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POLITICA

Cómo se partió la nueva UCR: los mileístas, los moderados y los más cercanos al kirchnerismo

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¿En cuántos pedazos se divide el radicalismo a esta altura? ¿A qué porción del electorado busca representar? La cantidad de respuestas puede variar de acuerdo con cada sector del partido, según la mayor o menor afinidad con el Gobierno, la provincia -y en ese territorio el nivel de apoyo a Javier Milei en las cuestas-, si se trata de un dirigente que responde a un gobernador o “sin tierra”, si se le vence el mandato el año próximo y explora armados para renovar, ya sea con una parte del peronismo o con los libertarios.

El tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol dejaron la cuerda partidaria a punto de cortarse al posar con Milei para confirmar que cambiarán el voto y no rechazarán el veto a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Los cinco ya habían acompañado al Gobierno para avalar el DNU que otorgó $ 100 mil millones de fondos reservados a la SIDE, con la santacruceña Roxana Reyes y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay. En ese caso no resultó tan explosivo porque se impuso el rechazo al decreto. Ahora la marcha atrás con un proyecto impulsado por el propio radicalismo y la foto en la Casa Rosada un día antes de la sesión terminó de incendiar al partido.

“Innecesario, inoportuno, demasiado”, consideraron cerca de Rodrigo de Loredo, el jefe de bloque con una postura afín al Gobierno aunque en una búsqueda de equilibrio con el resto, de perfil más opositor. “Ya no da para más, va a ser muy difícil la convivencia”, advirtió uno de los siete legisladores más críticos de Milei, alineados con Facundo Manes.

Con el apoyo de ese grupo de diputados al oficialismo, al Gobierno se le facilitó el propósito de frenar la insistencia de la ley vetada que requiere los dos tercios de los votos. Hubo comunicados y pronunciamientos para exigir que sostengan la postura de junio -hubo 33 positivos y un solo ausente entre los radicales-, desde una advertencia de la Convención Nacional para intervenir con el Tribunal de Etica hasta documentos de ex gobernadores y legisladores y otro con más de 800 firmas de dirigentes partidarios.

“No tengo idea, en miles de pedazos. El radicalismo está anarquizado”, admitió el desconcierto un referente parlamentario con cargo en la estructura de la UCR. “Los que se sacaron la foto quieren ser candidatos del Gobierno, pero esto forma parte del desaguisado general. Se naturalizó que cada uno hace lo que quiere”, apuntó otro a la falta de conducción de Martín Lousteau.

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Del lado del ex ministro de Economía replican que Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, los gobernadores con mayor sintonía con la Casa Rosada, desconocen lo que se discute y define en la sede de la calle Alsina. “Lo que pasó con los diputados es un papelón y la unidad de ese bloque es insostenible. Ellos dos y De Loredo trabajaron con el Gobierno para frenar el rechazo al veto”, señalaron. Lousteau y De Loredo eran aliados, al punto que el senador había impulsado al diputado como jefe de la bancada. ¿Esta vez se rompe además de doblarse?

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POLITICA

El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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