El Gobierno ya estableció su estrategia judicial luego de los dos fallos que frenaron la reforma laboral implementada en el DNU. El Ejecutivo irá a la Corte Suprema de Justicia para impedir que se suspendan los artículos laborales del decreto y esgrimirá que ni la CGT ni la CTA tienen legitimidad para oponerse.

Desde Casa Rosada analizan nuevas vías legales para avanzar luego de los fallos definidos por la Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo y creen que todas van a terminar siendo definidas por el máximo tribunal de justicia en el mes de febrero.

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La primera ya está en marcha: se trata de la apelación planteada por el Gobierno para que todos los amparos se tramiten en el fuero contencioso administrativo federal, donde se resuelven las causas vinculadas con el Estado nacional.

Con duros planteos contra la CGT, el Gobierno irá a la Corte Suprema para buscar reactivar la reforma laboral

En segunda instancia, el Ejecutivo también se presentará ante la Cámara del Trabajo y pedirá que se revoque el fallo que suspendió las reformas laborales. Según argumentan, la central obrera no tiene legitimidad para presentar el amparo que obtuvo un fallo favorable el pasado miércoles.

Si prosperara este pedido del Gobierno, la Cámara del Trabajo correrá traslado a la CGT, que seguramente rechace los argumentos expuestos y la Cámara enviaría el caso a la Corte Suprema de Justicia. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de la cuestión este jueves al asegurar que la Casa Rosada planea utilizar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para evitar que se frene la reforma laboral.

En todos los escenarios, desde el Gobierno aseguran que la disputa judicial será “larga” y que independientemente de la vía judicial que se adopte, la discusión terminará en la Corte. La discusión recién se daría en febrero, una vez que se termine la feria judicial, pero no tendría plazos. Es que el máximo tribunal no está obligado a tomar definiciones en plazos de tiempo determinados.

Mientras tanto, quedarán sin efecto todos los artículos laborales que el Gobierno había puesto en funciones en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de “desregulación económica”.

Se trata de artículos que impactan de lleno en los sindicatos como la declaración de “servicio esencial” a la salud, educación y provisión de combustibles, que limita el derecho a huelga de los trabajadores de estos rubros. Sumado al fin de la obligatoriedad de los aportes a gremios de parte de trabajadores no afiliados a sindicatos y a la ampliación del período de prueba laboral de tres ocho meses, entre otros puntos.

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La suspensión de esas reformas laborales se debe a los dos fallos que realizó la Sala de Ferias de la Cámara Nacional del Trabajo, que luego de aceptar el amparo de la CGT el miércoles, también le dio la razón a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) este jueves.

Pese a ello, el Presidente mantiene la calma y, luego del primer revés judicial, aseguró “estar confiado en que el fallo va a salir adelante”. “Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final”, respondió.

Milei también tiene decidido enviar el DNU al Congreso para ser evaluado por la Comisión Bicameral. Dentro del decreto estarán incluidos los artículos laborales suspendidos por la Justicia en segunda instancia tras la presentación de un amparo de la CGT.

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