POLITICA
Constitucionalistas criticaron duramente las facultades otorgadas a la Policía Federal

El Gobierno oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), a través del decreto 383/2025, con el objetivo de reorientar la fuerza exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. La medida implica la derogación del decreto-ley de 1958. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y penal cuestionaron con dureza tanto el contenido del nuevo estatuto como el procedimiento utilizado para aprobarlo.
El nuevo marco legal establece una estructura organizativa centrada en dos grandes departamentos –Investigaciones y Coordinación–, un rediseño de protocolos y jerarquías, y mayores atribuciones en inteligencia criminal y actividades de ciberpatrullaje en el ámbito digital. La Policía Federal dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y se centrará en delitos federales, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Pero mientras el Poder Ejecutivo promueve la reforma como una modernización necesaria y eficiente, varios constitucionalistas encendieron las alarmas sobre su legalidad y posibles efectos sobre los derechos individuales.
Para el doctor Andrés Gil Domínguez la norma es directamente inconstitucional. “El decreto delegado 383/2025, mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 [Ley Bases]”, aseguró el abogado constitucionalista. A su juicio, el Gobierno “está colegislando” y avanzando en un terreno vedado por la Constitución.
“Mediante esa norma, el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al Poder Ejecutivo a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”, señaló.
Gil Domínguez fue más allá: “Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”. Advirtió, así, sobre “perfilamientos en base a características personales” y “requisas sin orden judicial” y señaló que la Policía Federal podría convertirse en “una suerte de inteligencia aislada del sistema de inteligencia formal”. Y concluyó: “Esto es Venezuela”.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, también expresó reparos sobre el alcance del decreto. Aunque reconoció que se apoya en la Ley Bases, consideró que “es dudoso que esto sea una reorganización de dependencias administrativas, que es lo que permite la Ley Bases”, y que, en realidad, “al amparo de este permiso, avanzan más allá”.
Gil Lavedra cuestionó especialmente la habilitación para actuar sobre medios digitales y la ampliación de facultades de detención. “Los puntos que me parecen complicados son: ¿qué significa la prevención en los medios digitales? Dice que se protegen la libertad de género y la libertad de expresión, pero están patrullando las redes”, señaló.
También criticó la posibilidad de detenciones por averiguación de identidad: “Se parece a las viejas detenciones por antecedentes, cuando la persona está en actitud sospechosa. Es una habilitación para detenciones que pueden ser arbitrarias”.
Respecto de la función de “registrar y calificar a las personas” sospechadas de ciertas actividades, Gil Lavedra fue contundente: “¿Qué es esto? ¿Un registro de piqueteros? ¿De vendedores ambulantes? Me parece un paso atrás”.
Definió la reforma como “una restricción en materia de derechos” y sostuvo que “se otorgan a la policía facultades muy opinables jurídicamente que restringen derechos indebidamente”.
El constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con los cuestionamientos jurídicos, aunque evaluó positivamente el objetivo de reorganizar la Policía Federal. “Lo primero que observé es que no se puede hacer por decreto, tiene que ser necesariamente por ley, porque es un tema absolutamente ligado a lo penal”, explicó. Según dijo, tanto las materias penales como fiscales “requieren, por nuestra Constitución, un principio de legalidad”.
Sabsay celebró la idea de un rediseño de la fuerza: “Me parece muy bien este reordenamiento. Es cierto que la Policía de la Ciudad ya está cumpliendo lo que hacía como policía local la Policía Federal. También es interesante que se cree una suerte de FBI argentino”. No obstante, volvió a marcar un límite: “Siempre que eso no sea utilizado para espiar a los adversarios y meterse en sus redes. Aparentemente estarían dadas todas las seguridades de que no, pero estamos en la Argentina, ¿no es cierto?”.
El constitucionalista Antonio María Hernández, que reside en Córdoba, calificó la reforma de “groseramente inconstitucional. Viola el artículo 99 inciso 3, es antirepublicano. Este gobierno se maneja por decreto”.
Espera que haya presentaciones ante la Justicia: “Estamos hablando de temas muy delicados que afectan a la libertad de las personas, que aumentan el control sobre distintos aspectos. Están avanzando con autorizaciones muy generales y no queda claro a qué autorizan”.
Hernández entiende que es “imprescindible” que el Congreso actúe. “ Hace falta una ley; esto ya no es un gobierno híper presidencialista, sino directamente anticonstitucional”.
El abogado Alejandro Carrió planteó objeciones jurídicas, al considerar que el decreto avanza sobre facultades que, según la Constitución, requieren de una ley del Congreso.
“Toda restricción a los derechos de las personas debe tener como fuente una ley del Congreso”, indicó. En ese sentido, recordó que la detención por averiguación de antecedentes ya fue regulada por una norma específica −la ley 23.950− que reemplazó al viejo decreto-ley 333 de 1958. “La capacidad de retener a una persona por hasta diez horas está prevista en la ley vigente, pero con los medios tecnológicos actuales ese plazo resulta excesivo”, señaló.
Carrió también advirtió sobre el uso de expresiones poco precisas en el estatuto, como la posibilidad de que la policía registre y califique a personas según las actividades que realizan. “Es un lenguaje ambiguo, sin definiciones claras, y con una fuente normativa que no es la adecuada”, explicó.
En cuanto al monitoreo de espacios digitales, observó que el decreto no establece qué autoridad fijará las pautas de actuación ni cuáles serán los límites. “Eso genera incertidumbre sobre qué puede considerarse como información privada y quién lo determinará”, dijo. Según el jurista, la falta de precisión y de respaldo legislativo “podría dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad”.
Por su parte, el doctor Juan Del Sel, expresidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también advirtió que un decreto no puede modificar el contenido de una ley. No obstante, observó que la mayoría de las modificaciones se fundamentan “en legislación actualmente en vigor”, como las referidas al Código Procesal y la detención durante diez horas por averiguación de antecedentes. Incluso, agregó, se permiten la requisa urgente sin orden judicial y el allanamiento cuando se dan determinadas características.
Como principal objeción, Del Sel marcó la norma que permite a la Policía Federal confeccionar registros de “personas que usualmente hacen actividades ilícitas”. Adelantó que cuando se presente un caso en ese sentido, seguramente se planteará la inconstitucionalidad. Respecto del ciberpatrullaje, estimó que “ya está permitido y no es novedoso”.
En tanto, el Club de la Igualdad-UCR expresó preocupación por el nuevo Estatuto, ya que “sin necesidad de autorización judicial permite hacer tareas de inteligencia en espacios públicos digitales, como redes sociales, con fines persecutorios y contrarios a la letra y espíritu de la Constitución Nacional y del Código Penal”, planteó la institución en un comunicado.
“El gobierno de Milei, presuntamente en aras de una proclamada libertad avanza antidemocráticamente y restringe cada vez más las libertades y garantías de un auténtico Estado de Derecho”, agregaron.
POLITICA
Elecciones en PBA: los intendentes que optaron por un realineamiento político de cara al 7 de septiembre

Las tensiones que antecedieron al frenético cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, demorado un día y medio por un polémico corte de luz el sábado a la noche, tuvieron reflejo en los realineamientos políticos de muchos de los intendentes bonaerenses, que dieron signos de rebeldía y dejaron sorpresas de último momento. Más que las alianzas políticas previas que los llevaron a la intendencia, los jefes comunales buscaron hacer valer el peso territorial y preservar su gobernabilidad futura en los concejos deliberantes a partir de diciembre.
Con este objetivo y asegurarse la tracción de votos a nivel local, 22 jefes comunales de los 135 que tiene la Provincia serán candidatos el 7 de septiembre: 9 liderarán la lista de concejales en sus distritos, en candidaturas testimoniales, y 13 se postulan a una banca legislativa, con interrogantes sobre si asumirán o no en caso de entrar.
El nuevo mapa de los realineamientos políticos de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires, confeccionado por Infobae tras relevar todas las listas, muestra que 83 de ellos se referencian en Fuerza Patria, el frente que conformaron el Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Axel kicillof, La Cámpora y Frente Renovador, de Sergio Massa.
Otros 30 en Somos Buenos Aires, el nuevo frente surgido como “tercera vía” que reúne a sectores del peronismo no kirchneristas, a la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores. En tanto, 12 intendentes se alinearon con la Alianza La Libertad Avanza, el frente de los libertarios con el PRO.
Otros 3 jefes comunales se alinearon con Hechos, el espacio creado por los hermanos Passaglia, de San Nicolás; uno apoya a Potencia, la fuerza creada por la abogada y ex segunda de la UIF durante el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico; uno en Nuevos Aires; y 5 intendentes van con lista corta.
Los que van de candidatos
De los 22 jefes comunales que se candidatean en las elecciones bonaerenses, 16 son de Fuerza Patria, de los cuales 7 se presentan como candidatos a legisladores provinciales.
Si bien en su mayoría aseguraron que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo, para seguir manejando la política local, y poder volver en caso de ser necesario políticamente.
Los siete de Fuerza Patria son: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tercera candidata a diputada por la Tercera; Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, que va de cuarto candidato a diputado por esa misma Sección; Mario Ishi, de José C. Paz, tercer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, que va de cabeza de lista para diputado en la Segunda Sección; Marcos Pisano, de Bolívar, va de segundo candidato a senador por la Séptima; Alejandro Acerbo, de Daireaux, va de tercer candidato a diputado por la Sexta; y Germán Lago, de Alberti, va de tercer a candidato a senador por la Cuarta.
En tanto, otros 9 encabezan la lista de concejales en sus distritos. Son Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabian Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Julio César Marini (Benito Juárez).
Otros cuatro intendentes van de candidatos a legisladores por Somos Buenos Aires. Se trata de Julio Zamora, de Tigre, impulsor de ese espacio, que resolvió competir como primer candidato a senador en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, que se fue del PRO disconforme con las condiciones impuestas por la LLA en la alianza con el partido amarillo y va de primer candidato a senador por la Cuarta Sección; Guillermo Britos, jefe comunal vecinalista de Chivilcoy, que va de tercer candidato a senador también por la Cuarta; y Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch, que también se presenta por Somos como primer candidato a senador por la Quinta Sección.
Dos jefes comunales competirán en septiembre por la Alianza La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO en enero para sumarse a los libertarios y encabeza la boleta de la Primera Sección como candidato a senador, y Guillermo Montenegro, jefe comunal de Mar del Plata del PRO, y uno de los férreos impulsores de la alianza con los libertarios en la provincia.
En otros casos, no se postularon ellos mismos para encabezar las listas de concejales en sus distritos, pero sí sus familiares, y así asegurarse lealtad política.
Es el caso de la mujer del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y asesora ad honorem en el área Social del Municipio, Magdalena “Magui” Gray. También, el de José María Ghi, hermano del actual jefe comunal de Morón, Lucas Ghi; y de Eva Andreotti, hermana del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del distrito.
Cambio de espacio político
Del total de 135 intendentes bonaerenses, 45 compiten o apoyan espacios diferentes a la alianza con la que fueron electos hace dos años.
La mayor fidelidad partidaria se dio entre los jefes comunales que ingresaron o fueron reelectos por Unión por la Patria hace dos años. De los 85 que suman en total, 83 cerraron finalmente dentro del nuevo frente Fuerza Patria. Solo Zamora, de Tigre, y Gilberto Alegre, de General Villegas, de la Cuarta Sección, decidieron romper con Kicillof e ir con Somos Buenos Aires. Gray, en cambio, pese a haber sido promotor de ese nuevo espacio, finalmente decidió quedarse dentro de Fuerza Patria.
El intendente de Esteban Echeverría no fue el único que se fue de Somos. Este frente variopinto se fue desgajando en la semana previa al cierre de listas y perdió al GEN, de Margarita Stolbizer, y a dirigentes importantes de la Provincia como los filo peronistas-PRO Joaquín de la Torre y Emilio Monzó, o los radicales Daniel Salvador y Gustavo Posse El ex intendente radical de San Isidro presentó una lista de concejales propia bajo el nombre Acción Vecinal San Isidro es Distinto.
Los 27 intendentes de la UCR decidieron no acompañar al PRO en el acuerdo con LLA y, casi en su totalidad, se sumaron a Somos Buenos Aires. Solo dos no lo hicieron. Una es Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves, de la Sexta Sección Electoral, que promovió el espacio local de Nuevos Aires.
El otro, Román Bouvier, de Rojas, que se sumó a Hechos, de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, actual y ex intendente de San Nicolás, respectivamente. Tras alejarse del PRO, Manuel Passaglia irá en la cabeza de la lista de diputados de Hechos, la nueva fuerza que creó con su hermano, y tiene chances de retornar a la Cámara de Diputados bonaerense. Este espacio solo presentará candidatos en la Segunda Sección.
En tanto, tras su alianza con los libertarios, el PRO perdió a seis intendentes en el camino. Además de a Passaglia, el primer intendente referenciado en el partido amarillo que decidió competir por fuera de la alianza con los libertarios y creó un espacio propio local, también Javier Martínez, de Pergamino, se sumó a Hechos.
A su vez, disconformes con el acuerdo cerrado por Cristian Ritondo con Sebastián Pareja en la Provincia, Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio); y Esteban Reino (Balcarce) decidieron enrolarse en esta elección en el espacio Somos Buenos Aires.
Diego Reyes, de Puán, tomó su propio rumbo y se enroló para el 7 de septiembre en Potencia.
Por su parte, Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo que era del PRO y se pasó en enero a LLA, decidió romper con los libertarios. Disconforme con el reparto de candidaturas, competirá el 7 de septiembre solo, con su propia lista de candidatos a concejales.
No será el único. También presentaron lista corta Jaime Méndez (San Miguel), y los vecinalistas Arturo Rojas (Necochea), Matías Nebot (Saavedra) y Carlos Bevilacqua (Villarino).
Visualización de datos: Daniela Czibener
POLITICA
Campaña, polarización y Presupuesto: qué esperan los bloques del Senado para el segundo semestre del año

Mientras atraviesa días de receso, el Senado se prepara de a poco para iniciar su segundo semestre del año con un denominador común -y lógico- de los jefes de bloque consultados en las últimas 72 horas por Infobae: el sendero de la Cámara alta será “complicado”. Algunos apuntan a la campaña electoral, el nivel de polarización y las tensiones generadas por el propio Gobierno, mientras que otros marcan al Presupuesto 2026 como cuestión clave ante un oficialismo agazapado y con un termómetro de agresividad que condiciona, en el plano legislativo, la toma de decisiones.
El principal interbloque y primera minoría en el Senado es el Frente de Todos. Su titular, el peronista José Mayans (Formosa), señaló a este medio: “Nosotros aspiramos a seguir trabajando, pero como corresponde. El problema es que el ‘equipo’ de 39 legisladores que armó -la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria- Villarruel está en confrontación y no sé cómo se va a recomponer esa situación. La incertidumbre es generada por el propio Gobierno”.
“Necesitamos que el Presidente presente el Presupuesto 2026 en septiembre y que el Congreso lo trate, ya que estamos con las dos últimas leyes de gastos prorrogadas de 2023. Estamos hablando de pautas claras para la política monetaria y cambiaria y de relación con las provincias. Ni hablar del tema de la deuda. Al menos esa es mi aspiración, ya que me preocupa que se sostenga el valor de la divisa -en referencia al dólar- a través de la usura. No olvidemos tampoco el tema de la canasta básica, las importaciones y la producción primaria que cae”, advirtió Mayans.
En tanto, su par de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi (Corrientes), aseguró: “Entiendo que vamos a tener un segundo semestre complicado desde el punto de vista político. Las elecciones generan posiciones más extremas y eso seguramente va a impactar en el trabajo legislativo. Por otro lado, veo al Gobierno que está endureciendo su posición para marcar una estrategia electoral. Seguramente, los ataques a quienes piensen distinto serán más comunes, algo que profundiza la grieta. La inestabilidad institucional genera incertidumbre económica, por lo que espero no sea de gravedad”.
Por su parte, el jefe libertario en el Senado -y uno de los pocos enlaces con la Casa Rosada-, Ezequiel Atauche (Jujuy), también utilizó el término “complicado” y agregó: “Hay que ver cómo se mueve el kirchnerismo y dialoguistas que generan mayorías circunstanciales. Esto condiciona la toma de decisiones. También se percibirá el nivel de agresividad, algo que ya se ha notado. El ejemplo claro es la moratoria previsional, que no todos querían e igual fue sancionada. Es ir en contra sólo por el hecho de la compulsa electoral, y hay algunos que necesitan eso ya mismo para volver al foco de atención”.
Desde el Pro, Alfredo De Ángeli evitó opinar ante el requerimiento de Infobae. Sí lo hizo el vice del macrismo en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), quien dijo: “Creo que lo que resta del año va a estar marcado por las elecciones nacionales. Primero, en la provincia de Buenos Aires; luego, en el resto del país. Todos los senadores van a estar abocados a eso e irá tensando un poco toda la discusión, y todo se va a ceñir o teñir en base a lo que intente el kirchnerismo, el Gobierno o los aliados. Veo un Senado complicado. También, para las reformas de fondo que quiere hacer el Presidente va a esperar el resultado de octubre y esa agenda quedará en ‘stand by’. Va a ser un Senado conflictivo. Habrá que esperar a octubre y ver la próxima conformación para ver cómo sigue esto”.
También fueron consultados espacios provinciales. Por caso, José María Carambia (Por Santa Cruz) evaluó que “será un segundo semestre en el que, excepto que el Gobierno necesite alguna norma concreta, el oficialismo va a intentar dilatar y que no haya sesiones“. En ese sentido, expresó: “Total, después le echan la culpa a los senadores que no laburan y listo. Por eso la autoconvocatoria de la vez pasada -se sancionaron, entre otras leyes, la mejora en jubilaciones y la emergencia en discapacidad- dio un marco político nuevo y que, pese a la voluntad del oficialismo, sí se puede sesionar».
“Obviamente, el Gobierno va a esperar hasta las elecciones para ver cómo se configura la Cámara y así analizar qué conviene. Como tema central nuestro está la ley de incentivo al petróleo convencional o de cuencas maduras, ya que necesitamos urgente un incentivo. Va a ser un semestre difuso porque sesionar va a depender más de la oposición que del oficialismo”, sumó Carambia.
POLITICA
Deja su cargo el interventor en Medios Públicos y será reemplazado por el vocero de la Sociedad Rural

El Gobierno anunció este sábado la designación de Carlos Curci, hasta ahora vocero de la Sociedad Rural (SRA), como nuevo interventor en el área de los medios públicos, en reemplazo de Eduardo González, quien presentará su renuncia a fin de mes. El nombre del futuro funcionario comenzó a circular días atrás, pero recién se confirmó este sábado, tras el acto que encabezó el presidente Javier Milei en la exposición agropecuaria en Palermo.
Según pudo saber , hace dos meses Eduardo González había notificado a la Casa Rosada que a fines de julio oficializaría su renuncia. El funcionario saldrá del país “por motivos personales” y, una vez que retorne, podría seguir trabajando junto a Manuel Adorni en alguna de las áreas bajo su órbita, aclararon en Balcarce 50.
Fuentes cercanas a González, desestimaron algunas versiones que vinculaban la salida del interventor a un desgaste producido por las tensiones que se viven dentro de la TV Pública y en las distintas radios del país, en respuesta al recorte y los reclamos gremiales. “Deja su cargo con todo encaminado”, repiten en su entorno.
Con el desembarco de Curci, el Gobierno pretende continuar achicando el área de medios oficiales. Directiva que comenzó a implementar el año pasado Diego Chaher, como interventor de todos los medios que integran Radio Televisión Argentina (RTA), cargo que le valió un ascenso como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tras ser reconocido en La Casa Rosada por el recorte que llevó adelante en la exagencia de noticias Télam, hoy reconvertida en Apesau, después de que más de 400 trabajadores aceptaran un retiro voluntario.
Fue en reemplazo de Chaher que González asumió a fines de julio pasado al frente de los medios públicos. Ahora, finalizada su gestión, el interventor deja una hoja de ruta clara a su sucesor. Basicamente, el funcionario saliente tenía en carpeta un recorte del 40% sobre la estructura de RTA, marcado en gran medida por nuevos retiros voluntarios y una reducción de planta. “Resta la definición política”, señalaron fuentes cercanas al exfuncionario.
El objetivo de la llegada de Curci estaría orientado a “ordenar” Radio y Televisión Argentina (RTA) y el resto de las empresas de la órbita de medios públicos. La idea sería avanzar “lo máximo que se pueda siguiendo la línea del Presidente en términos generales, con las limitaciones que la ley de medios impone”, aclararon fuentes del oficialismo.
Los cambios en el área, que depende de Adorni, se vienen dando desde hace un mes, cuando el portavoz comenzó a tomar decisiones fuertes en los medios y empresas públicas bajo su órbita. El nombre de Curci habría sido elegido para esa misma época, pero por su “excelente relación” con La Rural. En efecto, la oficialización de su designación llegó después del cierre de la exposición, el evento más importante del año para el sector.
En el mientras tanto, Adorni concretó el nombramiento de Bárbara Pintelos, la subsecretaria de Medios que, como adelantó , es una experta en empresas y cuestiones legales, pero que nada tiene que ver con los medios. Hasta la llegada de Pintelos no había nadie en esa Subsecretaría.
“No es del medio, ni conoce de él”, explicaron las fuentes consultadas, que hicieron hincapié en que esa formación es precisamente el motivo por el que fue elegida. “Llega para achicar todo”, completaron.
En las listas de áreas que podrían verse ajustadas con la iniciativa oficial están, Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau, exTélam).
En la TV Pública, los empleados son casi 900 y aún está decidido el número de desvinculaciones que podría llegar a haber. En cuanto a Radio Nacional, la especulación es que su planta de 1169 empleados podría reducirse a la mitad . En lo que respecta a Apesau, la situación es distinta que en el resto, porque ya se hizo una fuerte reestructuración cuando se concretó el cierre de la agencia, en 2024, y solo quedaron 228 empleados activos.
Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, en la mira de los funcionarios hay distintas opciones de lo que podría suceder, más allá del ajuste en cada área. Incluso se evalúa que podría cerrarse el área de Contenidos Públicos, un sector bajo la lupa. En todas las áreas alcanzadas se vería como una primera opción la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios antes de avanzar con los despidos, según informaron.
Por el momento no hay un número total de desvinculaciones que podrían llegar a concretarse. El Gobierno sostiene, desde el inicio de la gestión, que el esquema de medios públicos está “sobredimensionado” y por eso planea seguir avanzando con la reducción de la planta, en línea con lo que sucede en otras áreas del Estado.
Delfina Galarza,Cecilia Devanna,Medios y política,Javier Milei,Medios,Conforme a,Medios y política,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Retiros, despidos y cierres. El Gobierno prepara un nuevo recorte en la estructura de medios públicos,,Paka Paka. Así son los dibujitos libertarios: doctrina antiestado, fobia al socialismo y por qué la universidad no sirve
- POLITICA3 días ago
La justicia de Santa Cruz desafío a la Corte Suprema e incluyó a Cristina Kirchner en el padrón electoral
- POLITICA2 días ago
Cristina Kirchner pidió salir a militar para que los que “están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas”
- POLITICA2 días ago
El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia