En un taller organizado por el Colegio de Abogacía de La Plata, la jueza María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia N° 6 de La Plata, sorprendió a los asistentes con sus declaraciones sobre las denuncias falsas en casos de violencia familiar. Durante el encuentro, según informó LaPlata1, Rocca admitió sin reservas que no le importa si una denuncia es falsa cuando se trata de imponer medidas cautelares, como las prohibiciones de acercamiento o las restricciones perimetrales, que pueden afectar gravemente a los involucrados.

En respuesta a una consulta de una abogada sobre la necesidad de analizar los hechos antes de dictar una medida cautelar, la jueza respondió tajantemente: «No hace falta». Esta afirmación ha generado alarma en la comunidad jurídica, ya que revela una actitud de desinterés por verificar la veracidad de las denuncias antes de tomar decisiones que pueden romper familias y afectar a los menores involucrados.

La propia Rocca, durante el taller, según informó LaPlata1, también declaró que «contra la falsa denuncia no se puede nada», una frase que reflejó la indiferencia con la que maneja los casos de violencia familiar. Los asistentes mostraron su preocupación al escucharla, y uno de ellos exclamó: «¡Ah… bueeeno!», en señal de asombro ante la gravedad de la afirmación. La jueza agregó que, en su fuero, «no se comprueba ningún hecho», y que su tarea no es verificar la verdad o falsedad de las denuncias, sino simplemente aplicar medidas cautelares que, en muchos casos, no son revisadas con la debida profundidad.

Este enfoque de la jueza Rocca plantea serias inquietudes, ya que las medidas cautelares de exclusión pueden tener consecuencias irreversibles en la vida de los acusados, quienes, en muchos casos, quedan separados de sus hijos sin la oportunidad de defenderse. Los expertos en derecho familiar coinciden en que el hecho de no escuchar a la parte denunciada antes de dictar medidas cautelares va en contra de los principios fundamentales de justicia y debido proceso.

La situación de Rocca no es aislada. Recientemente, la jueza estuvo en el centro de la polémica debido a su manejo de un caso en el que una madre realizó una denuncia falsa de abuso, lo que llevó a que se impidiera al padre ver a sus hijos durante más de un año. Finalmente, la causa penal fue archivada por falta de pruebas, pero la madre, ignorando esta resolución, se llevó a los niños ilegalmente a Brasil. Este hecho generó una comparación con el caso de Lucio Dupuy, lo que ha incrementado la presión sobre la jueza.

El debate sobre las falsas denuncias ha sido un tema recurrente en la justicia argentina. Mientras algunos sostienen que las denuncias falsas son una excepción, otros, como la jueza Rocca, parecen relativizar su impacto, lo que genera una peligrosa normalización de la injusticia hacia los acusados. Además, muchos sostienen que la falta de investigación sobre la veracidad de las denuncias contribuye a una percepción errónea de que todas las denuncias son ciertas, lo que agrava el daño a quienes son falsamente acusados.

En este contexto, la iniciativa de la senadora Carolina Losada de agravar las penas por denuncias falsas busca generar conciencia sobre el daño irreversible que este tipo de acusaciones puede causar. Desde el Ministerio de Justicia, el actual titular Mariano Cúneo Libarona también ha señalado que existe una concepción hipócrita sobre la infalibilidad de las denuncias femeninas, y advirtió sobre los «daños irreversibles» que las denuncias falsas pueden ocasionar.

El caso de la jueza Rocca pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el manejo judicial de las denuncias de violencia familiar y de garantizar que las medidas cautelares no sean utilizadas de manera indiscriminada, sin el debido proceso que respete los derechos de todas las partes involucradas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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