La última jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares previa a la sesión de mañana en la Cámara de Diputados cerró a pedir de boca del oficialismo. Con el apoyo de las provincias mineras y de bloques aliados, los libertarios obtuvieron dictamen favorable del proyecto que, en líneas generales, busca reducir las áreas periglaciales hoy protegidas para instalar allí nuevos proyectos productivos.

El dictamen de mayoría –que recibió 37 firmas– vio la luz tras una acalorada discusión entre impulsores y detractores de la reforma en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron sendos dictámenes de rechazo.

Luego de dos jornadas de audiencias públicas, el oficialismo se cuidó de coronar el debate con voces a favor de la reforma: para ello convocó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y una decena de funcionarios de provincias mineras. A ellos se sumaron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario de Medio Ambiente, Fernando Brom.

La reforma propone que la protección que la ley actual confiere a todo el ambiente glaciar y periglacial se acote únicamente a aquéllas cuya función hídrica esté científicamente comprobada. De esta manera, se busca habilitar inversiones productivas en las áreas que no cumplen con esa función estratégica. El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de U$S 20.000 millones en inversiones.

“Es mentira aquello que dicen que con esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua. Buscan generar miedo”, replicó Lucero a los críticos de la reforma. El funcionario sostuvo que la iniciativa es constitucional y respeta las atribuciones provinciales sobre sus recursos naturales, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo sin comprometer el acceso al agua.

“La reforma despejará incertidumbres que han frenado el desarrollo sustancialmente de la minería cuprífera y aurífera argentina, en donde legítimamente hay provincias que tienen esperanza de salir de la pobreza con esa riqueza”, sostuvo.

La presencia de Lucero desató el enojo de los críticos de la reforma. “El secretario de Minería perteneció a un estudio de abogados y asesoró a más de una decena de empresas mineras. Debería excusarse de participar en este debate, ya bastante viciado por la presión y el lobby escandaloso”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Romina Del Pla (Frente de Izquierda) asintió. “Este es un plenario de comisiones al servicio del lobby minero”, asestó.

Lucero reconoció que, previo a llegar a la función pública, asesoró como abogado a varias empresas mineras y desestimó que esto sea un obstáculo para asumir como secretario del área. “Para buscar un secretario de minería suena razonable que sea alguien que conozca la industria”, justificó.

Críticas y elogios

Los detractores de la reforma están convencidos que, de ser convertida en ley, ésta será judicializada por inconstitucional y regresiva, pues viola los presupuestos mínimos de conservación del ambiente y pondrá en riesgo la provisión de agua para las cuencas hidrográficas.

Argumentan, además, que la habilitación para actividades extractivas en las áreas hoy protegidas quedará supeditada a la decisión “discrecional” de las provincias –que tendrán la última palabra como autoridades de aplicación de la norma- en conjunción con las corporaciones mineras.

“Esta modificación traerá más problemas que soluciones; es más vulnerable que la ley vigente. Van a tener más pleitos que antes”, vaticinó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. Esta bancada presentó un dictamen de rechazo.

“La reforma habla de federalismo ambiental y de concertación, pero si una provincia toma una decisión en una zona glaciar de manera unilateral, ¿dónde está la concertación?”, planteó Abelardo Ferrán, peronista de La Pampa, provincia contraria a la reforma porque la provisión de agua de sus cuencas hidrográficas depende de los glaciares ubicados en las provincias cordilleranas. “Nosotros teníamos dos cuencas hidrográficas; hoy solo tenemos una sola funcional”, advirtió.

En defensa del proyecto, el gobernador Orrego enfatizó que la reforma, al igual que la ley actual, preserva como objeto de protección al ambiente glaciar y periglacial. “Definitivamente para nosotros el agua es un recurso de muchísimo valor y del cual cuidamos mucho”, enfatizó el mandatario, quien insistió en que la iniciativa solo busca “clarificar los alcances de la ley, su interpretación y su aplicación”.

“Nos se protege menos, sino que se protege mejor”, insistieron los ministros y secretarios de minería de Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza que desfilaron por el plenario de las comisiones. Insistieron en que el problema de la ley actual no está en su objeto de protección, sino en la imprecisión del articulado que, sostienen, hoy impide realizar los estudios técnicos que permitan distinguir los cuerpos de hielo que son reservas estratégicas de agua de los que no.

El juez federal Ariel Lijo ordenó un informe sobre las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Marcelo Grandio, el periodista que trabajaba en la TV Pública, es amigo de Manuel Adorni y figura como quien pagó el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este, en un vuelo privado, el fin de semana largo de carnaval del año pasado.

Así lo informaron fuentes judiciales que conocen el expediente de primera mano.

Como parte de esta nueva tanda de medidas, el juez Lijo también solicitó un informe de las llamadas de Horacio Silva, desde enero de 2023 hasta la actualidad. Silva se desempeña en la productora Imhouse (de la que es dueño Grandio) y fue quien firmó por esa productora seis contratos con la TV Pública.

Además, el magistrado hizo un nuevo pedido de información a la TV Pública sobre todos los expedientes administrativos que culminaron en esos contratos.

Asimismo requirió información contable relacionada e ingresos generados por esas contrataciones, así como los datos de los funcionarios que intervinieron.

Las medidas se dan en el marco de la causa que revisa los vuelos de Adorni con su familia a Punta del Este, uno de los dos expedientes que revisan la actividad del jefe de gabinete de Javier Milei.

En la causa declaró el broker que le vendió los vuelos a Grandio que finalmente usó Adorni y su familia y también su secretaria. Son Agustín Issin Hansen y Vanesa Tossi.

Los dos dijeron que el viaje de Adorni a Uruguay lo abonó Grandio, pero ella, además, sumó otro dato: que Grandio le pidió que no se facturaran, a lo que ellos se negaron.

En plena declaración de la secretaria ocurrió un episodio por demás llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio.

“Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat, según pudo reconstruir . El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.

Ambos explicaron que el de ida fue pagado por Grandio, pero facturado a su productora Imhouse directamente por la operadora (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, el broker indicó que fue abonado por su empresa, Jag Executive Aviation, y luego revendido a Grandio por 3000 dólares.

En paralelo a esta causa, también en el juzgado de Lijo, pero con el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación, tramita la de enriquecimiento ilícito, iniciada luego de que se conocieran las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio desde que está en la función pública.

Mañana declarará la escribana Adriana Nechevenko, que escrituró la compra del departamento de Adorni en Caballito y la casa en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su mujer, Betina Angeletti.