El exintendente de la ciudad cordobesa de Pilar, Diego Alejandro Bechis, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos agravado por su condición de funcionario público. Y un exfuncionario de la municipalidad de esa ciudad provincial, Paulo César Berón, recibió una pena de cuatro años y medio como partícipe necesario de la maniobra, que consistió en el blanqueo de dinero ilegal a través de la actividad de una fundación que ellos mismos habían creado, y que controlaba un museo, una granja educativa y un colegio que funcionaban en un predio “donado” por la comuna.

Bechis, que fue intendente tres veces en representación del partido local Movimiento de Acción por Pilar (MAP), fue noticia en 2019, cuando se postuló a un nuevo mandato a pesar de que estaba preso, procesado por la venta irregular de 11 hectáreas de la costa del río Segundo a un inversor privado. Por ese hecho fue condenado en 2020 a cinco años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad. De este modo, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Córdoba unificó su sentencia con aquella de la Cámara del Crimen de 10a. Nominación de la provincia y le dictó una pena única de 7 años de prisión.

Bajo la acusación del fiscal general federal Carlos Casas Noblega, los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Días Gavier les aplicaron a Bechis y a Berón sendas inhabilitaciones –de cinco y tres años, respectivamente–, y multas por 300 salarios mínimos, vitales y móviles al valor equivalente al 7 de febrero de 2018.

El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes secuestrados que fueron objeto del delito y la restitución de los restantes a la Fundación Pilar Desarrollo y Progreso (PiDePro), con la supervisión del Departamento Ejecutivo de la intendencia de Pilar, designado como depositario judicial. Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias judiciales fiscales.gob.ar, los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo miércoles, 15 de mayo.

“Yo creía que nunca me iba a tocar estar en la cárcel, que solo tenía que estudiar, ser docente en la universidad… me armaron todo y no puedo salir de todo esto”, dijo Bechis al hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia que selló su suerte.

Por lo pronto, del requerimiento de elevación a juicio firmado por la fiscal federal María Marta Schianni, de Villa María, “los imputados se valieron de sus roles de intendente y funcionario de la Municipalidad de Pilar para desplegar una serie de maniobras delictivas que les permitieron la obtención de ganancias ilícitas”.

En el dictamen señaló que “a fin de dotar de apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegalmente, Bechis y Berón crearon el 7 de noviembre de 2011 la Fundación PiDePro y, por su intermedio, el Museo Polifacético Costumbrista ‘Sergio Cachín’, una granja educativa y el Colegio Manuel Belgrano, que funcionaban en predios cedidos por el municipio pilarense”.

Bechis, que según explicita en sus redes sociales estudió Medicina legal y forense en Universidad Nacional de Córdoba y también es “especialista en drogadependencia y especialista en pediatría”, fue docente del Instituto Técnico General Manuel Belgrano, de Pilar, “desde el 12 de noviembre de 2020 hasta la fecha”. Dos meses antes lo habían condenado por la venta de 11 hectáreas del río Xanaes (como se denomina al Segundo en el tramo que pasa por esa ciudad situada a 43 kilómetros de la capital provincial).

Según informó fiscales.gob.ar, la fiscal destacó que “con la fundación como pantalla, los imputados adquirieron diversos bienes, cuyos valores excedían ampliamente el poder adquisitivo con el que contaban y fueron abonados en efectivo o por transferencia, al tiempo que –con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados–, hicieron consignar en las facturas de compra y en calidad de adquirente a la Municipalidad de Pilar, como también simularon ser beneficiarios de ciertas donaciones”.

“Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita, la dotaron para su funcionamiento y adquirieron –con dinero espurio– bienes antiguos que resguardaron en galpones, que fueron donados por la Municipalidad a la Fundación, que también era parte crucial de la maniobra”, afirmó la fiscal Schianni, que también consideró “infructuoso” el esfuerzo de ambos “por disimular que las compras en negro y de lavado irregular eran efectuadas por el mismo municipio”, e hizo hincapié en el abuso de una situación de poder, la falta de control y la regularidad en los procesos de compra que las convirtieron en “operaciones de lavado de activos”.