POLITICA
Con insultos hacia Fernando Espinoza, vecinos de Ramos Mejía se movilizaron contra la inseguridad
La postal de Ramos Mejía ya no es la de un barrio de clase media con actividad comercial pujante y tradición educativa. Hoy es otra: motos sin patente, trapitos que amenazan a estudiantes, robos a plena luz del día y una sensación de desprotección que se volvió crónica. El reciente y brutal ataque contra María Laura Mollard, arrastrada más de 100 metros por un delincuente que le robó el auto frente al colegio Don Bosco, volvió a encender la mecha en un barrio que vive con miedo.
Hoy, la organización Comunidad Educativa en Alerta – Ramos Mejía convocó a una protesta en la intersección de avenida de Mayo y Humboldt, donde se congregaron alumnos, familias, comerciantes y vecinos, exigiendo el fin de la impunidad y una respuesta concreta de parte de los gobiernos de Fernando Espinoza y Axel Kicillof. No es la primera vez. Tampoco, lamentablemente, parece que será la última.
La gota que rebalsó el vaso
El lunes 5 de mayo por la tarde, María Laura Mollard, de 46 años, se disponía a retirar al hijo de una amiga del colegio Don Bosco. Estacionó su vehículo, lo dejó en marcha y bajó por unos segundos. Fue entonces cuando Gastón Alejandro Rodríguez, alias “El Rengo”, se subió al auto y aceleró. Mollard intentó detenerlo, pero fue arrastrada durante más de una cuadra. El saldo: traumatismo craneoencefálico, isquemia, coágulos, clavícula fracturada y un coma inducido en el hospital Paroissien.
Fernando Espinoza por la ola de inseguridad» width=»351″>
La indignación se transformó en movilización. La comunidad educativa y los vecinos tomaron las calles con carteles, cadenas de oración, pero también con un reclamo claro: «Queremos vivir sin miedo».
Del crimen de Mollard al recuerdo de Sabo
Este hecho recordó otro drama no tan lejano: el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, ocurrido en 2021, a solo tres cuadras de la comisaría segunda. Sabo fue acribillado en su negocio por un delincuente con múltiples antecedentes y una cómplice menor de edad. En aquel entonces, también hubo una protesta masiva frente a la comisaría. La respuesta estatal fue represión, gases lacrimógenos y funcionarios ausentes.
Cuatro años después, la gestión de Axel Kicillof sigue tropezando con las mismas piedras. Las calles están liberadas, los delincuentes cruzan de un municipio al otro sin obstáculos, y los intendentes se sacan fotos mientras los vecinos entierran su tranquilidad.
Zona liberada: Motos, trapitos y narcomenudeo
Los vecinos de Ramos Mejía denuncian un cuadro que ya es parte del paisaje urbano: trapitos que extorsionan, consumo de alcohol y drogas frente a la plaza Sarmiento y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en un radio de apenas 300 metros. A eso se suman los motochorros y las bandas que operan impunemente cerca de escuelas, sabiendo que la reacción oficial será, en el mejor de los casos, un patrullero que pasa de vez en cuando.
En un comunicado difundido por Instagram, la Comunidad Educativa en Alerta fue contundente: «Hechos como el descripto se repiten diariamente en todo el partido de La Matanza y en particular en Ramos Mejía, siendo generalmente blanco de ataques menores los distintos niveles educativos y sus familias». Por eso, llamaron a «exigir el compromiso de las instituciones y sus funcionarios, controles eficientes y mayor seguridad».
La Matanza avanza… pero en inseguridad
Mientras tanto, el intendente Fernando Espinoza continúa en su laberinto de promesas incumplidas. La remodelación de la estación de Ramos, prometida desde 2016, sigue empantanada. La policía, desbordada. La Justicia, lenta. El narcomenudeo, intacto.
En este contexto, la detención de “El Rengo” Rodríguez el miércoles por la mañana en Castelar no trajo alivio. Fue solo un dato más en una larga lista de detenciones que nunca cambian el fondo del problema: la inseguridad estructural y la ausencia del Estado.
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POLITICA
La embajada de Estados Unidos anunció a la encargada de negocios interina en la Argentina a la espera del nuevo embajador
WASHINGTON.- La embajada de Estados Unidos en la Argentina anunció este lunes que Heidi Gómez Rápalo asumió el cargo de encargada de negocios interina, por lo que estará al frente de la sede diplomática hasta que se formalice la llegada del nuevo embajador norteamericano, Peter Lamelas. Luego, la funcionaria pasará a desempeñarse como vicejefa de misión.
Anteriormente, Gómez Rápalo se desempeñó como subsecretaria adjunta para Asuntos de Transporte en el Departamento de Estado norteamericano, “donde trabajó para promover los Cielos Abiertos y proteger la Libertad de los Mares”, señaló la embajada en un comunicado.
La funcionaria reemplaza a Abigail Dressel, la encargada de negocios de la representación diplomática en el país hasta hace pocos días, cuando se despidió en el marco de las celebraciones por el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos.
“Gómez Rápalo asume su cargo con el firme compromiso de continuar fortaleciendo los sólidos lazos entre los Estados Unidos y la Argentina“, remarcó la embajada norteamericana, en momentos en que las administraciones de Donald Trump y de Javier Milei muestran muy buena sintonía.
El 9 de julio pasado, a través de un mensaje del Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, el gobierno de Trump envió un mensaje de “sinceras felicitaciones” a la Argentina por el 209° aniversario de la independencia del país. En el comunicado, el gobierno norteamericano destacó el vínculo bilateral con un “socio de confianza” y destacó a la administración de Milei como “un aliado contra los regímenes tiránicos en nuestra región”.
“Estados Unidos sigue comprometido a profundizar nuestra colaboración con la Argentina en áreas claves como energía, cadenas de suministro, actividad espacial y cooperación en materia de seguridad”, señaló la nota de Rubio, publicada también por la embajada norteamericana en Buenos Aires.
Peter Lamelas, un médico, filántropo y empresario de Florida nacido en Cuba, fue el designado por Trump en diciembre pasado para ser el próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina. Lamelas conoce a Milei y ambos fueron fotografiados en Mar-a-Lago en uno de los viajes del Presidente.
El gobierno de Trump envió en abril pasado a la comisión de Relaciones Exterior del Senado el certificado de competencia de varios embajadores designados, entre ellos Lamelas. Una vez que sea confirmado, será el reemplazante de Marc Stanley al frente de la representación en Buenos Aires.
“Con más de 25 años de experiencia en América Latina, África y Asia, Gómez Rápalo ha trabajado con altos funcionarios gubernamentales y líderes del sector privado para generar millones de empleos de calidad en Estados Unidos al asegurar el acceso abierto de aerolíneas estadounidenses a nuevos mercados, promoviendo exportaciones y ventas militares por miles de millones de dólares, e impulsando la innovación a través de la comercialización de tecnologías, aceleración empresarial e inversión ángel”, destacó la nota de la embajada en Buenos Aires.
Gómez Rápalo recibió el premio conmemorativo Raphel en 2011 por sus esfuerzos para desarrollar una cultura de mentoría que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas en el Departamento de Estado. También fue galardonada con el Premio Hunt en 2009 por fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y la Argentina en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, señaló la embajada norteamericana.
La funcionaria -originaria de LaPlace, Luisiana- tiene una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional del National War College, otra en Asuntos Públicos de Princeton y una licenciatura en Servicio Exterior de Georgetown. También estudió en la London School of Economics. Habla español con fluidez y está casada con el también diplomático estadounidense Jason Roberts.
pic.twitter.com/U48C6v4z9C,July 21, 2025,pic.twitter.com/9Bx2p5nQZm,June 29, 2025,Guillermo Idiart,Estados Unidos,Donald Trump,Argentina,Conforme a,,Destino de veto. El Congreso envió al Poder Ejecutivo las leyes sancionadas en la sesión autoconvocada del Senado,,Interna libertaria. Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo quedaron marginados del armado y surgen críticas,,Cierre de listas del peronismo. Mayra Mendoza se sumó a último minuto y los intendentes muestran su peso como candidatos,Estados Unidos,,Vuelve a Harvard. Cambio en el FMI: se va Gita Gopinath, la número dos del organismo,,“Viene a buscar al humano”. Furor en la Rural con la raza equina que tiene una misión terapéutica y familiar,,Peligro en el aire. Un avión comercial estuvo a punto de chocar con un enorme bombardero en EE.UU.: la “maniobra agresiva” que lo salvó
POLITICA
Caso Maradona: cómo se gestó el documental del escándalo y cuándo podría definirse el futuro de la jueza Julieta Makintach
Corre el tiempo de descuento para la jueza del polémico documental del caso Maradona, Julieta Makintach. El 24 se cumple un mes desde que su abogado Darío Saldaño presentó la renuncia de la magistrada ante el jurado de enjuiciamiento.
Makintach había sido suspendia por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y más adelante se le aplicará un descuento del 40% de su salario.
En ese entonces, Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace un mes.
“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.
Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.
El futuro de Makintach está en manos del gobernador, quien debe expedirse sobre la renuncia. Según pudo saber TN, la aceptación podría darse a mediados de agosto.
Pasada esa fecha, la renuncia perdería razón de ser, porque corre el plazo que rige para el enjuiciamiento. La feria judicial comenzó hoy y el jurado retomará la actividad en la semana del 4 de agosto. Para mediados de ese mes, el jurado estará en condiciones de declarar la admisibilidad de la acusación. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.
En los últimos días, su abogado presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.
El origen del documental “Justicia Divina”
Según un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.
D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.
La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.
El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.
En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.
Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.
Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.
El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.
D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.
Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Pocas jornadas después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz. El desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona, luego de que los jueces a cargo del tribunal apartaran a la magistrada.
Julieta Makintach, Diego Maradona, juicio, renuncia
POLITICA
La Justicia penal económico pidió al Gobierno postergar la implementación del nuevo código acusatorio por falta de jueces y tecnología
La Justicia en lo Penal Económico, especializada en delitos financieros, tributarios, de contrabando o lavado, le reclamó al Gobierno que postergue la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Penal, previsto inicialmente para el 11 de agosto, ante la falta de camaristas y problemas de infraestructura tecnológica.
A pesar del reclamo, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, sigue adelante con lo previsto, sin que se contemplen modificaciones, dijeron fuentes de esa cartera a .
El Gobierno anunció que desde el 11 de agosto próximo la justicia federal comenzará a funcionar de manera diferente, con un nuevo procedimiento, en el que las causas serán impulsadas por los fiscales que estarán a cargo de las investigaciones y los jueces oficiarán de árbitros entre la acusación y la defensa.
Se abandona el expediente escrito y se pasa a un sistema de audiencias públicas, grabadas, en las que se resuelven las incidencias, acusaciones, excarcelaciones, juicios abreviados y las condenas o absoluciones.
En Salta y Jujuy desde 2019 y el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
En Comodoro Py 2002, los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.
El Gobierno se comprometió a dotarlos con salas de audiencias, y computadoras, aunque aún hay dudas sobre cómo se irá haciendo la implementación de manera progresiva.
El personal es un tema clave aún irresuelto, ya que debe haber más gente en las fiscalías que en los juzgados y hoy la ecuación es cuatro empleados en el Poder Judicial por cada una en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo ocurre con los Defensores Oficiales.
Además de implementarse desde el 11 de agosto en Comodoro Py 2002, donde está la Justicia federal de la Capital Federal, se comenzará a implementar en la Justicia en lo Penal Económico, que funciona en el vecino edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, ambos en Retiro.
La Justicia Penal Económico es un fuero federal especializado en delitos de contratando, financieros, lavado, delitos tributarios, evasión fiscal, fraude impositivo, delitos cambiarios o fraude contra la administración pública, cuando involucra a funcionarios.
En la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, debería haber seis camaristas, pero solo hay dos. Los otros cuatro cargos están vacantes.
Los dos camaristas que quedan son Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia para que se la eleve al Ministerio de Justicia. Allí se pidió posponer la fecha de entrada en vigor del nuevo Código procesal, entre otras cuestiones, debido a la falta de Integración de la cámara, la falta de operatividad de las oficinas judiciales, y la falta de infraesctructura.
Los jueces dijeron que solo hay dos de los camaristas jueces previstos legalmente (33% de la planta), lo que dificulta el funcionamiento adecuado, especialmente en el nuevo sistema acusatorio que requiere oralidad y presencia activa de jueces de revisión.
Allí enumeraron los faltantes y reclamaron cubrir las cuatro vacantes. El Consejo de la Magistratura terminó los concursos y envió al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir tres de estas cuatro vacantes el 30 de octubre de 2024.
Hay un cuarto concurso en trámite, done se tomaron exámenes y resta compulsar los antecedentes de los postulantes.
Señalaron los camaristas que las Oficinas Judiciales no están en funcionamiento, aunque son esenciales en el nuevo modelo procesal. Son órganos administrativos que asisten a los jueces en la gestión de los procesos judiciales, liberándolos de tareas administrativas y permitiéndoles enfocarse en la toma de decisiones.
Estas oficinas se encargan de la tramitación de expedientes, gestión de audiencias, distribución de casos y coordinación entre las partes. Son las que van a decidir como se distribuyen los casos de los fiscales entre los jueces y la agenda.
Los camaristas se quejaron de que hay “infraestructura insuficiente”, pues solo tres de las cuatro salas de audiencia necesarias están en proceso de acondicionamiento.
Dijeron que faltan equipos informáticos actualizados y describieron problemas en la red de internet inalámbrica del edifico de Inmigrantes 1950.
“Una situación que ha generado dificultades desde hace tiempo y no se ha logrado solucionar, respecto de la que solo se nos ha informado acerca de la dificultad que presenta resolverla, es que la instalación de red inalámbrica de internet del edificio de Av. de los Inmigrantes 1950 no se encuentra completa”, dijeron los magistrados.
Explicaron que “la posibilidad de mantener comunicaciones y/o videocomunicaciones utilizando wi-fi no reviste seguridad en cuanto a la calidad del sonido y a las interrupciones” y que a pesar de los reclamos no pudo solucionarse para tener más ancho de banda.
“Esta carencia podría constituirse en un obstáculo para el normal funcionamiento del sistema en los casos en los cuales alguna de las partes en el marco de una audiencia necesite acceder a una red inalámbrica disponible y la señal no resulte suficiente, lo cual tendría aptitud para afectar los actos jurisdiccionales”, señalaron los jueces.
Por eso pidieron, una postergación temporal de su implementación en el fuero hasta que se cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
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