El viernes a las 11 de la mañana la Cámara Federal de Apelaciones procederá al sorteo para cubrir el Juzgado Federal 11, donde se encuentra radicada la causa contra Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción, conocida como «Seguros». Hasta ahora, ese despacho fue subrogado por el juez Julián Ercolini, a quien el ex presidente recusó para que no continúe frente al expediente donde ya fue indagado.

El fallecido juez Claudio Bonadio era el titular del juzgado 11, cargo que, desde su muerte en 2020, el Consejo de la Magistratura aún no cubrió. Por ese motivo, es que se aplica la Ley de Subrogancias: otro magistrado cubre el despacho, percibiendo un 30% más de salario y durante un plazo de un año prorrogable por uno más.

Este viernes concluye la subrogancia que por sorteo -realizado de forma pública y con bolillero- tocó a Ercolini, luego de cuatro años cubriendo el juzgado 11 tras haber salido sorteado en dos oportunidades.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Eduardo Farah, firmó la resolución a través de la cual convoca al sorteo para cubrir el juzgado vacante.

En el juzgado federal 11 es donde está radicada la causa Seguros, y por ese motivo este viernes Ercolini podría dejar de tener la causa a cargo.

En noviembre pasado el ex Presidente fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers.

El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, fueron indagados Héctor Martínez Sosa -quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

Al inicio de esta semana, ante el camarista Roberto Boico, Fernández reiteró su pretensión de apartar a Ercolini de la causa, por ser «un juez parcial» y que tiene la causa «para vengarse, tiene animosidad hacia mí, me quiere preso».

Boico debe resolver si hace lugar o no a este nuevo planteo de recusación. En la discusión anterior había resuelto confirmar al magistrado frente al expediente.

La novedad ahora es que si en el sorteo no sale nuevamente Ercolini, el caso de los Seguros quedaría en manos de otro juez de Comodoro Py.

En este expediente sólo quedaba pendiente una indagatoria de las 39 que se habían programado -al exdirector de Nación Seguros, Carlos Soria- y la misma se realizó este miércoles. De esta manera, sólo resta que se analicen todos los planteos formulados en cada audiencia y se resuelva la situación de los imputados: si se los procesa por los delitos atribuidos o si hay falta de mérito para sostener las imputaciones.

La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.

A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.

El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La maniobra que involucra más de 3.400 millones de pesos abonados por el gobierno de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los brokers que intermediaron en los distintos contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA, contó con una pieza impensada: un grupo de cooperativas. Se estima que esa cifra equivaldría a más de 17 millones de dólares.

Para el juzgado los intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”.

Pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.

En ese sentido la acusación sostiene que hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.

Sobre el broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.