El Sindicato Único de Trabajadores del neumático (SUTNA) redobla la presión en medio del conflicto por la continuidad de Fate. Este miércoles presentará en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires un pedido formal de audiencia con Axel Kicillof, con una movilización que partirá desde las fábricas y llegará a La Plata.

El gremio busca que el Gobierno bonaerense garantice la continuidad productiva de la empresa y una de las alternativas que plantea es la expropiación o que el Estado provincial se haga cargo de mantenerla operativa. El gobernador había cuestionado el cierre de Fate.

La convocatoria prevé una salida en micros a las 9 y una concentración a las 13 en la Plaza San Martín. El objetivo es entregar una carta al gobernador en la que solicitan su intervención ante el escenario que describen como riesgo de cierre de la empresa.

El pedido se da en paralelo al respaldo político y sindical que el gremio viene sumando en las últimas semanas. Entre esos apoyos aparece el del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que ya había enviado una carta a legisladores bonaerenses en la que advirtió sobre el impacto del conflicto en el transporte de cargas.

“Se promoverán todas las acciones que resulten pertinentes en defensa de los derechos, la seguridad y las condiciones de trabajo de nuestros representados”, advirtió Moyano al denunciar falta de trazabilidad en la importación de neumáticos.

Desde el SUTNA señalaron que buscan evitar “una catástrofe social”, por la cantidad de empleos directos e indirectos vinculados a la actividad que están en riesgo. Según el detalle difundido por el gremio, la planta ocupa a 1650 operarios y suma otros 400 puestos administrativos, además de cientos de trabajadores tercerizados y de empresas proveedoras.

Presión sindical y alerta por el impacto productivo

El sindicato encuadró la situación en un conflicto mayor, al denunciar un “lock out ilegal” por parte de la empresa. En ese contexto, sostuvo que Fate es la única fabricante nacional de neumáticos para camiones y colectivos, un punto que considera estratégico para el funcionamiento del transporte.

Según el gremio la actividad implica una red que incluye desde logística hasta servicios asociados: 180 camioneros, 550 trabajadores de pymes proveedoras y 350 empleados en puntos de venta, entre otros. “Con Fate funcionando normalmente se ocupa a 1650 operarios”, detalló. También advirtió sobre el impacto en comercios y economías locales de distintos distritos del conurbano.

“No se puede perder a la única productora de cubiertas para camión y colectivo en un creciente contexto de guerra a nivel mundial con la posibilidad cierta de quedarnos sin ingreso externo de neumáticos tal como ocurrió en otros momentos de grandes guerras y en la pandemia”, agregó.

El respaldo clave de Pablo Moyano

El respaldo de Moyano refuerza ese eje. En su presentación ante diputados y senadores bonaerenses, el dirigente camionero puso el foco en la seguridad vial y cuestionó el ingreso de neumáticos importados sin controles suficientes. Planteó que esa situación eleva los riesgos de siniestros en un contexto de rutas deterioradas y exigencia operativa alta.

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“Su continuidad resulta fundamental para garantizar el abastecimiento y la autonomía operativa del país en tanto se trata de la provisión de insumos estratégicos para el transporte seguro”, planteó.

En esa línea, reclamó a la Legislatura bonaerense “adoptar de manera urgente medidas concretas y verificables que garanticen controles estrictos y sistemáticos sobre los neumáticos que ingresan y se comercializan en el territorio, así como el cumplimiento efectivo de normas técnicas de seguridad que garanticen la trazabilidad y certificación de los productos utilizados en el transporte de cargas”.

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Conforme a

Luego del fallo favorable para la Argentina en el litigio por YPF, el Gobierno nacional volvió a destacar el respaldo de Estados Unidos en el proceso judicial y lo vinculó directamente con el giro en la política exterior impulsado por la gestión de Javier Milei.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia por más de 16.000 millones de dólares, fue interpretada por el oficialismo como un resultado que excede lo estrictamente jurídico y que también responde a una estrategia diplomática.

En ese marco, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, subrayó el papel de Washington en el expediente. “Se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina”, explicó.

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El funcionario detalló además que ese acompañamiento no fue simbólico. “Formalmente Estados Unidos, gracias a esta relación, nos apoyó varias veces en el expediente, y eso sí pesa. Lo más importante acá es que se trabajó de forma distinta, más allá de lo jurídico también, se trabajó desde una mirada multifocal”, sostuvo.

El rol de la política exterior

Desde el Gobierno remarcan que el fallo no puede entenderse sin el alineamiento internacional que impulsó Milei desde el inicio de su mandato. En ese sentido, destacan el vínculo con la administración de Donald Trump y la decisión de acercarse a los principales actores globales.

“El Presidente es quien realmente consiguió esto”, aseguró Amerio, al tiempo que detalló el trabajo coordinado entre distintas áreas del Ejecutivo. “Fue un trabajo enorme, con una unidad muy grande de funcionarios, en comunicación constante con Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro”, agregó.

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Según el jefe de los abogados del Estado, el respaldo internacional marcó una diferencia respecto de gestiones anteriores, en las que —afirman— no se había logrado ese nivel de acompañamiento en un caso de esta magnitud.

Críticas al kirchnerismo por el origen del juicio

En paralelo, el oficialismo volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo por la expropiación de la petrolera en 2012, que dio origen al conflicto judicial. Desde la Casa Rosada sostienen que aquella decisión generó un perjuicio económico y expuso al país a un litigio multimillonario.

El propio Milei había planteado en su mensaje tras el fallo que intentar adjudicar el resultado a quienes impulsaron la estatización “es una afrenta a los argentinos”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner y al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El Presidente también calificó aquella decisión como “una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, al insistir en que el fallo no convalida la expropiación sino que evita un impacto económico mayor.

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Si bien el fallo fue celebrado como un triunfo, el caso aún no está completamente cerrado. Los demandantes tienen la posibilidad de intentar nuevas instancias judiciales, lo que mantiene abierto el expediente.

En ese contexto, el Gobierno apuesta a consolidar el resultado como un logro político y diplomático, al tiempo que refuerza su narrativa sobre la necesidad de un cambio de rumbo en la inserción internacional del país.

El respaldo de Estados Unidos, en ese esquema, aparece como uno de los pilares centrales que el oficialismo busca capitalizar tras una de las resoluciones más relevantes en materia económica y judicial de los últimos años.

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