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Corrupción: Axel Kicillof y una sospechosa licitación de 4.000 millones de pesos

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Un proveedor de la dirección provincial de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, denunció que una licitación pública fue «direccionada» para favorecer a una empresa específica. Esta práctica no sería un hecho aislado, sino una costumbre arraigada en la estructura administrativa de la provincia bajo la gestión de Axel Kicillof.

Para poder comprender la maniobra llevada adelante  en este tipo de actos de corrupción administrativa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se requiere un análisis detallado.

Modus operandi

El procedimiento comienza en la etapa de confección de los pliegos licitatorios, específicamente en las «cláusulas técnicas». Estas se redactan con un nivel de detalle tal que solo un proveedor puede cumplir con las especificaciones, garantizando así que este obtenga el contrato. Este proveedor, previamente, ha llegado a un acuerdo de algún tipo con las autoridades responsables.

Para blindar esta maniobra, los pliegos incluyen una cláusula que obliga a cualquier oferente que desee impugnar la licitación a pagar una garantía que puede oscilar entre el 1 y el 5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación. En el caso denunciado, la licitación superaba los 4.000 millones de pesos, lo que implicaría un desembolso previo de entre 43 y 131 millones de pesos para cuestionar el proceso. Un verdadero escándalo.

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Este monto es reembolsable solo si la impugnación prospera, una posibilidad casi nula dado que la evaluación de las mismas queda en manos de las mismas autoridades que establecieron los pliegos, es decir, en manos de la gestión de Kicillof. “Es como si el ladrón tuviera que juzgarse a sí mismo”, explicó el denunciante.

La licitación que dejó en evidencia la maniobra ilegal

El escándalo estalló tras la publicación del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios, identificado como la licitación pública 9/24, de la dirección provincial de Equipamiento Escolar, dependiente de la subsecretaría de Infraestructura Escolar, actualmente bajo el control de Ariel Alejandro Lambezat. La misma, destinó un estruendoso presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de pupitres, escritorios, sillas y pizarrones.

En el mismo, en el anexo de especificaciones récnicas, llamaron la atención los notables -y para nada casuales- detalles con los que las autoridades bonaerenses describían el producto a entregar. Usualmente, se hace una descripción de las medidas del pupitre, del color y los materiales. En este caso, sin embargo, el nivel de detalle asombró incluso al más desprevenido: estructuras tubulares de acero al carbono de un diámetro de 31,7 y 1,22 mm. de espesor, patas inclinadas acopladas a un tubo metálico soldado de forma continua a cada lateral del soporte superior de la tapa, etcétera.

“Se describe el producto en un detalle exhaustivo. Lo cierto es que el único producto que coincide con lo descripto es, casualmente, el de una de las empresas de la competencia”, explicó el denunciante. “Es un delito muy común que se comete en la provincia de Buenos Aires. A cambio de ello, se le comparte el dinero de la adjudicación a las autoridades bonaerenses. El cual será más que jugoso, teniendo en cuenta que, además del presupuesto de 4.383.140.500, está la posibilidad de ampliarlo en un 100 por ciento”.

Contexto Legal

La ley 2.095, consolidada por la 6.588, y el reglamento decreto 129/23, establecen los porcentajes de garantía necesarios para impugnar los pliegos o los dictámenes de evaluación. En particular, el artículo 93 estipula:

  • Impugnación al pliego de bases y condiciones: 1 al 3 por ciento del presupuesto oficial.
  • Impugnación a la preselección/precalificación: 1 al 5 por ciento.
  • Impugnación a la preadjudicación: 1 al 5 por ciento del monto de la oferta.

Estas disposiciones afectan derechos constitucionales, ya que contradicen principios esenciales del procedimiento administrativo y la garantía de acceso gratuito al mismo. Además, convierten al ciudadano en un actor limitado en su capacidad de cuestionar actos ilegales o arbitrarios de la administración.

Impacto en la transparencia

Las regulaciones mencionadas dificultan la fiscalización de los procesos licitatorios, limitando la capacidad de los oferentes para cuestionar irregularidades. En la práctica, estas normas blindan la actividad licitatoria contra impugnaciones, permitiendo que se perpetúen negocios cuestionables con fondos públicos.

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La justificación oficial para estas restricciones es que las impugnaciones retrasan las compras estatales. Sin embargo, este argumento busca encubrir la falta de transparencia y proteger prácticas de dudosa legalidad. La verdadera responsabilidad por los retrasos recae en la administración, que debería optimizar sus procesos y garantizar la legalidad de sus actos.

Implicancias constitucionales

El artículo 14 de la constitución nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades sin restricciones ni sanciones. Asimismo, el artículo 10 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los derechos y garantías no pueden ser limitados por regulaciones insuficientes o arbitrarias.

La garantía exigida para impugnar actos administrativos viola estos derechos fundamentales, coartando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el estado debe funcionar de manera eficaz y justa, lo que implica permitir el control ciudadano sobre sus actos.

La exigencia de garantías impugnatorias y la redacción dirigida de los pliegos licitatorios constituyen prácticas que fomentan la corrupción administrativa. Estas normas, lejos de garantizar transparencia, crean un marco que desalienta la fiscalización y la defensa de derechos por parte de los ciudadanos y las empresas afectadas.

Es fundamental que la sociedad bonaerense comience a exigir cambios en estas regulaciones para garantizar procesos licitatorios transparentes y justos. La derogación o modificación de estas figuras jurídicas es un paso necesario para combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos y oferentes, promoviendo una administración pública que actúe dentro del marco de la legalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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La economía pronosticada y la que fue

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Columna publicada originalmente en Perfil

No son “mandriles de la especie ecochantas” como este viernes los volvió a llamar Javier Milei.

En todo caso, los “ecochantas” son aquellos profesionales que venden su expertise como si fuera una ciencia exacta capaz de anticipar lo que vendrá con decimales. O los que acomodan sus opiniones a las necesidades del poder de turno.

El resto son economistas que intentan desesperadamente asir el futuro con las herramientas que mejor conocen: números, promedios, series históricas. Y como el futuro es esencialmente imprevisible, sí, se suelen equivocar.

Pronóstico y realidad. A fines de 2023, los técnicos del Fondo Monetario sostenían que ese año la economía caería un 2,5%, pero que se recuperaría en 2024 con un crecimiento de 2,8%.

Ya se sabe lo que ocurrió: el PBI 2023 cayó 1,6% y, este año, en lugar de crecer como anticipaba el FMI, caerá en torno al 3%. De hecho, hasta el mes pasado el FMI afirmaba que la caída llegaría al 3,5%, pero esta semana la limitó al 2,8%. El mismo 2,8 que pronosticaba de crecimiento, aunque ahora en sentido negativo.

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En cuanto a la inflación, ese informe del FMI preveía para el año que pasó un 69% de suba, contra un 118% en que efectivamente terminó. Margen de error: 70%.

El REM es el tradicional Relevamiento de Expectativas de Mercado con el que el Banco Central recopila los pronósticos de 42 consultoras, entidades financieras y centros de investigación nacionales e internacionales. El resultado es un promedio, lo que debería aminorar la posibilidad de errores extremos.

Un año atrás, el REM preveía que en 2024 el PBI caería un 2,6%, empezando el primer trimestre con -2,9% y un segundo trimestre con -0,4%. Todavía no se conoce la cifra oficial de la caída anual, pero en los primeros tres meses de 2024 la economía cayó un 5,1% y otro 1,7% en el segundo trimestre. Margen de error: 75% y más del 300%, respectivamente.

En cuanto a la inflación prevista por los 42 especialistas que reúne el Central, hace un año proyectaron 213% de aumento. El desfasaje con la realidad fue del 80%. O sea, habían previsto más inflación y menos recesión, y es posible que la mayor crisis que no contemplaron haya moderado el aumento de precios que hubo.

El Gobierno de Javier Milei logró en 2024 el mayor superávit comercial en 20 años

El FMI y el consenso económico fallaron en sus proyecciones para 2024. Ahora son optimistas sobre 2025

En diciembre de 2023, el valor imaginado del dólar al término de 2024 fue de $ 1.700 ($ 1.820 para el top ten de los consultores con mayores aciertos). Pero el último 31 de diciembre, el valor real fue $ 1.060; entre un 60% y un 70% menor al previsto.

Se ve que ninguno de los expertos creyó, tras la megadevaluación en un solo día de casi el 120%, que el nuevo gobierno iba a cumplir con su promesa de microajustes del dólar del 2% mensual frente a índices inflacionarios en pesos que se preveían de dos dígitos para los primeros meses de su gestión. “¿Para qué devaluarían tanto en un solo día, si meses después el valor real del dólar volverá a estar cerca del punto de partida?”, se podrían haber preguntado antes de hacer su pronóstico fallido sobre la cotización de la divisa.

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El error de estos consultores no quita que, en efecto, en términos reales el tipo de cambio hoy sea similar al existente cuando Luis Caputo consideró imperioso hacer una megadevaluación, pese al previsible impacto inflacionario que tendría. Lo que generaría una nueva pregunta: ¿Si, como dice el Gobierno, el dólar actual no está retrasado; y si en términos reales el tipo de cambio es similar al de cuando asumió, para qué se hizo esa megadevaluación para corregir un supuesto megarretraso de la cotización, si ahora se sostiene que el retraso no existe?

La profundidad de la crisis. La costumbre en esta columna de revisar cada año la distancia entre lo que ocurrió y lo que se decía que iba a ocurrir, debe aclarar siempre que si los expertos fallan en países estables es lógico que fallen cuando trabajan sobre la volatilidad argentina. Por eso, lo grave no son tanto los errores, sino la perseverancia de algunos expertos en seguir presentando sus hipótesis como si fueran las conclusiones infalibles de una ciencia dura. La suerte para ellos, como para los magos, es que no deja de haber gente dispuesta a pagar por tal fantasía.

Hoy, el consenso mayoritario entre los economistas, es que 2025 será un buen año para el país. Ojalá esta vez tengan razón.

Los expertos del FMI, por ejemplo, acaban de informar que la economía argentina crecerá un 5%. Mientras que el promedio del REM estima un 4,5% de crecimiento, una inflación del 25,9% y un dólar a diciembre de 2025 de $ 1.205. Dentro de un año veremos qué tan acertados fueron sus pronósticos.

Mientras tanto, los índices de la economía real no terminan de alinearse con el optimismo del consenso.

El dato del uso de la capacidad instalada industrial conocido ahora y correspondiente a noviembre, es del 62,3%. Menor al 63,2% de octubre y menor al 66,4% de hace un año, cuando el PBI ya estaba en caída.

La actividad industrial registró una merma del 1,7% interanual y la construcción una baja del 23,2%.

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Hay que recordar que la comparación es con un mal año económico, de sequía histórica y de máxima incertidumbre electoral y política.

Según la consultora especializada Scentia, la caída del consumo masivo entre diciembre de ese mal año y diciembre de un 2024 que el FMI pronosticaba en crecimiento, es muy profunda: 18% abajo. Con 17,3% de caída en Supermercados, 18,7% en Autoservicios y 21% en Productos de Higiene.

Según la Cámara que agrupa a las medianas empresas (CAME), el año que terminó arrojó una caída de ventas del 10%. En un promedio que incluye una disminución del 12% en alimentos y de un 20% en productos de Farmacia.

Para el Observatorio Pyme e IPA (Industriales Pymes Argentinos), en 2024 se perdieron cerca de 10 mil empresas y 217 mil empleos registrados. La misma fuente prevé para 2025 la pérdida de otras 25 mil pymes y otros 300 mil empleos.

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Algunos ejemplos de la crisis, conocidos estas semanas: la fabricante de neumáticos Bridgeston pidió ampliar el procedimiento preventivo de crisis presentado a mediados de 2024, lo mismo ya había hecho la argentina Fate; Ferroglobe, la siderúrgica mendocina desde 1973, anunció la suspensión de sus operaciones desde febrero; Los Grobo informó que no podrá pagar su deuda con bancos por US$ 10 millones; Agrofina también reconoció que no afrontará deudas por US$ 9 millones; Surcos, una firma de fitosanitarios desde 1974, anunció el incumplimiento de sus obligaciones negociables; Campo de Avanzada, una empresa que cultiva 7 mil hectáreas en Entre Ríos, cayó en default; Acíndar, el gigante del acero, paró su planta de Villa Constitución por tercera vez, hoy trabaja el 50% de la empresa.

Nuevas lecciones en Davos. Antes de su llegada a Davos, Milei recibió el informe anual del Foro sobre los riesgos para la economía argentina de este año. Le señalaron cinco: 1) Recesión, 2) Pobreza, 3) Inflación, 4) Deuda pública y 5) Desempleo.

Pero si, esta vez, el optimismo del consenso económico se termina corroborando en la realidad, entonces los especialistas de Davos no tendrán de qué preocuparse.

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Cuando conocieron al Presidente argentino en el Foro anterior, supieron que, según él, ellos eran corresponsables de que el mundo fuera cooptado por el comunismo y que hasta los economistas más ortodoxos eran funcionales al marxismo internacional.

Cuando esta semana lo vuelvan a ver, les repetirá que el mundo será anarcocapitalista o no será nada y les aportará dos novedades con las que espera conmoverlos.

Les dirá que, tras aplicar “el mayor ajuste de la historia de la humanidad”, la Argentina comenzó a atravesar un boom económico.

Y les avisará que, desde su pasada visita hasta hoy, ya se convirtió en “el máximo líder mundial de la libertad” junto con otro político que mañana regresará a la presidencia de los Estados Unidos.

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