La Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, pidió juzgar “en ausencia” a diez prófugos por el atentado contra la AMIA, incluidos los acusados libaneses y exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional.

El juez Daniel Rafecas decidirá en breve y aceptará avanzar con el proceso en ausencia. Notificó ya al defensor oficial y el caso avanzará con el procesamiento, la elevación a juicio de los acusados y el sorteo de un tribunal oral federal que hará el juicio.

Se trata de un juicio oral y público normal, solo que sin imputados, sin declaración indagatoria, pero con testigos, planteos de defensores, alegatos finales y veredicto.

La fiscalía requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal que permite que se lleve a cabo el juicio aunque los imputados no estén, se los haya declarado rebeldes y tengan pedidos de captura internacional.

Aquellos a quienes se pretende enjuiciar están acusados de haber sido autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

Basso hizo el pedido a Rafecas sobre la base de la nueva Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia de los acusados declarados rebeldes. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, festejó la decisión del fiscal, basada en esta norma que fue promovida por su cartera. “Esta ley permite a la Justicia perseguir a los delincuentes más peligrosos aún cuando se dan a la fuga”, destacó. “Vamos a poder juzgar a los terroristas que idearon y nos hicieron el peor atentado de nuestra historia, asesinando a 85 argentinos”, dijo el ministro y mencionó que cuando habló de darle herramientas a la Justicia para “meter presos a los delincuentes” se refería a esto.

De acuerdo con la fiscalía, esta medida le permitirá a la justicia argentina avanzar en la investigación y el juzgamiento del atentado terrorista cometido con motivos de odio racial o religioso el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó 85 víctimas mortales, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales.

Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

Los fiscales argumentaron que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes se encontraban a cargo del gobierno de Irán y de la embajada diplomática de ese país en la Argentina.

El fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se trata de uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni han acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Los pedidos de extradición tampoco prosperaron.

La Justicia invalidó este martes la medida de amparo que había dado lugar el juez Roberto Gallardo con el objetivo de que se ordene que las fuerzas federales de Seguridad se abstengan de intervenir en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la marcha de mañana al Congreso tendrá a agentes de las diferentes fuerzas que maneja la ministra Patricia Bullrich.

El polémico juez Gallardo, al frente del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había hecho lugar al amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La acción incluía como objetivo que las medidas cautelares urgentes abarquen “intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” del miércoles, un día antes del paro general. Esto implicaba que solo podía intervenir la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Como contrapartida, los jueces Fabiana Schafrik y Pablo Mántaras de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, fallaron en contra de lo que pretendía Gallardo de limitar la participación de las fuerzas federales del operativo de seguridad para la nueva marcha al Congreso, de la formará parte la CGT.

Entre los motivos del pedido, la CGT, la UTEP y la UEJN habían citado la marcha del 12 de marzo en la que, según plantearon, «se habrían verificado hechos de represión” y en la que, según las organizaciones, las fuerzas federales obraron “sin contar con una autorización para ello”.

Gallardo consideró además que, para quienes participen de la marcha, existía un riesgo de «lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA» , y que ese riesgo está fundamentado «en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros».

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, tuvo fuertes críticas hacia el desempeño del juez Gallardo por cuestionar el accionar de las fuerzas que ella maneja en las últimas protestas.

«Mi respuesta es que él (Gallardo) no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales. Es un juez de la Ciudad. Un juez contravencional de la Ciudad no puede tomar determinaciones de este tipo que involucran a la Ciudad en tanto Capital de todos los argentinos y en tanto asiento del Gobierno nacional», sostuvo Bullrich por Radio Mitre.

Antes de que saliera la invalidez del amparo presentado por Gallardo, Bullrich había avisado que «de ninguna manera» las fuerzas federales iban a dejar de lado el operativo de seguridad.

Los cuestionamientos de Bullrich a Gallardo se dieron tras denunciarlo el ministerio que conduce por “mal desempeño”.

Desde el Gobierno que conduce Jorge Macri celebraron la medida tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) al rechazar in limine un amparo presentado por representantes de la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en manifestaciones dentro del ámbito porteño.

«Al analizar la cuestión, la Cámara sostuvo que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos».

Y finalizó: «Con este fallo, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad, al considerar que no existía una omisión comprobable por parte del Ejecutivo local en sus deberes de seguridad, y que la pretensión de los amparistas excedía la competencia del tribunal. Se dejó abierta la posibilidad de que los actores reformulen su planteo ante la justicia federal».