El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social y que la situación es “muy complicada” en los grandes centros urbanos. Además, pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.

El arzobispo de Mendoza sostuvo que perciben un crecimiento en la cantidad de personas que piden ayuda a Cáritas.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas”, sostuvo en diálogo con radio Mitre y planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.

Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo deslizó: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

El titular de la Conferencia Episcopal insistió en que el objetivo es garantizar respuestas a los sectores más afectados. “Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Colombo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios.

Y detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

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El pedido de la Iglesia al Ministerio de Salud

La Iglesia le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, donde denuncia el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. Reclaman “una respuesta concreta, visible y urgente”.

En la misiva de los obispos expresan que “muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, concluyó la carta.

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