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POLITICA

Conflicto en Intercargo: el Gobierno echó a 12 choferes, dos supervisores y un coordinador con sueldos de hasta $ 3 millones

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Dos «gordos» (aunque uno de ellos hace ya años que se jacta de haber bajado 40 kilos) del consejo directivo de CGT aún no pueden terminar de entender la estupidez de sus colegas de la empresa Intercargo. «Fue un imbecilidad supina dejar a la gente encerrada en los aviones. Era obvio que (Patricia) Bullrich se iba a ser un festín. Nunca hay que tirar tanto de la cuerda de la indignación. Con esa medida, sin lugar a dudas salvaje, estos pibes la rompieron. Lo peor, le dieron la excusa ideal al Gobierno para profundizar su plan contra Aerolíneas Argentinas. Papita para el loro. Posiblemente, acaban de perder la batalla», coinciden ante Clarín.

Antes del horario de la merienda, no tan lejos de la sede cegetista de Azopardo e Independencia, Javier Milei maldecía ante las imágenes que veía en las pantallas de televisión de su oficina. Los gritos, con no pocos insultos, se oyeron hasta en los pasillos.

Según el Gobierno, al menos unos 900 pasajeros estuvieron encerrados hasta dos horas en los aviones de varias compañías (zafó Aerolíneas Argentinas) por un repentino paro de la empresa Intercargo, la única que brinda el servicio de handlang, es decir, las escaleras y mangas para que la gente pueda subir y descender de las aeronaves.

El que no se habría enojado habría sido Santiago Caputo. El asesor senior propietario del tercer vértice del triángulo de hierro que encabeza el Presidente, otra vez la vio venir. Como con la despedida de la ex canciller Mondino y el voto pro cubano en la ONU, el olfato de tiburón que muchos le reconocen al joven Caputo olió la sangre que, en forma de bronca e indignación, no sólo se desprendía de los pasajeros que denunciaban haber sido secuestrados por una medida sindical sino también del altísimo rating que generaban las imágenes desde Aeroparque.

La maquinaria de la respuesta del Gobierno al paro de Intercargo y su gremio APA, ligado a La Cámpora y al diputado Mariano Recalde, fue fulminante. En menos de 24 horas identificaron y despidieron a 15 trabajadores que, por orden del jefe sindical de APA y del presidente de la empresa, Fernando Miguel Montes, se habrían negado a trabajar incluso con los pasajeros arriba de los aviones.

Pese a la elocuencia de las imágenes y videos que invadieron las redes sociales en tiempo real, desde APA (Asociación del Personal Aeronáutico) salieron a desmentir tal perjuicio a los pasajeros asegurando que no hubo gente retenida en las aeronaves.

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Correcaminos para los reflejos, Patricia Bullrich hizo su show y desplegó un ejército de gendarmes para asistir a los pasajeros y evacuarlos. También adelantó medidas contundentes en contra de los supuestos responsables, tal como dio la sensación que pedía la inmensa mayoría de las víctimas del paro.

Este jueves temprano se conoció el despido de 15 trabajadores de Intercargo. El Gobierno los identificó y expulsó «con causa» de la empresa. Los sindicalistas tomaron la imprevista y violenta medida por el despido de un trabajador, ahora se le sumó una docena.

Bullrich también anunció que denunció penalmente al sindicato y encargados de la empresa. La causa recayó en el Ariel Lijo, que sigue peleando voto a voto para lograr el dictamen que le despeje el camino hacia el gran premio de navidad: un asiento en la Corte Suprema de Justicia.

«De los 15 despedidos, 12 son choferes que deberían haber traído a los pasajeros en los micros que andan en la pista. Otros dos son supervisores y hay un coordinador más», le informó a Clarín un alto funcionario del Gobierno.

La mayoría de las personas desvinculadas de Intercargo llevaba varios años trabajando en la empresa estatal con sueldos de hasta $ 3,5 millones brutos, según indicó una fuente del propio gremio que reconoce: «Me parece que se nos fue la mano».

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POLITICA

Anunciaron un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero: qué líneas estarán afectadas

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La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero debido al “incumplimiento de pago destinado a salarios” de los trabajadores. La medida de fuerza responde a una deuda pendiente desde septiembre del año pasado y afectará a la mayoría de las líneas que operan en la provincia. Además, el lunes 10 los servicios funcionarán con una reducción horaria, de 6:00 a 22:00.

Desde la CTPBA explicaron que denunciaron en “reiteradas oportunidades la falta de recursos para poder seguir operando” tanto ante las autoridades como ante la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La entidad señaló que la crisis en el sector se debe a “costos atrasados ​​e insuficientes”, lo que dificulta la normal prestación del servicio.

El gremio también reclamó que las tarifas se ajustan “a costos reales”, ya que, según sus estimaciones, las empresas prestatarias operan con “un 45% menos de los recursos necesarios para la explotación”. A pesar del paro, aseguraron que la decisión busca “racionalizar de manera eficiente los servicios y no perjudicar a los pasajeros que se dirigen a sus respectivos destinos”.

El paro afectará a líneas que van desde la 201 hasta la 600, aunque la empresa DOTA, que opera 68 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no se sumará a la medida. La compañía confirmó que abonó los salarios de sus empleados a tiempo, por lo que no pareció necesario adherirse al reclamo.

El mes pasado, las cámaras empresarias ya habían amenazado con una medida similar debido a la falta de pago de subsidios correspondientes a enero por parte del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, la protesta se desactivó cuando se depositaron los $39.000 millones adeudados. En ese entonces, las principales cámaras de transporte advirtieron que continuarían reclamando una actualización de costos para garantizar la sostenibilidad del servicio.

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