en Uruguay, en el marco de una causa por presuntas amenazas en la que ya fue sobreseído.

De este modo, el tribunal que preside el juez Jorge Gorini busca desactivar cualquier maniobra “especulativa” que proyecte una estadía de la expresidenta fuera del país, a la espera de un eventual cambio de gobierno que le permita recibir un indulto. Una gran cadena de supuestos que la Justicia busca cortar de raíz.

El comunicado a Migraciones fue solo una de las primeras medidas de la Justicia, luego de que la Corte dejara firme la sentencia contra la expresidenta y las actuaciones volvieran al Tribunal de origen.

Al igual que otros condenados, Cristina Kirchner pidió, a través de su abogado defensor, Alberto Beraldi, cumplir la pena en su casa. Desde ayer, esa solicitud está en manos del fiscal del juicio, Diego Luciani, que tiene tres días para pronunciarse. Luego, volverá al juez Gorini que lo definirá junto a sus colegas del tribunal.

En esa línea, Gorini ordenó también un “amplio” estudio socio ambiental para valorar las condiciones del domicilio elegido por Cristina Kirchner para cumplir la pena. Es un departamento en el barrio de Constitución, adonde se mudó tras sufrir el ataque en 2022 frente a su casa de Recoleta.

Además, se solicitó al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich que informe qué lugares pueden recibir a la expresidenta teniendo en cuenta que que ha sido dos veces presidenta, una vice, y que su figura requiere “estándares especiales” puesto que fue víctima de un atentado. El oficio fue recibido ayer por la tarde por la cartera de Seguridad.

Asimismo, el tribunal rechazó el pedido de la expresidenta de permanecer en su casa hasta tanto se defina si puede o no cumplir la pena allí. Es decir, se deberá presentar personalmente en el tribunal sin excepciones.

Como parte de las primeras medidas también se comunicó a la Cámara Electoral que Cristina Kirchner ya no podrá postularse como candidata, dado que su condena por fraude al Estado contempla la inhabilitación perpetua a cargos públicos, además de los 6 años de prisión.

El juez Gorini dio un plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten para ser detenidos. Ese lapso se definió, explicaron fuentes judiciales, en función de algunos de los condenados residen en otras provincias y algunos domicilios están desactualizados.