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Concejal de JxC viola la ley Orgánica patrocinando a exfuncionario investigado por desvío de fondos

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El exintendente de la municipalidad de Dolores, Camilo Etchevarren, se enfrenta a una investigación judicial por presuntas irregularidades en el proceso de licitaciones ligadas a la obra pública durante su gestión (2007-2023). Las denuncias, presentadas por la actual administración municipal, liderada por Juan Pablo García, señalan maniobras que habrían permitido la sustracción de, al menos, 14.280.000 pesos de la caja de la comuna, aunque hay indicios que dan cuenta que el monto total podría ser mayor.

Al igual que los movimientos comprobados en la investigación de la Causa Vialidad, que logró la condena de la exvicepresidente y dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner, las maniobras realizadas por el exjefe comunal apuntan a licitaciones simuladas, compras injustificadas y obras inconclusas con un mismo proveedor beneficiado. Esto sugiere que Etchevarren podría tener algún vínculo con el oferente, aunque la Justicia aún no develó datos sobre su identidad.

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Allí ingresan algunos actores que, hasta el día de hoy, siguen sosteniéndose en la función pública como el concejal y actual presidente de bloque de Juntos por el Cambio, José Equiza. Este último, abogado de profesión, está asesorando legalmente a Guillermo Elhalem, quien se desempeñó como secretario del exjefe comunal y está siendo investigado por presunto de desvío de fondos y corrupción en la causa anteriormente mencionada. 

El material desaparecido podría haber pavimentado unas 380 cuadras, aproximadamente un tercio del municipio, pero su destino -al igual que la asesoría legal de Equiza- solo deriva en dudas. Es que la ley Orgánica de las Municipalidades prohíbe expresamente estas conductas en su artículo 154, que establece que ningún funcionario municipal puede tener intereses directos o indirectos en términos municipales, bajo pena de expulsión, nulidad del acto y posible responsabilidad penal

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Además, la actuación de Equizacomo abogado defensor de Elhalem genera sospechas debido a su rol como líder de JxC y al vínculo de su esposa, Alejandra Arrechea, con la administración de Etchevarren, quien se desempeñó y continúa haciéndolo como contadora municipal. Arrechea fue quien recomendó no desembolsar los 14.280.000 pesos de una licitación opaca que solicitaba repavimentar la calle Vucetich entre Fleury y Bravo, una vía que ya estaba asfaltada. 



Camilo Etchevarren y el exsecretario de Obras Públicas Guillermo Elhalem.

¿Un municipio saqueado?

Si bien la fiscalía General de Dolores está analizando las pruebas presentadas por la actual intendencia en busca de dar con el paradero de los fondos y el polvo desaparecido, aún no se reportaron hallazgos relevantes por parte de la Justicia. En este punto, vale destacar que también se encuentra bajo tela de juicio el «perdón» de la deuda municipal que Etchevarren le cedió a su hermana (Mariana) durante toda su gestión.

De acuerdo al intendente García, la hermana de su antecesor acumuló una deuda de 2.4 millones de pesos por la Tasa de Servicios Generales de una propiedad en la esquina de Belgrano y San Martín. Casualmente, esta suma se acumuló desde el 2008, durante el mando de Etchevarren, pero este nunca la reclamó, lo que se interpretó como un presunto uso indebido del poder político para beneficiar a familiares o allegados.

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El actual intendente Juan Pablo García junto a Alejandra Arrechea, esposa de José Equiza.

Recién en febrero de este año, tras la difusión de su caso, fue que Mariana solicitó formalmente la prescripción de la deuda y presentó un escrito desistiendo del pedido, argumentando que los pagos se habían realizado en 2016, pero que el municipio no había verificado los mismos. Allí fue donde García denunció este caso como un posible abuso de poder, ya que Etchevarren, durante su gestión, no impulsó el cobro de la deuda, lo que benefició a su hermana. Aquí, una vez más, aparece la contadora municipal, Alejandra Arrechea, esposa de José Equiza

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Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

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El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.

Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.

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No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.

“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.

Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.

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Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.

Moshen Rabbani, principal imputado iraní en la causa por el atentado a la AMIA

Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.

Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.

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El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.

El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.

El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.

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El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.



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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

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El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.

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Leé también: Milei busca contener la interna de Santiago Caputo con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que impacte en el armado electoral

Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, AMIA

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Cuándo es el día del empleado público

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El calendario de junio marca una jornada especial para los trabajadores estatales en la Argentina. Esta fecha implicó históricamente una pausa en las actividades cotidianas de la administración. Este año el panorama presenta una alteración significativa, producto de una decisión del Ejecutivo nacional.

El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio. La elección de la fecha rememora la aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que recomienda a los países miembros la negociación colectiva y el derecho de sindicalizarse para los trabajadores del sector público.

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Gran parte de los agentes estatales que no tendrán el asueto del Día del Empleado Público son parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)Leandro Mastronicola/ATE

La Ley 26.876, sancionada por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013, estableció oficialmente esta efeméride. Hasta la reciente modificación, la ley disponía que esta fecha se considerara como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.

Este año la jornada no implicará un cese de actividades para los empleados públicos nacionales. El Gobierno nacional anunció este miércoles, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la eliminación del asueto correspondiente a esta fecha. La comunicación se produjo a solo dos días de la conmemoración, prevista para este viernes.

La medida se formalizará mediante un decreto que derogará la normativa vigente que establecía este día como no laborable. Adorni justificó la decisión en la conferencia de prensa habitual: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.

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Manuel Adorni anticipó la eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado

Como consecuencia directa del anuncio oficial, todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional permanecerán abiertas y operativas el próximo viernes 27 de junio. Esto incluye ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados y autónomos.

Entidades como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Corte Suprema de Justicia, defensorías, comisiones, agencias e institutos que dependen del Estado nacional mantendrán su funcionamiento habitual.

Los organismos públicos funcionarán con normalidad este 27 de junio[e]MARTIN ZABALA – XinHua

La decisión gubernamental generó una rápida respuesta desde el sector sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más críticos con la administración actual, calificaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó en redes sociales: “EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!! El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se mostró crítico frente al anuncio del GobiernoNicolás Suárez

Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, Adorni realizó otros anuncios que reflejan la línea de gestión. Criticó la administración anterior de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que la obra del Sistema Riachuelo, que según Massa finalizaría un gobierno peronista, la concluyó la actual administración.

El portavoz también informó sobre cambios en los subsidios para clubes de barrio y de pueblo. Indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios. El objetivo es evitar que se destinen a “clubes de élite” que, según el Gobierno, no los necesitan.

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Adorni también anunció cambios en el régimen de subsidios para clubes de barrioHernan Zenteno – /Hernan Zenteno

Consultado sobre el reciente aumento del desempleo, Adorni lo calificó como una “suba marginal”. Atribuyó este incremento a una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, lo que eleva la tasa de participación en el mercado laboral a niveles récord, cercanos al 48%. “Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados”, explicó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.


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