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POLITICA

Cómo funciona el Tribunal Supremo de Venezuela y por qué se duda de su imparcialidad

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El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) se situó este jueves en el centro de la crisis política que sacude al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en la sede de la corte en Caracas que, tras realizar “el peritaje” del proceso electoral solicitado por el presidente Nicolás Maduro, había decidido “convalidar” su triunfo.

La victoria de Maduro fue cuestionada dentro y fuera de Venezuela desde que la anunció horas después del cierre de los colegios electorales el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso.

Amoroso dio como vencedor a Maduro sin dar detalles de los resultados y justificó el retraso en la difusión de los mismos por un supuesto ataque cibernético contra el sistema electoral venezolano.

En su sentencia de este jueves, el TSJ indica que la Sala “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado” y “convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República”.

Esta decisión reavivó las denuncias de falta de independencia del tribunal por parte de la oposición, que acusó al TSJ de plegarse a los designios de Maduro para “perpetrar un golpe de Estado”, y provocó otra ola de críticas de organismos internacionales y de otros gobiernos.

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La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.

El gobierno de Venezuela sostiene, en cambio, que las críticas a las instituciones son parte de una campaña internacional contra la Revolución Bolivariana.

El papel institucional del TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto órgano judicial de Venezuela y última instancia de recurso. La Constitución venezolana le confiere un amplio abanico de atribuciones, entre las que destacan pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas, conocer de los presuntos delitos cometidos por los miembros de la Asamblea Nacional, promover las leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales o decretar la destitución o falta absoluta del presidente de la República cuando proceda.

También le corresponde dictaminar si hay mérito para enjuiciar al presidente, sus ministros, legisladores y otras altas autoridades, y conocer de esos juicios si se producen.

Se compone de una Sala Constitucional, una Político Administrativa, una Electoral, una de Casación Civil, una de Casación Penal y una de Casación Social. La Constitución venezolana señala también que el TSJ cuenta con “autonomía funcional” dentro de la independencia judicial.

Esto es precisamente lo que, según los críticos y diversos observadores internacionales, está hace tiempo en cuestión. Y la polémica en torno a los resultados electorales no ha hecho sino acrecentar las dudas.

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Después de que Maduro fuera proclamado vencedor de las elecciones, arreciaron las acusaciones de fraude y las exigencias al Consejo Nacional Electoral de que presentara las actas que acrediten el triunfo del candidato oficialista, algo que hasta ahora no se ha producido y contrasta con las publicadas por la oposición, que mostraban una amplia ventaja del opositor Edmundo González.

En medio de la polémica y de las protestas en las calles que se saldaron con decenas de muertos y detenidos, Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del TSJ para que completara “un peritaje” del proceso electoral y verificara que había ganado limpiamente.

Tras el recurso de Maduro, el tribunal inició un proceso al que citó a las distintas fuerzas políticas y candidatos y les requirió la entrega de la documentación electoral en su poder. El candidato opositor Edmundo González no se presentó porque no cree en la imparcialidad del órgano judicial.

La oposición y diversos observadores internacionales acusan al TSJ de plegarse al dictado de Maduro

Numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que, invariablemente, una y otra vez, favorecen al oficialismo.

La jefa de la misión de observación electoral que el Centro Carter envió a Venezuela, Jennie K. Lincoln, cuestionó que el TSJ fuera a inmiscuirse en el proceso electoral.

“No es una evaluación independiente”, dijo la experta en una entrevista con la agencia AP en la que señaló que, en lugar de ir al TSJ, Maduro debería exigir al CNE que publique los datos de la elección mesa por mesa.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela tampoco da crédito al tribunal y le atribuye “un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

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En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en enero de este año que los fallos del TSJ que impidieron presentarse a las elecciones a destacadas figuras de la oposición confirman que “el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad”.

El gobierno venezolano defiende el papel institucional y la imparcialidad del TSJ.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, le dijo a la televisión estatal que la sentencia del TSJ sobre el recurso electoral de Maduro representa “un acto de altísima institucionalidad que ratifica el carácter republicano de nuestros procesos y nuestras instituciones” con el que “nuestra democracia sale fortalecida”.

Quiénes componen el TSJ y por qué se les cuestiona

La designación de los actuales magistrados del TSJ también ha provocado dudas sobre su imparcialidad.

Todos sus integrantes han sido nombrados por Parlamentos dominados por el chavismo y entre ellos hay algunos que han formado parte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional y vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, ejerció cargos políticos en el partido de Maduro

La presidenta Caryslia Rodríguez fue electa concejal en 2018 por el PSUV y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.

La Constitución venezolana exige que, “para garantizar su independencia e imparcialidad”, los jueces no podrán llevar a cabo activismo político, pero solo a partir de la fecha de su nombramiento y hasta su cese. Rodríguez fue nombrada magistrada del TSJ en 2022.

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El mecanismo de elección de los jueces también ha sido cuestionado.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU señaló que la Asamblea Nacional chavista modificó en 2022 la composición del Comité de Postulaciones Judiciales para asegurar el control gubernamental del TSJ y eligió a los 20 magistrados que actualmente lo componen.

Según la presidenta de la misión de la ONU, Marta Valiñas, el gobierno ejerce además “una injerencia indebida” sobre sus decisiones “a través de mensajes directos y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, vicepresidente del partido oficialista.

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Sugestiva visita a la Rosada, los insultos top de Javier Milei y Mauricio Macri candidato

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La logia despidió a Maqueda

La señal del momento es la empatía noventista. La exalta Milei con sus elogios a Menem, su neomenemismo retórico y el entorno de los primos Menem que le dicen lo que hacer. Lo confirma la discretísima despedida que le dio la política a Juan Carlos Maqueda el lunes, una más de las tantas que han exaltado la figura del ministro de la Corte que este viernes pone fin al Torneo Clausura:

1) La salida de Maqueda clausura el tribunal hasta que recupere aire.

2) La crisis Kueider clausura el Senado.

3) Y la crisis Ritondo clausura Diputados hasta nuevo aviso.

Bingo para el personalismo presidencial que busca administrar por DNU, sin el control de los otros poderes, sin presupuesto y con cepo. Prometía, como Menem, privatizar todo. Termina el primer año de su mandato con la privatización del Ejecutivo, concentrado en su real birome.

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La despedida ocurrió en club Vasco Gure Etchea de la calle Perón, convocado por el ministro y exdiputado Jorge Matzkin mediante una cuidada demografía de protagonistas de dos transiciones clave de los últimos 40 años: la «banda del bloque» que hizo la transición de 1989 de Alfonsín a Menem, y que, con los mismos actores, hizo la del 2001 de la Alianza al duhaldo-kirchnerismo. Ese grupo de legisladores del peronismo tuvo eje en el bloque PJ que condujeron José Luis Manzano y después Humberto Roggero y Matzkin.

Parteros de la historia

El recorte es nítido según se sentó la treintena de invitados de Matzkin, que sigue siendo el cardenal de ese sínodo que suele reunirse para cumpleaños y hasta alguna conspiración. El héroe era Maqueda, que presidió la asamblea del 1° de enero de 2002 que lo hizo presidente a Eduardo, que esta vez ocupó la cabecera.

La salida de Maqueda de la Corte de esta semana cierra el ciclo de dos décadas que él mismo abrió como presidente provisional del Senado. Lo rodearon esa noche Miguel Pichetto, Eduardo Camaño, Humberto Roggero, Daniel Basile, Miguel Toma, Oscar Lamberto, Héctor Maya, Eduardo Mondino, Néstor Perl, Marcelo López Arias, Eduardo Roggiano, el riojano Carlos Romero, y dos extraterritoriales: Ana Kessler -fue la única dama del elenco- reemplazó a Maqueda en la vice jefatura de gabinete de Jorge Rodríguez en 1996, por diferencias en la política, que terminaría con la privatización de los aeropuertos. Y Jesús Rodríguez, también partero de esas historias. Hubo otro invitado radical, que se disculpó, Rafael Pascual.

No estuvo José Luis Manzano, que integró esa secta que manejó la bancada del peronismo en aquellas transiciones. Ha sido fiel al punto de que a finales de los años ’90 asistió a una reunión secreta del grupo en un hotel de Villa General Belgrano, Córdoba.

«Cototo» -como llaman los amigos a «Chupete»-, navegaba en aquel tiempo sin luces y para ocultarse no se registró en el establecimiento. Pero compartió la cama una noche con otro legislador, para que los periodistas no registrasen su presencia.

“Olvídense del Senado”

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Ese mismo lunes hubo chispazos en varias sedes. La principal en Casa Rosada, adonde se constituyó Juan Carlos Romero para ponerle condiciones al Gobierno. La más urgente, que dispongan algún mecanismo de mejores prácticas para la gestión en el Senado. Despídanse de la Cámara el año que viene, dramatizó Romero, que se abstuvo en la votación de la separación de Edgardo Kueider.

¿Cómo se les ocurrió convocar esa sesión si no tenían cerrado los 2/3 con el PRO y la UCR?, clamó Romero entre cuatro paredes. El Gobierno se lo reprocha a Victoria Villarruel, que fue débil ante la presión del bloque del cristinismo. Esa presión era obvia porque con la salida de Kueider ganaba una banca y le hacía pagar el costo del escándalo al Gobierno.

El grupo de los 39 ya está en 37. Conocido el resultado de la sesión Kueider, el Gobierno se auto propinó una derrota. ¿Creyeron que podía compensarse la emergencia del entrerriano in flagrante delicto con un contraataque para suspender a Oscar Parrilli, que fue sobreseído en la causa Irán (aunque ahora la Corte pida un juicio)?

El Gobierno debió evitar esa sesión. Villarruel la convocó y el presidente provisional Bartolomé Abdala presentó el proyecto anti-Parrilli. Fue el disparador de la respuesta exitosa del peronismo.

“¿Quién pidió aumento?”

La tercera tarea que se encomendó a la Rosada fue convencer a Villarruel de no insistir en los aumentos de las dietas de los senadores. Esa noticia sólo sirve para desprestigiar a los legisladores. El aumento obedecería a un enganche salarial que Milei criticó la noche del jueves en Tucumán, y que los senadores prefieren se postergue hasta después del inicio de las sesiones en marzo próximo.

Presumen que la vicepresidenta alentó a la prensa amiga, a través de sus voceros, a que instalase el tema de los aumentos, cuando no hubo ni un pedido ni decisión alguna para que suban. Los senadores ya ganan el doble los diputados y saben que los ataques a los legisladores son una herramienta del autoritarismo de Olivos.

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Romero justificó el viaje a Buenos Aires el lunes en la necesidad de explicarles a Guillermo Francos, Lisandro Catalán, José Rolandi y Lule Menem que para ganar senadurías en varias provincias el mileísmo tiene que cerrar acuerdos sólidos con dirigentes de peso de partidos del arco amigable hacia el oficialismo. Si no lo hacen, les dijo el salteño, se pueden perder senadurías en Salta, Río Negro, Neuquén y CABA.

Los límites del “carancheo”

Estas advertencias de Romero, como las que le hizo Pichetto a Villarruel hace algunos días, buscan que la relación entre los bloques amigables con el Ejecutivo no empeoren. Ya está en un punto delicadísimo, que resiente las herramientas del Gobierno para administrar mediante la delegación de poderes. El maltrato a esos amigos desairados divide a los bloques del Congreso, de los que depende que sigan en pie estos proyectos:

1) La mitad del DNU 70, ya rechazado por el Senado.

2) Los DNU de movilidad jubilatoria y el de canje de la deuda por encima de la ley de Administración Financiera.

3) El régimen cristinista que permite la sanción ficta de los DNU sin revisión del Congreso.

Estas facilidades que le permite la oposición amigable exige que se cumplan ciertos códigos. Por ejemplo, que terminen con el «carancheo» de esas bancadas. La UCR perdió al diputado Cacace, hoy segundo del desregulador Sturzenegger; el macrismo sufre el carancheo de Diego Kravetz y la abducción de Cristian Ritondo.

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Ensartado en una red de denuncias por sus cuentas personales, el jefe de la bancada más importante que tiene el Gobierno, la del PRO, recibió el silencio de su partido y aun del propio Macri, que lo había designado para encabezar la alianza legislativa con el mileísmo.

Ese silencio a gritos lo aprovechó Milei para defenderlo. Se lo lleva llave en mano, como antes a Kueider y Camau Espínola. Emula aquella frase del inefable Julio Mera Figueroa cuando armaba menemismo en los años ’80: «Salvo fierros calientes y serpientes venenosas, agarramos todo».

Apuesta por Kravetz, que tiene un curioso don de la (in)oportunidad. Se fue del albertismo, cuyo bloque lideró en la legislatura porteña, y Alberto terminó de presidente. Migró a Lanús con Grindetti, y los hundió Julián Alvarez el año pasado.

Este Álvarez que los desplazó de esa intendencia se había ido del país en 2015 deteriorado por su gestión como viceministro de Justicia. Grindetti-Kravetz lo hicieron bueno. Ahora va a manejar el espionaje para intentar un repechaje en Lanús. Que se ajuste el Gobierno los cinturones.

Republicanismo “light”

El Gobierno vive, estragado con la lectura de las encuestas que ellos encargan, en ese estado que le hace cree que todo lo que bendiga crece. Como gobierno débil que es hace jugadas de corto plazo sin pensar en las consecuencias en el mediano y largo plazo. Festeja como cambios revolucionarios votaciones ganadas con votos ajenos y que apenas superan los 129 votos en Diputados, que es el número del quórum para sesionar.

Estos desaciertos del oficialismo se producen por mala praxis de sus punteros y alguna incomprensión del sistema institucional de una democracia liberal y republicana. La principal condición que exige es la buena fe de los actores para defender el interés público. «La institución del poder delegado -escribió el constitucionalista Hamilton- implica que hay una porción de virtud y honor entre la humanidad que puede ser una base razonable de confianza; y la experiencia justifica la teoría.» («The Appointing Power of the Executive», El Federalista, 1 de Abril de 1788). Faltar al cumplimiento de esos códigos busca defender el interés privado de las facciones.

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El ultimo servicio que ha prestado Horacio Rodríguez Larreta amerita su ingreso en la Real Academia. Hizo un relevamiento lexicográfico de los insultos predilectos de Milei para sus adversarios -todos de la política, claro- desde que asumió. Revela que no está dispuesto a construir entendimientos honorables y de buena fe (“zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierda” (156), “chorro” (129) e “hijo de puta” (110). «Que eso no se dice/ Que eso no se hace/Que eso no se toca» (le diría Serrat, que canta al poeta Horacio Salas, guglear)

Se aprovechan de la historia

El aviso que ha hecho el Gobierno de que designará los jueces de la Suprema Corte por decreto, pone en el límite de la exasperación las delegaciones de poder. El Ejecutivo tiene esa facultad institucional para los períodos de receso legislativo, pero no para saltarse los controles.

Ese permiso lo habilita el artículo 99, Inc. 1 de la Constitución, que hereda la faculta de la constitución americana del “Recess Appointment Clause”. No se creó para hacerle un favor al Presidente. Tiene una explicación histórica en el mundo del siglo XVIII cuando para reunir un Congreso había que traer a los legisladores en galeras o a caballo desde distancias que obligaban a viajar días y días.

De ahí nace el receso y las liberalidades que le da al Ejecutivo. No se creó para que los legisladores se vayan de vacaciones ni para que un presidente baile al ritmo de designaciones por decreto en comisión. Este tema es uno de los cambios que quiere imponer el PRO en el proyecto de reforma de la Constitución porteña. La reducción de ese receso a tiempos mínimos se explica en un país que en 2020 legislaba por zoom para evitar reuniones presenciales.

Los Macri contratacan

Ese proyecto de reforma, como se explicó en «Entretelas de la política», es el disparador de la estrategia de los Macri para retener poder en CABA. Contiene:

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1) La negociación de una reforma constitucional con grandes recortes como este de reducir los recesos, eliminar estructuras como las Comunas, etc.

2) Dividir las elecciones locales de las nacionales y hacerlas en una fecha negociada con el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

3) Ir a esas elecciones con Mauricio Macri a la cabeza de la lista de convencionales porteños, algo que creen que es un llamador imbatible al arrastre de votos.

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